viernes, septiembre 29
Viven pobladores de Oaxaca una noche de terror
Viven pobladores de Oaxaca una noche de terror
Jorge Octavio Ochoa/Enviado El Universal Ciudad de México Viernes 29 de septiembre de 2006
En cuestión de segundos, por toda la ciudad, ríos humanos bajaron de las colonias circunvecinas para fortalecer sus barricadas y cerrar todas las vías de acceso a la capital del estado
05:10 El pueblo de Oaxaca vivió una noche de terror desde la medianoche de ayer luego de que en el primer cuadro de la ciudad se escucharan disparos y hubo un intenso tráfico de taxis y vehículos que cruzaban las calles para amedrentar a los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
A las 23:45 horas de este jueves se escucharon los primeros disparos en la calle de Independencia, a tan sólo dos cuadras del zócalo de la ciudad. Esto obligó a la APPO a decretar de inmediato la alerta roja.
En cuestión de segundos, por toda la ciudad, ríos humanos bajaron de las colonias circunvecinas para fortalecer sus barricadas y cerrar todas las vías de acceso a la capital del estado.
La zona más custodiada fue la colonia Brenamiel, donde se concentraron pobladores de las colonias Bugambilias y Colonia de los Maestros.
En dicha zona, donde se encuentra una antena de la estación de "Radio ORO", decenas de jóvenes prepararon rápidamente cajas de bombas molotov y brujas, que son botes de arena con diesel que permiten mantener iluminada durante mucho tiempo la barricada.
Mientras tanto, por todas las colonias podían escucharse cohetones con los que la población enviaba avisos de emergencia.
Armados con palos y tubos, la gente daba señales de alerta, sólo auxiliados por el ruido de los palos chocando contra botes y postes de luz.
Enardecidos, los jóvenes, e incluso uno que otro niño, gritaban en la obscuridad: "¡Acá te esperamos perro!"
Entre toda la población cundió la versión de que estaba por entrar la Policía Federal Preventiva, cosa que no sucedió.
En medio de la psicosis colectiva, los jóvenes corrían de un lado a otro, saltando entre enormes tráilers y camiones del servicio público que fueron cruzados en toda la colonia Brenamiel para bloquear el acceso a la ciudad.
Entorno a las 4:00 horas, los pobladores de esta ciudad concluyeron que este fue el último intento del gobernador Ulises Ruiz para mantenerse en el poder, luego del fracaso del paro patronal que iba a iniciarse este jueves, así como su fallida propuesta para convocar a un regreso a clases, que sólo ocurrió en no más de mil 800 plantes de los 14 mil que hay en todo el estado.
Los miembros de la APPO también concluyeron que fue un fracaso la visita de Ulises Ruiz a la Ciudad de México, pues sólo lo acompañaron no más de 200 presidentes municipales.
Mientras tanto, se espera este viernes a APPO ratifique su decisión de acudir mañana sábado a la Secretaría de Gobernación para continuar con el diálogo con el gobierno federal.
Advirtieron que de darse una interverción armada sería una "pésima señal" para todo el pueblo de México.
No sería entendible, señalaron, que el gobierno convoque al diálogo y por otro lado reprima a la población. La celebraciones del 2 de octubre, aunado a la marcha que llegará al Distrito Federal el 3 de octubre, se convertirían entonces en una masiva manifestación de repudio para un gobierno represor.
iqr/ip/eca
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PAN: el recurso del método
Ciudad Perdida
Miguel Angel Velázquez
PAN: el recurso del método
Manto de impunidad a la "señora de los huracanes"
Las piedras en el zapato de la diputación perredista
Para muestra basta un chantaje, y cuando de hacerlo se trata, Acción Nacional es de los primeros, de los mejores, los maestros, podríamos decir, sin faltar en absoluto a la verdad, porque eso fue lo que ocurrió ayer durante los trabajos ordinarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Sin rodeos, para que el PRD desistiera de su intención de subir a tribuna el vergonzoso asunto de Carmen Segura, donde propondría un punto de acuerdo para iniciar juicio político en contra de la "señora de los huracanes", los panistas advirtieron que, en caso de que eso sucediera, darían a conocer los antecedentes de cuando menos tres diputados perredistas que también han sido inhabilitados.
Es decir, la Asamblea Legislativa es, se mire como se mire, una cueva de pillos. Eso si queremos medir a todos con la misma cinta, aunque, a decir verdad, sobre ninguno de los amarillos recae una falta tan grande como la que llevó a la inhabilitación de Segura.
Lo malo aquí es que el PRD haya tenido que ceder al chantaje. En estos momentos, por ningún motivo puede el PRD entrar en negociaciones turbias con los azules, porque sería tanto como mandar una señal de traición a quienes durante los últimos meses han renovado la confianza en ese organismo político.
Sin lugar a dudas, este momento es el mejor en la historia del PRD, aunque es necesario puntualizar que no todos los que siguen el proyecto de Andrés Manuel López Obrador son perredistas.
No obstante, al PRD han llegado muchísimas personas con el fin de afiliarse al organismo creyendo que es una institución y no la reunión de tribus que significa en realidad. Pese a esto, hoy hay más militantes amarillos que el mismo 2 de julio, que no se merecen una actitud cobarde como la mostrada ayer por los asambleístas del sol azteca en la sesión de la ALDF.
La situación es bien clara. Si Antonio Lima, del grupo de Martí Batres, que no comprobó gastos de la Asamblea durante la gestión de quien hoy es presidente del PRD en el DF; si José Luis Morúa, del equipo de Víctor Hugo Círigo, tiene cuentas pendientes en la delegación Iztapalapa, y Sergio Avila, a quien se acusó hace muchos años de invadir terrenos en Milpa Alta, no pueden ejercer sus funciones, o si está en entredicho su honestidad, deben pedir licencia hasta que quede aclarada su situación.
Lo que no debe ocurrir, por ningún motivo, de ningún modo, es que la diputación trate de protegerlos y con ese fin alimente la corrupción panista, que pretende la impunidad.
Que se vayan ellos para que se vaya Carmen Segura, esa es la única puerta de salida para un PRD que debe responder a las expectativas de honestidad que le exige la nueva militancia, y muchas más personas que se hallan alrededor del proyecto que levantó la Convención Nacional Democrática.
Desde luego no es fácil, el proyecto de Nueva Izquierda en la Asamblea va por el camino de los acuerdos que lo favorezcan, aunque se sacrifiquen los ideales de la militancia en su conjunto.
No obstante, existen otras corrientes en el mismo PRD que deberían, con todas las fuerzas posibles, impedir que los acuerdos contrarios al espíritu de la Convención Nacional Democrática se ejecuten.
Se dice que el martes próximo se insistirá en subir el punto de acuerdo a la tribuna, ojalá y para entonces el maleficio del chantaje panista se haya conjurado. En caso contrario, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora más que nunca, se convertirá en una cueva de pillos, donde nadie tendrá perdón.
La resistencia
Bien los trabajos y las acciones de resistencia que los grupos afines al proyecto alternativo de nación, de Andrés Manuel López Obrador, han ejecutado. Ayer, el cerco a las oficinas de Felipillo fueron todo un éxito, aunque los levantacejas, diría Jaime Avilés, estén a punto del infarto, que seguramente les sobrevendrá en cuanto su otro demonio: los oaxaqueños, arriben a la ciudad. En paz descansen.
Miguel Angel Velázquez
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Manto de impunidad a la "señora de los huracanes"
Las piedras en el zapato de la diputación perredista
Para muestra basta un chantaje, y cuando de hacerlo se trata, Acción Nacional es de los primeros, de los mejores, los maestros, podríamos decir, sin faltar en absoluto a la verdad, porque eso fue lo que ocurrió ayer durante los trabajos ordinarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Sin rodeos, para que el PRD desistiera de su intención de subir a tribuna el vergonzoso asunto de Carmen Segura, donde propondría un punto de acuerdo para iniciar juicio político en contra de la "señora de los huracanes", los panistas advirtieron que, en caso de que eso sucediera, darían a conocer los antecedentes de cuando menos tres diputados perredistas que también han sido inhabilitados.
Es decir, la Asamblea Legislativa es, se mire como se mire, una cueva de pillos. Eso si queremos medir a todos con la misma cinta, aunque, a decir verdad, sobre ninguno de los amarillos recae una falta tan grande como la que llevó a la inhabilitación de Segura.
Lo malo aquí es que el PRD haya tenido que ceder al chantaje. En estos momentos, por ningún motivo puede el PRD entrar en negociaciones turbias con los azules, porque sería tanto como mandar una señal de traición a quienes durante los últimos meses han renovado la confianza en ese organismo político.
Sin lugar a dudas, este momento es el mejor en la historia del PRD, aunque es necesario puntualizar que no todos los que siguen el proyecto de Andrés Manuel López Obrador son perredistas.
No obstante, al PRD han llegado muchísimas personas con el fin de afiliarse al organismo creyendo que es una institución y no la reunión de tribus que significa en realidad. Pese a esto, hoy hay más militantes amarillos que el mismo 2 de julio, que no se merecen una actitud cobarde como la mostrada ayer por los asambleístas del sol azteca en la sesión de la ALDF.
La situación es bien clara. Si Antonio Lima, del grupo de Martí Batres, que no comprobó gastos de la Asamblea durante la gestión de quien hoy es presidente del PRD en el DF; si José Luis Morúa, del equipo de Víctor Hugo Círigo, tiene cuentas pendientes en la delegación Iztapalapa, y Sergio Avila, a quien se acusó hace muchos años de invadir terrenos en Milpa Alta, no pueden ejercer sus funciones, o si está en entredicho su honestidad, deben pedir licencia hasta que quede aclarada su situación.
Lo que no debe ocurrir, por ningún motivo, de ningún modo, es que la diputación trate de protegerlos y con ese fin alimente la corrupción panista, que pretende la impunidad.
Que se vayan ellos para que se vaya Carmen Segura, esa es la única puerta de salida para un PRD que debe responder a las expectativas de honestidad que le exige la nueva militancia, y muchas más personas que se hallan alrededor del proyecto que levantó la Convención Nacional Democrática.
Desde luego no es fácil, el proyecto de Nueva Izquierda en la Asamblea va por el camino de los acuerdos que lo favorezcan, aunque se sacrifiquen los ideales de la militancia en su conjunto.
No obstante, existen otras corrientes en el mismo PRD que deberían, con todas las fuerzas posibles, impedir que los acuerdos contrarios al espíritu de la Convención Nacional Democrática se ejecuten.
Se dice que el martes próximo se insistirá en subir el punto de acuerdo a la tribuna, ojalá y para entonces el maleficio del chantaje panista se haya conjurado. En caso contrario, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora más que nunca, se convertirá en una cueva de pillos, donde nadie tendrá perdón.
La resistencia
Bien los trabajos y las acciones de resistencia que los grupos afines al proyecto alternativo de nación, de Andrés Manuel López Obrador, han ejecutado. Ayer, el cerco a las oficinas de Felipillo fueron todo un éxito, aunque los levantacejas, diría Jaime Avilés, estén a punto del infarto, que seguramente les sobrevendrá en cuanto su otro demonio: los oaxaqueños, arriben a la ciudad. En paz descansen.
Oaxaca: los torrentes profundos
Francisco López Bárcenas
Oaxaca: los torrentes profundos
Como los torrentes profundos, el movimiento popular de Oaxaca desbordó su cauce previsto y tomó caminos inesperados. Quedarse en el estado después de que todas las autoridades habían negado una salida razonable que permitiera volver a la normalidad, hubiera sido tanto como dejar que una vez agitadas las aguas los arroyos se estancaran; cualquiera sabe que cuando esto sucede el agua se pudre y su pestilencia impregna todo lo que toca. Pero eso ya no sucederá porque algunos de sus afluentes, los más numerosos y visibles, han tomado nuevos rumbos buscando solución de fondo al problema. A contracorriente, el responsable del desbordamiento sigue agitando las aguas, provocando la ira popular, buscando un pretexto para volver a reprimir a los miembros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y cobrar cara osadía.
En este nuevo escenario cabe preguntarse: ¿cuáles son las causas originarias del conflicto? ¿Por qué las autoridades dejaron que el movimiento creciera y se desbordara? ¿Cuál es el estado actual del problema y cómo podría solucionarse? Se trata de cuestionamientos que reclaman respuestas urgentes, las cuales no pueden ser superficiales porque el problema no lo es; por eso hay que buscarlas en los torrentes profundos de los pueblos, no en los riachuelos de la burocracia política. En nada ayuda intentar soluciones falsas como alejar al magisterio de la APPO, llamar a los maestros a clases amenazándolos con el despido si no acuden, u ofrecer recursos económicos a los del movimiento. Esa no es la lógica de las comunidades indígenas, quienes ya decidieron que quieren una solución de fondo. Para constatarlo bastaría echar un ojo a los apoyos que suscita su lucha en las comunidades de migrantes asentadas en diversas partes de Estados Unidos y del Distrito Federal: todos reclaman la salida de Ulises Ruiz.
Bueno sería, en cambio, que las autoridades reconocieran que los torrentes se desbordaron porque el dique que los contenía se rompió porque lo colmaron; que el movimiento es producto de un profundo descontento popular acumulado por años de injusticias. Y no por casualidad le estalló a Ulises Ruiz Ortiz, representante del priísmo más atrasado, corrupto y antidemocrático, que comenzó su mandato reprimiendo las protestas populares. Esas son las fuentes de los torrentes desbordados. Ese es el dique que hay que reparar para que las aguas vuelvan a su cauce. Pero las autoridades no lo ven así. Despreciaron las voces del descontento popular y escucharon sólo las de sus consejeros que decían que el movimiento era parte de las estrategias del PRD para posicionar a Andrés Manuel López Obrador. Con ese falso escenario aceptaron el apoyo que el repudiado gobernante les ofrecía para imponer a su candidato como Presidente de la República, a cambio de mantenerlo en su puesto. Pieza importante de la estrategia fue la Secretaría de Gobernación que mientras simulaba buscar soluciones cerraba toda posibilidad de una salida aceptable al problema. Buscaban mediatizar el movimiento ofreciéndole una reforma política de maquillaje, urdida desde el mismo gobierno, que busca cambiar para que las cosas siguieran igual.
La jugada no les resultó porque el dique está roto. La APPO insistía en que se atendieran las causas profundas del movimiento, porque así lo exigían las bases. Fueron ellas las que no aceptaron someterse a la voluntad de los políticos y, en cambio, dieron un paso adelante y se expandieron antes que los reprimieran. Por la miopía y la ineficacia gubernamental, ahora un contingente camina rumbo al Distrito Federal; otros permanecen en plantón en la capital de Oaxaca y unos más fortalecen las bases de la resistencia en sus comunidades de origen. Por su parte, el repudiado gobernador hace todo lo posible por acabar con la poca paciencia de las masas agraviadas, provocando para generar violencia y justificar el uso de la fuerza pública como forma de retrasar su salida y cobrarla cara.
Para resolver el problema y evitar más derramamiento de sangre, urge una salida política inteligente que atienda las causas profundas del problema. Cualquiera que sea invariablemente debe incluir la salida del gobernador, la recomposición del tejido social de la sociedad oaxaqueña y el diseño de medidas necesarias para acabar con las causas que dieron origen al movimiento. Eso es bueno no sólo para los que participan en el movimiento, sino también para la derecha, que así podría entregar al próximo Presidente de la República un país menos convulsionado, pero también para el PRI, que podría recomponer lo que de él queda para presentarse con otro rostro en las elecciones del próximo año. ¿Podrá la clase política estar a la altura de las exigencias populares? La respuesta se verá en los próximos días. Mientras llega, los torrentes profundos siguen buscando cauce.
Oaxaca: los torrentes profundos
Como los torrentes profundos, el movimiento popular de Oaxaca desbordó su cauce previsto y tomó caminos inesperados. Quedarse en el estado después de que todas las autoridades habían negado una salida razonable que permitiera volver a la normalidad, hubiera sido tanto como dejar que una vez agitadas las aguas los arroyos se estancaran; cualquiera sabe que cuando esto sucede el agua se pudre y su pestilencia impregna todo lo que toca. Pero eso ya no sucederá porque algunos de sus afluentes, los más numerosos y visibles, han tomado nuevos rumbos buscando solución de fondo al problema. A contracorriente, el responsable del desbordamiento sigue agitando las aguas, provocando la ira popular, buscando un pretexto para volver a reprimir a los miembros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y cobrar cara osadía.
En este nuevo escenario cabe preguntarse: ¿cuáles son las causas originarias del conflicto? ¿Por qué las autoridades dejaron que el movimiento creciera y se desbordara? ¿Cuál es el estado actual del problema y cómo podría solucionarse? Se trata de cuestionamientos que reclaman respuestas urgentes, las cuales no pueden ser superficiales porque el problema no lo es; por eso hay que buscarlas en los torrentes profundos de los pueblos, no en los riachuelos de la burocracia política. En nada ayuda intentar soluciones falsas como alejar al magisterio de la APPO, llamar a los maestros a clases amenazándolos con el despido si no acuden, u ofrecer recursos económicos a los del movimiento. Esa no es la lógica de las comunidades indígenas, quienes ya decidieron que quieren una solución de fondo. Para constatarlo bastaría echar un ojo a los apoyos que suscita su lucha en las comunidades de migrantes asentadas en diversas partes de Estados Unidos y del Distrito Federal: todos reclaman la salida de Ulises Ruiz.
Bueno sería, en cambio, que las autoridades reconocieran que los torrentes se desbordaron porque el dique que los contenía se rompió porque lo colmaron; que el movimiento es producto de un profundo descontento popular acumulado por años de injusticias. Y no por casualidad le estalló a Ulises Ruiz Ortiz, representante del priísmo más atrasado, corrupto y antidemocrático, que comenzó su mandato reprimiendo las protestas populares. Esas son las fuentes de los torrentes desbordados. Ese es el dique que hay que reparar para que las aguas vuelvan a su cauce. Pero las autoridades no lo ven así. Despreciaron las voces del descontento popular y escucharon sólo las de sus consejeros que decían que el movimiento era parte de las estrategias del PRD para posicionar a Andrés Manuel López Obrador. Con ese falso escenario aceptaron el apoyo que el repudiado gobernante les ofrecía para imponer a su candidato como Presidente de la República, a cambio de mantenerlo en su puesto. Pieza importante de la estrategia fue la Secretaría de Gobernación que mientras simulaba buscar soluciones cerraba toda posibilidad de una salida aceptable al problema. Buscaban mediatizar el movimiento ofreciéndole una reforma política de maquillaje, urdida desde el mismo gobierno, que busca cambiar para que las cosas siguieran igual.
La jugada no les resultó porque el dique está roto. La APPO insistía en que se atendieran las causas profundas del movimiento, porque así lo exigían las bases. Fueron ellas las que no aceptaron someterse a la voluntad de los políticos y, en cambio, dieron un paso adelante y se expandieron antes que los reprimieran. Por la miopía y la ineficacia gubernamental, ahora un contingente camina rumbo al Distrito Federal; otros permanecen en plantón en la capital de Oaxaca y unos más fortalecen las bases de la resistencia en sus comunidades de origen. Por su parte, el repudiado gobernador hace todo lo posible por acabar con la poca paciencia de las masas agraviadas, provocando para generar violencia y justificar el uso de la fuerza pública como forma de retrasar su salida y cobrarla cara.
Para resolver el problema y evitar más derramamiento de sangre, urge una salida política inteligente que atienda las causas profundas del problema. Cualquiera que sea invariablemente debe incluir la salida del gobernador, la recomposición del tejido social de la sociedad oaxaqueña y el diseño de medidas necesarias para acabar con las causas que dieron origen al movimiento. Eso es bueno no sólo para los que participan en el movimiento, sino también para la derecha, que así podría entregar al próximo Presidente de la República un país menos convulsionado, pero también para el PRI, que podría recomponer lo que de él queda para presentarse con otro rostro en las elecciones del próximo año. ¿Podrá la clase política estar a la altura de las exigencias populares? La respuesta se verá en los próximos días. Mientras llega, los torrentes profundos siguen buscando cauce.
EL PRESIDENTE
Luis Javier Garrido
El Presidente
A dos meses de que Vicente Fox deje el gobierno, México se halla inmerso en un desastre social, con las instituciones del Estado en el más absoluto descrédito, la supuesta "transición" hecha pedazos y la crisis política agravándose día a día por la pretensión del foxismo de imponer como "presidente" a quien no ganó las elecciones.
1. Los medios de comunicación de diversos países destacaron en el crítico mes de septiembre que en nuestro país se habían declarado dos presidentes electos, lo que puso de manifiesto el desastre institucional de México. Uno, Andrés Manuel López Obrador, quien ganó claramente las elecciones del 2 de julio y a quien la convención nacional democrática reconoció como legítimo presidente el domingo 16. Y el otro, Felipe Calderón, al que se busca imponer tras un burdo fraude, maquinado desde Los Pinos y convalidado el martes 5 por siete corruptos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes para ello violaron la legalidad constitucional. Cada día está siendo cada vez más claro que el respaldo social y la capacidad política están de un solo lado: el de López Obrador. Y que él es el único presidente.
2. En corto tiempo las cosas se han ido poniendo en su lugar, esclareciéndose cuál sería la gravísima situación del país de persistir las fuerzas oligárquicas en querer imponer por la fuerza a Calderón. Mientras López Obrador ha seguido señalando con visión de Estado cuál es la agenda nacional y reorganizando a sus cuadros y a sus bases sociales, un Calderón empequeñecido y a salto de mata ha ido de ridículo en ridículo en su afán de llevar a cabo actos mediáticos para simular que todo va bien, generando enorme preocupación en las fuerzas empresariales que lo respaldaron, que ahora advierten su error, entre otras cosas, por la evidente incapacidad de éste para desempeñar el cargo y alcanzar los objetivos que se propusieron.
3. López Obrador, por el contrario, lejos de dejarse amedrentar por las manipulaciones del régimen foxista y la desaforada campaña en los medios, que, carente de argumentos, no hace más que insultarlo, prosigue creando con empeño las mejores condiciones para poder gobernar al país, desde un gobierno trashumante, en un escenario en el que el Frente Amplio Progresista y las organizaciones sindicales están creando otra correlación de fuerzas: mostrando quién tiene la mayoría.
4. La pretensión de Fox de que, tras el fallo del TEPJF, su gobierno lograría utilizando a los medios, y en particular a la radio y la televisión, imponer la creencia en la legitimidad del imaginario triunfo de Calderón y aplastar a AMLO, ha fracasado por completo y lo único que ha logrado es aumentar la pérdida de la ya casi nula credibilidad de Televisa y de Tv Azteca y hacer crecer la vocación de defensa de la legalidad y de la nación de los miles de mexicanos que se oponen a la usurpación. Al dar un paso adelante en vez de recular, como muchos intelectuales y periodistas timoratos suponían iba a hacerlo, López Obrador está haciendo avanzar con rapidez el reloj de la historia en la dirección que anhelan muchos mexicanos y logrando tanto o más que si se le hubiese reconocido el triunfo.
5. En pocos días, Calderón ha aparecido ante los mexicanos como lo que es: un hombrecito carente de visión de Estado, ignorante y sin capacidad política alguna, maniatado por las peores mafias políticas y delictivas de la historia reciente de México, con las que está aliado, y que, derruido internamente porque sabe que no ganó, con la pretensión de imponerse por el fraude orquestado a su favor por grupos priístas, yunquistas y panistas, está traicionando el legado panista y la memoria de su padre, el historiador Luis Calderón Vega, quien renunciara al PAN en 1981 acusando a los dirigentes de entonces de abandonar los principios y de entregarse a servir al gran capital: lo que está haciendo ahora su hijo sin principios.
6. La entrevista dada a Proceso (núm. 1560) por uno de los más cercanos colaboradores de Calderón, el joven ultraderechista Germán Martínez, que anunció que de lograr llegar a Los Pinos el 1º de diciembre, Calderón rompería con los aliados que le ayudaron en el fraude, desde Fox y la Gordillo hasta las gentes de El Yunque, por los cuales busca mostrar enorme desprecio, constituye un descomunal error político, pues no logró sino poner en guardia a dichos "aliados" y evidenciar el desastroso escenario que tendría este grupo ilegítimo para pretender gobernar. Calderón está maniatado por el hampa política que lo encumbró, y al romper con ellos perdería el apoyo legislativo y social que necesita y no tendría para gobernar más que a los jóvenes pillos de cuello blanco de que está rodeado, encabezados por César Nava, ex traficante de influencias de Pemex, y Juan Camilo Mouriño, hijo del aventurero gallego, socio de Fox en oscuros negocios, y a los representantes de las trasnacionales.
7. El escenario patético de un Felipe Calderón lloriqueándole a Fox que le resuelva el caso de Oaxaca, seguramente porque él supone que no debería ensuciarse las manos con una represión, hace patente que estas gentes no deben gobernar México. La remoción del priísta Ulises Ruiz como gobernador oaxaqueño quebraría la alianza PRI-PAN, necesaria para que sobreviva Calderón políticamente, como advirtieron los once gobernadores priístas a Fox el lunes 25, además de que propiciaría que en las elecciones constitucionales, a las que se tendría que convocar, triunfase el PRD; la represión de la APPO no solucionaría nada y dejaría a Fox y a Calderón derrotados políticamente.
8. El "problema de Oaxaca", como lo llaman los medios, no tiene salida en términos de las prácticas de componendas del salinismo y del foxismo; requiere de otras políticas del Estado, que son las contrarias a las que el panismo calderonista anuncia para el país.
9. Los hechos de nuestro pasado reciente se conocen cada vez mejor y ya no pueden ocultarse. Los acuerdos PAN-Salinas de 1989, refrendados por los compromisos contraídos por Zedillo con la Casa Blanca en 1995, establecían que la alternancia se produciría en 2000 y que el PAN tomaría "la estafeta", como ahora se dice, para gobernar el siguiente medio siglo.
10. El PAN, refuncionalizado por la integración a sus filas de empresarios traficantes de influencias, tecnócratas salinistas y zedillistas, y miembros de la ultraderecha yunquista, sigue siendo, empero, una minoría, pero pretende gobernar por más de medio siglo para desmantelar del todo a la nación e imponer a los mexicanos un proyecto de corte totalitario. Y ante esta amenaza hay que reflexionar que aún es tiempo de detenerlo, porque mañana sería demasiado tarde.
El Presidente
A dos meses de que Vicente Fox deje el gobierno, México se halla inmerso en un desastre social, con las instituciones del Estado en el más absoluto descrédito, la supuesta "transición" hecha pedazos y la crisis política agravándose día a día por la pretensión del foxismo de imponer como "presidente" a quien no ganó las elecciones.
1. Los medios de comunicación de diversos países destacaron en el crítico mes de septiembre que en nuestro país se habían declarado dos presidentes electos, lo que puso de manifiesto el desastre institucional de México. Uno, Andrés Manuel López Obrador, quien ganó claramente las elecciones del 2 de julio y a quien la convención nacional democrática reconoció como legítimo presidente el domingo 16. Y el otro, Felipe Calderón, al que se busca imponer tras un burdo fraude, maquinado desde Los Pinos y convalidado el martes 5 por siete corruptos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes para ello violaron la legalidad constitucional. Cada día está siendo cada vez más claro que el respaldo social y la capacidad política están de un solo lado: el de López Obrador. Y que él es el único presidente.
2. En corto tiempo las cosas se han ido poniendo en su lugar, esclareciéndose cuál sería la gravísima situación del país de persistir las fuerzas oligárquicas en querer imponer por la fuerza a Calderón. Mientras López Obrador ha seguido señalando con visión de Estado cuál es la agenda nacional y reorganizando a sus cuadros y a sus bases sociales, un Calderón empequeñecido y a salto de mata ha ido de ridículo en ridículo en su afán de llevar a cabo actos mediáticos para simular que todo va bien, generando enorme preocupación en las fuerzas empresariales que lo respaldaron, que ahora advierten su error, entre otras cosas, por la evidente incapacidad de éste para desempeñar el cargo y alcanzar los objetivos que se propusieron.
3. López Obrador, por el contrario, lejos de dejarse amedrentar por las manipulaciones del régimen foxista y la desaforada campaña en los medios, que, carente de argumentos, no hace más que insultarlo, prosigue creando con empeño las mejores condiciones para poder gobernar al país, desde un gobierno trashumante, en un escenario en el que el Frente Amplio Progresista y las organizaciones sindicales están creando otra correlación de fuerzas: mostrando quién tiene la mayoría.
4. La pretensión de Fox de que, tras el fallo del TEPJF, su gobierno lograría utilizando a los medios, y en particular a la radio y la televisión, imponer la creencia en la legitimidad del imaginario triunfo de Calderón y aplastar a AMLO, ha fracasado por completo y lo único que ha logrado es aumentar la pérdida de la ya casi nula credibilidad de Televisa y de Tv Azteca y hacer crecer la vocación de defensa de la legalidad y de la nación de los miles de mexicanos que se oponen a la usurpación. Al dar un paso adelante en vez de recular, como muchos intelectuales y periodistas timoratos suponían iba a hacerlo, López Obrador está haciendo avanzar con rapidez el reloj de la historia en la dirección que anhelan muchos mexicanos y logrando tanto o más que si se le hubiese reconocido el triunfo.
5. En pocos días, Calderón ha aparecido ante los mexicanos como lo que es: un hombrecito carente de visión de Estado, ignorante y sin capacidad política alguna, maniatado por las peores mafias políticas y delictivas de la historia reciente de México, con las que está aliado, y que, derruido internamente porque sabe que no ganó, con la pretensión de imponerse por el fraude orquestado a su favor por grupos priístas, yunquistas y panistas, está traicionando el legado panista y la memoria de su padre, el historiador Luis Calderón Vega, quien renunciara al PAN en 1981 acusando a los dirigentes de entonces de abandonar los principios y de entregarse a servir al gran capital: lo que está haciendo ahora su hijo sin principios.
6. La entrevista dada a Proceso (núm. 1560) por uno de los más cercanos colaboradores de Calderón, el joven ultraderechista Germán Martínez, que anunció que de lograr llegar a Los Pinos el 1º de diciembre, Calderón rompería con los aliados que le ayudaron en el fraude, desde Fox y la Gordillo hasta las gentes de El Yunque, por los cuales busca mostrar enorme desprecio, constituye un descomunal error político, pues no logró sino poner en guardia a dichos "aliados" y evidenciar el desastroso escenario que tendría este grupo ilegítimo para pretender gobernar. Calderón está maniatado por el hampa política que lo encumbró, y al romper con ellos perdería el apoyo legislativo y social que necesita y no tendría para gobernar más que a los jóvenes pillos de cuello blanco de que está rodeado, encabezados por César Nava, ex traficante de influencias de Pemex, y Juan Camilo Mouriño, hijo del aventurero gallego, socio de Fox en oscuros negocios, y a los representantes de las trasnacionales.
7. El escenario patético de un Felipe Calderón lloriqueándole a Fox que le resuelva el caso de Oaxaca, seguramente porque él supone que no debería ensuciarse las manos con una represión, hace patente que estas gentes no deben gobernar México. La remoción del priísta Ulises Ruiz como gobernador oaxaqueño quebraría la alianza PRI-PAN, necesaria para que sobreviva Calderón políticamente, como advirtieron los once gobernadores priístas a Fox el lunes 25, además de que propiciaría que en las elecciones constitucionales, a las que se tendría que convocar, triunfase el PRD; la represión de la APPO no solucionaría nada y dejaría a Fox y a Calderón derrotados políticamente.
8. El "problema de Oaxaca", como lo llaman los medios, no tiene salida en términos de las prácticas de componendas del salinismo y del foxismo; requiere de otras políticas del Estado, que son las contrarias a las que el panismo calderonista anuncia para el país.
9. Los hechos de nuestro pasado reciente se conocen cada vez mejor y ya no pueden ocultarse. Los acuerdos PAN-Salinas de 1989, refrendados por los compromisos contraídos por Zedillo con la Casa Blanca en 1995, establecían que la alternancia se produciría en 2000 y que el PAN tomaría "la estafeta", como ahora se dice, para gobernar el siguiente medio siglo.
10. El PAN, refuncionalizado por la integración a sus filas de empresarios traficantes de influencias, tecnócratas salinistas y zedillistas, y miembros de la ultraderecha yunquista, sigue siendo, empero, una minoría, pero pretende gobernar por más de medio siglo para desmantelar del todo a la nación e imponer a los mexicanos un proyecto de corte totalitario. Y ante esta amenaza hay que reflexionar que aún es tiempo de detenerlo, porque mañana sería demasiado tarde.
Oaxaca: fracasó el paro empresarial; a la luz, operativo para desestabilizar
Abrieron mercados, almacenes, restaurantes, pequeño comercio y algunas gasolineras
Oaxaca: fracasó el paro empresarial; a la luz, operativo para desestabilizar
La acción encubierta buscaría crear caos y vandalismo
La APPO, infiltrada por pistoleros
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
Oaxaca, Oax., 28 de septiembre. El paro de 48 horas a que convocó la iniciativa privada oaxaqueña fracasó casi por completo. Salvo el mediano comercio y las gasolineras, el llamado de las cámaras empresariales no fue atendido por la mayor parte de los comerciantes. Abrieron todos los mercados, los grandes almacenes y la mayoría de los restaurantes de franquicia, así como el pequeño comercio y algunas estaciones de servicio.
Las principales líneas de autobuses y de taxis laboraron igualmente, luego de acordarlo con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) hace dos días. Sólo en el Centro Histórico y algunos barrios residenciales pudo apreciarse un cierre parcial de establecimientos, y no mayor al que se ha observado en otras ocasiones. Según informes, esta situación se repitió en el interior del estado.
Operación encubierta
La Jornada obtuvo información confiable sobre un amplio operativo de provocación organizado por el gobierno estatal para crear situaciones de caos y vandalismo en el transcurso del paro empresarial, en especial durante el previsto ingreso de la Policía Federal Preventiva (PFP) a esta ciudad para ''restablecer el orden''. Cuatro grupos de priístas afiliados a la CROC y a la CTM, así como policías y empleados municipales, estarían listos para asaltar comercios y transeúntes, secuestrar y quemar vehículos, agredir a la población y a los medios de comunicación, haciéndose pasar por miembros de la APPO.
Las acciones estarían a cargo de unas 300 personas previamente adiestradas y organizadas en cuatro grupos coordinados respectivamente por los líderes priístas David Aguilar y Nahúm Carreño, el jefe policiaco Aristeo López y el contratista Hugo Ruiz Ortiz (hermano del gobernador). La operación se encuentra a cargo del secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárraga, y el titular de Protección Ciudadana, Lino Zelaya Luría.
La detallada denuncia fue hecha por miembros del PAN y el PVEM que desempeñan puestos intermedios en la administración local e inclusive han ocupado cargos de elección popular. Se identificaron plenamente ante el reportero, pero pidieron conservar el anonimato por temor a represalias. Similar información aparece firmada por el columista Luis Ocejo Martínez, en la edición de hoy del diario Noticias.
Algunas personas del dispositivo clandestino se encuentran infiltradas desde hace más de un mes en barricadas de la APPO, ''para aprender conductas'' y ganar la confianza de los auténticos activistas. Dos o tres de ellos participaron en el cerco al hotel Camino Real, el pasado domingo, ''disfrazados de appos'', con ropa casual, gorras, y armados con palos; fueron quienes auxiliaron para huir a los diputados que se encontraban con el periodista Ricardo Rocha e inclusive aparecen en el programa Oaxaca: la mera verdad, presentado el martes por el comunicador en Televisión Azteca.
Cuentan con vehículos ya ''pintados'' como si pertenecieran a la APPO, entre ellos una pickup gris de doble cabina. Lo más alarmante es que las personas infiltradas participarían con armas de fuego en la eventual resistencia a la PFP, la cual se presume actuaría desarmada; su consigna es disparar contra los agentes. ''Si hubiera uno o más policías muertos, bajo la apariencia de que fue culpa del movimiento social, quedaría justificada la intervención inmediata del Ejército para establecer un estado de sitio'', dijeron los declarantes.
''Necesitan pretexto para aplicar un escarmiento ejemplar y reprimir la rebelión del pueblo'', añadieron. Uno de ellos argumentó: ''Soy panista, nunca voté por Ulises Ruiz. Tampoco coincido con la APPO ni con los maestros, pero no entiendo por qué mi partido sostiene a este gobernador''.
Por último, los declarantes revelaron la existencia de un plan para bloquear líneas telefónicas, señales de radio y ''tumbar'' la señal de los teléfonos celulares durante el operativo de la PFP, que se espera en las próximas horas o días.
En un hecho que podría estar relacionado, la estación XEYG, La consentida, de Matías Romero, fue incendiada parcialmente la madrugada del miércoles por desconocidos que dejaron pintas, firmadas por la APPO, que amenazaban de muerte al veterano locutor Romualdo Santiago. XEYG es propiedad del diputado federal por Convergencia Humberto López Lena, quien el pasado domingo fue testigo del ataque a tiros en el hotel Camino Real de la capital por parte de la policía local, y allí mismo reprobó ante los medios ''el Oaxaca de Ulises Ruiz''.
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), integrante de la APPO, condenó el atentado y consideró que la acción ''fue cometida por personeros del gobierno en represalia por la amplia cobertura que esta radio ha dado a la movilización ciudadana''.
Los hechos ''coinciden con las provocaciones orquestadas el miércoles por Luis Alvarez, representante de Ulises Ruiz en la región, quien junto con un grupo de conocidos priístas intentó reanudar clases infructuosamente en la secundaria Demetrio Vallejo, de Rincón Viejo, Petapa'', denuncia Ucizoni. ''Hasta ahora, las provocaciones y los hechos de violencia han provenido únicamente del grupo adicto al gobernador''. Añade que las amenazas contra Fredy Landa y Leonel Gómez (radiodifusores indígenas), Migdalia Espinoza y Carlos Leonardo, así como la agresión que sufriera la movilización popular en María Lombardo y el hostigamiento penal contra activistas, ''han provenido de presidentes municipales, agentes del Ministerio Público, delegados de gobierno, transportistas y policías, integrantes todos de una red de corrupción ligada a Ulises Ruiz Ortiz''.
Ucizoni sostuvo: ''Los hechos de violencia son muestra de la desesperación de un grupo político que está a punto de perder sus privilegios'', y deslindó a la APPO de cualquier acto violento, ''ya que con ello se abona el terreno a una acción represiva de parte del Estado''.
En tanto, más de 40 organismos civiles, académicos, indígenas y de derechos humanos convocaron este mediodía a un acto simbólico en la Fuente de las Siete Regiones, bajo el lema ''Ulises Ruiz, manchado con la sangre del pueblo oaxaqueño'', durante el cual repudiaron el uso de la fuerza pública y cualquier salida represiva al conflicto social y político. Los organizadores responsabilizaron a los gobiernos estatal y federal por las violaciones a los derechos humanos de los oaxaqueños. ''Hacemos un enérgico llamado al gobierno federal para recordarle que la complicidad es un acto tan grave como la comisión de actos injustos contra el pueblo de Oaxaca'', afirmaron.
Un grupo de mujeres vestidas de blanco se extrajo sangre ante decenas de cámaras de televisión y reporteros, y la arrojaron contra un retrato de cuerpo entero, tamaño natural, del gobernador oaxaqueño. Posteriormente, introdujeron esta imagen en una jaula de madera, semejando una prisión, junto con fotografías de otros funcionarios estatales, todas manchadas de sangre. ''Si existiera el estado de derecho, Ulises Ruiz estaría en la cárcel'', concluyeron.
Oaxaca: fracasó el paro empresarial; a la luz, operativo para desestabilizar
La acción encubierta buscaría crear caos y vandalismo
La APPO, infiltrada por pistoleros
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
Oaxaca, Oax., 28 de septiembre. El paro de 48 horas a que convocó la iniciativa privada oaxaqueña fracasó casi por completo. Salvo el mediano comercio y las gasolineras, el llamado de las cámaras empresariales no fue atendido por la mayor parte de los comerciantes. Abrieron todos los mercados, los grandes almacenes y la mayoría de los restaurantes de franquicia, así como el pequeño comercio y algunas estaciones de servicio.
Las principales líneas de autobuses y de taxis laboraron igualmente, luego de acordarlo con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) hace dos días. Sólo en el Centro Histórico y algunos barrios residenciales pudo apreciarse un cierre parcial de establecimientos, y no mayor al que se ha observado en otras ocasiones. Según informes, esta situación se repitió en el interior del estado.
Operación encubierta
La Jornada obtuvo información confiable sobre un amplio operativo de provocación organizado por el gobierno estatal para crear situaciones de caos y vandalismo en el transcurso del paro empresarial, en especial durante el previsto ingreso de la Policía Federal Preventiva (PFP) a esta ciudad para ''restablecer el orden''. Cuatro grupos de priístas afiliados a la CROC y a la CTM, así como policías y empleados municipales, estarían listos para asaltar comercios y transeúntes, secuestrar y quemar vehículos, agredir a la población y a los medios de comunicación, haciéndose pasar por miembros de la APPO.
Las acciones estarían a cargo de unas 300 personas previamente adiestradas y organizadas en cuatro grupos coordinados respectivamente por los líderes priístas David Aguilar y Nahúm Carreño, el jefe policiaco Aristeo López y el contratista Hugo Ruiz Ortiz (hermano del gobernador). La operación se encuentra a cargo del secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárraga, y el titular de Protección Ciudadana, Lino Zelaya Luría.
La detallada denuncia fue hecha por miembros del PAN y el PVEM que desempeñan puestos intermedios en la administración local e inclusive han ocupado cargos de elección popular. Se identificaron plenamente ante el reportero, pero pidieron conservar el anonimato por temor a represalias. Similar información aparece firmada por el columista Luis Ocejo Martínez, en la edición de hoy del diario Noticias.
Algunas personas del dispositivo clandestino se encuentran infiltradas desde hace más de un mes en barricadas de la APPO, ''para aprender conductas'' y ganar la confianza de los auténticos activistas. Dos o tres de ellos participaron en el cerco al hotel Camino Real, el pasado domingo, ''disfrazados de appos'', con ropa casual, gorras, y armados con palos; fueron quienes auxiliaron para huir a los diputados que se encontraban con el periodista Ricardo Rocha e inclusive aparecen en el programa Oaxaca: la mera verdad, presentado el martes por el comunicador en Televisión Azteca.
Cuentan con vehículos ya ''pintados'' como si pertenecieran a la APPO, entre ellos una pickup gris de doble cabina. Lo más alarmante es que las personas infiltradas participarían con armas de fuego en la eventual resistencia a la PFP, la cual se presume actuaría desarmada; su consigna es disparar contra los agentes. ''Si hubiera uno o más policías muertos, bajo la apariencia de que fue culpa del movimiento social, quedaría justificada la intervención inmediata del Ejército para establecer un estado de sitio'', dijeron los declarantes.
''Necesitan pretexto para aplicar un escarmiento ejemplar y reprimir la rebelión del pueblo'', añadieron. Uno de ellos argumentó: ''Soy panista, nunca voté por Ulises Ruiz. Tampoco coincido con la APPO ni con los maestros, pero no entiendo por qué mi partido sostiene a este gobernador''.
Por último, los declarantes revelaron la existencia de un plan para bloquear líneas telefónicas, señales de radio y ''tumbar'' la señal de los teléfonos celulares durante el operativo de la PFP, que se espera en las próximas horas o días.
En un hecho que podría estar relacionado, la estación XEYG, La consentida, de Matías Romero, fue incendiada parcialmente la madrugada del miércoles por desconocidos que dejaron pintas, firmadas por la APPO, que amenazaban de muerte al veterano locutor Romualdo Santiago. XEYG es propiedad del diputado federal por Convergencia Humberto López Lena, quien el pasado domingo fue testigo del ataque a tiros en el hotel Camino Real de la capital por parte de la policía local, y allí mismo reprobó ante los medios ''el Oaxaca de Ulises Ruiz''.
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), integrante de la APPO, condenó el atentado y consideró que la acción ''fue cometida por personeros del gobierno en represalia por la amplia cobertura que esta radio ha dado a la movilización ciudadana''.
Los hechos ''coinciden con las provocaciones orquestadas el miércoles por Luis Alvarez, representante de Ulises Ruiz en la región, quien junto con un grupo de conocidos priístas intentó reanudar clases infructuosamente en la secundaria Demetrio Vallejo, de Rincón Viejo, Petapa'', denuncia Ucizoni. ''Hasta ahora, las provocaciones y los hechos de violencia han provenido únicamente del grupo adicto al gobernador''. Añade que las amenazas contra Fredy Landa y Leonel Gómez (radiodifusores indígenas), Migdalia Espinoza y Carlos Leonardo, así como la agresión que sufriera la movilización popular en María Lombardo y el hostigamiento penal contra activistas, ''han provenido de presidentes municipales, agentes del Ministerio Público, delegados de gobierno, transportistas y policías, integrantes todos de una red de corrupción ligada a Ulises Ruiz Ortiz''.
Ucizoni sostuvo: ''Los hechos de violencia son muestra de la desesperación de un grupo político que está a punto de perder sus privilegios'', y deslindó a la APPO de cualquier acto violento, ''ya que con ello se abona el terreno a una acción represiva de parte del Estado''.
En tanto, más de 40 organismos civiles, académicos, indígenas y de derechos humanos convocaron este mediodía a un acto simbólico en la Fuente de las Siete Regiones, bajo el lema ''Ulises Ruiz, manchado con la sangre del pueblo oaxaqueño'', durante el cual repudiaron el uso de la fuerza pública y cualquier salida represiva al conflicto social y político. Los organizadores responsabilizaron a los gobiernos estatal y federal por las violaciones a los derechos humanos de los oaxaqueños. ''Hacemos un enérgico llamado al gobierno federal para recordarle que la complicidad es un acto tan grave como la comisión de actos injustos contra el pueblo de Oaxaca'', afirmaron.
Un grupo de mujeres vestidas de blanco se extrajo sangre ante decenas de cámaras de televisión y reporteros, y la arrojaron contra un retrato de cuerpo entero, tamaño natural, del gobernador oaxaqueño. Posteriormente, introdujeron esta imagen en una jaula de madera, semejando una prisión, junto con fotografías de otros funcionarios estatales, todas manchadas de sangre. ''Si existiera el estado de derecho, Ulises Ruiz estaría en la cárcel'', concluyeron.
Bush: permiso para torturar
Editorial
Bush: permiso para torturar
El día de ayer será recordado como una fecha trágica para Estados Unidos y para el resto del mundo: el Senado de ese país se plegó a las exigencias del gobierno de George Walker Bush y legalizó después de que, la víspera, la Cámara de Representantes hiciera otro tanto la liquidación de los derechos humanos de los sospechosos de terrorismo. En adelante, será legal la detención de una persona por tiempo indefinido y sin presentación de cargos, será legal el uso de pruebas obtenidas mediante coerción y serán legales prácticas de interrogatorio como la privación de sueño por periodos prolongados o exponer a los interrogados a bajas temperaturas. Para aprobar semejantes atrocidades, los legisladores del país vecino recurrieron a una argucia simple: manifestar que tales tormentos no se llaman tortura.
La aprobación de estas medidas marca un retroceso sin precedente en materia de derechos humanos, garantías individuales y libertades, una recaída en la barbarie comparable a las disposiciones de segregación adoptadas en la Alemania nazi y en la Sudáfrica racista, y se traduce en un estado de indefensión jurídica para cualquier habitante de este planeta que tenga la desgracia de ser considerado sospechoso de terrorismo o potencial "combatiente enemigo" a discreción de cualquier oficial del gobierno estadunidense. Con esta disposición denominada "Ley sobre Comisiones Militares de 2006", muchos de los atropellos perpetrados en Abu Ghraib y Guantánamo pueden ya ser tomados como práctica válida y rutinaria.
Bush no pudo ocultar la verdadera dimensión de estas normas: los interrogadores estadunidenses, dijo, "no quieren que los juzguen como criminales de guerra". Para calmar esas inquietudes, en suma, se procedió a legalizar algunos crímenes de guerra.
Mal harían los ciudadanos del país vecino en suponer que esa legislación monstruosa será aplicada exclusivamente a extranjeros. Más temprano que tarde, el permiso para torturar será empleado contra los propios estadunidenses, por más que, en lo inmediato, son ciertamente los nacionales de otros países los que se encuentran en mayor peligro.
No se requiere demasiada perspicacia para prever que la "Ley sobre Comisiones Militares" prefigura, en primer lugar, una nueva oleada de violaciones a los derechos humanos en Medio Oriente y en el mundo islámico. Pero tampoco es necesario un alarde de imaginación para percibir la amenaza que la disposición representa para los trabajadores mexicanos y latinoamericanos que acuden al territorio del país vecino en busca de oportunidades laborales: las acusaciones por sospecha de terrorismo se pueden formalizar sin ningún requerimiento específico y serán susceptibles, por ello, de ser empleadas en la persecución de extranjeros indocumentados, por más inverosímiles que resulten. Por lo demás, los tribunales militares autorizados para juzgar a las víctimas de la prepotencia y el autoritarismo de la administración Bush no sancionarán los abusos de poder, los atropellos y las extralimitaciones de los acusadores, toda vez que esos actos han quedado de antemano exculpados por la ley aprobada ayer.
Por lo que hace a México, la circunstancia requiere de un gobierno firme, comprometido con la defensa de los derechos de los connacionales y dispuesto a enfrentarse a Washington para preservar la integridad y los derechos de los ciudadanos mexicanos. Por desgracia, el grupo en el poder y el proyecto continuista de la reacción gobernante no se han caracterizado precisamente por la firmeza en la defensa de los connacionales, sino más bien por el entreguismo y el servilismo en sus relaciones con la potencia vecina.
Finalmente, cabe esperar que el permiso para torturar extendido ayer por el Capitolio a la Casa Blanca lleve a la ciudadanía estadunidense a reflexionar sobre la rápida conversión de su país en un Estado totalitario y policial, en un territorio de opresión y, aunque el nombre no guste, en un enorme campo de tortura.
Bush: permiso para torturar
El día de ayer será recordado como una fecha trágica para Estados Unidos y para el resto del mundo: el Senado de ese país se plegó a las exigencias del gobierno de George Walker Bush y legalizó después de que, la víspera, la Cámara de Representantes hiciera otro tanto la liquidación de los derechos humanos de los sospechosos de terrorismo. En adelante, será legal la detención de una persona por tiempo indefinido y sin presentación de cargos, será legal el uso de pruebas obtenidas mediante coerción y serán legales prácticas de interrogatorio como la privación de sueño por periodos prolongados o exponer a los interrogados a bajas temperaturas. Para aprobar semejantes atrocidades, los legisladores del país vecino recurrieron a una argucia simple: manifestar que tales tormentos no se llaman tortura.
La aprobación de estas medidas marca un retroceso sin precedente en materia de derechos humanos, garantías individuales y libertades, una recaída en la barbarie comparable a las disposiciones de segregación adoptadas en la Alemania nazi y en la Sudáfrica racista, y se traduce en un estado de indefensión jurídica para cualquier habitante de este planeta que tenga la desgracia de ser considerado sospechoso de terrorismo o potencial "combatiente enemigo" a discreción de cualquier oficial del gobierno estadunidense. Con esta disposición denominada "Ley sobre Comisiones Militares de 2006", muchos de los atropellos perpetrados en Abu Ghraib y Guantánamo pueden ya ser tomados como práctica válida y rutinaria.
Bush no pudo ocultar la verdadera dimensión de estas normas: los interrogadores estadunidenses, dijo, "no quieren que los juzguen como criminales de guerra". Para calmar esas inquietudes, en suma, se procedió a legalizar algunos crímenes de guerra.
Mal harían los ciudadanos del país vecino en suponer que esa legislación monstruosa será aplicada exclusivamente a extranjeros. Más temprano que tarde, el permiso para torturar será empleado contra los propios estadunidenses, por más que, en lo inmediato, son ciertamente los nacionales de otros países los que se encuentran en mayor peligro.
No se requiere demasiada perspicacia para prever que la "Ley sobre Comisiones Militares" prefigura, en primer lugar, una nueva oleada de violaciones a los derechos humanos en Medio Oriente y en el mundo islámico. Pero tampoco es necesario un alarde de imaginación para percibir la amenaza que la disposición representa para los trabajadores mexicanos y latinoamericanos que acuden al territorio del país vecino en busca de oportunidades laborales: las acusaciones por sospecha de terrorismo se pueden formalizar sin ningún requerimiento específico y serán susceptibles, por ello, de ser empleadas en la persecución de extranjeros indocumentados, por más inverosímiles que resulten. Por lo demás, los tribunales militares autorizados para juzgar a las víctimas de la prepotencia y el autoritarismo de la administración Bush no sancionarán los abusos de poder, los atropellos y las extralimitaciones de los acusadores, toda vez que esos actos han quedado de antemano exculpados por la ley aprobada ayer.
Por lo que hace a México, la circunstancia requiere de un gobierno firme, comprometido con la defensa de los derechos de los connacionales y dispuesto a enfrentarse a Washington para preservar la integridad y los derechos de los ciudadanos mexicanos. Por desgracia, el grupo en el poder y el proyecto continuista de la reacción gobernante no se han caracterizado precisamente por la firmeza en la defensa de los connacionales, sino más bien por el entreguismo y el servilismo en sus relaciones con la potencia vecina.
Finalmente, cabe esperar que el permiso para torturar extendido ayer por el Capitolio a la Casa Blanca lleve a la ciudadanía estadunidense a reflexionar sobre la rápida conversión de su país en un Estado totalitario y policial, en un territorio de opresión y, aunque el nombre no guste, en un enorme campo de tortura.
Se consuma en el Senado de EU la legalización de la tortura
La anulación del habeas corpus nos convierte en una "república bananera": ex abogado militar
Se consuma en el Senado de EU la legalización de la tortura
La votación queda 65 contra 34; "nuestra democracia, la gran perdedora": New York Times
Bush promulgará en breve la ley que le otorga el poder de "designar a los enemigos extranjeros"
En duda, el compromiso de Washington con los principios fundamentales de justicia, dice AI
DAVID BROOKS CORRESPONSAL
Washington, 28 de septiembre. El Senado aprobó hoy la tortura y la anulación del derecho fundamental de un acusado de acceso a las pruebas en su contra para todo extranjero (incluidos inmigrantes) que sean designados "enemigos" por el presidente de Estados Unidos, convirtiendo a este país, según un ex abogado militar, en una "república bananera".
El presidente George W. Bush promulgará esta ley a la brevedad, la cual él y sus aliados consideran una "herramienta vital" en la lucha contra el "terror", cuyas medidas, dicen, ya han evitado atentados "terroristas" en los últimos años
La votación de esta noche en el Senado fue de 65 contra 34 en favor de la llamada Ley de Comisiones Militares (nombre del sistema judicial para "combatientes enemigos ilegales"). Con la previa aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes y su aprobación en el Senado esta noche, el presidente Bush y su gobierno se anotaron un triunfo al legalizar una serie de medidas autorizadas por el Ejecutivo en el curso de los últimos cuatro años como parte de la llamada "guerra contra el terror" y que recientemente fueron consideradas inconstitucionales por la Suprema Corte y violatorias de las Convenciones de Ginebra.
Bush realizó una inusual visita al Senado esta mañana para promover la aprobación del proyecto, que ha sido denunciado por visitadores de la Organización de Naciones Unidas, ex abogados militares, varios legisladores, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, editorialistas y expertos en ley constitucional e internacional.
La iniciativa de ley otorga un tipo de amnistía para posibles crímenes de guerra cometidos por personal estadunidense en los últimos años (por tortura, encarcelamiento clandestino, desapariciones y otros), redefine por primera vez en más de 50 años las Convenciones de Ginebra, autoriza la tortura (oficialmente se llama "técnicas de interrogación"), y anula para siempre el derecho de los detenidos a cuestionar las razones de su encarcelamiento o su trato.
Bajo el proyecto aprobado hoy, el presidente y sus representantes tienen el poder de designar a casi cualquier ciudadano del mundo, incluidos los inmigrantes legales en este país, como "combatiente enemigo ilegal" con lo cual podría ser detenido indefinidamente sin acceso a un tribunal. La ley también permitirá los "métodos de interrogación" que se consideran "permisibles", o sea, qué es o no tortura lo define el presidente, lo cual, además, es secreto.
Los tribunales estadunidenses no tienen poder para interceder en el nuevo sistema judicial militar para procesar a los "combatientes enemigos", sólo hasta después de que se emita un veredicto. Nadie podrá presentar demandas legales contra el gobierno estadunidense por estos casos con base en las Convenciones de Ginebra. Pruebas que son resultado de tortura podrán ser presentadas en estos procesos si el juez determina que son "confiables".
Pero la anulación del derecho de habeas corpus, un principio legal que antecede a la Carta Magna del siglo XIII, que forma la base de los sistemas legales occidentales y que está consagrado en la Constitución de Estados Unidos, no tiene precedente. Este concepto establece el derecho de un prisionero de conocer las razones por las cuales está detenido.
John D. Hutson, ex almirante y ex abogado militar uniformado de mayor rango de la Marina, argumentó esta semana ante legisladores que el derecho de habeas era fundamental para la identidad estadunidense. "Sin este tipo de protecciones, sólo somos una república bananera más", declaró en una audiencia del Comité Judicial del Senado.
Hoy, el director ejecutivo del Centro de Derechos Constitucionales, Vincent Warren, dijo que esta legislación "otorga al presidente el privilegio de reyes, permitiéndole encarcelar a cualquier crítico como supuesto 'combatiente enemigo', que jamás verá el interior de un tribunal o tendrá la oportunidad de cuestionar su detención o su trato. ¿Qué diríamos si otro país aprobara una ley haciendo legal el secuestro de un ciudadano estadunidense y su detención indefinida?"
Otros abogados han señalado que el habeas corpus ha sido suspendido en cuatro ocasiones en la historia de este país, pero sólo brevemente y en territorio que era zona de combate.
Esta noche Amnistía Internacional expresó su desilusión y declaró que la aprobación "pone en duda el compromiso de Estados Unidos con los principios fundamentales de justicia y juicios imparciales".
"Nuestra democracia es la gran perdedora", opinó hoy el New York Times en su editorial, al señalar cómo los republicanos y su presidente, así como los demócratas, estaban por aprobar esta ley por razones electorales en esta coyuntura política. Concluyó que los estadunidenses en el futuro recordarán que "en 2006, el Congreso aprobó una ley tiránica que será comparada con los momentos más bajos de nuestra democracia."
Se consuma en el Senado de EU la legalización de la tortura
La votación queda 65 contra 34; "nuestra democracia, la gran perdedora": New York Times
Bush promulgará en breve la ley que le otorga el poder de "designar a los enemigos extranjeros"
En duda, el compromiso de Washington con los principios fundamentales de justicia, dice AI
DAVID BROOKS CORRESPONSAL
Washington, 28 de septiembre. El Senado aprobó hoy la tortura y la anulación del derecho fundamental de un acusado de acceso a las pruebas en su contra para todo extranjero (incluidos inmigrantes) que sean designados "enemigos" por el presidente de Estados Unidos, convirtiendo a este país, según un ex abogado militar, en una "república bananera".
El presidente George W. Bush promulgará esta ley a la brevedad, la cual él y sus aliados consideran una "herramienta vital" en la lucha contra el "terror", cuyas medidas, dicen, ya han evitado atentados "terroristas" en los últimos años
La votación de esta noche en el Senado fue de 65 contra 34 en favor de la llamada Ley de Comisiones Militares (nombre del sistema judicial para "combatientes enemigos ilegales"). Con la previa aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes y su aprobación en el Senado esta noche, el presidente Bush y su gobierno se anotaron un triunfo al legalizar una serie de medidas autorizadas por el Ejecutivo en el curso de los últimos cuatro años como parte de la llamada "guerra contra el terror" y que recientemente fueron consideradas inconstitucionales por la Suprema Corte y violatorias de las Convenciones de Ginebra.
Bush realizó una inusual visita al Senado esta mañana para promover la aprobación del proyecto, que ha sido denunciado por visitadores de la Organización de Naciones Unidas, ex abogados militares, varios legisladores, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, editorialistas y expertos en ley constitucional e internacional.
La iniciativa de ley otorga un tipo de amnistía para posibles crímenes de guerra cometidos por personal estadunidense en los últimos años (por tortura, encarcelamiento clandestino, desapariciones y otros), redefine por primera vez en más de 50 años las Convenciones de Ginebra, autoriza la tortura (oficialmente se llama "técnicas de interrogación"), y anula para siempre el derecho de los detenidos a cuestionar las razones de su encarcelamiento o su trato.
Bajo el proyecto aprobado hoy, el presidente y sus representantes tienen el poder de designar a casi cualquier ciudadano del mundo, incluidos los inmigrantes legales en este país, como "combatiente enemigo ilegal" con lo cual podría ser detenido indefinidamente sin acceso a un tribunal. La ley también permitirá los "métodos de interrogación" que se consideran "permisibles", o sea, qué es o no tortura lo define el presidente, lo cual, además, es secreto.
Los tribunales estadunidenses no tienen poder para interceder en el nuevo sistema judicial militar para procesar a los "combatientes enemigos", sólo hasta después de que se emita un veredicto. Nadie podrá presentar demandas legales contra el gobierno estadunidense por estos casos con base en las Convenciones de Ginebra. Pruebas que son resultado de tortura podrán ser presentadas en estos procesos si el juez determina que son "confiables".
Pero la anulación del derecho de habeas corpus, un principio legal que antecede a la Carta Magna del siglo XIII, que forma la base de los sistemas legales occidentales y que está consagrado en la Constitución de Estados Unidos, no tiene precedente. Este concepto establece el derecho de un prisionero de conocer las razones por las cuales está detenido.
John D. Hutson, ex almirante y ex abogado militar uniformado de mayor rango de la Marina, argumentó esta semana ante legisladores que el derecho de habeas era fundamental para la identidad estadunidense. "Sin este tipo de protecciones, sólo somos una república bananera más", declaró en una audiencia del Comité Judicial del Senado.
Hoy, el director ejecutivo del Centro de Derechos Constitucionales, Vincent Warren, dijo que esta legislación "otorga al presidente el privilegio de reyes, permitiéndole encarcelar a cualquier crítico como supuesto 'combatiente enemigo', que jamás verá el interior de un tribunal o tendrá la oportunidad de cuestionar su detención o su trato. ¿Qué diríamos si otro país aprobara una ley haciendo legal el secuestro de un ciudadano estadunidense y su detención indefinida?"
Otros abogados han señalado que el habeas corpus ha sido suspendido en cuatro ocasiones en la historia de este país, pero sólo brevemente y en territorio que era zona de combate.
Esta noche Amnistía Internacional expresó su desilusión y declaró que la aprobación "pone en duda el compromiso de Estados Unidos con los principios fundamentales de justicia y juicios imparciales".
"Nuestra democracia es la gran perdedora", opinó hoy el New York Times en su editorial, al señalar cómo los republicanos y su presidente, así como los demócratas, estaban por aprobar esta ley por razones electorales en esta coyuntura política. Concluyó que los estadunidenses en el futuro recordarán que "en 2006, el Congreso aprobó una ley tiránica que será comparada con los momentos más bajos de nuestra democracia."
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