Con Ramírez Acuña, auge de la tortura en Jalisco

Durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña en Jalisco las denuncias por tortura aumentaron de manera considerable: de 2001 a 2006, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) recibió 640 quejas por ese delito, informaron diversas organizaciones sociales locales.
En un análisis de la gestión del probable encargado de la política interna del país durante el próximo sexenio, las organizaciones destacan que aunque el caso del 28 de mayo de 2004 ­cuando policías reprimieron y detuvieron a decenas de personas que se manifestaban durante la tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea­ es paradigmático, Ramírez Acuña permitió la impunidad en diversos casos de tortura en Jalisco, incluso cuando fue alcalde de Guadalajara.
Refieren que el 4 de mayo de 2002, policías irrumpieron en un rave en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde "ocasionaron tratos crueles, inhumanos y degradantes a mil 500 jóvenes, al tiempo que realizaron detenciones arbitrarias", pretextando que allí se vendía droga.
El hoy gobernador con licencia declaró entonces: "Son acciones muy concretas de la policía estatal, donde no vamos a permitir estas reuniones de francachelas y verdaderas orgías. Pedimos a los medios y a la ciudadanía que nos hagan saber dónde se realizan o se pretenden realizar para que lleguemos y se impidan".
Resaltaron que en 1999, durante su gestión como alcalde de Guadalajara, la CEDHJ emitió la recomendación 11/99 referente al caso de Víctor Castañeda Casas, presunto responsable de secuestro, quien "fue torturado" por policías hasta el extremo de matarlo.
Las organizaciones sociales, entre ellas el Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del Iteso, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y el Centro de Reflexión y Acción Laboral, recordaron que por los hechos del 28 de mayo de 2004, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un informe especial en el que, tras sus investigaciones, se acreditó la existencia de 73 casos de detenciones ilegales, 55 tratos crueles y degradantes, 73 incomunicaciones y 19 casos de tortura a manos de policías.
El entonces gobernador desacreditó no sólo las recomendaciones generadas por esos hechos, sino que ninguna autoridad a su cargo ha atendido los señalamientos de diversas organizaciones, nacionales e internacionales, por las quejas de violaciones a los derechos humanos.
El reporte asegura que la política de Ramírez Acuña mostró "intolerancia hacia las manifestaciones juveniles y el ejercicio de sus derechos civiles y políticos". Agregan que durante su gestión en el municipio de Guadalajara, el panista "instaló una ideología moral llena de prejuicios sobre los jóvenes, sus formas de expresión, identidades y derechos", política en la que influyeron la jerarquía católica tradicional y distintos sectores conservadores de la ciudad.
En torno a los derechos sexuales, el texto refiere que durante 2005 y 2006 se presentaron oposiciones por parte de varios diputados panistas ­cercanos al gobernador­ ante el uso de la píldora del día siguiente; además de que las autoridades de Jalisco se opusieron a la modificación del libro de ciencias para primero de secundaria, en el que se habla abiertamente de sexualidad; e inclusive, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación colaboró con la Unión de Padres de Familia para redactar un "anexo informativo" que cubría las "deficiencias del texto".
Otra de las violaciones a las garantías de los jóvenes fue el "acoso reiterado" por las autoridades hacia el llamado Tianguis Cultural, contra el que se orquestó una campaña de desprestigio, amén de que es constantemente vigilado por policías, quienes catean a jóvenes "sospechosos".
Ramírez Acuña tampoco garantizó los derechos de las mujeres en el estado, pues durante su gobierno "no existió ningún programa que atendiera específicamente a ese sector". El reporte denuncia que Jalisco es uno de los estados en los que la legislación no considera el delito de rapto, que para denunciar estupro la menor tiene que demostrar ser "casta y honesta", y aún no se tipifica el delito de violación dentro del matrimonio. Denunciaron que durante los últimos 10 años, sólo en la zona metropolitana de Guadalajara, la cifra de muertes violentas de mujeres es de 530, mayor a la de Ciudad Juárez.
Denunciaron que Ramírez Acuña además avaló el deterioro ambiental en Juanacatlán, Arcediano, y en las sierras de Mazamitla y Tapalpa; incumplió con la ley de transparencia al no entregar "copia simple" de su nómina a sectores que se lo solicitaron; amén de que emprendió "persecuciones" contra minorías como homosexuales, travestis y jóvenes contraculturales.

Ataca la PFP tras marcha de la APPO; más de 100 heridos

Ataca la PFP tras marcha de la APPO; más de 100 heridos
Veinte de los lesionados, por arma de fuego; varios inmuebles y automóviles fueron incendiados
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 25 de noviembre. Más de 140 heridos ­tres de ellos periodistas­, 100 detenidos y numerosos inmuebles públicos y privados, así como autos incendiados es el saldo parcial de varias horas de enfrentamientos entre integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que marcharon hacia el centro histórico de la capital del estado.
Cientos de simpatizantes del movimiento magisterial y popular resultaron intoxicados y lesionados por los gases lacrimógenos y piedras lanzadas por las fuerzas federales. Los heridos de bala suman por lo menos 20 y están internados en los hospitales del IMSS y civil Aurelio Valdivieso.
Según versiones de la APPO, habrían fallecido tres personas por impactos de arma de fuego, aunque esta versión no fue confirmada oficialmente.
La multitudinaria marcha pacífica ­recorrió ocho kilómetros desde el sur de la capital­ en demanda de la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, la liberación de los presos políticos y el retiro de la policía federal concluyó sin incidentes. El objetivo era instalar un cerco que duraría 48 horas alrededor de los agentes federales.
La PFP detuvo a unos 100 participantes en la refriega, pero también a varios curiosos que pasaban a pie o en vehículos por las calles donde se dieron los choques. En el enfrentamiento también fueron golpeados fotógrafos y reporteros de medios locales y nacionales.
El coordinador de la página e-consulta y corresponsal de El Financiero en Oaxaca, Abundio Núñez Sánchez, fue descalabrado por un golpe de tolete que le propinó un agente federal, provocándole una herida de 20 centímetros.
Fueron incendiados decenas de automóviles y autobuses, así como los edificios del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Poder Judicial federal, el Teatro Juárez ­ex sede del Congreso local­, las oficinas de la Secretaría de Turismo de la entidad y diferentes establecimientos comerciales.
También fueron dañados los edificios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Registro Público de la Propiedad, la Facultad de Sociología de la UABJO y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la entidad.
De igual forma, sufrieron daños por bombas molotov el hotel Camino Real y otras dos casonas sobre la calle Macedonio Alcalá, donde se reportaron algunos de los combates más fuertes esta tarde y noche.
La batalla empezó casi a las 17 horas, en la esquina de Macedonio Alcalá y Morelos, cuando las fuerzas federales intentaron romper el acordonamiento del retén puesto ahí ­y en otros tantos situados en los alrededores de la Plaza de la Constitución­ por miles de personas que participaron en la séptima megamarcha.
Las fuerzas federales lanzaron a los manifestantes gases lacrimógenos, además de piedras y canicas con resorteras; éstos respondieron con cohetones disparados con bazucas artesanales y petardos conocidos como coyotas, entre cánticos de: "¡Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó!", y "¡Hoy voy a hacer, hoy voy, hoy voy a hacer, una fogata con los de la PFP!"
En Macedonio Alcalá y Murguía, los bazuqueros formaron una línea y, protegidos con escudos, algunos de ellos de la propia PFP, que han incautado durante las diferentes escaramuzas, hicieron decenas de disparos a contra sus adversarios.
Los enfrentamientos se extendieron por lo menos 14 cuadras, y el centro de la ciudad quedó entre una nube de gas lacrimógeno.
Marcelino Coache Verano, uno de los voceros de la APPO, justificó la respuesta a la PFP: "se debió a la dignidad y valentía del pueblo oaxaqueño.
"Fuimos agredidos con piedras, canicas y gases, y en un acto de legítima autodefensa se ha respondido", señaló.
Pasada una hora, las fuerzas federales salieron de los retenes donde se encontraban atrincheradas ­en varios tienen alambre de púas electrificado­ y avanzaron calles arriba con sus tanquetas para perseguir a los simpatizantes de la APPO y dispersarlos.
Los activistas del movimiento magisterial y popular, además de quemar llantas, instalaron barricadas con autobuses y con cualquier objeto en las calles, pero fueron removidos por las tanquetas. Así, se reagruparon en las inmediaciones del templo de Santo Domingo de Guzmán, donde se ubica el plantón general, y desde ahí atacaron nuevamente.
Cerca de ahí, en el Jardín Etnobotánico, hombres vestidos de civil dispararon y persiguieron pistola en mano a quienes se alejaban del atrio.
En la esquina de 5 de Mayo y Murguía, las fuerzas federales también acometieron y obligaron a los simpatizantes de la APPO a reagruparse en cercanías del campamento, pero sin dejar de participar en la refriega.
Flavio Sosa Villavicencio, miembro del Consejo Estatal de la APPO, convocó al repliegue a sus compañeros para que cesaran los enfrentamientos, pero su llamado no fue escuchado. "El pueblo es el que manda", le respondió uno los bazuqueros.
Ante esto, los agentes de la PFP avanzaron más calles y llegaron hasta el plantón general, donde prendieron fuego a todas las tiendas de campaña y enlonados.
Sin embargo, regresaron a sus posiciones y los manifestantes volvieron a atacar, a pesar de los llamados de miembros del consejo para replegarse.
Coache Verano convocó a la calma para "evitar más derramamiento de sangre y detenidos", pero tampoco tuvo éxito.
Así, las fuerzas federales avanzaron otra vez y replegaron a los simpatizantes de la APPO hasta la esquina de Macedonio Alcalá y calzada Héroes de Chapultepec, situada a unas ocho calles del zócalo. Ahí se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y un joven cayó al piso herido en una pierna. Sus compañeros lo levantaron y lo trasladaron al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Cerca de ahí, en las inmediaciones del parque Casiano Conzzatti, hombres vestidos de civil, presuntos miembros de la Policía Ministerial del estado, dispararon en contra de la multitud que se allí encontraba replegada, sin conocerse si hubo lesionados.
En el cinema El Pochote, creado por el pintor Francisco Toledo, decenas de personas se resguardaron y fueron rodeadas por las fuerzas federales, sin que pudieran salir.
Persecución policiaca
Para acabar con toda reacción, la PFP a bordo de camionetas pick up, ahora con el respaldo de la Policía Preventiva del estado, se lanzó a la ofensiva con sus tanquetas y persiguió a los seguidores del movimiento magisterial y popular hasta las proximidades del Cerro del Fortín.
Inclusive, embistió con sus unidades a varios de los manifestantes, quienes en el piso todavía fueron golpeados con toletes, para después ser detenidos.
Mientras, otro grupo de agentes se dirigió a la Facultad de Medicina de la UABJO para intentar detener a quienes ahí se habían refugiado. De acuerdo con información de los dirigentes de la APPO, ahí habrían fallecido dos personas al enfrentar a las fuerzas federales.
Hasta las 20:30 horas aún se escuchaban detonaciones de cohetones y de gases lacrimógenos, así como de armas de fuego.
El gobernador minimiza el enfrentamiento
En conferencia de prensa, Ulises Ruiz Ortiz dijo que el enfrentamiento "demuestra la desesperación" de la APPO. "Va de salida este movimiento, ya se vino abajo; es un coletazo", asentó.
A su juicio, la séptima megamarcha convocada "fue mínima" y por debajo de lo esperado por el movimiento magisterial y popular. Descartó que hubiera muertos o heridos graves y advirtió que los participantes en el enfrentamiento serán arrestados, entre ellos los miembros del Consejo Estatal de la APPO.
También rechazó que su gobierno promueva una ley de amnistía para los simpatizantes de la asamblea popular.
Ruiz Ortiz refutó las acusaciones del movimiento magisterial y popular: "Dicen 'Ulises asesino', yo no soy asesino, nunca me he manchado las manos ni me las voy a manchar, tengo un profundo respeto por la vida humana; me dicen: 'Ulises, no te quiere Oaxaca', tampoco es cierto, son grupos adversos a mi gobierno, minoritarios; varios de ellos compitieron conmigo en el proceso electoral; ponen: 'Ulises corrupto', no lo soy".
Alrededor de las 23 horas se supo que personas desconocidas balearon las instalaciones de la 28 Zona Militar, sin conocerse más información.
Al cierre de esta edición, unos mil agentes de la PFP rodearon el parque El Llano para dar seguridad a los bomberos, con el fin de apagar el incendio en el edificio del Poder Judicial Federal, debido a que fueron corridos por simpatizantes del movimiento popular. En el estacionamiento del edificio quedaron quemados 12 vehículos de jueces y magistrados.
Ejecutar las órdenes de aprehensión y capturar a todos los que pretendan instalar barricadas, la orden
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
Las fuerzas federales acantonadas en Oaxaca se declararon en estado de alerta permanente, y desde esta noche comenzaron patrullajes en toda la urbe, en coordinación con las policías municipal y estatal. Una de las órdenes a cumplir será la detención de todos los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que pretendan instalar o hayan levantado barricadas en la capital oaxaqueña.
Fuentes gubernamentales de alto nivel revelaron que tras los enfrentamientos y los actos delincuenciales de ayer, que incluyeron la quema de edificios públicos y privados, así como de vehículos, desde la ciudad de México se ordenó que la Policía Federal Preventiva (PFP) pasara de las acciones de contención a maniobras ofensivas.
Lo anterior, indicaron mandos del gobierno federal, significa que la PFP, en coordinación con miembros de las policías estatal y municipal de Oaxaca, ejecute las órdenes de aprehensión de que se tenga conocimiento.
Cabe recordar que extraoficialmente se sabe que desde antes del 28 de octubre, cuando arribaron a la capital oaxaqueña los elementos federales ­reforzados con miembros de la Policía Militar­, ya se tenía conocimiento de al menos 200 mandamientos judiciales de captura en contra de integrantes de la APPO y militantes priístas que forman parte de grupos considerados violentos.
De acuerdo con los reportes enviados a la capital mexicana, los presuntos integrantes de la APPO se replegaron ­luego de más de cinco horas de enfrentamiento con la PFP­ a las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), adonde los uniformados tienen la orden de no ingresar.
Los informes dan cuenta de al menos cinco inmuebles incendiados, entre los que se incluye el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, la sede de los juzgados federales en la capital y un edificio particular, así como la quema de varias unidades de transporte público y vehículos particulares.
Además del despliegue de los grupos de operaciones especiales de la PFP que se encuentran en la ciudad de Oaxaca, las órdenes dadas desde la capital mexicana incluyeron el uso de toda la fuerza con que la corporación cuenta en esa entidad, que asciende a 3 mil 500 elementos, y mantener bajo control a los elementos de la Policía Ministerial, a fin de evitar acciones que puedan vulnerar las garantías individuales y se acuse de manera injustificada a los agentes federales y a las corporaciones que están bajo su mando.
Al filo de las 10 de la noche, hora en que ya habían cesado los enfrentamientos, la PFP reportó a los altos mandos del gobierno federal que si bien existía un ambiente tenso y se esperaba una noche aciaga, se procedería a restablecer de manera definitiva el orden en la capital.
Para esa hora, los reportes que se tenían desde Oaxaca eran: cerca de un centenar de detenidos por la comisión de delitos de carácter federal y local, inicio de patrullajes, despliegue de fuerza en toda la capital mediante rondines y dos barricadas destruidas, una en la zona del Cerro del Fortín y otra en el área conocida como Niños Héroes.
En la primera se detuvo a cerca de 20 personas, y en la segunda a otras 30, que serían trasladadas a prisiones con sede en Oaxaca, y posiblemente algunos a cárceles fuera de la entidad. En ambos casos la decisión correría cargo del Ministerio Público al que correspondiera conocer de los delitos cometidos.
Asimismo, se informó que con lo ocurrido la tarde y noche de este sábado, se cancelaron los acercamientos entre representantes de la APPO y funcionarios del gobierno federal, especialmente con los mandos de la PFP, con quienes se había pactado que toda acción ­movilizaciones­ se realizaría de manera pacífica, sin derivar en actos de violencia.
El plan inicial de la PFP constaba de tres fases: la primera era el retiro de barricadas y el restablecimiento paulatino de la normalidad en la capital oaxaqueña, cosa que ocurrió entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre; la segunda era el reinicio de operaciones de las autoridades locales bajo la tutela federal, lo que se empezó a realizar desde el 10 de noviembre, la tercera fase estaba detenida hasta en tanto se mantuvieran las negociaciones y no se desataran actos de violencia; esta última parte se puso en acción desde esta noche con los patrullajes y el inicio de operaciones para ejecutar mandamientos judiciales emitidos.

Tras comicios, extranjeros retiraron 3 mil mdd en bonos de deuda

Tras comicios, extranjeros retiraron 3 mil mdd en bonos de deuda
Fox siguió la política de Zedillo de contratar más débito en moneda nacional que en divisas
ROBERTO GONZALEZ AMADOR
En las semanas posteriores a la elección presidencial del 2 de julio pasado, inversionistas extranjeros retiraron recursos de los bonos de deuda del gobierno por 3 mil millones de dólares, reveló información del Banco de México.
La decisión de inversionistas extranjeros de reducir sus posiciones en bonos de la deuda interna del gobierno mexicano después de la elección presidencial, proceso que derivó en un conflicto político todavía no resuelto, marcó una diferencia respecto del comportamiento que mostraron antes de los comicios, cuando incluso su posición como compradores de esos papeles fue más agresiva que la de los propios capitalistas locales.
El gobierno del presidente Vicente Fox Quesada profundizó la política iniciada por su antecesor Ernesto Zedillo de recurrir cada vez más a la emisión de deuda en el mercado interno en moneda nacional y acudir en menor medida a la contratación de pasivos en el exterior y en divisas.
Seguir esa práctica significó que en el transcurso de la actual administración el saldo de la deuda interna prácticamente se triplicó. Pasó de 681 mil 665 millones de pesos en diciembre de 2000, al inicio del gobierno, a una marca sin precedente a mediados de este mes de 2 billones 342 mil 700 millones de pesos, si se incluyen los bonos emitidos para financiar una parte de la deuda derivada del rescate bancario de 1995.
Mientras, la deuda externa del gobierno federal disminuyó de 76 mil 11.4 millones de dólares en diciembre de 2000 a 40 mil 687.3 millones de dólares en septiembre de 2006, el último dato disponible. Esta variación representó una reducción de 35 mil 324.10 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin embargo, de acuerdo con datos de la propia SHCP y el Banco de México, la reducción en el monto de la deuda externa y su canje por interna, representó una contratación de pasivos mayor a la reducción lograda en el valor de los créditos con el exterior.
Convertida a dólares al tipo de cambio de diciembre de 2000, la deuda interna era equivalente a 68 mil 166.5 millones. El saldo actual de la deuda interna gubernamental y de los bonos emitidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAN), de 2 billones 342 mil 700 millones de pesos, equivale a 205 mil 500 millones de dólares.
Esto es, para reducir la deuda externa en 35 mil 324 millones de dólares, se recurrió a la contratación de endeudamiento interno por 137 mil 333 millones de dólares, que es la diferencia entre el saldo de deuda interna en diciembre de 2000 y noviembre de 2006.
Incluso si se quita el monto de los pagarés emitidos por el IPAB, la deuda interna del gobierno federal fue este mes de un billón 643 mil 627 millones de pesos, equivalente a 144 mil 177.8 millones de dólares. Esta suma es superior en 111.5 por ciento al saldo de la deuda interna en diciembre de 2000 (que era de 681 mil 655 millones de pesos, unos 68 mil 166 millones de dólares).
La Secretaría de Hacienda prefiere medir la magnitud de la deuda no por el monto que alcanza, sino como proporción del producto interno bruto. Bajo esta óptica, la deuda externa e interna equivalía en 2000 a 24 por ciento del PIB, mientras que en septiembre de 2001 representaba 21 por ciento del producto.
Otros horizontes
Información del Banco de México, citada por el grupo financiero BBVA Bancomer, da cuenta de una reducción de la inversión extranjera en bonos de deuda gubernamental en las semanas que siguieron a la elección presidencial pasada.
La inversión de extranjeros en bonos de deuda interna alcanzó un pico este año de 14 mil millones de dólares en mayo y en junio bajó a unos 13 mil millones de dólares. Sin embargo, este monto disminuyó hasta 10 mil millones de dólares en septiembre, mes en que el tribunal electoral emitió el fallo legal sobre el resultado de la elección, y desde entonces se ha recuperado hasta 11 mil 800 millones de dólares.
Los inversionistas nacionales, básicamente los fondos de inversión que administran los recursos de los trabajadores en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), iniciaron 2006 con recursos invertidos en papeles del gobierno por 86 mil millones de dólares. Llegaron a un mínimo de 80 mil millones de dólares en julio y, después de conocido el resultado electoral y el fallo del tribunal aumentaron su participación hasta 108 mil millones de dólares, cifra que, al cierre de octubre, llegó a 115 mil millones de dólares, según datos oficiales.