La justicia es imposible bajo la ocupación

La justicia es imposible bajo la ocupación
Declaración de 'Workers World'* sobre la sentencia contra Sadam Husein
Workers World, 5 de noviembre, 2006 IraqSolidaridad (www.iraqsolidaridad.org), 14 de noviembre, 2006Traducido del inglés para IraqSolidaridad por Felisa Sastre
"Al ser Washington responsable de la muerte de más de dos millones de iraquíes durante dieciséis años de guerras y sanciones, debería ser evidente para todos que la sentencia no tiene nada que ver con la preocupación de EEUU por el pueblo"
El juicio manipulado por EEUU, la sentencia condenatoria y la pena de muerte del 5 de noviembre contra el presidente iraquí Sadam Husein y dos de sus compañeros no son ni más ni menos que un ataque más contra el pueblo iraquí y [contra] todos los pueblos de la región, amenazados por el imperialismo estadounidense [1]. De la pena impuesta por EEUU al presidente iraquí no puede venir nada bueno para el pueblo. El juicio es un ataque frontal de la potencia conquistadora a la soberanía iraquí en el momento en el que la conquista de Iraq llevada a cabo por EEUU en 2003 se está desmoronando ante el decidido ataque de los combatientes de la resistencia iraquí.
El comportamiento del desacreditado tribunal de Bagdad pretendía justificar el absolutamente ilegal y agresivo ataque anglo-estadounidense contra Iraq en 2003 y el posterior expolio de los recursos del pueblo iraquí, en particular el de sus reservas de petróleo y gas natural. Nadie debería engañarse respecto a que tiene algo que ver con las acusaciones presentadas contra los líderes del [Partido] Baaz. Al ser Washington responsable de la muerte de más de dos millones de iraquíes durante dieciséis años de guerras y sanciones, debería ser evidente para todos que la sentencia no tiene nada que ver con la preocupación de EEUU por el pueblo iraquí.
Incluso si el juicio se hubiera desarrollado de forma impecablemente ajustada a derecho en todos sus aspectos, el tribunal y las acusaciones no se podrían considerar legitimados. Pero el comportamiento del tribunal ha estado muy lejos de ser imparcial. No existen fundamentos legales en las Convenciones de Ginebra que respalden un juicio semejante. Los hechos de los que se ha acusado a los detenidos no se produjeron como actos de guerra.
Entre las nueve personas asesinadas relacionadas con el juicio se encuentran tres de los abogados defensores [2]; otro abogado defensor resultó herido. Un juez fue sustituido cuando otros [magistrados] consideraron que era demasiado amable con Sadam Hussein y le dejaba hablar mucho ante el tribunal.
Incluso Even Malcom Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y África del Norte, y no precisamente amigo de [Sadm] Hussein, afirma sobre la sentencia:
"[...] No consideramos que haya sido un proceso justo; el tribunal no ha sido imparcial; no se han tomado las medidas necesarias para proteger a los abogados defensores ni a los testigos."
Momento elegido
Dada la evidente tendenciosidad del tribunal, la sentencia no fue una sorpresa. Ni lo ha sido tampoco el momento [de dictarla] puesto que el gobierno del presidente George W. Bush presenta la noticia como una victoria de las fuerzas de ocupación y de su política en Iraq.
El momento de [emitir] la sentencia demuestra el total servilismo del tribunal hacia las más mínimas exigencias del imperialismo. Sólo el momento [elegido] debería descalificar por sí solo la sentencia, puesto que a primera vista demuestra que el juicio estaba íntimamente ligado a Bush, lo que prueba el papel político dominante de Washington [y] deja claro la imposibilidad de que la sentencia tenga algún valor jurídico. Si Bush impuso el calendario, debemos suponer que también ha intervenido en [el contenido de] la sentencia.
Bush ya ha valorado la sentencia como "[...] un hito en los esfuerzos del pueblo iraquí". Esto lo afirma cuando la desastrosa guerra de Iraq y la ocupación se han convertido en una piedra de molino colgada del cuello del Partido Republicano en su intento de mantener el control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad del mandato presidencial.
Además, debería quedar claro que esta sentencia no tiene nada que ver con hacer una valoración del papel histórico de Sadam Husein. En una extensa declaración del Partido de los Trabajadores del Mundo (Workers World Party) cuando detuvieron a [Sadam] Husein en diciembre de 2003, se analizaba su, con frecuencia, contradictorio papel histórico, y, en particular, el impacto negativo de la decisión de su gobierno de "[...] lanzar una guerra reaccionaria [y] burguesa de conquista contra Irán [3]. En los años 1980 EEUU se aprovechó de esa guerra para perjudicar tanto a Irán como a Iraq. Tampoco en este momento ninguna de las fuerzas que luchan contra el imperialismo en defensa de su soberanía y autodeterminación en la región del Golfo pueden ganar nada de la sentencia impuesta por EEUU contra Sadam Husein.
Mientras que el impacto de la sentencia en la ocupación de Iraq y en las elecciones estadounidenses está todavía por ver, no hay duda de que cualquiera que se oponga a la guerra de EEUU contra los pueblos de Oriente Próximo también debería rechazarla y protestar contra el intento delictivo de Washington de imponer una sentencia ilegal contra un individuo que representaba a un Estado soberano que el imperialismo estadounidense intenta conquistar.
La sentencia no llevará justicia a Iraq. Como 'Workers World' afirmaba en su declaración del 25 de diciembre de 2003: "[...] La justicia con el pueblo iraquí empezará del día en que los criminales de guerra de Washington comparezcan ante un tribunal".
Notas de IraqSolidaridad:
1. Véase en IraqSolidaridad la declaración de la CEOSI en: Sobre la primera sentencia dictada contra Sadam Husein y miembros del depuesto gobierno de Iraq. Ninguna legitimación de los ocupantes y de las instancias creadas bajo ocupación2. Véase en IraqSolidaridad: Carlos Varea: Paramilitares de as-Sáder asesinaron al abogado al-Obeidi. Cuatro abogados defensores de dirigentes del depuesto gobierno han sido asesinados3. Véase: www.workers.org/ww/2004/hussein1225.php

Ninguna legitimación de los ocupantes y de las instancias creadas bajo ocupación

Sobre la primera sentencia dictada contra Sadam Husein y miembros del depuesto gobierno de Iraq
Ninguna legitimación de los ocupantes y de las instancias creadas bajo ocupación
Nota informativa y de prensa de la CEOSIIraqSolidaridad (www.iraqsolidaridad.org), 5 de noviembre, 2006
"El inesperado anuncio de esta primera sentencia contra Sadam Husein y sus colaboradores no es ajena a la celebración de las elecciones legislativas esta misma semana en EEUU. La ocupación de Iraq está en grave crisis. En contra de lo anunciado, la Administración Bush, antes que reducir el contingente de tropas en Iraq, ha tenido que aumentarlo, y el Pentágono ha anunciado que no podrá reducirlo antes de 2010. Octubre de 2006 ha sido el mes de mayor número de bajas en combate estadounidenses desde noviembre de 2004. La opinión pública estadounidense comienza a asumir que EEUU debe retirarse de Iraq, y, ante todo ello, la Administración Bush, después de confirmado que mintió sobre los razones de la invasión de Iraq, ha pretendido presentar la condena a los anteriores dirigentes iraquíes como un logro."
Tras hacerse públicas, hoy, 5 de noviembre, las primeras sentencias dictadas contra el ex presidente de Iraq, Sadam Husein, y otros miembros del depuesto gobierno de este país por las primeas causas contra ellos desarrolladas, la Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq (CEOSI), desea avanzar las siguientes consideraciones:
1. Solo le corresponde al pueblo iraquí, una vez recuperadas plenamente la soberanía y la democracia en el país, proceder a la evaluación de las actuaciones de los gobiernos de Iraq anteriores a la invasión de 2003, al igual que de aquéllos creados bajo la ocupación, y, si así lo determinan instancias jurídicas legítimas, proceder contra sus miembros por delitos por ellos supuestamente cometidos.
2. Como han señalado instancias jurídicas y de Derechos Humanos internacionales previamente, los tribunales creados bajo ocupación y en situación de excepción, como es el caso de Iraq, son ilegales y sus sentencias, nulas. Los ex dirigentes de Iraq están siendo juzgados en distintas causas por tribunales creados en la primera etapa de la administración de ocupación del país, y el desarrollo posterior de los juicios, con el asesinato de hasta cinco abogados del equipo de la defensa, añade a su carácter de ilegalidad el de incumplimiento completo de más mínimas bases normas de cualquier procedimiento.
3. Las fuerzas de ocupación y fuerzas internas a ellos asociadas carecen además de toda legitimidad ética para promover el juicio contra los anteriores dirigentes de Iraq. A la violación del Derecho Internacional mencionada que se deriva de la creación de instituciones bajo un régimen de ocupación tras una guerra ilegal, se une el carácter criminal de la actuación de EEUU y sus aliados contra el pueblo de Iraq. Las cifras derivadas de la intervención de EEUU y sus aliados contra Iraq permitirían razonablemente encausar a sus gobiernos por Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad: según Naciones Unidas, más de un millón de civiles murieron en Iraq entre 1990 y 2003 debido al régimen de sanciones aprobado por el Consejo de Seguridad en agosto de 1990 y mantenido por EEUU y Reino Unido durante 13 años; otros 650.000 iraquíes habrían muerto desde el inicio de la ocupación como consecuencia directa de ésta, según el estudio del equipo de la Universidad Johns Hopkins dado a conocer el pasado mes.
4. El inesperado anuncio de esta primera sentencia contra Sadam Husein y sus colaboradores no es ajena a la celebración de las elecciones legislativas esta misma semana en EEUU. La ocupación de Iraq está en grave crisis. En contra de lo anunciado, la Administración Bush, antes que reducir el contingente de tropas en Iraq, ha tenido que aumentarlo, y el Pentágono ha anunciado que no podrá reducirlo antes de 2010. Octubre de 2006 ha sido el mes de mayor número de bajas en combate estadounidenses desde noviembre de 2004. La opinión pública estadounidense comienza a asumir que EEUU debe retirarse de Iraq, y, ante todo ello, la Administración Bush, después de confirmado que mintió sobre los razones de la invasión de Iraq, ha pretendido presentar la condena a los anteriores dirigentes iraquíes como un logro.
5. Finalmente, nos unimos a la consideración de que, hasta que el pueblo iraquí no recupere su plena soberanía y pueda abordar un proceso de reconstrucción democrática, como señalábamos en el primer punto de este comunicado, los anteriores dirigentes del país sean considerados como prisioneros de guerra y sometidos a la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja, que en reiteradas ocasiones ha denunciado las restricciones de acceso a detenidos iraquíes.

Política, represión, crimen y tragedias, marcas de 2006

De principio a fin, 2006 será un año del que los mexicanos guardarán huellas imborrables en la memoria. Si bien la política fue la gran protagonista a lo largo de estos 12 meses, otros temas acapararon también la atención.
Contra lo ocurrido en otros años electorales, en éste el registro cronológico consigna, además de las campañas más confrontadas y uno de los resultados comiciales más impugnados de la historia, otra serie de sucesos en los cuales el gobierno federal, en manos del Partido Acción Nacional (PAN), utilizó a la fuerza pública en forma artera y reiterada contra la población y los trabajadores, significativamente en los estados de México, Michoacán y Oaxaca.
El resultado de un año tan errático y convulso está a la vista: un ex presidente, Vicente Fox, del que en pocas semanas nadie parece querer acordarse; un mandatario constitucional, Felipe Calderón, quien desde su primera semana en Los Pinos puso en evidencia que fueron discursos antagónicos los empleados para pedir el voto y el que tiene ahora para gobernar, y un ''presidente legítimo'', Andrés Manuel López Obrador que, trashumante, se mantiene como líder de un movimiento nacional que aglutina y desafía.
En 2006, México presenció y protagonizó el movimiento de resistencia pacífica más extenso y multitudinario de su historia y, al mismo tiempo, fue testigo o actor de escenas de violencia gubernamental en donde, además, el gobierno empleó el mismo ahínco tanto para impulsar la campaña presidencial de su candidato como para reprimir manifestaciones sociales; en hacer retórica contra las medidas migratorias de Estados Unidos, al autorizar la construcción de un gigantesco muro en su frontera sur, que en regatear justicia a las familias de los mineros de Coahuila que fallecieron tras la explosión en la carbonífera Pasta de Conchos.
Con ímpetu desmedido, Vicente Fox defendió a su esposa, Marta Sahagún, y a los hijos de ella ante las investigaciones por enriquecimiento inexplicable y tráfico de influencias, mientras volteaba la vista hacia el infinito para no encarar el desmesurado crecimiento de la violencia protagonizada por el narcotráfico y el crimen organizado.
Podría decirse, quizá, que salvo para los seguidores de las Chivas, y en todo caso para los de Felipe Calderón, 2006 fue un auténtico annus horribilis a la mexicana.
Enero, el preámbulo
Como en 1994, cuando el primer día del año apareció ante el mundo, esta vez el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomó esa fecha para arrancar la otra campaña por todo el país. Desde sus primeros discursos el subcomandante Marcos atacó la opción electoral representada por López Obrador. ''El no es de izquierda'' y su equipo está constituido, dijo, por gente que trabajó con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Así, al arranque del año, y cuando los candidatos a la Presidencia de la República cumplían a regañadientes la tregua a las campañas impuesta por el Instituto Federal Electoral (IFE), el crimen organizado arreciaba sus vendettas y en el rumbo de Santa Fe, en la ciudad de México, asesinó a dos militares del cuerpo de elite Gafe (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales) en una acción que, con diversas modalidades y llevando como víctimas a miembros de la propia delincuencia y de los cuerpos del orden, se convertiría en cuño corriente en 2006.
Ese mismo mes, el presidente Vicente Fox nombró a la entonces directora del DIF, Ana Teresa Aranda, como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso). La nueva funcionaria en apenas 11 meses logró desmantelar una de las pocas áreas del gobierno federal que habían recibido reconocimiento por el cumplimiento de sus metas.
Febrero, la explosión
El sábado 4, y en acatamiento a leyes de Estados Unidos, el hotel Sheraton-María Isabel expulsó de sus instalaciones en la ciudad de México a una delegación comercial cubana; entre sus integrantes se encontraba Raúl Pérez de Prado, viceministro primero del Ministerio de la Industria Básica. Ante la protesta de La Habana, la Secretaría de Relaciones Exteriores ofreció investigar y envió una tibia protesta verbal a la Casa Blanca. Al final se impuso al hotel una multa de poco más de un millón de pesos.
Las campañas electorales, mientras tanto, entraron al desenfreno declarativo y acusatorio que las marcaría irremediablemente. Un ingrediente que gravitó en toda la contienda fueron las declaraciones del ex presidente del gobierno español, José María Aznar, quien en visita a México llamó a votar por Felipe Calderón Hinojosa y en clara alusión a López Obrador advirtió contra los ''peligros del populismo''.
Ese mes, sin embargo, contundentes revelaciones presentadas por La Jornada, y la tragedia ocurrida en la mina de carbón Pasta de Conchos, marcarían aquello que México tuvo que encarar y vivir en este aciago año. El 14 de febrero, la reportera Blanche Petrich presentó el contenido de una serie de conversaciones telefónicas entre el empresario textil Kamel Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, donde se evidencia cómo ambos fraguaron la detención, el 16 de diciembre anterior, de la periodista Lydia Cacho.
La revelación del contubernio entre el poder económico y el político para orientar todo el aparato de justicia poblano en perjuicio de la escritora que puso al descubierto una extensa red de pederastia que operaba en Cancún, bajo la égida del también empresario Jean Succar Kuri, produjo inmediatas reacciones en todas las esferas políticas y sociales con la exigencia de obtener la renuncia y someter a juicio al conocido desde entonces como el góber precioso. Sin embargo, ni las evidencias, las denuncias ni la presión de la opinión pública lograron la dimisión y el mandatario local sigue impertérrito en su cargo.
Cinco días después, el 19 de febrero, una explosión en la mina coahuilense Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, atrapó a 65 mineros mientras laboraban. Las autoridades de la Secretaría del Trabajo se presentaron en el lugar 15 horas después de ocurrido el accidente.
Tras la tragedia surgieron documentos y reportes en los que ya se advertía a la patronal sobre la acumulación de gas metano en el interior de la mina, sin que se hubieran tomado las medidas correctivas. A casi un año de la explosión, los cuerpos de los trabajadores siguen sepultados en el interior del yacimiento y no hay nadie en la cárcel o sancionado por este suceso.
Marzo, las marchas
Y mientras se multiplicaban las marchas en apoyo a los mineros y a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, desconocido por la Secretaría del Trabajo el último día de febrero, acusado de haber defraudado con 55 millones de dólares a sus agremiados, en Estados Unidos miles de migrantes mexicanos iniciaban las primeras de un sinnúmero de manifestaciones que llegarían a movilizar a millones de paisanos en varias ciudades del país vecino en demanda de leyes migratorias más justas y contra la iniciativa, aprobada a la postre, de edificar un nuevo muro en la zona fronteriza con México.
Asimismo, durante la ceremonia por el bicentenario del natalicio de Benito Juárez, en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el presidente Vicente Fox Quesada y las autoridades locales fueron increpados por maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por el uso dado a la imagen del Benemérito y exigiendo incremento salarial. Era apenas el anticipo del conflicto que a partir de mayo estalló en esa entidad y cuyo desenlace aún no se conoce.
Y contra el clamor de especialistas e inclusive de funcionarios de empresas públicas, como el Instituto Mexicano de la Radio (Imer) y de Canal Once, se aprobó en el Senado la llamada ley Televisa. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza una controversia interpuesta contra esa legislación.
Marzo, dimes y diretes
En tanto, las campañas presidenciales subían de tono. El primero de marzo, Felipe Calderón Hinojosa admitió no haber avanzado en las preferencias electorales y dijo que corregiría estrategias.
A su vez, Roberto Madrazo, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que ya había rebasado en las encuestas a Calderón y, según él, se aprestaba a empatar a López Obrador. Y en una muestra de lo que sería después una auténtica guerra sucia contra el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, el panista Germán Martínez Cázares solicitó al Instituto Federal Electoral (IFE) una investigación sobre la presunta participación de funcionarios del gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, en la campaña del perredista.
El miércoles 15 de marzo, el ex jefe del gobierno capitalino se lanzó contra Fox: ''¡Cállese, ciudadano presidente, ya no ande gritando como chachalaca!'' Esa frase sería ampliamente utilizada por sus contrincantes políticos, así como comentaristas y escritores de artículos, con la intención de diezmar sus preferencias electorales.
Abril, el linchamiento
En este mes las campañas políticas entraron en una dinámica de golpeteo severo. Desde Los Pinos y el cuartel panista se intensificó la oleada de vituperios y ataques contra López Obrador, y se mostró la cada vez más abierta posición de Vicente Fox en favor de Calderón Hinojosa.
El 3 de abril, la SCJN ratificó la suspensión concedida a la Cámara de Diputados, la cual prohibió a Fox Quesada emitir mensajes publicitarios sin una leyenda que especificara que los fondos de los proyectos habían sido aprobados por el Congreso, y se le pidió no promover en los mismos su imagen personal.
Del mismo modo, y con el papel protagónico que jugó a lo largo de este año, el día 6 la Corte negó el amparo solicitado por seis ciudadanos vascos en contra de su extradición a España para enfrentar cargos por actividades asociadas al terrorismo.
El narcotráfico siguió en su febril accionar. El día 12 fue decomisado en Ciudad del Carmen, Campeche, un avión que transportaba 5.5 toneladas de cocaína y se descubrió que dos de los pilotos laboraban en la Comisión Nacional de Agua (Conagua). Asimismo, el jueves 20, las cabezas de un comandante y de un policía preventivo de Acapulco aparecieron clavadas en una reja metálica que circunda una oficina administrativa de ese puerto.
Y en el ámbito de las campañas políticas, La Jornada reveló el miércoles 19 que Diego Heriberto Zavala Gómez del Campo, cuñado de Felipe Calderón Hinojosa y director de la empresa de software Hildebrando SA, tenía entre sus clientes al IFE. El panista michoacano había dicho días antes que ya había logrado un ''empate técnico'' con López Obrador.
Además, el martes 25 se realizó el primer debate entre los aspirantes presidenciales, al cual no acudió Andrés Manuel López Obrador.

Inválido, auto de formal prisión contra atenquenses: juez federal

Un juzgado federal en materia de amparo consideró ''incompetente'' al juez segundo de lo penal de Toluca que analiza el caso de los detenidos en San Salvador Atenco los pasados 3 y 4 de mayo, al considerar que el auto de formal prisión que el juzgador dictó contra los atenquenses ''es violatorio de las garantías'' de los inculpados, por lo que si el Ministerio Público federal no acude a un recurso de revisión, el titular del juzgado de la capital mexiquense tiene dos opciones: dejar en libertad a los presos por esos hechos o decretar un nuevo auto de formal prisión transfiriendo el proceso a Texcoco, que es donde se suscitaron los hechos.
Tras analizar una demanda de amparo promovida por la defensa de los detenidos, el juez federal de la causa, Willy Vega, encontró diversas irregularidades en las que incurrió Jaime Maldonado, juez segundo de lo penal de Toluca, para ''acreditar su competencia''; sin embargo, a pesar de las irregularidades (plasmadas en la resolución), Vega sólo proporcionó un ''amparo de efecto'', con lo que da oportunidad al Ministerio Público federal para que acuda al recurso de revisión, con lo que se continuaría atrasando el proceso contra los detenidos, lo que viola el artículo 17 constitucional.
En su resolución establece: ''Este órgano constitucional (el juzgado primero de distrito en materia de amparo) estima que la violación constitutiva del auto reclamado carece de motivación suficiente para emitir el auto de formal prisión impugnado''.
Pedro Suárez y Juan de Dios Hernández, abogados de los quejosos, consideraron que no obstante que Vega acreditó la violación a las garantías de los acusados, con esa decisión ''violenta'' el artículo 80 de la Ley Federal de Amparo, en el que se establece que el efecto de este recurso legal es restituir al quejoso el uso y goce de sus garantías, lo cual sólo se presentaría con la absoluta libertad.
Con esta decisión, Vega establece que el auto de formal prisión en contra de los simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) no se encuentra debidamente acreditado, por lo que no compete a un juzgado de Toluca dar visto al caso.
A pesar de que el amparo otorgado no resultó ''liso y llano'', los defensores legales consideraron que si Maldonado se apega a la Constitución y a los principios del derecho tendría que optar por el auto de libertad y no por trasladar el proceso a Texcoco.
En la resolución adoptada por Vega, se enumeran cada una de las irregularidades en las que incurrió el juez de Toluca para intentar acreditar su competencia, mismas que fueron rechazadas por el juzgador federal. Debido a ello, señalaron los abogados de los detenidos, ''no puede subsanar'' la investigación realizada por el Ministerio Público, porque de hacerlo sería parcial al Estado.
Tras la resolución federal, el Ministerio Público tiene 10 días hábiles (a partir del pasado 26 de diciembre) para acudir al recurso de revisión y, de no hacerlo, Maldonado contaría con 24 horas para optar por el auto de libertad o de formal prisión. Lo que sí es un hecho es que ya no podrá ser el juez del caso debido a su incapacidad para acreditar su competencia.
La historia
A casi ocho meses (240 días) de los hechos de los pasados 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, 30 personas permanecen detenidas debido a su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado. De éstas, 27 están presas en el penal de Santiaguito y otros tres en el de máxima seguridad Altiplano, ambos en Almoloya de Juárez.
Tras ser detenidos, el juez segundo penal de Toluca dictó el primer auto de formal prisión en contra de los inculpados el 10 de mayo de 2006, a lo que la defensa de la mayoría respondió con una demanda de amparo promovida días después.
Ante esa solicitud, el juez Vega resolvió a mediados de agosto pasado que Maldonado tendría que acreditar el traslado de los detenidos de Atenco a Texcoco y, de no hacerlo, debía resolver un nuevo auto de formal prisión o de libertad.
A esa resolución, Maldonado respondió con un nuevo auto de formal prisión, dictado el 31 de agosto de 2006, y envió al juez federal un acta en la que presuntamente acreditaba su competencia debido a la ''peligrosidad'' de los inculpados, ante lo que la defensa legal de los acusados respondió con una nueva demanda de amparo. Con la reciente decisión de Vega, esa competencia queda descartada y es ''inválida''.
Entre los argumentos que Vega esgrime para llegar a dicha decisión está el hecho de que Maldonado y el Ministerio Público (al momento de conformar la averiguación previa) alegaron que debido a la ''peligrosidad'' de los detenidos y la gravedad de los ilícitos fue que se les trasladó de Atenco a Almoloya, a pesar de que Texcoco era la jurisdicción a la que tocaba conocer del caso; frente a este argumento, Vega refiere que es ''llegar al extremo absurdo de pretender la creación en los estados de centros de reclusión donde permaneceran únicamente personas a las cuales se les atribuyera la comisión de delitos considerados graves por ley''.
Asimismo, Vega subraya que el juez de Toluca y el Ministerio Público no acreditaron la peligrosidad de los detenidos, amén de que no demostraron imputaciones directas. El juzgador federal recalca que las acusaciones de los policías que denunciaron haber sido agredidos son ''idénticas'', hecho del que debió percatarse el juzgador mexiquense, por lo que carecen de validez.
Agrega que al solicitarle elementos que justificaran la razón por la que los inculpados debían ser juzgados en Toluca y no en Texcoco, Maldonado se limitó a dar los datos personales de los detenidos, que ''no revelan las características personales de los quejosos y, con independencia de la gravedad de los mismos, en tanto se alteró el orden social, no existe razón legal para que se le someta a proceso en diversa circunscripción territorial a la de la comisión de delito''.
También recalca que se atentó contra el principio de inocencia de los inculpados, porque se dio mayor peso a las declaraciones de los policías ­que acusaban de manera general­ que a los propios atenquenses. ''Ahora el Ministerio Público no es el que tiene que demostrar la culpabilidad, sino que el acusado es el que tiene que demostrar su inocencia, lo que atenta contra el derecho'', afirmaron los abogados.

Grave, no indagar las muertes ocurridas durante el conflicto en Oaxaca: CCIODH

Pese a la gravedad de lo sucedido en el conflicto de Oaxaca, donde desde hace siete meses imperan las detenciones arbitrarias, malos tratos y violaciones a las garantías individuales, resulta mucho más crítico el que aún no se haya investigando ni encontrado a los responsables de las 17 muertes ocurridas durante los enfrentamientos, aseguró Ignacio García, integrante de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH), organismo que se encuentra en ese estado en labor de observación de las garantías fundamentales.
En su séptimo día de trabajos en esa entidad, dicha organización se ha entrevistado con más de 70 personas, ha visitado tres penales: Miahuatlán, Cuicatlán y Cosolapa; y en los próximos días ingresará a la cárcel de Tlacolula, donde hay mayor cantidad de detenidos por el conflicto.
García indicó que al permanecer impunes los homicidios de más de 17 personas en esa ciudad, la mayoría adjudicados grupos paramilitares afines al gobierno estatal, "nos hacen tener una sensación de que los muertos son anónimos", debido a que no se ha hecho tanto hincapié en esos delitos.
Agregó que aunque han sido muchos los testimonios recabados, "la gente aún tiene miedo a darlos", aunque se ha generado gran confianza entre la población. Asimismo, dijo que si bien el clima en el estado está relajado y sin tanta tensión, "la población aún está consciente de que las razones que iniciaron el conflicto están pendientes".
Dijo que la sociedad oaxaqueña ha transmitido a las integrantes de la comisión que en el estado existe una necesidad de cambio, y "aunque después del 25 de noviembre (luego del operativo de la PFP que dejó un saldo de 141 detenidos) las cosas han tomado otro rumbo, destacan que el conflicto permanece ahí, por lo que es necesario el consenso para una solución dialogada".
El integrante de la CCIODH ­organismo conformado decenas de activistas de nueve países, sobre todo europeos­ subrayó que con base en sus investigaciones la situación en aquella entidad "es mucho más profunda y grave de lo que imaginábamos".
La comisión se ha entrevistado con autoridades estatales, con actores sociales, con integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), líderes religiosos y detenidos en diversos penales del estado.
El pasado 24 de diciembre los activistas extranjeros fueron recibidos por el arzobispo de la diócesis de Oaxaca Atenquera, José Luis Chávez Botello; en el reclusorio de Miahuatlán se entrevistaron con las mujeres detenidas y mañana lo harán con los varones presos por el conflicto.
También visitaron la comunidad de San Francisco Cajones en la Sierra Juárez, donde platicaron con autoridades locales sobre la situación de los estudiantes y maestros de esa población que han resultado afectados por el conflicto.
Por mediación de la subsecretaria para los derechos humanos del gobierno estatal, Rosario Villalobos, se inició la agenda de entrevistas con funcionarios gubernamentales, amén de que también se ha gestionado la entrada a los reclusorios.
La CCIODH fue recibida el 26 de diciembre por el consejo general de la APPO para presentarle su metodología de trabajo e invitar a quienes conforman ese movimiento a dar su testimonio. Asimismo se han recogido las declaraciones y demandas los habitantes de la ciudad de Oaxaca afectados por los hechos, de asociaciones civiles, transportistas, hoteleros, comerciantes y empresarios.
En los próximos días, las activistas se reunirán con la Asociación Estatal de Padres de Familia, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de Oaxaca, la Comisión para la Reforma del Estado, así como con la Cofraternidad de Pastores Evangélicos de Oaxaca.
"Vamos bien, la gente nos ha abierto su corazón y nos dan sus testimonios con mucha esperanza; eso nos impone aún más responsabilidad", indicó García.

"Fuego amigo" contra Luis Reynoso Femat: piden su expulsión del PAN

Aguascalientes, 28 de diciembre. La dirigencia estatal del PAN anunció que la semana próxima solicitará a su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) la expulsión como militante del gobernador Luis Armando Reynoso Femat, y de seis diputados. El dirigente local del blanquiazul, Juan Antonio Martín del Campo, afirmó que la gota que derramó el vaso fue la aprobación del presupuesto que solicitó el mandatario, misma que contempla un endeudamiento por 2 mil millones de pesos a pagar en 25 años, así como "la constante injerencia" y falta de respeto de Reynoso Femat hacia la legislatura local.
De su lado, el CEN rechazó haber aprobado la expulsión de Luis Armando Reynoso, o que su Comisión de Orden a nivel nacional haya iniciado un procedimiento administrativo con ese fin. El secretario de Elecciones, Arturo García Portillo, aclaró que el CEN no tiene facultad de expulsar a miembros del partido.
Añadió que la decisión de sancionar con esa pena a cualquier militante debe ser aprobada por la Comisión de Orden a nivel estatal. Acotó que cuando esto ocurre, el afectado puede presentar su inconformidad ante la Comisión de Orden nacional, instancia que ratifica o revoca la sanción.
En conferencia de prensa, Martín del Campo señaló: "Se tomó un acuerdo de levantar un extrañamiento al gobernador, y otro a los diputados, quienes estuvieron ahí en la sesión (del miércoles), también externar nuestro respaldo a los diputados y al presidente del Congreso ­Jesús Santana­ que hoy trataron de sesionar. Aparte del extrañamiento, se iniciará al gobernador un trámite ante el Comité Ejecutivo Nacional, para buscar una sanción o la exclusión del mandatario del Partido Acción Nacional, por las diferentes y reiteradas intromisiones a la actuación del Poder Legislativo".
Destacó que el CEN ya tiene conocimiento del caso, y comentó que "había dicho en varias ocasiones, con acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, que debería haber respeto a los poderes y como no ha sido así, se tendrá que ver y analizar al interior del CEN".
Agregó que los legisladores locales Efraín Castillo, Armando Rodríguez, Antonio Arámbula, Guadalupe Díaz, Miguel Angel de Loera y Juan Manuel Ramos Mireles, identificados como "luisarmandistas" (seguidores del gobernador), fueron inhabilitados y ya no gozan de derechos partidistas.
Por esta situación la bancada panista, que al inicio de la actual legislatura ­que comenzó funciones el 15 de noviembre de 2004­ constituyó la mayoría absoluta con 18 de los 27 diputados, actualmente sólo cuenta con 10 y pasa a ser oposición, en virtud de que durante el transcurso de 2005, Maurilio Elizondo y José Luis Ovalle renunciaron al partido. Ellos, sumados a los recién inhabilitados, dejan a la fracción parlamentaria de Acción Nacional como la primera minoría, seguida de cuatro priístas, dos del PVEM, uno del PT, uno de Convergencia, uno del PRD y dos independientes.
En tanto, el senador panista Rubén Camarillo Ortega, miembro del CEN blanquiazul, reconoció en un programa de radio local que llamó telefónicamente a diputados locales de oposición para que abortaran la sesión del miércoles.
En tribuna, el diputado perredista Abel Sánchez Garibay denunció la presión, y calificó a Camarillo Ortega como un enemigo del progreso de Aguascalientes.
El legislador federal señaló en su defensa: "sí llamé a los diputados y el único que me contestó fue Sánchez Garibay, pero quiero decir que a mi oficina de gestión en esta ciudad llegaron varias denuncias de que los diputados que aprobaron este endeudamiento habrían recibido un cantidad millonaria para hacerlo, y esas denuncias las vamos a investigar".
La escisión panista se hizo patente durante la sesión legislativa del miércoles, cuando en medio de la controversia, se reanudaron los trabajos de Congreso con 15 diputados, luego de que 10 legisladores identificados con el grupo de Arturo González Estrada (denominados "institucionales"), abandonaron la sede de la legislatura, y el presidente del Congreso, Jesús Santana García ­también secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN­, llamó a un receso de 24 horas con el argumento de "desconocer" cuatro dictámenes que fueron aprobados, por lo que necesitaba tiempo para analizarlos.
Sin embargo, el vicepresidente en el actual periodo de sesiones, el priísta Martín Gerardo Arenas, reinstaló las labores parlamentarias una hora después, y con 15 votos sacó adelante el presupuesto estatal que desencadenó la polémica.
con información de Georgina Saldierna

Los campos de corrección de Franco

Los campos de corrección de Franco
Estudian en España indemnizar a homosexuales que fueron perseguidos o encarcelados durante la dictadura
GRAHAM KEELEY THE INDEPENDENT
Barcelona. Durante los últimos días de la dictadura del general Francisco Franco, Antoni Ruiz descubrió lo que otros habían sufrido por ser gay. Ruiz, quien entonces tenía sólo 17 años, originario deValencia, al este de España, dijo a su madre que era homosexual y su familia buscó el consejo de una monja. "Ella fue derecho a la policía, me arrestaron y me mandaron a juicio", dijo el señor Ruiz.
"Pasé tres días en prisión. Fui violado y en las celdas policiacas me torturaron sicológicamente tanto los guardias como el doctor de la cárcel", denunció.
Ahora, 31 años después, Ruiz y un grupo cada vez menos numeroso de homosexuales que sufrieron la brutal represión de Franco podrían recibir una compensación del Estado, por sus vidas arruinadas.
El gobierno español ofrecerá dinero a quienes fueron enviados a hospitales siquiátricos, torturados, encarcelados o que sufrieron toda una vida de persecución.
El ministro de Justicia español, Juan Fernando López Aguilar, está considerando conceder a las víctimas una pensión de 800 euros al mes, más un pago de 12 mil a quienes sufrieron bajo el régimen. Esto podría implementarse dentro de dos meses.
A muchos homosexuales se les impidió trabajar bajo la dictadura de Franco porque tenían un "expediente criminal", lo que significa que nunca cotizaron lo suficiente como para recibir la pensión mínima.
Ruiz, quien hoy es presidente de la Asociación de Ex Prisioneros Sociales, consideró que la medida que se anunció será una victoria. "No se trata sólo de la compensación económica, sino de recordar a los homosexuales que sufrieron bajo las leyes injustas y dictatoriales", señaló. Desgraciadamente sólo unos cuantos cientos de sobrevivientes verán esos pagos, pues miles de víctimas ya murieron.
Durante la dictadura homófoba de Franco los homosexuales eran encarcelados o hacinados en siniestras instituciones mentales conocidas como "campos de corrección". Con ecos de la atrocidades de los nazis contra los gays, se les daban electrochoques porque se creía que con esto se les liberaría de sus deseos homosexuales. A los internos se les obligaba a ver películas pornográficas con mujeres, en un esfuerzo por mostrarles una vida sexual "natural", según las autoridades conservadoras.
Como parte de los ideales nacionales católicos, el régimen de Franco y sus seguidores falangistas consideraban a los homosexuales una amenaza para el varón "macho" español.
El general Gonzalo Queipo del Llano, quien hacía mensajes a la nación, afirmó un día que "cualquier afeminado o desviado que insulte al movimiento será muerto como un perro".
El más famoso homosexual asesinado por el régimen fue el poeta y dramaturgo, Federico García Lorca, autor de Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba. Lorca fue fusilado por un batallón franquista en 1936, pues se le consideraba peligrosamente subversivo para el régimen.
En un principio la homosexualidad fue considerada una ofensa criminal y era condenada bajo la famosa Ley contra la Delincuencia y los Criminales, introducida en 1954, pero hacia el final del régimen de Franco fue vista cada vez menos como un crimen y más como una enfermedad.
En 1968, el sicólogo Juan José López Ibor planteó: "Los homosexuales deben ser tratados como gente enferma, no como criminales. Aun así, la ley debe impedir que hagan proselitismo en escuelas, clubes deportivos y barracas del ejército". Condenas de hasta tres años de prisión les eran impuestas por delitos que en las leyes aparecían tipificados como "escándalo público" o "peligro social".
Gays de clase media baja o de clase trabajadora, sin amigos poderosos en el régimen que los protegieran de la persecución, eran las principles víctimas. Para otros, la situación era diferente.
El historiador Pablo Fuentes afirma: "No es raro escuchar a homosexuales provenientes de las clases más altas y de la aristocracia afirmando que el periodo franquista fue una gran época".
Pero muchos gays que sufrieron a manos del régimen no están ansiosos de sacar a colación el tema debido a los horrores que les recuerda o porque aún temen la reacción de la sociedad. Fuentes aseguró: "Muchos de ellos no quieren recordar lo ocurrido".
Aún después de la muerte de Franco la persecución continuó. En 1979 todavía se les encarcelaba debido a la ley contra "peligro social y para rehabilitación". Y a pesar de que miles de prisioneros políticos y de otra naturaleza fueron perdonados en 1976, a los homosexuales se les obligó a permanecer en la cárcel para cumplir sus sentencias.
En 2001 España finalmente prometió limpiar los antecedentes criminales de los gays encarcelados durante el franquismo.
El actual gobierno socialista español legalizó los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción para parejas homosexuales, a pesar de las fuertes críticas de la oposición conservadora y de la Iglesia católica
Pedro Zerolo, presidente de la Federación de Gays y Lesbianas de España, afirmó: "Lo que queremos es una rehabilitación moral para aquellos a los que el Estado robó una parte de sus vidas".
© The Independent
Traducción: Gabriela Fonseca

DA HUSSEIN TESTAMENTO A FAMILIARES

¡LARGA VIDA A SADAM, MUERTE A LOS IMPERIALISTAS!

Da Hussein testamento a familiares
AP El Universal Bagdad, Irak Viernes 29 de diciembre de 2006
Entrega el ex presidente iraquí el documento a sus medios hermanos, quienes lo visitaron en la prisión militar donde está recluido; en la Casa Blanca se especula que la ejecución será este fin de semana
Saddam Hussein le entregó su testamento a sus medios hermanos que lo visitaron en la cárcel, informaron este viernes las autoridades, dando indicio que su ejecución podría estar próxima. En la Casa Blanca se especula que se le dará muerte el fin de semana.
El ex dictador iraquí se encuentra preso en el Campamento Cropper, una prisión militar estadounidense donde aguarda se ejecución por orden de un tribunal iraquí.
Las autoridades nacionales manifestaron que Estados Unidos aún debe transferir a Irak la custodia de Saddam para proceder con la condena.
Se espera que permanezca en manos estadounidenses hasta el día de su ejecución, momento en el que sería dada la custodia a las autoridades iraquíes.
La Casa Blanca, en tanto, se prepara para que la ejecución sea este fin de semana, basándose en información que los funcionarios estadounidenses apostados en Bagdad recibían del gobierno iraquí, dijo un funcionario de Washington.
El martes, un tribunal de apelaciones iraquí confirmó la sentencia a muerte de Saddam por la matanza de 148 personas detenidas tras un intento de asesinarlo en Dujail, en el norte del país, en 1982.
La corte dijo que el ex presidente debería ser ejecutado en la horca en un plazo de 30 días.
"Nuestro respeto a los derechos humanos nos demanda que lo ejecutemos, y no se revisará ni se demorará la aplicación de la sentencia", manifestó el primer ministro Nuri al-Maliki, según declaraciones difundidas el viernes por su oficina.
El primer ministro consideró que quienes se oponen a la ejecución de Saddam ofenden el honor de las víctimas. Su oficina indicó que efectuó las declaraciones en un encuentro con familiares de personas que murieron durante el régimen de Saddam.
La presidencia iraquí envió una carta a la oficina de al-Maliki señalando que la sentencia a muerte no tiene que ser aprobada por el mandatario Jalal Talabani y los dos vicepresidentes, expresó un funcionario a condición de mantener su nombre en el anonimato porque no está autorizado a dialogar con la prensa.
El informante, que dijo que había leído la carta, indicó que en la misiva la opinión de la presidencia era "idéntica" a la del tribunal de apelaciones que confirmó la condena a muerte de Saddam.
No fue posible contactar a funcionarios de la presidencia para que efectuaran comentarios.
El traspaso de la custodia de Saddam a las autoridades iraquíes necesita la aprobación firmada del ministerio de Justicia de Irak, señaló la fuente.
El ministro de Justicia Hashim Abdul-Rahman al-Shebli no se encontraba en el país, por lo que un funcionario de menor jerarquía deberá firmarla, sostuvo.
Una vez que el trámite esté finalizado, Saddam puede ser transferido directamente al lugar donde será ejecutado, dijo.
Dos medio hermanos de Saddam lo visitaron el jueves, expresó uno de sus abogados defensores.
"A su pedido, sus dos medio hermanos ... lo visitaron y pasaron algún tiempo en su celda", manifestó Badee Izzat Aref en una entrevista telefónica desde Dubai.
Un comandante del ministerio de Defensa iraquí también confirmó el encuentro, y dijo que Saddan entregó su testamento a uno de sus hermanos. El informante habló a condición de mantener su nombre en el anonimato porque no estaba autorizado a dialogar con la prensa.
Pero Raed Juhi, portavoz del tribunal que condenó a Saddam, negó que lo hayan visitado sus familiares.
fllq/ sgf
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Nueva Izquierda rompe acuerdo y compromete paquete económico

TRAIDORES COMO SIEMPRE LOS CHUCHOS QUE ESTAN ALIADOS AL PARTIDO ACCION NACIONAL

A 72 horas de que venza el plazo para aprobar el paquete económico del gobierno capitalino para 2007, los diputados de la corriente perredista Nueva Izquierda rompieron los acuerdos establecidos y dieron al traste con las negociaciones que se llevan a cabo en las comisiones unidades de Hacienda y de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (ALDF).
La pretensión de los integrantes de NI era, en acuerdo con la oposición, "amarrarle las manos" al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, en el manejo de los recursos públicos, y cuando avanzaban en ese objetivo el bloque de Izquierda Democrática Nacional (IDN) y Unidad y Renovación (Unyr) decidieron decretar un receso en los trabajos de las mencionadas comisiones.
Incluso, acudieron hasta el recinto de Donceles y Allende el secretario de Finanzas, Mario Delgado, con su equipo de colaboradores, y el mismo secretario de Gobierno, José Angel Avila, quienes expresaron su sorpresa ante ese incumplimiento ­al que calificaron de traición­ de una parte de esa fracción perredista, cuando era claro el acuerdo.
Las reacciones de inconformidad no se hicieron esperar y algunos integrantes de la Comisión de Hacienda, quienes en corto mencionaban que el equipo encabezado por Víctor Hugo Círigo evidenciaba el "cinismo y descaro total del PRD azul".
El asunto era que la noche del miércoles, funcionarios del gobierno de la ciudad ­encabezados por Mario Delgado­ y los legisladores perredistas de las citadas comisiones se reunieron durante más de cinco horas para aclarar las dudas que tenían los integrantes de NI, y evitar que se afectaran las finanzas locales.
No sólo eso, en varios momentos de ese día, tanto José Angel Avila como Mario Delgado se reunieron con los diputados de esa corriente. En una de esas ­según versiones de los asistentes­ la presión de NI era tal que el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, les dijo, palabras más, palabras menos: "si me quieren hincar, no lo van a lograr".
En declaraciones a los medios de comunicación, Mario Delgado y Enrique Vargas, presidente de la Comisión de Hacienda de la ALDF, aseguraron que en la reunión del miércoles se analizó ar-tículo por artículo y se acordó elaborar un dictamen unificado, mismo que se presentaría para su discusión en la sesión que por la tarde de ayer tuvieron las comisiones unidas. Sólo había tres artículos "encorchetados".
Bajo esa lógica, los diputados del sol azteca aprobarían el dictamen que se llevaría a la reunión, sin hacer mayores adecuaciones, y después dar cauce a la Ley de Ingresos.
Al iniciar ayer la sesión de las comisiones unidas de Hacienda y de Presupuesto parecía que los acuerdos se cumplirían, pues Enrique Vargas sometió a votación en lo general el dictamen correspondiente y se aprobó por unanimidad de los 14 diputados de PRD, PAN, PRI, PVEM y Panal.
Sin embargo, los problemas empezaron cuando Isaías Villa, de Nueva Izquierda y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, se reservó para su discusión en lo particular nueve artículos, algunos de los cuales se les había aclarado la noche anterior, y otros más que en esa ocasión no se plantearon.
Cuando comenzó la discusión los perredistas de IDN-Unyr se dieron cuenta de que los de NI no estaban cumpliendo los acuerdos, e incluso ya le habían metido "dos goles" al gobierno de la ciudad al aprobar los artículos 9 y 15 del Código Financiero, relativos a que la ALDF sea la que conozca y apruebe del destino de recursos excedentes en delegaciones y dependencias públicas, restándole facultades al jefe de Gobierno, quien de acuerdo con el dictamen consensuado, podría decidir la asignación de excedentes de acuerdo con las necesidades de los programas.
Frente a esta situación, Enrique Vargas decretó un receso en los trabajos y se dieron una "encerrona", en la que estuvo presente Mario Delgado, y donde afloraron los reclamos del incumplimiento hacia los de NI. Sin lograr destrabar las diferencias, Agustín Guerrero, de IDN, y Víctor Hugo Círigo, acordaron que este día se haga una nueva mesa de trabajo con los funcionarios de Finanzas del DF.
Al final, el diputado de NI Juan Carlos Beltrán aseguró que su actitud se debió a que Enrique Vargas presentó un dictamen que le entregó el GDF y no se tomó en cuenta todo lo que se había acordado un día antes, a lo que Vargas respondió: "esas son chingaderas".