viernes, noviembre 30



Quiso Granier Melo chantajear al PRD



Amagó con reprobar la cuenta pública de José Ramiro López Obrador si la fracción del PRD no aprueba la reforma constitucional que le extiende un cheque en blanco para que pueda endeudar al estado
“Honrosamente vamos a acompañar a José Ramiro ante las autoridades competentes el día que tenga que presentarse a declarar, porque nosotros no vamos a ceder al chantaje”, les precisó claramente desde la tribuna el diputado Adán Augusto López
Madruguete del PRI causa zafarrancho en el Congreso
Con el nuevo crédito, Granier es el gobernador “Inbursa”: Adán Augusto
Es inaceptable la deuda pública del estado: De la Vega Asmitia
Desesperados ante sus infructíferos chantajes, evidenciados por el escándalo de José Sáiz y urgidos por la necesidad de conseguir dinero para cubrir el déficit del gobierno de Andrés Granier, los diputados del PRI recurrieron a la violencia en la sesión de ayer del Congreso del Estado (Foto: Tomás Rivas)
J. MARTIN PRETELIN
La bancada del PRI intentó chantajear a la del PRD con la cuenta pública del ex alcalde de Macuspana José Ramiro López Obrador. Amaga con reprobarla si esa fracción parlamentaria no aprueba la reforma constitucional que le extiende un cheque en blanco al gobernador Andrés Granier Melo para que pueda endeudar al estado.
El coordinador de la fracción parlamentaria del sol azteca, Adán Augusto López Hernández, hizo la denuncia desde la tribuna y dijo que el PRD no puede aprobar ese atraco a despoblado.
“Estamos en contra de ese chantaje vil, estamos en contra de la reforma constitucional y que nos quieran chantajear con la calificación de las cuentas públicas”, dijo López Hernández, al tiempo que aclaró a los priístas:
Honrosamente vamos a acompañar a José Ramiro ante las autoridades competentes el día que tenga que presentarse a declarar, porque nosotros no vamos a ceder al chantaje del PRI ni del gobernador Andrés Granier.
Eso fue lo que trabó la discusión en el seno de la segunda Comisión Inspectora de Hacienda el miércoles pasado y lo que obligó a sus integrantes a decretar un receso. El PRI planteó, a través del diputado Héctor Raúl Cabrera Pascacio la aprobación de la cuenta de “Pepín”, como popularmente se le conoce al ex alcalde de Macuspana, a cambio de que el PRD cediera en la reforma constitucional.
Hubo consultas al interior de la fracción parlamentaria del PRD. Incluso, se consultó a José Ramiro López Obrador y la decisión fue unánime: no al chantaje y no a esa reforma constitucional contraria a los intereses del pueblo.
Por esa razón, los diputados del PRI que integran la segunda Comisión Inspectora de Hacienda usurparon las facultades del presidente, José Alberto Pinzón Herrera, para reanudar la sesión que había entrado en receso la tarde del miércoles y calificaron ellos tres las cuentas públicas que ayer bajaron al pleno.
Dejaron pendiente la de Macuspana, con el argumento de que hay “muchas dudas” en torno a esa cuenta pública.
Pero ayer en la tribuna López Hernández denunció el chantaje vil que pretendía imponer el PRI para sacar la reforma constitucional, porque al gobierno de Granier no le son suficiente los cuatro mil millones de pesos que su bancada le autorizó contratar con Inbursa, el banco del multimillonario Carlos Slim Helú, socio de Ignacio Cobo González.

En lo dicho, solapó el PRI cuenta pública de Ascencio



Enérgico cuestionamiento de Julio César Vidal Pérez en rechazo a la aprobación del dictamen de la cuenta pública de Centla
Aseguró el diputado perredista que, durante su gestión, el ex alcalde se gastó el presupuesto público con sus amigos
J. MARTIN PRETELIN
Al someterse a votación las cuentas públicas de seis de los nueve municipios de la Sierra y de los Ríos, que fueron aprobados por mayoría, el diputado del PRD, Julio César Vidal Pérez, cuestionó el dictamen aprobatorio de la cuenta del ex alcalde de Centla y actual diputado del PRI, José David Ascencio Arellano.
Implacable fue en su discurso contra su ex compañero de bancada y de partido. Aseguró que durante su gestión, el ex alcalde se gastó el presupuesto público con sus amigos.
Frente a Ascencio Arellano, señaló:
No podemos aceptar más que la resignación de ver un Congreso con una mayoría artificial, porque no la ganaron en las urnas, no fue el pueblo que decidió que usted tuviera la mayoría en este Congreso.
Acusó al legislador priista de haber defraudado a los centlecos y lamentó que el PRI haya aprobado su cuenta pública.
Pero le pidió a José David que no se confíe porque tiene pendiente una averiguación previa en la Procuraduría General de Justicia, pues le recordó que él confesó desde la tribuna “haber desviado y sustraído recursos del municipio”.
“No se preocupe diputado José David Ascencio, tiene una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que si gusta la regalo una copia.”
Y aunque le pidió a los diputados del PRI que no solaparan “pillerías”, el dictamen de la cuenta pública de José David pasó sin mayores problemas, con el voto de sus compañeros.
Lamentó que el estado se tenga un Congreso “para proteger impunidades, no podemos debatir en un hospital de sordos y mudos”, y expresó que le rehuyen al debate porque “carecen de moral”.
Por eso, dijo, el PRD sentencia y condena la actitud de David Ascencio, quien por vergüenza debería de abandonar el recinto.
Sin embargo, no lo hizo, permaneció todo el tiempo sentado en su curul. Pero sí escuchó cuando Vidal Pérez le dijo que defraudó la voluntad del pueblo de Centla, “por unos míseros diez millones de pesos y la impunidad para no ir a la cárcel”.
En tanto, el diputado del PRD, Rafael Acosta León, condenó que el PRI haya cometido otra “nueva atrocidad” al aprobar la cuenta pública de Centla.
Aseguró que por obedecer consignas e instrucciones, los legisladores priistas tienen que ir en contra de los principios de legalidad, eficiente honestidad y congruencia que el pueblo tabasqueño reclama.
Dijo que a pesar de existir una averiguación previa en su contra por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, coalición, entre otros, en agravio del erario de Centla, el PRI lo protegió.
En su defensa subió a hablar el diputado del PRI, Ulises Solís García. Ascencio Arellano se abstuvo de votar, pero su dictamen pasó con los 19 votos de su bancada.
También se aprobaron las cuentas públicas de Balancán, Emiliano Zapata, Jalapa, Teapa y Tacotalpa. Quedaron pendientes las de Jonuta, Tenosique y Macuspana.
COMUNICADO SOBRE GUERRERO Y LUCIO CABAÑAS
Al pueblo de Guerrero:
Al pueblo de México:
A los pueblos del Mundo:
El pueblo de Guerrero sigue recordando al comandante Lucio Cabañas de una manera muy sencilla, como uno de los dos maestros guerrerenses que se levantaron en armas en contra del gobierno para lograr el beneficio del pueblo.
El pueblo al que le tocó vivir aquellos años de lucha revolucionaria recuerda bien cómo murió mucha gente inocente a manos del ejército no solamente en municipios como los de Atoyac de Álvarez, sino también en San Jerónimo de Juárez, en Tecpan de Galeana, en Coyuca de Benítez, en Acapulco de Juárez, etc. La represión en contra de los guerrilleros por parte del Estado mexicano cubrió amplias áreas de Guerrero y hasta del país.
Por eso, como revolucionarios, pensamos que a Lucio Cabañas hay que recordarlo no sólo el dos de diciembre de cada año, sino diario, en su espíritu de lucha, en el cotidiano quehacer revolucionario, en la lucha que se hace con los pobres para que mañana se vuelvan a levantar en armas y tomen lo que les pertenece, para que triunfen definitivamente. Por eso es necesario recordar para qué luchaba Lucio Cabañas. Es necesario no perder de la memoria los principales objetivos por los que luchó el comandante Lucio Cabañas:
1.- El socialismo y el rechazo al imperialismo: "Derrotar al gobierno de la clase rica. Que se forme un gobierno de campesinos y obreros, técnicos y profesionales, y otros trabajadores revolucionarios… Expropiar las fábricas, los edificios, la maquinaria, los transportes y los latifundios de los grandes propietarios, los millonarios nacionales y extranjeros. Que se entreguen en propiedad a los trabajadores... Hacer la independencia económica de México completa, la independencia política contra el sistema colonial nuevo de los Estados Unidos de América y otros países extranjeros unidos con los pueblos pobres del mundo en la lucha contra la misma dominación extranjera que protege a las clases ricas…"
2.- La libertad política del pueblo, la democracia de los obreros y campesinos: "Que para hacer cumplir sus leyes y proteger sus intereses, los trabajadores formen sus jurados o tribunales, nombren sus jueces y se den armas para defenderse... Que el nuevo gobierno de la clase pobre dé leyes que protejan y hagan valer los intereses y los derechos del pueblo. Que se haga valer el derecho al trabajo, el derecho a la huelga, el derecho de reunirse y opinar en público y en privado, el derecho de formar sindicatos, partidos y otras asociaciones, el derecho de escoger y votar candidatos y gobernantes… Liberar a la mujer, haciendo valer su igual derecho frente al hombre..."
3.- La justicia social: "Seguridad social para el trabajador así como seguro agrícola; que el trabajador controle todos los medios de comunicación para que éstos sirvan a la educación del trabajador. Hacer valer el derecho de los trabajadores y de sus familias a tener casa, educación y cultura, higiene, salud y descanso sin costos pagados… Proteger a los niños, haciendo valer los derechos que les son propio, como: alimentación, vestido, educación, casa de cuidado y de educación… Amparar a los ancianos y los inválidos por medio de casas y cuidados especiales, alimentación y vestuario gratuito, trabajo adecuado y educación y cultural... Hacer valer el derecho de los estudiantes a la educación en todos los grados... Hacer valer el derecho de los técnicos y de los profesionales a mejorar sus condiciones de vida, a mejorar su capacidad profesional y a crear y aplicar sistemas adecuados de trabajo que sirvan al pueblo trabajador. Hacer valer el derecho de los escritores, de los artistas y de los intelectuales a mantenerse con dignidad del producto, de sus obras, el derecho de hacer progresar su espíritu de creación y el derecho a crear y aplicar métodos adecuados al progreso espiritual a todo el pueblo trabajador…"
4.- La solidaridad internacional: "Unirse todos en la lucha contra la discriminación racial en el mundo, principalmente con los negros, con los mexicanos y chicanos y otras minorías raciales en los Estados Unidos…"Esos eran los principales objetivos por los que luchaba Lucio Cabañas. Esos objetivos correspondían con el sentir del pueblo. Es sabida y reconocida la valentía de los guerrerenses, pero Lucio iba más allá del ser valiente. Por eso era querido por el pueblo. Porque no se trataba de ser simplemente valiente sino de tener un programa de lucha que cubriera las demandas más sentidas de la población. Y eso, muchos lo tenemos todavía que aprender de Lucio, pues eso no se hereda. Así como tampoco se hereda la consecuencia ni la honestidad ni la claridad revolucionaria. Esas virtudes hay que desarrollarlas en la lucha, la verdadera prueba que los revolucionarios deben pasar día con día.A pesar de que la propia familia de Lucio Cabañas fue rehén del gobierno, jamás detuvo la difícil pero digna lucha revolucionaria que emprendió.
El comandante nos legó muchas enseñanzas, las cuales siempre son ninguneadas por muchos que ahora se dicen demócratas y revolucionarios.Mucho le debe a Lucio Cabañas el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. La salida de la clandestinidad, el reconocimiento del Partido Comunista, el PCM, se debió en gran medida a la lucha de Lucio y de otros grandes revolucionarios. ¿Y cuántos del PCM hoy se encuentran en el PRD, aliándose con Torreblanca y Calderón?Pero cada quien entierra y le rinde tributo a sus muertos. Zeferino Torreblanca y su gobierno le lloran amargamente y le rinden gran tributo a Rubén Figueroa Figueroa. Hoy, Zeferino le da cuenta de su gobierno enfermizo de poder y soberbia al hijo de Rubén Figueroa y a uno de sus más fieles seguidores, René Juárez Cisneros.Nosotros, obreros y campesinos pobres, pero revolucionarios, le rendimos tributo al comandante Lucio Cabañas Barrientos.
¡Y qué siga la mata dando! ¡Que la lucha sigue, silencita pero recio!
¡Honor y gloria al comandante Lucio Cabañas Barrientos!
¡Contra la globalización neoliberal!
¡La construcción del socialismo!
Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio, CCRP-CJ28J
Municipio de Acapulco, Guerrero, a 30 de noviembre de 2007.
Investigan al auditor por supuesto conflicto de intereses


Durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, la Presidencia de la República figura entre los principales clientes del despacho de contadores públicos González de Aragón y Asociados; sus principales accionistas –con un 90 por ciento– son los hijos del auditor superior de la Federación , quienes manifiestan que Arturo González de Aragón no incurre en conflicto de intereses, delito que le imputa la Cámara de Diputados

Erika Ramírez

En los próximos días, un Tribunal Colegiado determinará si procede el amparo que el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, interpuso contra la Cámara de Diputados, la cual lo acusa como probable responsable de incurrir en el delito de conflicto de intereses.
En la administración de Vicente Fox, el despacho de contadores públicos González de Aragón y Asociados, fundado por el auditor superior y ahora operado por sus hijos, auditó a la Presidencia de la República, contrato que se ha renovado con el actual gobierno encabezado por Felipe Calderón, sin importar que hay una investigación en su contra.
Y es que según consta en el expediente UEC/DECGA/01/2006, en poder de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es “administrativamente responsable” de la acusación en su contra, promovida en la LIX Legislatura por el diputado panista Ángel Pasta Muñuzuri.
El encargado de vigilar el buen uso del patrimonio público “omitió” informar a la Cámara de Diputados que entre las dependencias inspeccionadas en 2001, 2002 y 2003 había algunas previamente revisadas por el despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, del que el auditor superior fue socio fundador y ahora dirigen sus hijos Gerardo, Javier y Arturo González de Aragón Rodríguez, junto con el contador Juan Rodríguez Flores.
En la cartera de clientes que exhibe la firma familiar destaca la Presidencia de la República, que durante todo el sexenio foxista solicitó los servicios de los González de Aragón, así como los gobiernos de los estados de Chiapas, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, secretarías de Estado y gobierno, organismos descentralizados, paraestatales y fideicomisos.
Entre las entidades auditadas por el despacho González de Aragón están Petróleos Mexicanos, Suprema Corte, Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Social, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Comisión Federal de Electricidad y Servicio Postal Mexicano, de acuerdo con la cartera de clientes entre los años 1985-2003.
En el periodo que ahora se le investiga (2001-2003), el auditor superior de la Federación no encontró irregularidades que ocasionaran daño al erario en la revisión de las cuentas de la Presidencia de la República. Sin embargo, el órgano legislativo hizo recomendaciones para que se realizara una fiscalización a fondo en esos años, por presumir malos manejos administrativos.
Jesús González Schmal –presidente de la Comisión Especial que investigó las irregularidades en negocios de los hijos de Marta Sahagún, durante la LIX Legislatura–, dice que un ejemplo de que González de Aragón no actuó con transparencia en el gobierno de Vicente Fox es la omisión de las irregularidades en las cuentas de la Lotería Nacional, de donde se transfirieron recursos a la Fundación Vamos México, que preside la esposa de Vicente Fox.
Elías Cárdenas Márquez, presidente de la comisión en la Cámara de Diputados que investiga a los hermanos Bribiesca Sahagún e integrante de la Comisión de Vigilancia, coincide con González Schmal, y agrega que Arturo González de Aragón enfrenta otra investigación por presuntas irregularidades.

Protección a los Bribiesca Sahagún
Antes de finalizar 2007, dice el diputado Cárdenas Márquez, la UEC determinará si González de Aragón incurrió en responsabilidad al declarar “no observable” el cheque firmado por Jorge Alberto Bribiesca Sahagún para la compra de un predio conocido como Los Pirules, en Celaya, Guanajuato.
Aunque se trató de una subasta pública, los legisladores descubrieron que el “depósito en garantía” –hecho con el cheque por 1 millón 303 mil 686 pesos, de Alberto Bribiesca– se hizo antes del proceso oficial a favor de Construcciones Prácticas, en contravención de las normas.
Según Cárdenas Márquez, diputado del Partido Convergencia, el auditor no analizó las causas de fondo en la compra del terreno.
Gerardo González de Aragón Rodríguez, socio administrador del la firma González de Aragón y Asociados e hijo del auditor superior de la Federación, dice en entrevista con Contralínea que desconoce el proceso en que se encuentra el juicio de amparo interpuesto por su padre.
“Es evidente que no es benéfico para el país que a la persona que escogieron los 500 diputados, ahora le impongan trabas para cumplir con su labor”, señala el contador Gerardo González de Aragón, y añade que “a nosotros obviamente nos pega. El caso es propaganda mala, y yo tengo que enseñar a cada rato las escrituras de donación (que le hizo su padre Arturo González de Aragón) y el cruce de las declaraciones patrimoniales para deslindar a mi padre de aquí”.

Los hechos
El 22 de junio de 2006, la UEC, encabezada por Roberto Michel Padilla, determinó que el titular de la ASF no cumplió con la “máxima diligencia” de informar por escrito a la Cámara de Diputados que, entre las dependencias objeto de revisión y fiscalización en los “Programas de auditorías vistas e inspecciones 2001, 2002 y 2003, habían sido seleccionadas aquéllas que de manera constante y común eran clientes de la firma González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S.C.”.
La negligencia, indica el documento UEC/DECGA/01/2006, causó “deficiencia” en el servicio encargado por la Cámara de Diputados y no cumplió con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en el artículo 8 ordena al funcionario informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos en los que tenga interés personal o pueda resultar algún beneficio a sus familiares o a terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o a socios o sociedades de las que el servidor público forme o haya formado parte.
En un primer intento, González de Aragón demandó un juicio de amparo ante el juez décimo de distrito para evitar cualquier tipo de sanción, y argumentó que había inconstitucionalidad en el proceso que promovió el Legislativo.
Sin embargo, el 23 de julio pasado, el juez de distrito José Antonio Montoya García resolvió que la petición era improcedente y negó la protección de la justicia federal al máximo fiscalizador del país, según el expediente 1073/2006.
El abogado González Schmal concuerda con la resolución emitida por el juez, pues “es evidente que hay un conflicto de intereses, aunque González de Aragón pueda argumentar que ya no pertenece a ese despacho, éste lleva su nombre, y en todo caso es un aprovechamiento, un abuso de su cargo para conseguir contratos y de esto no hay duda”.
Urge a la Comisión de Vigilancia a que llame a cuentas y finque responsabilidades de orden penal y administrativo y, “sin lugar a dudas”, solicitarle la renuncia inmediata. Dice que “en ese puesto debe de estar quien tenga capacidad e independencia de ejercerlo por el beneficio de México y no por sus intereses familiares”.

González de Aragón se defiende
El encargado de controlar el erario argumentó ante el juez Montoya García que las denuncias en su contra no proceden, toda vez que él nunca tramitó o resolvió un asunto relacionado con el despacho privado González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos y, por lo tanto, “no tenía la obligación de informar a su superior jerárquico, que incluso no consta en autos en una sola prueba que demuestre lo contrario”.
En su defensa, Arturo González de Aragón añade que es ilegal la consideración de la Unidad de Evaluación y Control, la cual señala que la intervención en la aprobación de los programas de revisión de la Cuenta Pública implicó conflicto de intereses, pues se tenía conocimiento de las entidades que habían sido revisadas por la firma familiar, y el órgano de control de la Comisión de Vigilancia aceptó su aprobación “con total imparcialidad”.
El auditor se deslinda de la firma familiar y asegura que fue socio hasta el 21 de octubre de 2002, para renunciar a su cargo de comité directivo dos meses después y donar las acciones del despacho a sus tres hijos el 30 de diciembre de ese año.
Las explicaciones de González de Aragón, en su primera solicitud de amparo, resultaron “inoperantes”, pues, según el juez de distrito, no expone argumentos que demuestren la ilegalidad en que se basó para solicitar un juicio de amparo.
Jorge Romero León, director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., considera que el auditor no incurrió en los actos que le imputa la Cámara de Diputados, pues sólo aplicaría si se pudiera probar que González de Aragón gestionó algún contrato cuando tenía participación en el despacho, aprovechando su nombramiento como auditor Superior de la Federación.
El candidato a doctor en filosofía política por la New School for Social Research, en Nueva York, asegura que “el hecho de que él haya abandonado la firma antes de convertirse en auditor y haya finiquitado su participación, previene la perspectiva de conflicto de intereses”.
Romero León defiende el papel desempeñado por el máximo fiscalizador, pues esto “no es más que una inquietud por presionar a la Auditoría Superior de la Federación, que ha pisado algunos callos con las revisiones de las Cuentas Públicas. No quiero decir que tengamos la seguridad de que haya ocurrido, habrá que investigarlo, pero nada tiene que ver la existencia de un despacho que audita distintas dependencias del gobierno”.

El despacho González de Aragón
Gerardo González de Aragón Rodríguez, socio del despacho contable que durante 16 años presidió el auditor Superior de la Federación, niega que su padre haya incurrido en conflicto de intereses, pues, argumenta, dejó la dirección de la empresa una vez que asumió la titularidad de la ASF.
En sus oficinas de la colonia Guadalupe Inn –donde las paredes se encuentran tapizadas de reconocimientos, diplomas y fotos de Arturo González de Aragón, acompañado por el expresidente Miguel de la Madrid y otros personajes–, el hijo menor del máximo fiscalizador del país asegura que, contrario a lo que se ha denunciado, la firma ha perdido clientes del sector gubernamental.
González de Aragón Rodríguez relata que una vez que su padre gana la titularidad de la ASF, tiene que deslindarse de cualquier actividad que tenga que ver con cualquier fuente de ingresos.
—Él hace la escritura de donación de sus partes sociales y se va –asegura el también consultor externo del secretario técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores–. Nos quedamos a cargo el contador Juan Rodríguez, como socio director, que tiene el 10 por ciento de las acciones y mis hermanos y yo, que operamos con el 90 por ciento restante”.
Arguye que “muchos de los ataques que nos hacen van en función de que conseguimos trabajo gracias a él, pero en la Secretaría de la Función Pública se trabaja mediante un padrón de despachos que tienen que cumplir una serie de requisitos, todo se hace a través de licitación. Obviamente, eso nos pega, porque nos ponen a competir contra otros despachos que traen propuestas más bajas”.

Gobierno de Calderón, nuevo cliente
Con una cartera de clientes en la que sobresale una vez más la Presidencia de la República, González de Aragón Rodríguez asegura que “el hecho de que mi padre haya ocupado ese cargo no nos benefició; al contrario, a los funcionarios les dio temor a que fueran atacados en ese aspecto”.
Luego del deslinde de Arturo González de Aragón de la firma familiar y las nuevas normas de contratación impuestas por el excontralor Francisco Barrio Terrazas, el hijo menor del auditor superior encuentra nichos de mercado en los gobiernos estatales de Guerrero, San Luis Potosí, Colima, estado de México, Veracruz y Puebla, lo que también haría eco en el reclamo legislativo, al cuestionar la incurrencia en entidades auditadas por el despacho González de Aragón y fiscalizadas al mismo tiempo por el auditor González de Aragón, es decir padre e hijos son juez y parte.
Cuestionado sobre el control de las cuentas de la Presidencia de la República durante el sexenio de Vicente Fox, responde que éstas fueron de “código financiero”, es decir, que sólo tiene que ver con el pago de obligaciones locales, como el del impuesto predial, agua y otros. “Es un contrato que no llega ni a los 100 mil pesos; si fuéramos el auditor financiero de la Presidencia, a lo mejor hubiera cotizado más.
“Nosotros buscamos el renombre: poder decir que somos el despacho que audita a la Presidencia, para efectos de código financiero. Y, obviamente, en eso no hay ningún conflicto de intereses”.

En espera del fallo
Roberto Michel Padilla, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, se niega a hablar del caso hasta que el Tribunal Colegido resuelva si procede el fallo a favor de la solicitud de amparo, interpuesta por el auditor superior de la Federación.
Sin embargo, un análisis elaborado por su Unidad señala que la ASF carece de “equilibrio” entre el número de auditorías de desempeño, financieras y de cumplimiento que se le hacen a las entidades públicas.
El encargado de supervisar la función de los servidores públicos al interior de la ASF dice que “no se trata nada más de verificar que el presupuesto aprobado se gaste conforme a la ley, sino de dar un paso adicional y verificar que se cumplió con los objetivos de los programas. La Comisión insiste en que la fiscalización superior tiene como último fin que los recursos públicos se ejerzan con la mayor eficiencia y transparencia”.
Otra de las recomendaciones a la ASF, dice Michel Padilla, es que seleccione temas de la mayor relevancia, que vayan a revisar aquellos entes que cumplen funciones estratégicas de gobierno; por ejemplo, en la supervisión bancaria, que no haya prácticas monopólicas.
Mientras, el legislador Elías Cárdenas advierte que en la Comisión de Vigilancia se genera una iniciativa que “prohíbe estrictamente que personas ligadas por parentesco, amistad, algún vínculo de naturaleza afectiva puedan intervenir en las auditorías, en una modificación al artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos”.
Para confrontar los señalamientos que hacen los legisladores en contra del auditor superior de la Federación, Contralínea le solicitó una entrevista a Arturo González de Aragón, pero en su oficina nunca dieron respuesta.
Los operadores políticos de Calderón


Con el afán de controlar al Partido Acción Nacional y a sus candidatos, Felipe Calderón echa mano de dos políticos incondicionales: Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República , y Jorge Manzanera Quintana, exsecretario de Elecciones durante la presidencia de Calderón en el PAN y coordinador de Redes en su campaña electoral

Fernando Ortega Pizarro

La actuación de Jorge Manzanera divide al panismo, mientras que Juan Camilo Mouriño cosecha molestia e indignación, por dar cargos públicos a quienes se identifican como leales de Felipe Calderón Hinojosa, dispuestos a apoyar además a sus candidatos.
Juan Carlos Mondragón, exdirigente juvenil del Partido Acción Nacional (PAN), lamenta que la Presidencia utilice la nómina del gobierno “para influir en la libertad y voluntad de los militantes en la toma de decisiones internas. Eso me parece que es lo que no se vale, porque daña la dignidad de la persona.
“Me refiero a la contratación de panistas en los diferentes niveles de gobierno para que, a su vez, cuando haya una decisión de tipo interno del partido, es decir, elección de dirigentes o de candidatos, se influya o se oriente la decisión de los militantes hacia determinado candidato”.
Para el diputado federal panista Jorge Rubén Nordhausen González, quien conoce a Juan Camilo Mouriño, pues ambos son ciudadanos de Campeche, “la influencia del gobierno federal en las decisiones del partido se daba cuando gobernaba el PRI (Partido Revolucionario Institucional): el presidente de la República nombraba al presidente del partido y a todos los candidatos del país. Eso lo combatimos muchos años y sería terrible que ahora retrocediéramos”.
La historia profesional de Manzanera Quintana lo ubica como un destacado mapache electoral blanquiazul, a quien el candidato a la presidencia del PAN, Germán Martínez, integró a su equipo de campaña.
Ingeniero de profesión, Jorge Manzanera se presenta como un experto en la organización de elecciones, desde la promoción hasta la defensa jurídica en tribunales electorales. Ha intervenido en procesos internos y constitucionales del PAN mediante presiones, amenazas, división interna, uso de recursos inexplicables, oferta de cargos públicos, utilización de la fuerza pública, espionaje, despido de funcionarios contrarios, en coordinación con políticos locales, según testimonios.
Es integrante de El Yunque y fue miembro fundador de Desarrollo Humano Integral, asociación civil creada por la agrupación de extrema derecha y a la que perteneció también el presidente del PAN, Manuel Espino, asegura Manuel Aguirre, analista político del diario Norte, de Chihuahua.
Agrega que a principios de la década de 1990, Manzanera y Espino fueron presidente y secretario general del partido en Chihuahua, respectivamente. Entonces eran aliados y ahora son rivales políticos, porque Manzanera es leal al presidente Felipe Calderón y opera con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño.
Manzanera Quintana no concede entrevistas a la prensa. Ha operado desde sus posiciones en el partido y a través de dos empresas de su propiedad: Consultoría Privada y Gubernamental, ubicada en la calle de Miguel Laurent, y Desarrollo y Operación de Campañas, localizada en la excasa de campaña de Felipe Calderón, en la calle de Sacramento, colonia de El Valle, ambas en el Distrito Federal.
También es consejero de la comisión permanente del PAN, no obstante que Manuel Espino Barrientos y el secretario de Fortalecimiento Interno de Tamaulipas, Enrique Navarro, lo denunciaron por considerarlo operador de Los Pinos, al tratar de influir en la integración del nuevo Consejo Nacional del partido que resultó afín a Felipe a Calderón, “con una ventaja de tres a uno”, según reconoció el senador panista Federico Döring.
En abril pasado, el Comité Ejecutivo Nacional panista anunció que estaba investigando a militantes que supuestamente pretendían influir en la integración del Consejo Nacional. Dirigentes panistas mencionaron, de manera extraoficial, el nombre de Jorge Manzanera, "cuyas empresas tienen contratos con el jefe del Ejecutivo".
Ese Consejo Nacional es el que elegirá al próximo presidente del PAN, para cuya contienda ya se anotó Germán Martínez, exsecretario de la Función Pública, de los amigos incondicionales de Calderón Hinojosa.
El periodista Salvador Camarena, coautor del libro Los suspirantes, asegura que Jorge Manzanera “es un personaje muy singular en el universo de Felipe Calderón: ha entrado y salido varias veces. Se volvió fundamental en la operación territorial en la precampaña de Calderón contra Santiago Creel y después ayudó mucho en la campaña”.
–¿Lo usan en las contiendas internas del PAN para favorecer candidatos afines a Calderón?
–Eso es lo suyo.
Además de estos señalamientos, Manuel Espino lo denunció por intervenir, sin su consentimiento, en las elecciones a la gubernatura de Yucatán, en donde perdió el panista Xavier Abreu.
Para Jorge Nordhausen, el caso de Yucatán es lamentable. “Conozco de cerca el tema. Xavier era un hombre que traía todo para ganar. Por lo que yo escucho de los panistas yucatecos, el equipo fuerte, no del partido, sino de la Presidencia de la República, por no sé qué intereses entregó Yucatán al PRI. Y señalan a Jorge Manzanera como uno de los operadores de esa entrega”.
Recuerda que el partido de Campeche contrató a Manzanera para dirigir la campaña de Juan Carlos del Río a la gubernatura en 2003. “Nos quedamos muy cerca de ganar, la diferencia fue de 4 mil votos”.
Jorge Manzanera también intervino en la elección del dirigente juvenil del PAN, Juan Carlos Martínez. Los panistas denunciaron uso de recursos inexplicables, abuso de parte de policías federales, delegaciones secuestradas, espionaje, despido de funcionarios contrarios.
Una aspirante, la diputada Claudia Caballero, se retiró aduciendo presiones e intimidaciones de Jorge Manzanera: “La verdad, ya estoy harta de este tipo, si quieren que nuestro partido se convierta en un PRI, vamos por el mejor camino”
En entrevista, Héctor Javier Rivera López, excandidato de Acción Juvenil, asegura que Manzanera operó a nivel nacional para favorecer a Juan Carlos Martínez, quien dijo ser el candidato de Calderón, con la colaboración de políticos locales.
Manzanera, por ejemplo, consiguió el apoyo del alcalde de Reynosa, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien despidió del gobierno municipal de Reynosa a personas que se manifestaron a mi favor”.
Juan Carlos Mondragón, exdirigente juvenil, confirma este hecho. Dice que “tras una llamada de Manzanera, el alcalde dio a los jóvenes la instrucción de votar por el candidato en cuestión”.
Jorge Manzanera y García Cabeza de Vaca han sido factores de división entre los panistas de Tamaulipas, desde su participaron en la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006. A pesar de que Ángel Sierra era el coordinador de la campaña en la entidad, Manzanera Quintana maniobró para que no se metiera en los municipios de Reynosa y Río Bravo, que son las zonas de influencia de García Cabeza de Vaca, generó conflicto.
Jorge Manzanera trabaja para García Cabeza de Vaca desde 2000, a quien en ese entonces asesoró infructuosamente para que fuera presidente municipal de Reynosa, cargo que alcanzó hasta 2004.
Desde 2005, la empresa de Jorge Manzanera, Consultoría Privada y Gubernamental, es proveedora del ayuntamiento de Reynosa y ha recibido cheques por al menos 2 millones 466 mil 300 pesos, por concepto de asesorías, revelan copias de los cheques.
Es el pago por cabildear en Los Pinos –de acuerdo con testimonios de panistas– para limpiar la imagen de García Cabeza de Vaca, quien supuestamente se enriqueció y favoreció a familiares con obra pública, documentó el periódico Hora Cero de Tamaulipas.
A pesar de su bajo perfil, Manzanera Quintana ha dejado otras huellas. El periódico Público de Guadalajara, Jalisco, en su edición del 19 de abril de este año, anunció que dicho político llegaría a la entidad. Lo identificó como “el operador de Felipe Calderón: una chequera que se mueve a sus anchas invitando a los panistas a unirse al equipo” del presidente, con miras a la conformación del CEN del PAN.
El 12 de junio, el Diario de México aseguró que “desde hace varias semanas están trabajando en Michoacán algunos de los operadores más cercanos a Mouriño, como Jorge Manzanera Quintana, director general de Desarrollo y Operación de Campañas, quien sería el responsable del diseño de las estrategias y del desarrollo de la campaña del ahora excandidato del PAN, Salvador López Orduña”.
A Manzanera Quintana también se le ubica por la asistencia jurídica que dio a Guillermo Galland, considerado “presidente espurio” del PAN en Hidalgo, según se presume, impuesto por Mouriño y Calderón. Además, Galland fue mencionado como uno de los orquestadores de la rechifla que recibió el presidente del PAN en la pasada Asamblea Nacional del partido, el 2 de junio.
El 7 de septiembre, el diario El Universal informó que la elección de la dirigencia estatal del PAN en el estado de México fue impugnada por la supuesta compra de votos, amenazas a los consejeros y ofertas de viajes. El senador panista Ulises Ramírez dijo que los denunciantes vincularon a Jorge Manzanera y a su empresa Desarrollo y Operación de Campañas.

Reedición priista
Por su antagonismo con Juan Camilo Mouriño –quien se ha convertido en uno de los hombres más influyentes en Pemex–, la empresa Suministros Industriales Carrizales, propiedad de Nordhausen, perdió terreno en la paraestatal. Quizá por eso, el legislador se muestra preocupado por el reparto de los cargos.
Reconoce que es facultad del jefe de la Oficina designar a los titulares de las delegaciones federales, con la aprobación de Calderón. Pero el problema, señala, es que esas designaciones se dan a gente que podría influir en la elección de algún candidato de partido, afín al presidente de la República; o, bien, a los consejeros que voten a favor de los candidatos del jefe del Ejecutivo, ya sean del partido o constitucionales.
En lo que va del sexenio se han cambiado 150 de los mil 139 delegados en todo el país, pero en muchos nombramientos ni siquiera se consideraron las cualidades técnicas o capacidades profesionales de los elegidos, sino la lealtad a Calderón, asegura.
Al respecto, Juan Camilo Mouriño declaró que “en esta administración federal se ampliaron los criterios, y hoy un requisito indispensable es la lealtad al proyecto de Calderón. Entendemos que haya gente afectada por no cumplir con lo segundo (la lealtad). Las delegaciones son puestos codiciados porque son bien pagados”.
Nordhausen menciona otra intervención del Ejecutivo: la elección del candidato a la dirigencia juvenil del PAN. El Comité Ejecutivo Nacional del partido desconoció esa elección por las irregularidades observadas: amenazas, presiones, compra y coacción del voto, manipulaciones, para que ganara el candidato de Calderón.
“Es imposible tapar el sol con un dedo. Esas prácticas priistas se están dando en el PAN actualmente. Vamos a luchar para que no continúen y se terminen para siempre”.
Espera que estas circunstancias no sean determinantes en la elección del nuevo presidente del PAN y, en particular, de Germán Martínez, exsecretario de la Función Pública de Felipe Calderón.
–Se ha mencionado que la mayoría del Consejo Nacional del partido es gente afín a Calderón.
–O delegados federales o en un puesto del gobierno federal o que por lo menos tiene una influencia sobre otros…
“Tenemos muchos consejeros nacionales. Los que están muy cerca del presidente Calderón son 80. Son los que van a votar, y si al rato los vamos a ver en la federación, ¿qué quiere que piense el mal pensado? Solamente no hagan cosas que parezcan malas”.
La intervención de Mouriño
Nordhausen refiere que a Vicente Fox lo criticaron por no “empanizar” al gobierno. El mismo Felipe Calderón, durante su precampaña a la Presidencia, decía: “Fox sacó al PRI de Los Pinos y yo voy a meter al PAN a Los Pinos”, en una clara alusión a que no se habían hecho los cambios en la estructura de gobierno.
No obstante, advierte que en el gobierno de Vicente Fox no se usó la nómina de la administración pública para poner a amigos o leales en el partido o en las candidaturas. En el anterior sexenio, el PAN tuvo dos presidentes: Luis Felipe Bravo Mena y Manuel Espino Barrientos, y no se observó ese afán de controlar al consejo concediendo puestos públicos.
“Ese fenómeno no se vio con Fox. Esto es inédito. Es una de las innovaciones que no son muy buenas, no son bien vistas, definitivamente.”
–¿Le preocupa la influencia de Mouriño en los procesos internos del partido?
–Ésa es la preocupación. Yo lo viví en carne propia, en Campeche. En la última asamblea estatal sentí la fuerza del gobierno federal. En Campeche tenemos aproximadamente 25 delegados federales panistas. Algunos son delegados, otros son directores o gerentes. Todos son campechanos, capitalinos. Pero, a la hora de una contienda, operan a favor de alguien y eso tiene bastantes significados. Ésa es la queja que he recogido.
Bajo escrutinio del Cisen la “Galería 1” del AGN

Empleados del Cisen prestan “apoyo técnico” en la galería 1 del Archivo General de la Nación, donde se encuentra el acervo documental de la “guerra sucia”. Al frente del grupo está Vicente Capello, quien ingresó a la entonces DFS en 1961 y hasta su traslado al AGN fungía como jefe de archivo del Cisen. Antes de ser entregados al público, los documentos desclasificados son sometidos a escrutinio interno

Zósimo Camacho

Fotografías, oficios, informes y todo el acervo documental que da cuenta de la participación de las autoridades mexicanas en la “guerra sucia”, aún se mantienen bajo control del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a pesar de que durante el gobierno de Vicente Fox se anunció que los archivos habían sido desclasificados y dispuestos para ser consultados “por cualquier interesado” en el Archivo General de la Nación (AGN).
Un antiguo agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y jefe del Departamento de Archivo del Cisen hasta 2001, atiende al público y decide qué documentos entregar previa revisión de los mismos en la galería 1 del AGN, adonde fueron destinados durante el primer año de gobierno foxista. Vicente Capello y Rocha está vinculado a los aparatos de inteligencia y espionaje desde los inicios de la década de 1960, cuando se encontraba en pleno apogeo la lucha del Estado mexicano contra los movimientos políticos, sociales y armados.
En ese entonces, funcionarios federales, estatales y locales utilizaron supuestamente métodos ilegales como la tortura, la desaparición forzada y el asesinato en lo que se conocería décadas más tarde como la “guerra sucia”.
Capello recibe órdenes de los responsables del aparato de inteligencia y contrainteligencia civil del país desde hace 46 años. Ahora es el encargado de supervisar la entrega a los ciudadanos de los expedientes que involucran a sus antiguos jefes y compañeros. Incluso, fue el responsable de poner a disposición de la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado los archivos de la “guerra sucia”. La Fiscalía no pudo enderezar ninguna acusación sólida contra algún exfuncionario.

Galería 1, del Cisen
El hombre, de aproximadamente 65 años de edad, ojos claros, nariz afilada, traje gris a cuadros y bufanda café, sigue adscrito al Cisen y se encuentra laborando en el AGN formalmente sólo como “apoyo”, aunque sin ningún fundamento legal. Es la cabeza de un grupo de 10 personas; todas, empleadas del centro civil de inteligencia.
La identidad y procedencia de Capello y Rocha quedó oficialmente documentada luego de una serie de solicitudes de información e interposiciones de recursos de revisión realizados por el ciudadano Tomoo Terada al AGN, Cisen y Secretaría de Gobernación (Segob) por medio del sistema de solicitudes de información del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
En la respuesta del Cisen a la solicitud de información 0410000000906, fechada el 15 de febrero de 2006, el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoce a Capello como “director de Área con indicador jerárquico de grupo M”. Es decir, que tiene una percepción mensual que oscila entre 47 mil 973 y 95 mil 354 pesos mensuales, según el Catálogo institucional de puestos y tabulador de servidores públicos de mando, publicado por la Dirección de Recursos Humanos de la Presidencia de la República el 7 de enero de 2007.
Además, en la respuesta del Cisen se informa que fue contratado en 1961 porque “acreditó (ante la Segob) los requisitos exigidos en ese momento para ingresar al servicio público”.
De acuerdo con el mismo expediente, actualmente “brinda cooperación técnica en actividades de identificación y organización de los fondos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales que se enviaron al acervo del AGN y atiende directamente al público”.
A pesar de su fama de iracundo, Vicente Capello se conduce con estoicismo. Sus ojos punitivos se fijan sobre las tarjetas, expedientes, fotografías y oficios que sus dedos recorren como arañas.
—Estoy aquí nada más como colaborador; yo estoy adscrito al Cisen –reconoce tranquilamente, luego de reponerse de una mueca de hastío.
Camina rumbo a los archiveros en la búsqueda de información solicitada por investigadores que vistan la galería a su cargo. Regresa con tarjetas en la mano y, amablemente, agrega:
—Y me he quedado aquí porque no hay quién sepa manejar ni clasificar esta clase de archivos; no hay ni recursos y, para ellos (los trabajadores del AGN) esto es nuevo.
Capello se ha “quedado” en la galería 1 del Archivo General desde finales de febrero de 2002, cuando se trasladaron los archivos del Cisen a su nueva morada. Luego de casi seis años, el aparato de inteligencia mantiene el control de toda la galería, como se reconoce en el documento “Para llevar los archivos del siglo XXI”, elaborado por el propio AGN en agosto de 2005, donde se asienta: el “personal de la galería 1 (10 personas) está fuera de la plantilla del AGN”.

Estancia “ilegal”
En el “Acta administrativa de entrega-recepción del acervo documental transferido al Archivo General de la Nación”, firmada el 19 de febrero de 2002, se estipulan las condiciones en las que el Cisen “entregó” el acervo documental al AGN.
El documento, del cual Contralínea posee copia, está firmado por el actual procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza, quien entonces fungía como director del Cisen; Stella María González Cícero, quien se desempeñaba como directora del AGN; Rafael Gerardo Ríos García, identificado como director de Análisis del Cisen, y dos testigos más: Ricardo Sepúlveda Iguiniz, en su entonces calidad de jefe de la Unidad de Estudios Legislativos de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Segob y el propio Vicente Capello y Rocha, como jefe del Departamento de Archivo del Cisen.
En ningún párrafo del documento se señala que el Cisen mantendría bajo su control la galería 1 ni que “prestaría” a algunos de sus funcionarios para la clasificación y conservación del material. Tampoco explica por qué un testigo del acta se trasladaría al AGN como responsable de la disposición de los archivos al público.
El 18 de enero de 2006, el ciudadano Tomoo Terada solicitó –por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública– el fundamento jurídico que justificara la presencia de Capello en el AGN.
Un mes después, el 20 de febrero de 2006, el actual director del Archivo General –en el puesto desde entonces– envió el oficio DG/598/2006 a quien estaba al frente del Cisen, Jaime Domingo López Buitrón, para solicitar “la ratificación del apoyo técnico que esa institución a su digno cargo presta”. En el mismo documento destaca que “considera de gran valor el apoyo que brinda el personal del Cisen en virtud de la especialización en la materia de este grupo de trabajo”.
López Buitrón contestó con el oficio DG/059/06 el 20 de febrero de 2006. En el documento señala: “He girado instrucciones a fin de que el personal especializado del Cisen, por su experiencia y conocimiento del caso, continúe por tiempo indefinido prestando apoyo técnico a los procesos archivísticos y de resguardo de los acervos transferidos al AGN, así como para brindar atención al público que solicite consultarlos”.
Esos oficios fueron entregados al peticionario como el “fundamento legal” en el que se apoya la presencia de Capello y su grupo en el AGN; pero no se presentó documento alguno que acreditara el traspaso de los funcionarios del Cisen al AGN en 2002.
Tomoo Terada responsabiliza de la “ilegalidad” al entonces secretario de Gobernación y actual presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Santiago Creel Miranda.
—El traslado del personal del Cisen no está fundado ni motivado conforme a derecho –señala el peticionario–. No hay ningún documento y entonces la orden debió ser verbal. El director del Cisen no tiene la facultad de asignar personal a otro órgano desconcentrado de la Segob. El único que la tiene es el secretario.
El investigador lamenta que el actual coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional haya “violado la ley” y se haya prestado a la “simulación” de hacer justicia a los familiares de desaparecidos y asesinados.
—Creel no estuvo de acuerdo con la idea de crear una Comisión de la Verdad, luego de que fuera nombrado secretario de Gobernación –recuerda Terada–. En ese entonces argumentó que lo que se tenía que crear, para no violar las leyes mexicanas, era una fiscalía. Y se creó la fiscalía, pero él fue el primero en violar la Ley porque sin ningún fundamento jurídico ordenó que personal del Cisen siguiera controlando el acervo.
El investigador Sergio Aguayo, quien tuvo acceso al acervo documental de la DFS antes de que fuera trasladado al AGN, considera que desde el gobierno de Vicente Fox se ha hecho “todo lo posible por obstaculizar” la consulta de los archivos.
—Como en todo lo relacionado con la “guerra sucia”, ha sido muy lamentable el comportamiento del gobierno de Vicente Fox –deplora–. De hecho les da amnistía de facto a los violadores de derechos humanos. Y, en esa amnistía de facto, un ingrediente fundamental ha sido el manejo de la información: se ha preservado la secrecía.

Los documentos, “del pueblo”
Capello camina, diligente, por la galería 1 del Palacio negro de Lecumberri, como se le conocía a la antigua penitenciaría famosa por sus tratos crueles. Habla con sus subordinados y éstos, con presteza, atienden sus órdenes. En las mismas celdas en las que fueron confinados centenas de presos políticos, ahora sus expedientes aguardan el visto bueno del Cisen para salir a la luz.
—Nada se niega. Todo lo que existe se entrega, de acuerdo con la normatividad –asegura Capello con serenidad.
—Usted debe entregar información que involucra a personas con las que trabajó.
—No tengo porqué ocultar nada. Los archivos no son míos, sino del Archivo General de la Nación y del pueblo de México.
Contralínea solicitó entrevista con el director del AGN, Jorge Ruiz Dueñas. Sin embargo, la oficina de Comunicación Social de la Segob informó que “no se aprobó la entrevista”.
Despidos masivos en Pemex

Jesús Reyes Heroles, quien –según versiones del Legislativo– podría ser destituido de Pemex, se apresta a iniciar el despido de 32 mil empleados no sindicalizados. La paraestatal intenta deshacerse de los “trabajadores de línea” (ingenieros especializados) mediante la firma de un leonino Contrato Individual de Trabajo que congelaría las plazas de los despedidos, advierten juristas. Las labores de los cesados se concesionarían a empresas privadas

Ana Lilia Pérez

Lejos de su promesa de campaña, al término de su primer año en funciones, el autodenominado “presidente del empleo” tiene a 32 mil trabajadores no sindicalizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la incertidumbre de los despidos masivos, previstos para el primer trimestre de 2008, cuando la Dirección Corporativa de Administración (DCA), que encabeza Rosendo Villarreal Dávila, iniciará “la adecuación de estructuras administrativas”, que implica “la racionalización de los recursos humanos, materiales y financieros”.
En medio de los escándalos por la supuesta negligencia con la que se desempeñan las compañías contratadas por Pemex, para trabajos de obra pública y servicios, la administración de Jesús Reyes Heroles aparentemente se prepara para cancelar alrededor de 30 mil plazas de personal de planta y transitorios de los niveles 35 al 39, que constituyen el 20 por ciento de la mano de obra de Pemex. El trabajo que realiza este sector se concesionaría a compañías privadas.

Reestructuración laboral
Los trabajadores de la petrolera del Estado suman 156 mil: 124 mil del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Petrolera, 29 mil de planta (niveles 35 al 39), y el resto, la alta directiva (niveles 40 al 45), de confianza. Los trabajadores no sindicalizados se distribuyen así: 7 mil 205 adscritos al corporativo; 11 mil 460 a Pemex Exploración y Producción; 5 mil 960 a Pemex Refinación; 2 mil 514 a Pemex Gas y Petroquímica Básica, y mil 893 a Pemex Petroquímica.
La reestructuración laboral en Pemex se aplica desde el sexenio de Vicente Fox (Contralínea, 61) como parte del denominado modelo SUMA, que permitirá la entrada a empresas privadas en áreas que constitucionalmente son exclusivas de la paraestatal. Aunque en un inicio el recorte se aplicará al personal no sindicalizado, también se contempla la reducción de las plazas controladas por Carlos Romero Deschamps, así como del pasivo que significan los pensionados.
Si bien esta medida fue planeada desde el sexenio de Vicente Fox, el actual gobierno de Felipe Calderón parece decidido a concluirla. En el decreto publicado el 1 de octubre –propuesto a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y aprobado por el Legislativo el 13 de septiembre pasado– se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 65. Con ello, se prevé reducir –a partir de enero de 2008– las plazas de confianza en paraestatales, las prestaciones laborales y toda extensión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), que por Ley se aplica a los trabajadores de confianza.
Para los abogados especialistas en derecho laboral, como Arturo Alcalde Justiniani, la medida constituye una violación a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y un severo revés a las conquistas laborales de los trabajadores al servicio del Estado, en un periodo en el que el actual gobierno no ha podido reactivar el desastre en materia laboral heredado por su antecesor, sexenio en el que más de un millón quedaron desempleados.
La reforma obliga que las secretarías de Estado, paraestatales, organismos descentralizados, desconcentrados, la banca de desarrollo y universidades autónomas tomen “medidas” para excluir a los trabajadores no sindicalizados de toda prestación, lo que, para el abogado Arturo Alcalde Justiniani, significa la violación al artículo 123 constitucional y a la LFT.

El CIT
En Pemex la medida va más allá. De acuerdo con el oficio interno DCA/720, fechado el 8 de agosto de 2007, remitido por Rosendo Villarreal Dávila a los directores de las subsidiarias (Carlos Morales Gil, José Antonio Ceballos Soberanis, Roberto Ramírez Soberón y Rafael Beverido Lomelín), en lo que resta de la administración se eliminarán todas las plazas que estén en calidad de vacantes, desaparecerá también el rubro de tiempo extra y la reclasificación de personal.
En el rubro de liquidaciones, una vez que el trabajador lo solicite, se le autorizará la liquidación siempre y cuando su plaza quede cancelada. En el caso de las jubilaciones, se plantea que se le otorgará al trabajador sólo si acepta que se congele la plaza desocupada.
El adelgazamiento de la plantilla laboral se realizará mediante el denominado Contrato Individual de Trabajo (CIT), el cual, según información de Pemex, fue diseñado por Rosendo Villarreal Dávila y por el abogado general, José Néstor García Reza.
El documento traslada a los 29 mil trabajadores de planta al régimen de confianza. La argumentación del administrador de Pemex, según un oficio fechado el pasado 7 de septiembre, es que el CIT obedece a la “recomendación efectuada por los órganos de fiscalización”.
En este mismo oficio (DCA/779/2007) se notifica al personal de confianza, de planta, transitorios, así como a los sindicalizados que tengan una promoción a un puesto de confianza, la urgencia de firmar el contrato, “para dar una mayor certidumbre jurídica a ustedes y a la institución”.
Sin embargo, los juristas consultados coinciden en que la pretensión de los directivos es que, con la firma de este documento, el trabajador se reconozca como personal de confianza para poder aplicarle las reformas, incluidos los despidos.
El formato del CIT fue aprobado durante una reunión de altos mandos que tuvo lugar el jueves 6 de septiembre de 2007 en la Subdirección Corporativa de Recursos Humanos (SCRH) de la Torre de Pemex, en la que participaron Javier Reyes García, de Pemex Refinación; Manuel Carpinteyro Vigil, de PEP; César Sandoval Cruz, de PGPB; América García García, de Servicios de Salud; Alejandro Sierra Dávalos, Francisco Yllon Gonzáles, y Miguel Ángel Monroy Chie, del Jurídico Laboral.
También participaron Óscar Horacio Alva Rodas, Carmen Valencia del Toro, Azucena Vásquez Cardona y Víctor Lara Sánchez, de la SCRH. Se acordó que los casos de trabajadores que se negaran a firmar se remitirían al abogado general y la Secretaría de la Función Pública.

Los cambios
Por décadas, el acuerdo laboral entre la paraestatal y los trabajadores no sindicalizados se formaliza mediante “tarjetas de trabajo”, en las que se especifican sueldo del trabajador, actividades y prestaciones, como una extensión del CCT, en apego a la LFT.
El formato del CIT, además de no especificar el número de base de cada trabajador, homologa las actividades de los 32 mil empleados en las funciones que la LFT reconoce para los trabajadores de confianza: dirigir los proyectos y programas de trabajo alineados a las iniciativas y estrategias del plan de negocios; promover y vigilar el cumplimiento de las políticas y normatividad aplicables; supervisar el cumplimiento de los proyectos, programas de trabajo y el control del ejercicio presupuestal en el ámbito de su competencia; fiscalizar y analizar la utilización de recursos en su ámbito de competencia.
Sin embargo, en la práctica, salvo los altos mandos de la paraestatal, el resto no desempeña tales actividades, por esta razón, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), estima que la firma del CIT implica violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP).
Eduardo Díaz Reguera, de la ANAD, explica que cuando el trabajador firme el CIT, confiesa labores y atribuciones que en realidad no desempeña, con lo que incurrirían en contravención al artículo 8 de la LFRSP.
En este sentido, Alcalde Justiniani aprecia que el esquema, que otorga carácter de personal de confianza al que no lo es, “suprime los derechos sobre la base de la discrecionalidad y rompe con el principio general de igualdad”.
Aunque Néstor García Reza, abogado de Pemex, ha defendido que la firma del CIT no constituye ningún cambio en los derechos laborales de los trabajadores, los juristas de la ANAD aseguran que el esquema elimina de facto la antigüedad laboral, reduce las prestaciones e impide que el trabajador demande reinstalación.
Eduardo Díaz Reguera señala: “Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, y firmar el CIT implica una violación a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo, y renunciar a su derecho a la estabilidad en el empleo”.
Otros elementos por los que el CIT crea incertidumbre laboral a los trabajadores es que no incluye el número de plaza del trabajador y contempla un periodo de funciones sólo a febrero de 2008, según el calendario anexo del documento.
El abogado Carlos Abel Jiménez, especializado en la defensa laboral de trabajadores de Pemex, explica que la modalidad del contrato está diseñada para que cuando el trabajador sea despedido, el jurídico de la paraestatal argumente la no reinstalación porque la LFT establece que el patrón puede negarse a someterse a un juicio o arbitraje en caso de que el trabajador sea de confianza, eventual o con antigüedad menor a un año.
“Con este nuevo contrato la empresa acredita que como es un trabajador de confianza al momento de su despido se le perdió la confianza y, por tanto, ya no se le puede contratar; es una tendencia que manejan las empresas privadas y que se está generalizando en el sector público.
“Desde hace mucho tiempo se ha planteado privatizar Pemex, y uno de los aspectos más costosos es precisamente el personal; por eso, la intención de los directivos es reducir el pasivo laboral por medio del CIT, un arma jurídica para que, una vez despedidos, ya no regresen”.
Rodrigo Olvera Briceño, jurídico del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE) dice que con el CIT los directivos de Pemex “están prefabricando fraudulentamente una prueba para los juicios que tengan que enfrentar”. Explica que si bien Pemex no despedirá de inmediato a los 32 mil trabajadores que lo firmen “afectará a la mayoría, porque es un hecho que Reyes Heroles recortará las plazas por el llamado modelo SUMA, y que este formato de contrato es una estrategia que están utilizando los abogados laboristas corporativos para asegurarse de que el personal que despidan no pueda demandar”.
Para comenzar la firma del CIT, los directivos de Pemex debieron someterlo a consideración de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en virtud de que implica modificaciones a la LFT. Contralínea solicitó a esa dependencia información sobre sus observaciones al CIT, la respuesta fue que desconocen el citado documento.
También se solicitó a la Gerencia de Comunicación de Pemex los acuerdos u observaciones que podría haber emitido la STPS, así como entrevista con el titular de la DCA y de la OAG, para que expliquen el objetivo del CIT, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

La resistencia
La reestructuración laboral de Pemex se llevará a cabo en dos etapas: la primera es la firma del CIT, prevista entre el 15 y el 30 de noviembre, en que firmaría el personal adscrito a las direcciones corporativas de Finanzas y de Administración. Entre el 15 y 23 de noviembre, la Dirección Corporativa de Operación. Del 20 de noviembre al 14 de diciembre, las subsidiarias Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación. Entre el 15 y el 30 de noviembre Pemex Gas y Petroquímica Básica y de Pemex Petroquímica.
La segunda etapa se refiere a la “adecuación de estructuras administrativas”, en la cual se “racionalizarán los recursos humanos, materiales y financieros” y se eliminarán funciones duplicadas u homologadas, no especificadas o fuera de estructura.
Sin embargo, la resistencia de los trabajadores al nuevo contrato ha frenado que se cumpla con las fechas que programó Villarreal Dávila. El rechazo al CIT ha llegado a tal nivel que incluso el personal del jurídico de Pemex tampoco ha firmado.
Hace unas semanas, organizaciones de trabajadores de Pemex adheridas al CNEE establecieron un plan de resistencia a la reestructuración laboral que incluye la no firma del CIT, asesoría legal a los trabajadores, movilizaciones en las regiones petroleras y la presentación de denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“¡No firmes!” es el llamado de alerta en las oficinas centrales y en todos los complejos y regiones petroleras del país. En algunas zonas, como Cactus, Chiapas, la consigna de no firmar es ya una decisión unilateral, lo mismo que en oficinas corporativas y plataformas de la Sonda de Campeche, que concentra a los trabajadores de Exploración y Producción. En Coatzacoalcos, que aglutina a personal de tres subsidiarias, los trabajadores se reúnen dos veces por semana para recibir asesoría legal por su negativa a no firmar. De forma paralela, los petroleros comienzan a remitir carta negativa al CIT ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El pasado 8 de noviembre, la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera remitió una carta al titular de Pemex, en la que denuncia que el CIT “no está elaborado conforme a la Ley Federal del Trabajo, por lo que afecta nuestros derechos, y además, no se da la buena fe ni la equidad que obliga a todo contrato laboral”.
Moisés Flores Salmerón, su presidente, asegura que el contrato es el preámbulo a la entrada de empresas privadas en trabajos de superintendencia, mantenimiento, ingeniería, geología y áreas técnicas que realiza el personal no sindicalizado de Pemex.
Alfredo Hernández Peñaloza, vicepresidente de la Unión, explica que la reestructuración de Pemex está encaminada en dos vertientes: eliminar áreas y funciones, para después justificar que la petrolera no tiene el personal para actividades como exploración, explotación, supervisión y mantenimiento, para después concesionarlas.
“La preocupación es que, junto con la firma del CIT, de manera paralela se está incrementando la contratación de empresas privadas para sustituir la mano de obra, como el área de ductos, que en noviembre pasado se concesionó a un consorcio de ingenieros texanos. Lo más grave es que este proceso ocurre en un momento en que han quedado al descubierto las irregularidades de las firmas contratistas y se ha comprobado que los trabajos que Pemex paga a terceros resultan más caros y muchas veces no se ejecutan.”
Al respecto, Mario Galicia Yépez, del CNEE, asegura que la medida de Reyes Heroles “es el tiro de gracia” al desmantelamiento de la ingeniería de Pemex, que en 2004 iniciaron Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, “para justificar que en México no hay personal calificado y contratarlo por fuera, aunque ya está comprobado que el contratismo en Pemex provoca no sólo daños patrimoniales, sino tragedias humanas”. Sin embargo, dice, “la administración y el gobierno actual prefieren pagar las consecuencias en aras de que se reduzca la estructura laboral de esta industria”.
Rodrigo Olvera Briceño, extitular jurídico del Centro de Reflexión Laboral, alerta que funcionarios de recursos humanos han comenzado a intimidar a los trabajadores con denunciarlos ante los órganos internos de control, para que les abra expedientes administrativos. Dice que el mensaje es: “Si no firmas, te voy a acusar de desobediencia a una orden y te voy a correr”. Agrega: y “si firman, también van a despedirlos”.
Crónica de un naufragio

Los 130 trabajadores de la empresa Apoyo Logístico Marino, que viajaban en la embarcación Seba’an cuando ésta naufragó, demandarán penalmente a las empresas Oceanografía y Petróleos Mexicanos por homicidio culposo, intento de homicidio y negligencia
Ana Lilia Pérez

Una vez que está seguro de que sus 145 compañeros flotan en el mar, Carlos, el último pasajero que salta de la lancha Seba’an, desciende de la proa y se ubica sobre el agua en una apurada zambullida minutos antes de que el fuego abrase el barco. Los trabajadores petroleros permanecen mudos ante la sorpresa de lo que acaba de ocurrir e inciertos de lo que venga.
Las llamas iluminan sus rostros, desdibujados por el humo que emerge de la embarcación. El jueves 11 de octubre, sumergidos en aguas profundas de la Sonda de Campeche, unos trabajadores piensan en la esposa o los hijos que recién dejaron, a otros los asalta el temor de ser descubiertos por algún tiburón. El ambiente se vuelve más tenso cuando alguien descubre que un cuerpo inerte ya flota en el agua.
“¡Aquí hay un muerto!”
Hasta el día siguiente descubrirían que el difunto era Gualberto Márquez, el soldador de 26 años de edad que tenía la mejor marca en trabajos de su categoría, y quien en Paraíso, Tabasco, su tierra natal, dejó a cinco mujeres que dependían económicamente de él: madre, esposa, hija, hermana y sobrina; se había hecho cargo de estas dos últimas desde que su cuñado, otro obrero de la compañía, murió en plataformas, explican los sobrevivientes.
Ocho horas antes del naufragio, Gualberto, junto con sus 145 compañeros, trabajadores de la empresa Apoyo Logístico Marino, SA de CV (subsidiaria de Cotemar), se concentra en el hotel del mismo nombre que dicha compañía tiene en Ciudad del Carmen, para su personal asignado a trabajos off shore (costa afuera).
Entre la una y las cuatro de la tarde, se trasladan al muelle de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que personal de la paraestatal revise, como es rutina, el equipaje que subirán a plataformas. A las cinco suben a la lancha. La mayoría se molesta, al descubrir que, una vez más, viajarán en la destartalada embarcación que seis meses atrás los dejó varados en alta mar durante 12 horas.
La Seba’an era una de las 32 embarcaciones que Oceanografía renta a Pemex Exploración y Producción (PEP) en la Sonda de Campeche. Sus deficientes condiciones eran del conocimiento de los funcionarios de la paraestatal, pues, en más de una ocasión, los trabajadores se quejaron de que el ruido de los motores no era el normal e, incluso, la dirección de Control Marino, área a cargo del funcionario Javier Vizcarra, tenía diversos reportes de que la lancha, en varias ocasiones, se había quedado varada.
En el que sería el último viaje del barco, el itinerario es llevar a los trabajadores hacia el cambio de turno en plataformas. Viajan ocho tripulantes: personal de Oceanografía y, como pasajeros: 146 obreros de Cotemar, 20 de Mantenimiento Marítimo de México (MMM) y dos de SMT. Las fallas comienzan apenas cinco minutos después de que inicia el trayecto: se produce un apagón general, luego se encienden otra vez los motores y la lancha continúa su camino.
Para tranquilizar los ánimos, la tripulación (personal de Oceanografía) enciende los monitores para proyectar una película, pero nunca se dan las instrucciones de seguridad obligatorias de cada viaje: no se habla de la ubicación de las salidas de emergencia ni del lugar donde deben estar las balsas salvavidas, tampoco se señala el lugar en que deben encontrarse los extintores ni las alarmas.
Lo que más inquieta a los pasajeros es el ruido desigual de los motores, ensordecedor a cada instante. Una hora después ocurre el segundo paro de la embarcación; se apagan los motores, la tripulación sale de sus cabinas. No se ofrece ninguna explicación a los pasajeros.
Expuestos al vaivén de 120 minutos sobre el agua, la mayoría de los pasajeros intenta dormir, tratando de evitar el goteo incesante del agua de lluvia que se cuela por el fracturado techo.
A las siete de la noche una fuerte vibración sacude el barco y se produce un apagón total. La embarcación queda varada a 190 millas al norte del puerto. No hay luces de emergencia. A tientas, Juan Chablé, uno de los pasajeros, se levanta rumbo al baño, incapaz de lidiar ya con la náusea que lo invade desde hace media hora. A tientas camina hacia la escotilla. Al pasar junto al cuarto de máquinas alcanza a ver las llamas que crecen en la habitación.
—¡Fuego! –grita sorprendido.
A su voz se une la de otros tripulantes.
—¡Tranquilos, no pasa nada! –dice uno de los oficiales.
Sin embargo –relatan los sobrevivientes–, ya el fuego arrasaba con los motores. Ni en el cuarto de máquinas, ni en la embarcación entera se acciona alarma alguna. El personal de Oceanografía tampoco lanza la alerta.
Juan regresa a la zona de pasajeros, pero no aparece la tripulación. Al percatarse de que nadie dirige el rescate, Carlos y Daniel, trabajadores de Cotemar y expertos en seguridad industrial, toman el control, gritan a sus compañeros que se pongan los chalecos salvavidas. Los pasajeros tentalean en la oscuridad, los chalecos están amarrados con seguros, así que la medida les lleva más de la cuenta, luego se atropellan buscando sus maletas.
El fuego se desplaza hacia el área de la tripulación, Carlos y Daniel urgen a abandonar el equipaje y buscar las salidas de emergencia. Algunos descubren la puerta central que comunica con la zona de proa. Intentan abrirla, pero dos marineros de Oceanografía les impiden el paso:
—¿Porqué salen si nadie les ha dado la orden? –recriminan y cierran la puerta.
Otros pasajeros salen por la popa, donde se topan con un generador en llamas (lugar inusual para un generador). A un lado, un marinero de Oceanografía mira impávido el fuego y escucha atónito la exigencia de los pasajeros que le piden un extintor. Apenas atina a extender la mano y musitar: “Por allí”.
El pánico aumenta, los pasajeros exigen los extintores, ninguno de la tripulación sabe donde encontrarlos.
—Yo no sé. Es mi primer viaje. Acabo de subir –argumenta un marinero que deambula por la proa. Otro, encuentra un extintor; pero al querer accionarlo, el seguro está violado. No funciona.
Carlos y Daniel logran abrir la puerta de emergencia de estribor y babor. Auxiliados por la débil luz de una lámpara de mano, comienzan a sacar a la gente hacia la proa. Minutos después se funde la escotilla del cuarto de máquinas y sube una espesa oleada de humo que inunda por completo la zona de pasajeros. La visibilidad se vuelve completamente nula, ya nadie distingue los cuerpos, sólo las sombras que se extiendan las manos para ayudarse a subir.
Luego, el fuego alcanza el falso techo de plafón, los asientos de hule espuma, las maletas. Incluso el área de pasajeros. En menos de 20 minutos se propaga por toda la zona: consume las 160 bancas que durante varios años transportaron al personal de plataformas. En esta zona tampoco se encendió una sola alarma. Para esos momentos, ya todos los pasajeros yacen en la zona de cubierta de la embarcación.
Ahí, Carlos pregunta a la tripulación por las bengalas para dar la alarma. Nadie sabe. Busca en la cabina del capitán. No hay nada.
Otros dos pasajeros conectan una manguera contraincendios y, al abrir la válvula, descubren que no hay agua corriente.
—¡Aquí están las bengalas! –señala un pasajero.
Lanzan al aire cuatro disparos.
Carlos y Daniel preguntan al capitán si tiene algún plan para evacuar. El alto mando de la embarcación niega moviendo la cabeza.
—Entonces vamos a saltar –dice Carlos, y el capitán asiente.
Sus compañeros, aterrados, se niegan a aventarse al agua embravecida.
—Aquí no tenemos más que de dos aguas: o nos morimos quemados o nos echamos al agua –grita alguien más. En ese momento sobreviene una explosión interna en la embarcación, que derrumba el puente de mando del capitán, hundiéndolo en unos segundos. Ante el estruendo, los primeros pasajeros se avientan al mar.
Alguien descubre las balsas. La primera es arrastrada de babor a estribor, lanzada al agua por pasajeros; casi al mismo tiempo, otro trabajador de Oceanografía les recrimina que “nadie les dio permiso para abrir las balsas”. Pero nadie lo escucha.
Un par de explosiones consecutivas derrumban el puente de mando y la cabina del capitán comienza a hundirse.
Dos pasajeros lanzan la primera balsa al agua pero, en vez de abrirse, se revienta. Otros toman la balsa de estribor. Tampoco abre. Encuentran una tercera balsa, pero ésta se quema dentro del barco. Una cuarta balsa abre en el agua y es abordada por dos pasajeros de Cotemar y dos de Oceanografía. Los segundos de optimismo se opacan cuando una espesa nube de humo satura la cubierta y la zona de babor.
La Seba’an comienza a girar sin control, cuando el puente de mando entero es consumido por las llamas. Los pasajeros que se afanan en abrir otra balsa se ven sofocados por el humo; luego las primeras llamaradas asoman por estribor. El humo alcanza las balsas que minutos antes fueron lanzadas y que nunca abrieron.
En ese momento el fuego consume el cuarto de máquinas, la zona de pasajeros, y una parte de la cubierta.
—¡Salten y formen grupos, no se separen en el agua! –grita Carlos a sus compañeros–. ¡No se separen, no se vayan a perder!
Otra explosión. Los pasajeros que aún están en cubierta desesperan.
—¡Ya no salten, ya viene la ayuda! –por primera vez se escucha al capitán de la embarcación, pero nadie atiende su llamada.
Carlos es el último pasajero en saltar, dejando atrás sólo a personal de Oceanografía: el capitán y un marinero. En el mar, encuentra a Daniel; a tientas encuentran una de las balsas que no se infló; los dos forcejean con los flejes para abrirla. La maniobra es suspendida cuando escuchan una voz de auxilio. Es de uno de sus compañeros que no sabe nadar.
A las 10 de la noche todos los pasajeros de la Seba’an yacen sobre el agua. Ni una sola embarcación ha llegado en su ayuda.
—¡Aquí hay un muerto! –grita alguien y el pánico se agudiza.
Minutos después, la lancha Fernanda llega a remolcar a la Seba’an; navega con ella en llamas, hasta que, a unos cinco kilómetros antes de llegar a puerto, la hunde.
En el mar, durante más de dos horas esperan el rescate. La primera embarcación que llega por ellos es la Bornie-Mc Call. Abordo hay tiempo para confesiones: la tripulación de este barco les dice que el capitán del Seba’an dio la señal de alerta y pidió auxilio por una frecuencia equivocada, por lo que consideraron que se trataba de una broma, hasta que escucharon las bengalas.
Cuando los sobrevivientes arriban al muelle del Puerto Industrial Laguna Azul, hacia las 11 de la noche, ya los esperaban elementos de la Armada de México, de la Administración Portuaria Integral, del Ministerio Público, Cruz Roja y Protección Civil municipal, y el personal de las áreas de Seguridad Física, Seguridad Especial, Logística, Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Petróleos Mexicanos.
Dos días después del accidente, el 13 de octubre, algunos de los sobrevivientes encuentran a un tripulante de Oceanografía. En alusión a lo ocurrido hacía dos noches, el trabajador les confía que los directivos de la naviera les ofrecieron dinero a cambio de callar lo que ocurrió en la Seba’an.

La demanda
Trabajadores de la empresa Apoyo Logístico Marino, SA de CV, subsidiaria de la empresa Cotemar, contratista de Petróleos Mexicanos, demandarán por la vía penal a la empresa Oceanografía –propiedad de Amado Yáñez Correa y sus hijos Amado y Carlos Daniel Yáñez Osuna– y a Pemex, por tentativa de homicidio en contra de 135 personas y por violaciones a las normas de seguridad en la lancha Seba’an, que provocaron el incendio de la embarcación el pasado 11 de octubre, accidente en el que murió el trabajador Gualberto Márquez.
A las denuncias contra la empresa –para la que operaron como gestores los familiares del expresidente Vicente Fox– se suman las que presentarán los sobrevivientes del hundimiento de la lancha Seba’an, en donde podrían estar implicados los funcionarios de PEP y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que autorizaron la salida de la embarcación, sin que ésta cumpliera con las normas de seguridad.
El pasado 14 de octubre, en entrevista con Contralínea, el capitán de Puerto de Ciudad del Carmen, Víctor Manuel García Enríquez, aseguró que aquel 11 de octubre, él mismo autorizó a Oceanografía la salida de puerto de la lancha Seba’an, pues “estaba en condiciones óptimas de seguridad”.
Sin embargo, los trabajadores señalan que la lancha estaba en condiciones tan deficientes, que “de ninguna manera podría cumplir con el chek list, pues, ni siquiera funcionaba la alarma contra incendios”.
En su demanda, los sobrevivientes del naufragio señalan que la Seba’an era prácticamente un barco chatarra, que no estaba en condiciones de navegar y que, por tanto, Oceanografía y Pemex son cómplices de haber puesto en riesgo la vida de los pasajeros y la tripulación.

Negligencia de Pemex
A unos días de que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los pasajeros de Seba’an sostienen que en el accidente hubo negligencia de la naviera y del personal de Pemex, pues desde la torre de control marino debieron percatarse del accidente desde el mismo momento en que éste ocurrió y el rescate demoró hasta pasadas las 10 de la noche, cuando el trabajador Gualberto Márquez ya había muerto.
En la relatoría de hechos, a la que tuvo acceso Contralínea, enumeran los actos que harían a la naviera responsable del accidente. Todos se refieren a las normas de seguridad que debe tener una embarcación:
Al abordar, no se recibieron instrucciones de dónde se ubicaban los chalecos salvavidas, las salidas de emergencia, las balsas salvavidas, extintores, ni alarmas; los cinco extinguidores no pudieron ser usados; no había agua corriente en las mangueras contraincendio; la tripulación no coordinó el desalojo del área de pasajeros ni el abandono de la embarcación.
Además, los chalecos salvavidas con sistema de sujeción de amarre se encontraban guardados con amarres en las mismas cintas, lo que dificultó su apertura para la colocación en el usuario. Las balsas salvavidas no abrieron; el capitán nunca coordinó el abandono del barco; el personal de Oceanografía desconocía dónde se encontraba el equipo de seguridad.
Al respecto, el abogado Isaías Lara, representante de los trabajadores dice que el naufragio se derivó de la omisión e inseguridad de Oceanografía, porque “no cumplía con las normas mexicanas y existen violaciones a la Ley de Navegación”.
No era la primera vez que estos trabajadores viajaban en la Seba’an. Dicen que cada que lo hacían, era “como un volado”, porque las fallas que presentaba eran frecuentes.
“La obligación de Oceanografía era transportarnos a salvo; pero, como Gualberto, todos pudimos morir esa noche”, dice Carlos, vocero de los sobrevivientes. Sin embargo, “la tripulación de Oceanografía trataba de detenernos; por eso tomamos el control en nuestras manos, porque somos especialistas en seguridad industrial. Nos decían que no había instrucción de salir y allí pudimos morir todos”.
Los trabajadores aseguran que los funcionarios de Pemex sabían de las malas condiciones en las que se encontraba la embarcación, puesto que desde la torre de Control Marino, área a cargo del funcionario Javier Vizcarra, tenían los reportes de que la embarcación se quedaba varada.
Tras el accidente, los trabajadores fueron trasladados hasta un hotel de Ciudad del Carmen, sin que nadie revisara su estado clínico.
La versión de los pasajeros respecto a la evacuación de la lancha contrasta con la información oficial de Pemex, que, en un comunicado, manifestó que durante el incendio, “como medida precautoria se procedió a la evacuación de los pasajeros a través de balsas salvavidas y se alertó a las embarcaciones cercanas al lugar del incidente, para que apoyaran en el rescate de los trabajadores”.

Apoyo internacional
Durante la visita que diputados y senadores realizaron a los barcos de Oceanografía, Hermilo Escobedo, representante de la naviera, aseguró a Contralínea que el accidente del Seba’an fue un caso fortuito
Sin embargo, “los testimonios de los sobrevivientes evidencian la negligencia de la empresa”, asegura Enrique Lozano Díaz, inspector en México de la Federación Internacional del los Trabajadores del Transporte.
Lozano Díaz señala que la organización que representa apoyará a los trabajadores en su demanda contra la naviera.
“Ésta es otra más de Oceanografía. Ya teníamos registro de que la máquina de este barco tenía fallas frecuentes; pero no se hizo caso. Ahora el asunto es más grave porque murió una persona y más de 100 estuvieron en riesgo de morir. El factor que los ayudó es que entre los pasajeros iban expertos en seguridad industrial, y si ellos no hubieran dirigido la evacuación del barco, tal vez hubiese habido más muertos que los que se registraron en la plataforma Usumacinta”.
El inspector agrega que, con el caso de la lancha Seba’an, “queda claro que el personal de Oceanografía no está capacitado para manejar los barcos que está rentando a Pemex. No sabemos si el personal que manejan en sus otras embarcaciones esté capacitado para afrontar una situación de emergencia”.
Más indagatorias
La Procuraduría General de Justicia de Campeche mantiene abierta la averiguación previa 4457/2007, que investiga la muerte de Gualberto Márquez Jiménez, quien, según la necropcia, murió ahogado.
Hace unas semanas la Alianza de Marinos Mercantes y Transportistas Campesinos de México, de la Confederación Nacional Campesina, y el Frente Unido de Marinos Mercantes enviaron una carta al presidente Felipe Calderón en la que urgen a que Pemex y las secretarías de Comunicaciones y Transportes y del Trabajo y Previsión Social atiendan las condiciones de inseguridad en las que laboran los 13 mil trabajadores de la Sonda de Campeche, 20 por ciento de ellos, empleados de Oceanografía, quienes no cuentan con el quipo de seguridad requerido en las zonas petroleras.
“Existe una manipulación irresponsable respecto a la seguridad marítima y laboral en perjuicio de 13 mil trabajadores de mar”, argumentan las organizaciones en su misiva al titular del Ejecutivo. Agregan que “continuarán los siniestros si seguimos englobados en el burocratismo y si no hay voluntad para resolver la problemática”.

miércoles, noviembre 28


En dos mil caracteresDiferencias entre las movilizaciones de Sucre y las de otras épocas
Pascual Serrano
Rebelión
Probablemente los choques violentos en la ciudad boliviana de Sucre, los muertos y las imágenes de policías les puedan retrotraer a muchas personas a periodos anteriores de represión y dictaduras en América Latina. Es importante percibir algunas diferencias.
Los opositores a Evo Morales se han escandalizado por el hecho de que los diputados de la Asamblea Constituyente estuviesen reunidos en un cuartel. El ex presidente derechista Jorge Quiroga habló de "una Constitución acuartelada”. Hasta hace poco, los militares latinoamericanos, y en especial los bolivianos, lo que hacían era disolver a los parlamentarios y tomar los parlamentos para instaurar regímenes militares. Sin embargo, lo que había en Sucre eran instalaciones militares “tomadas” por parlamentarios elegidos por los ciudadanos, y militares que les protegían de quienes querían disolverlos. Es un detalle a destacar.
En los anteriores tiempos los muertos eran manifestantes que caían bajo balas de policías y militares. Ahora hay un policía linchado, Jimmy Quispe, cuyo cuerpo sigue sin aparecer y de los tres civiles muertos, se va sabiendo que, por ejemplo, el abogado de 29 años, Gonzalo Durán, murió por un proyectil calibre 22 ó 25 que no es el arma que utilizan los policías ni los militares bolivianos. Las otras dos muertes se siguen investigando, pero se sabe que José Luis Cardozo, de 19 años, falleció por las lesiones que le ocasionó también una bala en la cabeza y Juan Carlos Cerrudo recibió un fuerte golpe de un proyectil en el tórax que le provocó la muerte por hemorragia interna. La policía boliviana tenía prohibido el uso de armas de fuego, muchos de ellos ni las portaban, y sólo utilizó agentes químicos y en algunos casos balines se goma. Es otra diferencia con respecto a los muertos de las movilizaciones contra las dictaduras.
También durante los regímenes militares, los presidentes aparecían en televisión justificando su represión y muerte. En cambio, Evo Morales lanzó un mensaje a la nación durante los disturbios que fue silenciado por todos los medios, y en especial las televisiones. En España sólo pude ver a Evo Morales a través de la Cubavisión mediante antena parabólica.
Se trata de diferencias importantes que nos deben hacer pensar que quienes hubiéramos estado luchando por la democracia contra los regímenes militares de América Latina no somos los que estos días nos habríamos sumado a las manifestaciones que pretendían boicotear la Asamblea parlamentaria de Sucre. En cambio, las televisiones parece que se mantienen en el mismo bando.
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El asesinato en Venezuela de un partidario de ChávezCómo sucedió y cómo lo cuenta El Mundo
Pascual Serrano
Rebelión
Hecho noticioso: unos manifestantes contra la reforma constitucional propuesta por el presidente venezolano Hugo Chávez protestaban desde primeras horas del día 26 de noviembre provocando disturbios y cortando el tráfico de acceso a su urbanización, en el municipio Guacara, en el estado venezolano de Carabobo. En ese momento se encuentran con unos trabajadores de la empresa estatal Petrocasa, que intentaban llegar a su lugar de trabajo; los operarios llevaban camiseras rojas, alusivas al nombre de la empresa y a la identificación del proyecto cooperativo de construcción de 400 casas. En Venezuela, llevar una camiseta roja es un signo claro de simpatizar con el chavismo.
Los manifestantes opositores, al descubrir a ese grupo ideológicamente opuesto, les disparan con armas de fuego y matan al trabajador José Oliveros Yepez, de 19 años, que fue alcanzado en el antebrazo y en la espalda.
Ahora veamos cómo lo informa el diario El Mundo en una noticia firmada por Efe y Reuters. El diario El País ni lo contó.
Con el título no logramos saber quién ha disparado ni de qué bando es el fallecido, dato importante sin duda: “Un venezolano muere de un disparo durante unas protestas contra Hugo Chávez”. Incluso la lectura del titular sugiere que el muerto es antichavista puesto que muere en una protesta contra Chávez.Primer párrafo: “Un hombre murió asesinado a consecuencia de un disparo durante las protestas contra el presidente venezolano Hugo Chávez, que pretende reformar la Constitución para poder ejercer un mandato ilimitado en el país, en un referéndum que se celebrará el próximo domingo”. Seguimos sin saber si el asesinado es opositor o defensor de la reforma ni quién le ha disparado, eso sí, nos recuerdan por enésima vez que Chávez se enfrenta a protesta por querer reformar la constitución para “ejercer un mandato ilimitado”, lo cual no es del todo exacto, el proyecto consta de 69 reformas del articulado y lo que llaman “mandato ilimitado” es la reforma del artículo 230 que queda textualmente así: “Artículo 230. El período presidencial es de siete años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida”.
Segundo párrafo: “José Oliveros Yepez, de 19 años, fue disparado en el antebrazo y en la espalda mientras intentaba conducir su camión en las inmediaciones de un lugar bloqueado por los manifestantes contrarios a Chávez, en el estado de Carabobo”. Parece que la víctima no era manifestante, pero seguimos sin descubrir si murió por estar afiliado a algún bando (como así sucedió) ni quién le dispara.
Tercer párrafo: “El vicepresidente, Jorge Rodríguez, señaló que unas 80 personas han sido detenidas en "actos de violencia" en diferentes zonas de este estado y en poblaciones colindantes. Rodríguez prefirió no dar más información”. Logramos saber que la policía detiene a manifestantes que el gobierno acusa de “actos de violencia”. Nada más.
Cuarto párrafo: “El suceso ocurrió esta mañana en el barrio Ciudad Alianza, en Guacara, cuando trabajadores de la empresa estatal Petrocasa intentaban llegar a su lugar de trabajo y chocaron con grupos opositores que obstruían el paso en la zona para rechazar la reforma, según datos de la prensa local”. Qué bien, ya sabemos en España el barrio, la ciudad y el Estado de Venezuela donde sucede. También que la víctima trabajaba para una empresa estatal y que “chocó con grupos opositores”. Lo que faltó decir es que chocó concretamente con las balas disparadas por el grupo opositor.
El resto de la noticia son declaraciones del vicepresidente Jorge Rodríguez y de Hugo Chávez, no hay más información sobre el suceso. Los lectores se quedarán sin saber con seguridad la filiación de la víctima y la autoría de los disparos.
Vale la pena recordar también otro caso. El 3 de noviembre, El País titulaba "Al menos dos estudiantes mueren durante una protesta entre chavistas y antichavistas en Venezuela". En aquella ocasión los grupos partidarios del gobierno ni fueron responsables de las muertes ni se encontraban en el conflicto. Los dos fallecidos eran opositores al gobierno [1] y murieron en un enfrentamiento entre miembros del partido Un Nuevo Tiempo (del gobernador del Zulia, Manuel Rosales) y Copei (partido socialcristiano que gobernó en dos oportunidades y que se ha rebautizado como "Partido Popular" por sus relaciones con el PP español).
Como se puede comprobar, tanto si los muertos son partidarios de Chávez, como si quienes disparan son opositores, los medios terminan colgándole el “sanbenito” al gobierno venezolano.
www.pascualserrano.net
[1] El tiroteo del día 2 que provocó dos estudiantes muertos fue entre dos grupos antichavistas. El diario El País miente otra vez. Chelo Ramos (04-11-2007)Texto relacionado:-Joven de 19 años asesinado por antichavistas no existe para El País


Cuatro mil millones de deuda quiere Granier



Con el argumento de la “reconstrucción “ , Granier pretende endeudar a Tabasco los próximos treinta años
Es incongruente, porque el gobierno federal informó que ya están disponibles los siete mil millones de pesos anunciados y que no representan carga para el erario
Rechaza PRD pretensión de Granier de endeudar a los tabasqueños
Sin justificación que Granier quiera endeudarnos 30 años: De la Vega
Una deuda por cuatro mil millones de pesos es la que pretende contraer Andrés Granier para pagar aguinaldos y cubrir su enorme déficit presupuestal, pero echándole la culpa a la inundación de las aguas de la presa “Peñitas”. En la imagen un extracto del documento en poder de La Verdad del Sureste
J. MARTIN PRETELIN
Con el argumento de que se requiere “financiar” de inmediato la “reconstrucción” de Tabasco, el gobernador Andrés Granier Melo pretende endeudar al estado en los próximos 30 años al solicitar al Congreso le autorice contratar con la banca comercial o de desarrollo un préstamo por cuatro mil millones de pesos.
Esta solicitud, que ayer fue leída en el pleno, se da al mismo tiempo que el gobierno federal anunció que ya están disponibles los siete mil millones de pesos que se destinarán a la reconstrucción del estado y que no representarán una carga al erario.
Adicional a esos millonarios recursos, ayer se informó que el Congreso federal autorizó que de los excedentes petroleros que se obtendrán en el 2008 el diez por ciento se destinará a esa tarea, por lo que llegarían unos 12 millones de pesos más.
La petición se hizo a tres días de que el Ejecutivo estatal envíe al Congreso su proyecto de Presupuesto General de Egresos que contempla para el próximo año un ejercicio fiscal de 24 mil 500 millones de pesos.
Granier envió la iniciativa con proyecto de decreto ante la nula posibilidad de que pase en el pleno la reforma constitucional que el PRI pretendió imponer y en la cual se le otorgaba la facultad de contratar empréstitos sin la autorización de la Cámara de Diputados.
Se le dio entrada ayer mismo y antes de que concluyera la sesión ya se les había circulado el dictamen a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside el diputado del PRI, Fernando Calzada Falcón, y convocado hoy a sesionar para “discutir” y aprobar el documento.
Esto quiere decir que al mismo tiempo que atendía la sesión el diputado Calzada se metió de lleno en la elaboración del dictamen.
En sus considerandos, Granier Melo señaló que su gobierno deberá “reconstruir los daños ocasionados” por las inundaciones “con el fin de restablecer el orden público, detonar el desarrollo económico y dar seguridad social” a los tabasqueños.
Y para ello solicitó al Congreso la oportunidad de “aprovechar la capacidad de endeudamiento como alternativa para crear obras de infraestructura y resarcir el macro daño causado al estado”.
Destacó que se deben aprovechar “las excelentes condiciones financieras y legales con respecto a la deuda pública estatal” que ofrecen actualmente la economía y los mercados financieros nacionales.
“Hoy en día algunos estados han aprovechado esta ventana de oportunidad y han obtenido financiamiento a largo y corto plazos, utilizando estos recursos para obras o acciones en beneficio de los ciudadanos”, justificó.
El financiamiento se contrataría con la banca comercial o de desarrollo “dependiendo de cual ofrezca las condiciones más atractivas para la hacienda estatal”.
Dicho contrato sería por un plazo de 30 años, es decir, que tendrán que pagar las próximas cinco administraciones estatales.
“Considerando que la obra de infraestructura a la cual se destinará el financiamiento contempla una vida útil de muy largo plazo, y por el otro, dicha condición coincide con las condiciones que actualmente ofrece el mercado tanto bancario como bursátil”.
Parte de ese financiamiento se destinará, según Granier, a financiar coberturas de tasas de interés, gastos y comisiones, de tal suerte que cualquier variación en las tasas de interés no “afectaría” a la hacienda estatal.
El miércoles pasado, el PRI impuso su mayoría en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales una reforma a la Constitución para dar vía libre al gobierno a que contratara empréstitos sin pedirle permiso al Congreso.
El dictamen no pudo ser bajado en la sesión del jueves pasado, debido a que el PRI no tenía ni tiene los votos suficientes para aprobarla en el pleno, 24 se requieren.
Por ello, consideró el PRD, el mandatario optó por enviar una iniciativa de decreto para que a través de su mayoría simple logre su aprobación y así poder solicitar cuatro mil millones de pesos a la banca comercial.
Esta apresurada solicitud parecen confirmar los rumores que surgieron antes de la contingencia, según los cuales el gobierno había solicitado un préstamo millonario a la banca comercial, renovable cada diez días con altísimos intereses.
Según esta versión, se hizo de ese modo para no enterar al Congreso de dicho empréstito y para que no se supiera el enorme déficit que viene arrastrando el gobierno de Granier desde septiembre.
Es caso un hecho que este día, en la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, programada para las cinco de la tarde, se apruebe el dictamen con los votos del PRI y el jueves baje al pleno para su aprobación.

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