sábado, enero 13
“La Juventud y la nueva etapa de organización y lucha por la integracion latinoamericana y caribeña"
TALLER JUVENIL INTERNACIONAL
XIII Encuento del Foro de Sao Paulo, San Salvador, 7 y 8 de enero de 2007
“La Juventud y la nueva etapa de organización y
lucha por la integración latinoamericana y caribeña”
DECLARACIÓN FINAL
Los delegados y las delegadas de organizaciones sociales y políticas de América Latina y el caribe, reunidos para hacer oír la voz de los sin voz, expresar las ideas, aspiraciones y sueños de los excluidos de la Patria Grande, la patria de Bolívar, de Martí, de Allende, de Schafik, Monseñor Romero, Otto Rene Castillo, Roque Dalton, Ernesto Che Guevara, Augusto César Sandino, Francisco Morazán, Camilo Torres y miles de hombres y mujeres que empuñaron su fusil, sus ideas, su coraje contra el opresor, quienes hoy nos inspiran, decimos que:
Estamos ante el inminente agotamiento y fracaso del modelo neoliberal, modelo que favorece a unos pocos, que deteriora las condiciones laborales, profundiza la migración, el deterioro del medio ambiente, la privatización de la seguridad social y la educación, e implementa normas que protegen los derechos de las grandes corporaciones afectando directamente a los jóvenes que son la mayoría de nuestros pueblos.
El neoliberalismo profundiza, además, la brecha entre ricos y pobres y consolida cada vez más el control económico y político del imperio Norteamericano; elimina la soberanía nacional y convierte a nuestros países en grandes mercados comerciales, sometiendo a nuestros pueblos a ser simples mercancías de intercambio, destruyendo los tejidos productivos y fomentando el individualismo como factor de triunfo.
CONSIDERAMOS:
· Que la problemática social, económica y política en nuestra región se ha agudizado en los últimos diez años a causa de las políticas implementadas por los gobiernos al servicio del imperio y trayendo como consecuencia la agudización de la pobreza, el desempleo, la violencia, la degradación ambiental, que afectan mucho más a las nuevas generaciones, poniendo en peligro el futuro de los jóvenes.
· Que bajo la fachada de la seguridad hemisférica llamada “lucha contra el terrorismo” impulsada hoy por el centro de poder imperial y sus agencias de inteligencia, aceptadas con beneplácito por los gobiernos nacionales de derecha e implementados sin conmiseraciones, nos enfrentamos a un nuevo peligro las y los luchadores sociales, los pensadores críticos al sistema, los movimientos y partidos de izquierda y en especial a los jóvenes que piensan y conciben una sociedad distinta y luchan por alcanzar el poder para transformar el sistema, por ser esta doctrina realmente una política de control y criminalización de las ideas diferentes.
· Que es necesario cambiar el rumbo de las políticas sociales, económicas y culturales en nuestra región, por ende la necesidad de que las diferentes fuerzas sociales de izquierda expresadas en las más diversas formas de lucha y resistencia, fortalezcamos hoy los procesos de unidad y alianza, para desarrollar un proceso de lucha, acumulación de fuerzas populares para ganarle el poder político a la burguesía y generar planes de desarrollo que beneficien a los excluidos y empobrecidos por las políticas neoliberales.
· Que todos los planes desarrollados por las transnacionales y sus instrumentos de dominio mundial (BM, FMI, USAID) son planes de control, dominio, explotación y robo de nuestras riquezas, condenando a la pobreza eterna a las nuevas y futuras generaciones, incluso amenazando la existencia misma de la humanidad.
DECLARAMOS
· Nuestro rechazo al modelo Neoliberal imperialista como modelo de desarrollo económico y social y nos sumamos a las alternativas como el ALBA para el verdadero desarrollo de nuestros pueblos y las nuevas generaciones en el marco de la justa distribución de la riqueza y el acceso universal a los medios necesarios para vivir como seres humanos dignos.
· Nuestro rotundo y enérgico rechazo a los planes de seguridad hemisférica en el marco de la lucha contra el terrorismo, denunciando que atentan contra los Acuerdos de Paz en nuestra región, alcanzados con el derramamiento de la sangre de nuestros mejores hijos; lapidando los más elementales derechos y la dignidad de los pueblos que resisten y luchan por cambiar las condiciones de pobreza y exclusión en la que vivimos. Dichos planes de seguridad hemisférica, además, promueven la estigmatización y criminalización de la juventud y sus nuevas formas de expresión política, social y cultural generando odio y violencia en las relaciones sociales de nuestros pueblos.
· Nuestro revolucionario compromiso al estudio, al análisis y comprensión de la nueva etapa de lucha que nos toca desarrollar y hacer los mayores esfuerzos por poner en practica la unidad y la combinación de todas las formas de lucha política y social, para lograr la victoria contra el imperialismo y el neoliberalismo, y construir un presente digno y un futuro socialista.
· Rechazamos enérgicamente la venta de nuestros recursos naturales, nuestra riqueza cultural a las corporaciones internacionales y el gobierno imperial yanky con sus cómplices empresarios y gobiernos nacionales, comprometiéndonos a dar las batallas necesarias en todas las trincheras posibles para derrotar y acabar con los planes de dominio hegemónico del imperio corporativo internacional.
· Somos los jóvenes herederos de los más grandes sueños, anhelos e ideas de nuestros héroes y mártires por quienes nos comprometemos a luchar hasta vencer.
¡¡Hasta la Victoria Siempre!!
San Salvador, 8 de enero del 2007
http://forosaopaulo.fmln.org.sv
XIII Encuento del Foro de Sao Paulo, San Salvador, 7 y 8 de enero de 2007
“La Juventud y la nueva etapa de organización y
lucha por la integración latinoamericana y caribeña”
DECLARACIÓN FINAL
Los delegados y las delegadas de organizaciones sociales y políticas de América Latina y el caribe, reunidos para hacer oír la voz de los sin voz, expresar las ideas, aspiraciones y sueños de los excluidos de la Patria Grande, la patria de Bolívar, de Martí, de Allende, de Schafik, Monseñor Romero, Otto Rene Castillo, Roque Dalton, Ernesto Che Guevara, Augusto César Sandino, Francisco Morazán, Camilo Torres y miles de hombres y mujeres que empuñaron su fusil, sus ideas, su coraje contra el opresor, quienes hoy nos inspiran, decimos que:
Estamos ante el inminente agotamiento y fracaso del modelo neoliberal, modelo que favorece a unos pocos, que deteriora las condiciones laborales, profundiza la migración, el deterioro del medio ambiente, la privatización de la seguridad social y la educación, e implementa normas que protegen los derechos de las grandes corporaciones afectando directamente a los jóvenes que son la mayoría de nuestros pueblos.
El neoliberalismo profundiza, además, la brecha entre ricos y pobres y consolida cada vez más el control económico y político del imperio Norteamericano; elimina la soberanía nacional y convierte a nuestros países en grandes mercados comerciales, sometiendo a nuestros pueblos a ser simples mercancías de intercambio, destruyendo los tejidos productivos y fomentando el individualismo como factor de triunfo.
CONSIDERAMOS:
· Que la problemática social, económica y política en nuestra región se ha agudizado en los últimos diez años a causa de las políticas implementadas por los gobiernos al servicio del imperio y trayendo como consecuencia la agudización de la pobreza, el desempleo, la violencia, la degradación ambiental, que afectan mucho más a las nuevas generaciones, poniendo en peligro el futuro de los jóvenes.
· Que bajo la fachada de la seguridad hemisférica llamada “lucha contra el terrorismo” impulsada hoy por el centro de poder imperial y sus agencias de inteligencia, aceptadas con beneplácito por los gobiernos nacionales de derecha e implementados sin conmiseraciones, nos enfrentamos a un nuevo peligro las y los luchadores sociales, los pensadores críticos al sistema, los movimientos y partidos de izquierda y en especial a los jóvenes que piensan y conciben una sociedad distinta y luchan por alcanzar el poder para transformar el sistema, por ser esta doctrina realmente una política de control y criminalización de las ideas diferentes.
· Que es necesario cambiar el rumbo de las políticas sociales, económicas y culturales en nuestra región, por ende la necesidad de que las diferentes fuerzas sociales de izquierda expresadas en las más diversas formas de lucha y resistencia, fortalezcamos hoy los procesos de unidad y alianza, para desarrollar un proceso de lucha, acumulación de fuerzas populares para ganarle el poder político a la burguesía y generar planes de desarrollo que beneficien a los excluidos y empobrecidos por las políticas neoliberales.
· Que todos los planes desarrollados por las transnacionales y sus instrumentos de dominio mundial (BM, FMI, USAID) son planes de control, dominio, explotación y robo de nuestras riquezas, condenando a la pobreza eterna a las nuevas y futuras generaciones, incluso amenazando la existencia misma de la humanidad.
DECLARAMOS
· Nuestro rechazo al modelo Neoliberal imperialista como modelo de desarrollo económico y social y nos sumamos a las alternativas como el ALBA para el verdadero desarrollo de nuestros pueblos y las nuevas generaciones en el marco de la justa distribución de la riqueza y el acceso universal a los medios necesarios para vivir como seres humanos dignos.
· Nuestro rotundo y enérgico rechazo a los planes de seguridad hemisférica en el marco de la lucha contra el terrorismo, denunciando que atentan contra los Acuerdos de Paz en nuestra región, alcanzados con el derramamiento de la sangre de nuestros mejores hijos; lapidando los más elementales derechos y la dignidad de los pueblos que resisten y luchan por cambiar las condiciones de pobreza y exclusión en la que vivimos. Dichos planes de seguridad hemisférica, además, promueven la estigmatización y criminalización de la juventud y sus nuevas formas de expresión política, social y cultural generando odio y violencia en las relaciones sociales de nuestros pueblos.
· Nuestro revolucionario compromiso al estudio, al análisis y comprensión de la nueva etapa de lucha que nos toca desarrollar y hacer los mayores esfuerzos por poner en practica la unidad y la combinación de todas las formas de lucha política y social, para lograr la victoria contra el imperialismo y el neoliberalismo, y construir un presente digno y un futuro socialista.
· Rechazamos enérgicamente la venta de nuestros recursos naturales, nuestra riqueza cultural a las corporaciones internacionales y el gobierno imperial yanky con sus cómplices empresarios y gobiernos nacionales, comprometiéndonos a dar las batallas necesarias en todas las trincheras posibles para derrotar y acabar con los planes de dominio hegemónico del imperio corporativo internacional.
· Somos los jóvenes herederos de los más grandes sueños, anhelos e ideas de nuestros héroes y mártires por quienes nos comprometemos a luchar hasta vencer.
¡¡Hasta la Victoria Siempre!!
San Salvador, 8 de enero del 2007
http://forosaopaulo.fmln.org.sv
PANEL FORO “PODERES POPULARES Y SEGURIDAD CIUDADANA”
"la economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres, y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tira-bombas. (...)
“Los pistoleros que se alquilan para matar realizan, en plan minorista, la misma tarea que cumplen, en gran escala, los generales condecorados por crímenes que se elevan a la categoría de glorias militares. (...)
“En el mundo tal cual es, mundo al revés, los países que custodian la paz universal son los que más armas fabrican y los que más armas venden a los demás países; (...)
“Son dignos de impunidad y felicitación quienes matan la mayor cantidad de gente en el menor tiempo, quienes ganan la mayor cantidad de dinero con el menor trabajo y quienes exterminan la mayor cantidad de naturaleza al menor costo." Eduardo Galeano. Patas Arriba. La Escuela del Mundo al Revés, 1998
I. INTRODUCCION.
El Neoliberalismo ha creado un flagelo común en las grandes ciudades de América Latina: Bogotá, Caracas, Sao Paulo, Río de Janeiro, México, Guatemala, entre otras. La inseguridad y el Crimen Organizado
En nuestro país El Salvador la delincuencia es uno de los grandes problemas de que pone al descubierto el fracaso de las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos del partido ARENA. -en el Ejecutivo desde hace 18 años-; haciendo más aflictiva la situación de millares de familias que son afectadas por la gran ola delincuencial del crimen organizado y pandillas delincuenciales, que ha producido en nuestro país un periodo de profunda inseguridad ciudadana que se ha prolongado ya por varios años.
(...) Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir. Eduardo Galeano. Patas Arriba. La Escuela del Mundo al Revés, 1998
El Gobierno salvadoreño ha respondido con diversas medidas de endurecimiento de leyes, las cuales han sido anunciadas en su momento como la solución, poniéndoles diversos nombres que hacen pensar a algunos que esta vez si será resuelto por esa vía la problemática planteada. Sin embargo uno a uno los anunciados planes, programas y proyectos se han venido derrumbando estrepitosamente y agravando mucho mas la situación.
Diversas voces de afamados personajes se han dejado escuchar alarmados por la situación, cuestionando al gobierno por sus políticas e instándolo a resolver, a lo que este ha respondido con una propuesta de; mas policías, sacar al ejercito a las calles, realización de mas operaciones encubiertas, endurecimiento de penas, mas cárceles de máxima seguridad y a pesar de su fracaso continúan empecinados en combatir los efectos y no las causas que provocan tal situación.
Este cuadro no cambiará en tanto no cambien las causas que lo provocaron, y estas son; un modelo neoliberal que se aplica tal y como ha sido originalmente concebido por los organismos internacionales del imperio y un gobierno fiel a sus dictados lo cual ha provocado entre otras cosas una situación de extrema pobreza en el país, escandalosa corrupción en las instancias del estado y una amenazante situación de delincuencia en todo el país.
II. SEGURIDAD CIUDADANA Y SUS ANTECEDENTES
La seguridad ha sido siempre uno de los principales objetivos de la vida social. Por ello una de las funciones de los Estados desde lejanas fechas ha consistido en proveer seguridad, y garantizarla a través de diversas acciones de las instituciones públicas.
La seguridad constituye una necesidad individual y colectiva, y representa en nuestra sociedad un valor sociocultural, jurídico y político, expresado como un bien público requerido tanto para el desarrollo de las personas en su vida social, como para que la comunidad ejerza libremente sus derechos y cumplan de esta forma con sus fines en la sociedad.
El concepto de seguridad es extremadamente amplio y se remite a las relaciones entre el Estado, la sociedad y la ciudadanía. Desde el punto de vista conceptual, se puede diferenciar tres tipos de seguridad en que los Estados modernos asumen responsabilidades. Ellos son: la seguridad externa, concerniente a la defensa de la soberanía de un Estado-Nación o peligros emanados desde fuera de sus fronteras; la seguridad interna o pública que se refiere al mantenimiento del orden público y al imperio de las leyes, y finalmente la seguridad ciudadana que se refiere a la búsqueda de seguridad en todos los ordenes de la vida con la participación de todas y todos los habitantes d un determinado país.
Seguridad Nacional
El concepto seguridad ha evolucionado junto con los tiempos durante los cuales ha sufrido transformaciones en su filosofía y objetivos. Durante la época de dictaduras militares la doctrina de seguridad nacional abarcaba todos los ámbitos de la vida de los países, mezclando seguridad interna con seguridad externa e involucraba a todos los aparatos militares y policiales y convirtiendo en enemigo a todo lo que fuese oposición al orden establecido por la estructura de mando. La seguridad nacional predica la defensa de la nación y sus valores fundamentales de cara a los enemigos externos e internos; o lo que es lo mismo, la defensa del territorio y los intereses nacionales ante cualquier amenaza que surgiera, que es identificada, automáticamente, como procedente de uno de los dos campos.
Eran tiempos de la amenaza nuclear, de la bipolaridad mundial, de la lucha entre el socialismo y el capitalismo, teniendo como una de sus consecuencias principales, absorber el concepto de seguridad a la defensa del Estado y no de los habitantes.
Por la defensa del Estado y sus valores fundamentales, ciertos gobiernos se sentían autorizados a violar la Constitución, las leyes, los derechos humanos y, todo lo que se pusiera adelante. Los ejércitos y las policías militarizadas, jugaban el papel principal en la seguridad interior y defensa, en tanto los gastos militares eran exorbitantes.
Seguridad Pública
Desde la óptica del Estado, lo que se tiene que proteger son las instituciones y las leyes; de ahí que se desprenda el concepto de seguridad pública.
La seguridad pública es justamente, mantener la ley y el orden “En tanto expresión de la fuerza y de la supremacía del poder del Estado, la seguridad pública se identifica históricamente con los Estados autoritarios o francamente dictatoriales que se valen de cuerpos centralizados militarizados.” (Emilio Álvarez Icaza 2004:37)
Esta postura de vigilancia y asedio ante sospechas infundadas, choca con la visión que tienen las organizaciones civiles de derechos humanos, que anteponen el ejercicio de derechos, libertades, y, sobretodo, respeto a su integridad física.
El riesgo de considerar cualquier situación una amenaza a la seguridad, invita a los gobiernos de derecha a recordar viejas prácticas y tomar medidas drásticas, militares, que quebrantan la defensa y promoción de los derechos humanos. Es necesario mantener una observación constante sobre estas políticas de seguridad para que no se cometan abusos en nombre de la seguridad pública.
Seguridad Ciudadana
Estos tiempos de globalización neoliberal han llevado a nuestros pueblos hacia una profunda crisis de inseguridad, la cual se manifiesta en todos los órdenes de la vida, pues esta afecta a la esencia misma de la dignidad humana y a la vida en sociedad, de tal suerte que, la seguridad se vuelve una exigencia generalizada de todos los estratos sociales pero muy especialmente de la población mas vulnerable económica, política y socialmente, sin seguridad, no hay ejercicio posible y mucho menos igualitario de los derechos de las personas.
Se define la seguridad ciudadana como un bien común esencial para el desarrollo sustentable y sostenible de los seres humanos. Es a la vez signo y condición de inclusión social, del acceso justo a otros bienes comunes como son la educación, la justicia, la salud, la vivienda, la calidad del medio ambiente el respeto a sus derechos. Planteado de esta manera promover la seguridad es desarrollar un bien común y no consiste de ninguna manera, en recurrir solo al uso de la fuerza, la prepotencia del estado y al sistema penal.
Como puede verse un concepto verdaderamente amplio y comprensivo de seguridad ciudadana tiene que comprender no solamente la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos sino, también, la de vivir en un Estado constitucional de Derecho y la de participar de los beneficios del desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, ocio y todos los ámbitos de bienestar social.
Concebido de esta manera, la falta de seguridad en los aspectos sociales, laborales o económicos, implica ineludiblemente una carencia de seguridad ciudadana o lo que es lo mismo: si predicamos la necesidad de la existencia de seguridad ciudadana para el normal desarrollo de las personas en la sociedad, tenemos que proveer a los ciudadanos de los bienes suficientes que los doten de seguridad en todos los ámbitos de su vida.
La seguridad ciudadana como el conjunto de medidas y previsiones deben ser adoptadas por los gobiernos populares ya sean estos de carácter nacional o municipal, a través de sus instituciones dentro del marco de la ley y los derechos humanos para que la comunidad pueda desarrollar sus actividades libres de riesgo y amenazas.
De esta manera se entiende que la seguridad es tarea de todos; pero para cumplir con estos cometidos es necesario promover la participación popular sin la cual no podrá haber seguridad ciudadana real, sensibilizar a las personas para que asuman responsabilidades, romper marcos de apatía, buscar la identificación popular con el tema de la seguridad ciudadana, y esforzarnos por integrar a la comunidad a los trabajos sobre la temática.
Para ello es necesario fomentar en la ciudadanía una nueva cultura de participación, estimular en cada uno una nueva actitud, vocación de servicio, mejor calidad de persona, a no generar ambientes de intranquilidad. De esta forma se fomentará en la gente la conciencia de ser mejores ciudadanos, responsables, solidarios, observar el respeto a las leyes y normas de la ciudad y también exigir se respeten nuestros derechos cumpliendo nuestras obligaciones.
III. LA PROPUESTA DEL FMLN A LA NACION
El pasado 07 de Octubre del año 2006 y con la presencia de mas de 50,000 personas, se realizó en el estadio Cuscatlán el “Primer encuentro por la paz, la seguridad y la justicia social”, en ese evento el coordinador general del FMLN anunció una propuesta dirigida a la nación con el propósito de buscar soluciones integrales al problema de la delincuencia en nuestro país.
Del documento presentado se extrae el capitulo denominado “PLAN CIUDADES SEGURAS” en el que se plantea “En nuestra visión de seguridad ciudadana, las municipalidades y las comunidades deben desempeñar un papel relevante. Esta visión de ciudades seguras y sustentables pone en el centro de su política a la persona humana.
Los concejos municipales deben tomar más participación en la prevención de la delincuencia y liderar este proyecto junto a distintos sectores e instituciones.
Líneas de acción
• Formar comités de prevención municipal con participación de diversos actores locales. Las directivas comunales pueden ser el apoyo incorporando el tema de la prevención.
• Aprobar ordenanzas que promuevan la convivencia y tranquilidad ciudadana.
• Crear delegaciones contravencionales con el fin de dirimir faltas menores y conflictos domésticos.
• Desarrollar acciones de control tales como la portación de armas en lugares públicos.
• Ejecutar programas dirigidos a la juventud orientados a la formación de valores, promoción de la cultura y deportes, que incluya capacitación a escolares en proyectos de vida y prevención del consumo de drogas.
• Impulsar proyectos de promoción comunal dirigidos a promover la convivencia social sin violencia.
• Ejecutar proyectos de servicios básicos en zonas marginales, urbanas y rurales.
• Desarrollar proyectos para recuperar zonas verdes y espacios recreativos para la población.
• Promover fuentes de empleos mediante obras comunales con fondos FODES y otros que creen empresas sociales con jóvenes en situación de riesgo.
• Promoción de la salud comunitaria.
• Atención a la indigencia.
• Fortalecimiento de la educación. Crear programas de becas y de apoyo a los niños y jóvenes.
• Adoptar medidas efectivas para enfrentar la violencia de género y la violencia intrafamiliar.” Discurso Medardo González-Coordinador Nacional del FMLN- 07-10-06
A lo largo de la propuesta de la dirección de nuestro partido se coloca en primer plano a la persona como centro y motor de nuestra acción, por lo que es menester la búsqueda de construir organización popular para enfrentar la problemática planteada, aspirando a arribar a un nuevo momento de la lucha popular, y, buscando soluciones integrales con la participación de todas y todos.
Para ello los municipios gobernados por la izquierda deben hacer esfuerzos extraordinarios por fomentar la participación popular y de esa manera orientarnos a construir verdaderos poderes populares en los que el elemento central sea el pueblo mismo, en coordinación con las bases de nuestro partido y desde ahí ir construyendo soluciones colectivas.
Pretendemos con ello organizar la resistencia popular contra el neoliberalismo y sus efectos en general, para lo cual es absolutamente necesario hacerlo con el pueblo organizado, de ahí que es condición establecer una estrecha relación entre el Partido, los municipios que gobernamos y el pueblo en general.
IV. CONSTRUYENDO PODERES POPULARES
Defínase como poder popular la facultad que tienen los pueblos para darse su propio destino, para rescatar su cultura, sus tradiciones, defender su patrimonio, para definir el rumbo de la economía, de la política y la sociedad y finalmente para constituir su propio gobierno. La esencia del poder popular es la participación del pueblo mismo en la toma de decisiones.
Participación popular es la acción consciente de los habitantes de determinada área geográfica para compartir con otras personas determinados propósitos, fines e ideas.
Con la construcción de poderes populares, se busca desarrollar un proceso de cambios en las costumbres, acciones y la aplicación de reglas mínimas compartidas que busquen generar sentido de pertenencia, y que faciliten la convivencia humana y conduzcan al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.
Su propósito es desencadenar y coordinar acciones públicas y privadas que incidan directamente sobre la manera como los ciudadanos perciben, reconocen y usan los entornos sociales y urbanos y cómo se relacionan entre las personas en cada entorno.
Estos conceptos tienen como punto de referencia el reto que tenemos, sobre las conductas violentas en nuestro país, las cuales se explican en parte por el divorcio entre tres sistemas reguladores del comportamiento humano: la ley, la moral y la cultura. A lo largo de esta propuesta se insiste en su aplicación.
V. OBJETIVOS
1. Construir poderes populares con fuerte raigambre en el seno de nuestro pueblo, que nos permita enfrentar la problemática en forma colectiva.
2. Combatir y neutralizar la delincuencia a través de un esfuerzo colectivo y contribuir a evitar que sus efectos continúen empobreciendo a nuestro pueblo.
3. Propiciar el cumplimiento de las normas y el cambio de comportamientos que riñen con la convivencia.
4. Aumentar la capacidad de concertación y solución pacífica de conflictos y la comunicación entre los ciudadanos.
VI. ESTRATEGIAS
Para ello se aplicaran las siguientes estrategias:
1. Concientizacion para lograr la participación popular a fin de enfrentar colectivamente los problemas de la comunidad.
2. Pedagogía ciudadana, es decir todas y todos aprendemos incluso de nuestras faltas, y de esa manera enseñamos nuevas normas de convivencia a nuestros vecinos,
3. Adecuación y readecuación de los espacios físicos y sociales de la ciudad donde ocurren las interacciones cotidianas de sus habitantes y redefinir su uso a través de programas culturales, deportivos y recreativos, y
4. Fortalecimiento del Cuerpo de Agentes Municipales a fin convertir a esta en los elementos confiables de la población, y apoyo al esfuerzo de organización popular.
VII. METAS
1. Construir una red de organizaciones populares de diverso tipo y de esa menara fortalecer la seguridad ciudadana,
2. Mejorar sustancialmente las relaciones de convivencia a través de diversos programas impulsados por los gobiernos locales.
3. Impulsar con fuerza una cultura democrática y convertir las distintas expresiones del arte, la recreación y los deportes en la práctica ciudadana que genere una nueva conducta, para lo cual se requieren procesos de corto, mediano y largo plazo.
VIII. POLITICAS A IMPLEMENTAR
Ø Reconocer e incentivar el cumplimiento de normas y acuerdos colectivos por parte de los ciudadanos, y buscar aprendizajes cuando sea necesario sancionar.
Ø Propiciar la autorregulación individual y social de las personas y los grupos, así como el uso de formas no violentas para dirimir los desacuerdos y solucionar los conflictos.
Ø Ampliar y cualificar los canales de discusión pública y participación democrática.
Ø Potenciar las contribuciones del arte, la recreación, el deporte y el medio ambiente a la convivencia, la solidaridad y la comunicación entre personas desconocidas.
Ø Fomentar y premiar la creatividad, a fin de fomentar la organización de poderes populares.
IX. DIEZ PROPUESTAS DE PROGRAMAS
Para poner en práctica estas políticas se proponen diez programas los cuales apuntan a cumplir los objetivos planteados:
1. Organización popular para enfrentar la problemática.
2. Apertura de mayores espacios para la participación popular.
3. Promocionar el acatamiento voluntario de las normas de la ciudad.
4. Fomentar el respeto por la vida.
5. Desarrollar programas de respeto por los derechos humanos.
6. Promover una Cultura democrática y de participación popular.
7. Trabajar leyes para el disfrute individual y colectivo de la ciudad.
7. Crear nuevos espacios para la práctica de las artes y los deportes.
8. Desarrollar programas de becas para personas de escasos recursos.
9. Promover el acompañamiento de las municipalidades a la movilización popular ante hechos delictivos.
10. Difusión masiva de todo el plan y todos sus componentes a nivel nacional
El elemento clave de toda la propuesta es la organización popular, ya que pretendemos buscar soluciones colectivas a los problemas del pueblo, por tanto las municipalidades a través de todas sus instancias, especialmente de las unidades de participación ciudadana o proyección social, deben priorizar en la organización territorial y en la misma iniciar un proceso de contacto ciudadano, creando o fomentando la organización deportiva, comunal, cultural, religiosa. Todo tipo de organización para lo cual haya posibilidades, debe ser capitalizada y puesta al servicio de estos programas.
Las metas deben ser claras en cuanto a organizar a la población y reportar sus resultados y de esa manera conocer calidad, cantidad y planes de los organizados.
En este proceso movilizador se debe poner en la misma sintonía a toda la militancia, de manera que la estructura partidaria asuma su papel organizador y se formen los nuevos liderazgos de la organización popular.
X. SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Los planes, programas y proyectos deberán incluir, dentro de su diseño un sistema de medición del impacto, que permita medir su eficacia, cuantificar las metas cumplidas y medir de manera más objetiva los resultados obtenidos con la aplicación de las acciones realizadas por cada municipio.
XI. CONCLUSIONES:
El conjunto de estos logros solo será posible con una visión de largo plazo, con una planificación de corto, mediano y largo plazo, a la definición de metas de impacto y un cuidadoso diseño y evaluación de programas y acciones. También será crucial la elaboración y aplicación de políticas, entre ellas: las de participación popular, seguridad ciudadana, convivencia, desarrollo y recuperación de los espacios públicos y el mobiliario urbano, así como la desconcentración y democratización de la oferta cultural, recreativa y deportiva de la ciudad.
Muchos de estos programas o proyectos ya son parte del trabajo municipalista del FMLN solo hará falta complementarlos y enriquecerlos con estas propuestas. Desde luego no todos los municipios sufren el problema en las mismas dimensiones ni cuentan con los recursos suficientes para la ejecución de todo el plan, sin embargo deben impulsarse los elementos estratégicos.
Esta propuesta pretende demostrar que un gobierno local puede, con el fin de cambiar o de consolidar algunos comportamientos, influir sobre la conciencia ciudadana para lograr cambios sustanciales en sus conductas y no actuar solamente haciendo uso de mecanismos de coacción que proporciona la ley y sus mecanismos de aplicación.
Finalmente es necesario subrayar que para lograr una verdadera política de seguridad ciudadana es indispensable abrir espacios a la participación popular, lo cual esta demostrado que solo es posible con gobiernos de izquierda que construyen poderes populares en beneficio de las grandes mayorías.
BIBIOGRAFIA RECOMENDADA:
ü Eduardo Galeano. Patas Arriba. La Escuela del Mundo al Revés, 1998
ü Discurso Medardo González-Coordinador Nacional del FMLN- 07-10-06
ü Emilio Álvarez Icaza. 2004:37
ü Héctor Acevedo Moreno. De la participación popular a la construcción del poder popular, Julio 2006
ü Manifiesto y Resoluciones de los temas abordados por las ciudades europeas sobre Prevención y Seguridad en la conferencia de Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000,
http://fmln.org.sv/municipalismo
“Los pistoleros que se alquilan para matar realizan, en plan minorista, la misma tarea que cumplen, en gran escala, los generales condecorados por crímenes que se elevan a la categoría de glorias militares. (...)
“En el mundo tal cual es, mundo al revés, los países que custodian la paz universal son los que más armas fabrican y los que más armas venden a los demás países; (...)
“Son dignos de impunidad y felicitación quienes matan la mayor cantidad de gente en el menor tiempo, quienes ganan la mayor cantidad de dinero con el menor trabajo y quienes exterminan la mayor cantidad de naturaleza al menor costo." Eduardo Galeano. Patas Arriba. La Escuela del Mundo al Revés, 1998
I. INTRODUCCION.
El Neoliberalismo ha creado un flagelo común en las grandes ciudades de América Latina: Bogotá, Caracas, Sao Paulo, Río de Janeiro, México, Guatemala, entre otras. La inseguridad y el Crimen Organizado
En nuestro país El Salvador la delincuencia es uno de los grandes problemas de que pone al descubierto el fracaso de las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos del partido ARENA. -en el Ejecutivo desde hace 18 años-; haciendo más aflictiva la situación de millares de familias que son afectadas por la gran ola delincuencial del crimen organizado y pandillas delincuenciales, que ha producido en nuestro país un periodo de profunda inseguridad ciudadana que se ha prolongado ya por varios años.
(...) Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir. Eduardo Galeano. Patas Arriba. La Escuela del Mundo al Revés, 1998
El Gobierno salvadoreño ha respondido con diversas medidas de endurecimiento de leyes, las cuales han sido anunciadas en su momento como la solución, poniéndoles diversos nombres que hacen pensar a algunos que esta vez si será resuelto por esa vía la problemática planteada. Sin embargo uno a uno los anunciados planes, programas y proyectos se han venido derrumbando estrepitosamente y agravando mucho mas la situación.
Diversas voces de afamados personajes se han dejado escuchar alarmados por la situación, cuestionando al gobierno por sus políticas e instándolo a resolver, a lo que este ha respondido con una propuesta de; mas policías, sacar al ejercito a las calles, realización de mas operaciones encubiertas, endurecimiento de penas, mas cárceles de máxima seguridad y a pesar de su fracaso continúan empecinados en combatir los efectos y no las causas que provocan tal situación.
Este cuadro no cambiará en tanto no cambien las causas que lo provocaron, y estas son; un modelo neoliberal que se aplica tal y como ha sido originalmente concebido por los organismos internacionales del imperio y un gobierno fiel a sus dictados lo cual ha provocado entre otras cosas una situación de extrema pobreza en el país, escandalosa corrupción en las instancias del estado y una amenazante situación de delincuencia en todo el país.
II. SEGURIDAD CIUDADANA Y SUS ANTECEDENTES
La seguridad ha sido siempre uno de los principales objetivos de la vida social. Por ello una de las funciones de los Estados desde lejanas fechas ha consistido en proveer seguridad, y garantizarla a través de diversas acciones de las instituciones públicas.
La seguridad constituye una necesidad individual y colectiva, y representa en nuestra sociedad un valor sociocultural, jurídico y político, expresado como un bien público requerido tanto para el desarrollo de las personas en su vida social, como para que la comunidad ejerza libremente sus derechos y cumplan de esta forma con sus fines en la sociedad.
El concepto de seguridad es extremadamente amplio y se remite a las relaciones entre el Estado, la sociedad y la ciudadanía. Desde el punto de vista conceptual, se puede diferenciar tres tipos de seguridad en que los Estados modernos asumen responsabilidades. Ellos son: la seguridad externa, concerniente a la defensa de la soberanía de un Estado-Nación o peligros emanados desde fuera de sus fronteras; la seguridad interna o pública que se refiere al mantenimiento del orden público y al imperio de las leyes, y finalmente la seguridad ciudadana que se refiere a la búsqueda de seguridad en todos los ordenes de la vida con la participación de todas y todos los habitantes d un determinado país.
Seguridad Nacional
El concepto seguridad ha evolucionado junto con los tiempos durante los cuales ha sufrido transformaciones en su filosofía y objetivos. Durante la época de dictaduras militares la doctrina de seguridad nacional abarcaba todos los ámbitos de la vida de los países, mezclando seguridad interna con seguridad externa e involucraba a todos los aparatos militares y policiales y convirtiendo en enemigo a todo lo que fuese oposición al orden establecido por la estructura de mando. La seguridad nacional predica la defensa de la nación y sus valores fundamentales de cara a los enemigos externos e internos; o lo que es lo mismo, la defensa del territorio y los intereses nacionales ante cualquier amenaza que surgiera, que es identificada, automáticamente, como procedente de uno de los dos campos.
Eran tiempos de la amenaza nuclear, de la bipolaridad mundial, de la lucha entre el socialismo y el capitalismo, teniendo como una de sus consecuencias principales, absorber el concepto de seguridad a la defensa del Estado y no de los habitantes.
Por la defensa del Estado y sus valores fundamentales, ciertos gobiernos se sentían autorizados a violar la Constitución, las leyes, los derechos humanos y, todo lo que se pusiera adelante. Los ejércitos y las policías militarizadas, jugaban el papel principal en la seguridad interior y defensa, en tanto los gastos militares eran exorbitantes.
Seguridad Pública
Desde la óptica del Estado, lo que se tiene que proteger son las instituciones y las leyes; de ahí que se desprenda el concepto de seguridad pública.
La seguridad pública es justamente, mantener la ley y el orden “En tanto expresión de la fuerza y de la supremacía del poder del Estado, la seguridad pública se identifica históricamente con los Estados autoritarios o francamente dictatoriales que se valen de cuerpos centralizados militarizados.” (Emilio Álvarez Icaza 2004:37)
Esta postura de vigilancia y asedio ante sospechas infundadas, choca con la visión que tienen las organizaciones civiles de derechos humanos, que anteponen el ejercicio de derechos, libertades, y, sobretodo, respeto a su integridad física.
El riesgo de considerar cualquier situación una amenaza a la seguridad, invita a los gobiernos de derecha a recordar viejas prácticas y tomar medidas drásticas, militares, que quebrantan la defensa y promoción de los derechos humanos. Es necesario mantener una observación constante sobre estas políticas de seguridad para que no se cometan abusos en nombre de la seguridad pública.
Seguridad Ciudadana
Estos tiempos de globalización neoliberal han llevado a nuestros pueblos hacia una profunda crisis de inseguridad, la cual se manifiesta en todos los órdenes de la vida, pues esta afecta a la esencia misma de la dignidad humana y a la vida en sociedad, de tal suerte que, la seguridad se vuelve una exigencia generalizada de todos los estratos sociales pero muy especialmente de la población mas vulnerable económica, política y socialmente, sin seguridad, no hay ejercicio posible y mucho menos igualitario de los derechos de las personas.
Se define la seguridad ciudadana como un bien común esencial para el desarrollo sustentable y sostenible de los seres humanos. Es a la vez signo y condición de inclusión social, del acceso justo a otros bienes comunes como son la educación, la justicia, la salud, la vivienda, la calidad del medio ambiente el respeto a sus derechos. Planteado de esta manera promover la seguridad es desarrollar un bien común y no consiste de ninguna manera, en recurrir solo al uso de la fuerza, la prepotencia del estado y al sistema penal.
Como puede verse un concepto verdaderamente amplio y comprensivo de seguridad ciudadana tiene que comprender no solamente la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos sino, también, la de vivir en un Estado constitucional de Derecho y la de participar de los beneficios del desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, ocio y todos los ámbitos de bienestar social.
Concebido de esta manera, la falta de seguridad en los aspectos sociales, laborales o económicos, implica ineludiblemente una carencia de seguridad ciudadana o lo que es lo mismo: si predicamos la necesidad de la existencia de seguridad ciudadana para el normal desarrollo de las personas en la sociedad, tenemos que proveer a los ciudadanos de los bienes suficientes que los doten de seguridad en todos los ámbitos de su vida.
La seguridad ciudadana como el conjunto de medidas y previsiones deben ser adoptadas por los gobiernos populares ya sean estos de carácter nacional o municipal, a través de sus instituciones dentro del marco de la ley y los derechos humanos para que la comunidad pueda desarrollar sus actividades libres de riesgo y amenazas.
De esta manera se entiende que la seguridad es tarea de todos; pero para cumplir con estos cometidos es necesario promover la participación popular sin la cual no podrá haber seguridad ciudadana real, sensibilizar a las personas para que asuman responsabilidades, romper marcos de apatía, buscar la identificación popular con el tema de la seguridad ciudadana, y esforzarnos por integrar a la comunidad a los trabajos sobre la temática.
Para ello es necesario fomentar en la ciudadanía una nueva cultura de participación, estimular en cada uno una nueva actitud, vocación de servicio, mejor calidad de persona, a no generar ambientes de intranquilidad. De esta forma se fomentará en la gente la conciencia de ser mejores ciudadanos, responsables, solidarios, observar el respeto a las leyes y normas de la ciudad y también exigir se respeten nuestros derechos cumpliendo nuestras obligaciones.
III. LA PROPUESTA DEL FMLN A LA NACION
El pasado 07 de Octubre del año 2006 y con la presencia de mas de 50,000 personas, se realizó en el estadio Cuscatlán el “Primer encuentro por la paz, la seguridad y la justicia social”, en ese evento el coordinador general del FMLN anunció una propuesta dirigida a la nación con el propósito de buscar soluciones integrales al problema de la delincuencia en nuestro país.
Del documento presentado se extrae el capitulo denominado “PLAN CIUDADES SEGURAS” en el que se plantea “En nuestra visión de seguridad ciudadana, las municipalidades y las comunidades deben desempeñar un papel relevante. Esta visión de ciudades seguras y sustentables pone en el centro de su política a la persona humana.
Los concejos municipales deben tomar más participación en la prevención de la delincuencia y liderar este proyecto junto a distintos sectores e instituciones.
Líneas de acción
• Formar comités de prevención municipal con participación de diversos actores locales. Las directivas comunales pueden ser el apoyo incorporando el tema de la prevención.
• Aprobar ordenanzas que promuevan la convivencia y tranquilidad ciudadana.
• Crear delegaciones contravencionales con el fin de dirimir faltas menores y conflictos domésticos.
• Desarrollar acciones de control tales como la portación de armas en lugares públicos.
• Ejecutar programas dirigidos a la juventud orientados a la formación de valores, promoción de la cultura y deportes, que incluya capacitación a escolares en proyectos de vida y prevención del consumo de drogas.
• Impulsar proyectos de promoción comunal dirigidos a promover la convivencia social sin violencia.
• Ejecutar proyectos de servicios básicos en zonas marginales, urbanas y rurales.
• Desarrollar proyectos para recuperar zonas verdes y espacios recreativos para la población.
• Promover fuentes de empleos mediante obras comunales con fondos FODES y otros que creen empresas sociales con jóvenes en situación de riesgo.
• Promoción de la salud comunitaria.
• Atención a la indigencia.
• Fortalecimiento de la educación. Crear programas de becas y de apoyo a los niños y jóvenes.
• Adoptar medidas efectivas para enfrentar la violencia de género y la violencia intrafamiliar.” Discurso Medardo González-Coordinador Nacional del FMLN- 07-10-06
A lo largo de la propuesta de la dirección de nuestro partido se coloca en primer plano a la persona como centro y motor de nuestra acción, por lo que es menester la búsqueda de construir organización popular para enfrentar la problemática planteada, aspirando a arribar a un nuevo momento de la lucha popular, y, buscando soluciones integrales con la participación de todas y todos.
Para ello los municipios gobernados por la izquierda deben hacer esfuerzos extraordinarios por fomentar la participación popular y de esa manera orientarnos a construir verdaderos poderes populares en los que el elemento central sea el pueblo mismo, en coordinación con las bases de nuestro partido y desde ahí ir construyendo soluciones colectivas.
Pretendemos con ello organizar la resistencia popular contra el neoliberalismo y sus efectos en general, para lo cual es absolutamente necesario hacerlo con el pueblo organizado, de ahí que es condición establecer una estrecha relación entre el Partido, los municipios que gobernamos y el pueblo en general.
IV. CONSTRUYENDO PODERES POPULARES
Defínase como poder popular la facultad que tienen los pueblos para darse su propio destino, para rescatar su cultura, sus tradiciones, defender su patrimonio, para definir el rumbo de la economía, de la política y la sociedad y finalmente para constituir su propio gobierno. La esencia del poder popular es la participación del pueblo mismo en la toma de decisiones.
Participación popular es la acción consciente de los habitantes de determinada área geográfica para compartir con otras personas determinados propósitos, fines e ideas.
Con la construcción de poderes populares, se busca desarrollar un proceso de cambios en las costumbres, acciones y la aplicación de reglas mínimas compartidas que busquen generar sentido de pertenencia, y que faciliten la convivencia humana y conduzcan al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.
Su propósito es desencadenar y coordinar acciones públicas y privadas que incidan directamente sobre la manera como los ciudadanos perciben, reconocen y usan los entornos sociales y urbanos y cómo se relacionan entre las personas en cada entorno.
Estos conceptos tienen como punto de referencia el reto que tenemos, sobre las conductas violentas en nuestro país, las cuales se explican en parte por el divorcio entre tres sistemas reguladores del comportamiento humano: la ley, la moral y la cultura. A lo largo de esta propuesta se insiste en su aplicación.
V. OBJETIVOS
1. Construir poderes populares con fuerte raigambre en el seno de nuestro pueblo, que nos permita enfrentar la problemática en forma colectiva.
2. Combatir y neutralizar la delincuencia a través de un esfuerzo colectivo y contribuir a evitar que sus efectos continúen empobreciendo a nuestro pueblo.
3. Propiciar el cumplimiento de las normas y el cambio de comportamientos que riñen con la convivencia.
4. Aumentar la capacidad de concertación y solución pacífica de conflictos y la comunicación entre los ciudadanos.
VI. ESTRATEGIAS
Para ello se aplicaran las siguientes estrategias:
1. Concientizacion para lograr la participación popular a fin de enfrentar colectivamente los problemas de la comunidad.
2. Pedagogía ciudadana, es decir todas y todos aprendemos incluso de nuestras faltas, y de esa manera enseñamos nuevas normas de convivencia a nuestros vecinos,
3. Adecuación y readecuación de los espacios físicos y sociales de la ciudad donde ocurren las interacciones cotidianas de sus habitantes y redefinir su uso a través de programas culturales, deportivos y recreativos, y
4. Fortalecimiento del Cuerpo de Agentes Municipales a fin convertir a esta en los elementos confiables de la población, y apoyo al esfuerzo de organización popular.
VII. METAS
1. Construir una red de organizaciones populares de diverso tipo y de esa menara fortalecer la seguridad ciudadana,
2. Mejorar sustancialmente las relaciones de convivencia a través de diversos programas impulsados por los gobiernos locales.
3. Impulsar con fuerza una cultura democrática y convertir las distintas expresiones del arte, la recreación y los deportes en la práctica ciudadana que genere una nueva conducta, para lo cual se requieren procesos de corto, mediano y largo plazo.
VIII. POLITICAS A IMPLEMENTAR
Ø Reconocer e incentivar el cumplimiento de normas y acuerdos colectivos por parte de los ciudadanos, y buscar aprendizajes cuando sea necesario sancionar.
Ø Propiciar la autorregulación individual y social de las personas y los grupos, así como el uso de formas no violentas para dirimir los desacuerdos y solucionar los conflictos.
Ø Ampliar y cualificar los canales de discusión pública y participación democrática.
Ø Potenciar las contribuciones del arte, la recreación, el deporte y el medio ambiente a la convivencia, la solidaridad y la comunicación entre personas desconocidas.
Ø Fomentar y premiar la creatividad, a fin de fomentar la organización de poderes populares.
IX. DIEZ PROPUESTAS DE PROGRAMAS
Para poner en práctica estas políticas se proponen diez programas los cuales apuntan a cumplir los objetivos planteados:
1. Organización popular para enfrentar la problemática.
2. Apertura de mayores espacios para la participación popular.
3. Promocionar el acatamiento voluntario de las normas de la ciudad.
4. Fomentar el respeto por la vida.
5. Desarrollar programas de respeto por los derechos humanos.
6. Promover una Cultura democrática y de participación popular.
7. Trabajar leyes para el disfrute individual y colectivo de la ciudad.
7. Crear nuevos espacios para la práctica de las artes y los deportes.
8. Desarrollar programas de becas para personas de escasos recursos.
9. Promover el acompañamiento de las municipalidades a la movilización popular ante hechos delictivos.
10. Difusión masiva de todo el plan y todos sus componentes a nivel nacional
El elemento clave de toda la propuesta es la organización popular, ya que pretendemos buscar soluciones colectivas a los problemas del pueblo, por tanto las municipalidades a través de todas sus instancias, especialmente de las unidades de participación ciudadana o proyección social, deben priorizar en la organización territorial y en la misma iniciar un proceso de contacto ciudadano, creando o fomentando la organización deportiva, comunal, cultural, religiosa. Todo tipo de organización para lo cual haya posibilidades, debe ser capitalizada y puesta al servicio de estos programas.
Las metas deben ser claras en cuanto a organizar a la población y reportar sus resultados y de esa manera conocer calidad, cantidad y planes de los organizados.
En este proceso movilizador se debe poner en la misma sintonía a toda la militancia, de manera que la estructura partidaria asuma su papel organizador y se formen los nuevos liderazgos de la organización popular.
X. SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Los planes, programas y proyectos deberán incluir, dentro de su diseño un sistema de medición del impacto, que permita medir su eficacia, cuantificar las metas cumplidas y medir de manera más objetiva los resultados obtenidos con la aplicación de las acciones realizadas por cada municipio.
XI. CONCLUSIONES:
El conjunto de estos logros solo será posible con una visión de largo plazo, con una planificación de corto, mediano y largo plazo, a la definición de metas de impacto y un cuidadoso diseño y evaluación de programas y acciones. También será crucial la elaboración y aplicación de políticas, entre ellas: las de participación popular, seguridad ciudadana, convivencia, desarrollo y recuperación de los espacios públicos y el mobiliario urbano, así como la desconcentración y democratización de la oferta cultural, recreativa y deportiva de la ciudad.
Muchos de estos programas o proyectos ya son parte del trabajo municipalista del FMLN solo hará falta complementarlos y enriquecerlos con estas propuestas. Desde luego no todos los municipios sufren el problema en las mismas dimensiones ni cuentan con los recursos suficientes para la ejecución de todo el plan, sin embargo deben impulsarse los elementos estratégicos.
Esta propuesta pretende demostrar que un gobierno local puede, con el fin de cambiar o de consolidar algunos comportamientos, influir sobre la conciencia ciudadana para lograr cambios sustanciales en sus conductas y no actuar solamente haciendo uso de mecanismos de coacción que proporciona la ley y sus mecanismos de aplicación.
Finalmente es necesario subrayar que para lograr una verdadera política de seguridad ciudadana es indispensable abrir espacios a la participación popular, lo cual esta demostrado que solo es posible con gobiernos de izquierda que construyen poderes populares en beneficio de las grandes mayorías.
BIBIOGRAFIA RECOMENDADA:
ü Eduardo Galeano. Patas Arriba. La Escuela del Mundo al Revés, 1998
ü Discurso Medardo González-Coordinador Nacional del FMLN- 07-10-06
ü Emilio Álvarez Icaza. 2004:37
ü Héctor Acevedo Moreno. De la participación popular a la construcción del poder popular, Julio 2006
ü Manifiesto y Resoluciones de los temas abordados por las ciudades europeas sobre Prevención y Seguridad en la conferencia de Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000,
http://fmln.org.sv/municipalismo
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MOVIMIENTOS SOCIALES, PARTIDOS Y GOBIERNOS DE IZQUIERDA EN EL NUEVO CONTEXTO REGIONAL Y CONTINENTAL
América Latina y el Caribe: MOVIMIENTOS SOCIALES, PARTIDOS Y GOBIERNOS DE IZQUIERDA en el nuevo contexto regional y continental
Introducción
La historia del movimiento social en América Latina y en El Salvador, muestra la lucha de los pueblos por el respeto a sus derechos humanos fundamentales y por la construcción de una nueva sociedad basada en la justicia social, la equidad y la democracia plena.
Esta larga historia de lucha, ha tenido momentos difíciles para la vida de los pueblos. Estas luchas se han enfrentado en contra del terrorismo de Estado, de la represión, la persecución, el secuestro y muerte de miles de patriotas a manos de gobiernos dictatoriales, autoritarios y anti democráticos. Pero también sus luchas han enfrentado las políticas económicas y sociales excluyentes y marginadoras de la mayoría de la población. Ahora la historia da la razón a la lucha de los pueblos. En distintos países del continente nuevos gobiernos comprometidos con la lucha de los pueblos emergen como el símbolo de una nueva etapa de construcción de la democracia en todos sus ámbitos y del respeto pleno a los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
La lucha del pueblo salvadoreño no es la excepción en este largo proceso de la historia del continente. Un pueblo que ha sufrido la expropiación de tierras de las comunidades indígenas y ejidales, para dar paso a una oligarquía cafetalera voraz, el levantamiento indígena ante la opresión y la miseria en el año 1932, que provoco la matanza de miles de indígenas, campesinos y ciudadanos. Las continuas luchas de obreros, campesinos, estudiantes y otros sectores ante las dictaduras, los fraudes electorales, la persecución, la represión y los desaparecimientos. Todo esto culminó con una guerra civil, que después de 12 años dio paso a los Acuerdos de Paz y a un proceso de transición hacia la democracia, que actualmente enfrenta graves debilidades e insuficiencias. Pero las luchas del pueblo salvadoreño continúan por la construcción de una verdadera democracia ciudadana y el respeto al Estado de Derecho.
En el nuevo escenario regional y continental, estamos observando procesos de cambio político importantes, los partidos de izquierda se han convertido en nuevas opciones para gobernar. Especialmente en los países donde se ha impulsado las políticas neoliberales que han provocado un grave deterioro económico, mayores desigualdades y déficit sociales y ambientales. Pero también hemos estado ante la presencia de movimientos sociales fuertemente organizados y con una gran capacidad de movilización, que han propiciado el retiro de gobiernos neoliberales, o han demostrado su fuerza en defensa de gobiernos de izquierda que han intentado ser derrocados por la intervención del gobierno de los Estados Unidos, los militares y los grupos de poder.
Este documento es un aporte de las organizaciones del movimiento social salvadoreño para el taller nacional de Movimiento Social y Ciudadano en El Salvador, así como para el debate de los partidos de izquierda participantes en el XIII Encuentro del Foro de Sao Paulo. Así esperamos contribuir a un debate que compromete tanto a los partidos de izquierda como a los movimientos sociales en las tareas históricas que nuestros pueblos demandan por la construcción de una verdadera democracia y el pleno desarrollo económico y social.
1. Neoliberalismo: deterioro de las condiciones de vida de la población y mayor desigualdad generan motivaciones para la lucha social.
El neoliberalismo ha debilitado la estructura económica de nuestros países, reduciendo la capacidad de sus principales motores de crecimiento. Ha arruinado a miles de productores nacionales de distintos sectores, especialmente a los productores de granos básicos y ha excluido a la mayoría de la población de los supuestos beneficios de este esquema de economía. Muchos trabajadores y trabajadoras se han incorporado al inmenso sector informal, o se ven sometidas a formas de flexibilización laboral que precariza sus condiciones de trabajo. Mientras las actividades especulativas, especialmente financieras, de servicios y del gran comercio de importación y exportación pasaron a predominar en la economía. Esto ha generando un reducido circulo de grandes empresarios que aprovechándose del Estado, y vinculado a las transnacionales, a los bancos extranjeros y los grandes medios de comunicación, se han configurando en grupos de poder que concentran cada vez más las riquezas de nuestros países.
El neoliberalismo ha deteriorado las condiciones de vida de las y los campesinos, de las y los trabajadores asalariados agropecuarios, industriales y de servicios, de empleados privados, estudiantes, maestros y capas medias en general. Todo esto como resultado de las tendencias inflacionarias y de bajos salarios que no están acordes al incremento en el costo de vida. Las y los trabajadores estatales han perdido sus empleos a causa de las privatizaciones de las empresas públicas más rentables. Pero este esquema de economía también ha golpeado a artesanos, pequeños y medianos empresarios y a una amplia gama de nuevos sujetos sociales que ahora se movilizan, bajo distintas formas de lucha y confrontan cotidianamente las medidas de política económica y social neoliberales y demandan el cambio de rumbo de las mismas.
El desastre económico al que ha conducido la apertura comercial, las privatizaciones y la desregulación por el neoliberalismo, ha traído consigo el desempleo masivo y la emigración a los centros urbanos y el exterior de millones de personas por falta de oportunidades de trabajo y condiciones de vida dignas. La pobreza y la exclusión social son muy graves en nuestros países, asimismo la desigualdad económica y social se ha acentuado, la destrucción y deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, siguen generando una precaria gobernabilidad.
Con el esquema neoliberal, se ha expandido una ola de violencia en general y delincuencial en particular, la corrupción estatal y privada, el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado, son parte inherente del neoliberalismo. Esto ha arrastrado a los países a una situación de inseguridad ciudadana que ha desbordado la institucionalidad estatal. El creciente endeudamiento del Estado, esta provocando agudas crisis fiscales, ha llevado en el caso de El Salvador al asalto de los ahorros de los trabajadores en las Asociaciones de Fondos de Pensiones. Pero también se presentan grandes limitaciones para cubrir las tareas básicas de seguridad pública, así como para satisfacer el derecho de los pueblos a una eficiente y eficaz atención en educación y salud. El carácter importador y dependiente, impuesto por el neoliberalismo a nuestras economías se refleja en el déficit comercial que aumenta todos los años. El colapso de las finanzas públicas y de la economía en general es detenido por el endeudamiento estatal, y por el envío de remesas de los pobres que han emigrado al exterior.
En resumen, el neoliberalismo ha acentuado la división social en las naciones y aumentando la marginación y la consecuente “polarización social” que es la causa fundamental de la “polarización política”, ha debilitado profundamente los procesos de democratización en marcha y la frágil institucionalidad de los países. Por lo tanto podemos señalar que tres graves problemas son el resultado de la aplicación de las políticas neoliberales: La falta de una verdadera democracia ciudadana, la mayor desigualdad económica y la pobreza y exclusión social.
Así proliferan las motivaciones principalmente económicas y sociales, aunque también políticas, para las acciones populares y sociales de protesta, y se multiplican las actividades diarias de lucha, de diferentes formas y en distintos niveles nacional, local y comunal en defensa de la vida.
Este panorama ha obligado al Imperio y a los gobiernos de derecha, en aquellos países donde todavía no han sido derrotados, a impulsar, por un lado, ajustes superficiales, incorporando a sus discursos conceptos, símbolos y hasta propuestas de izquierda, vacíos de contenido, para confundir a las grandes mayorías y mantener flotando un esquema económico, social y político en crisis y sin salida. Por otro lado, el Gobierno de Estados Unidos y las derechas de algunos países impulsan la aprobación de leyes antiterroristas con la intención de definir a las luchas populares y sociales contra el neoliberalismo, como enemigos de la seguridad y de la democracia y reprimirlas. Además existe toda una estrategia del imperio del norte de mantener las estructuras de formación a los ejércitos y cuerpos de seguridad del continente, sobre contrainsurgencia, espionaje y otras prácticas. Para controlar y mediatizar el creciente movimiento social y de los partidos de izquierda a través de las ILEAS.
Pero la realidad de América Latina y el Caribe esta cambiando, gobiernos de izquierda van en asenso ante el agotamiento del neoliberalismo y ante la creciente organización y movilización social que exige sus derechos y cambios fundamentales en beneficio de toda la población.
2. Movimientos populares y sociales construyendo PODER POPULAR para las transformaciones revolucionarias
Frente al deterioro de las condiciones de vida, la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la falta de una democracia ciudadana, provocadas por el neoliberalismo, han surgido procesos importantes de organización y movilización populares en distintas partes del continente, tales como el del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, el fenómeno conocido como el Caracazo en Venezuela, los piqueteros y las madres de Plaza de Mayo en Argentina, la lucha de los movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia, la lucha por el agua en Cochabamba y de los Cocaleros y otros sectores en Bolivia, la lucha del movimiento social contra la privatización de la salud en El Salvador, para mencionar solo algunos. Además debemos recordar, la revolución Cubana en 1959, las luchas que llevaron al Gobierno de Unidad Popular en Chile, la insurrección popular sandinista en 1979, la lucha del FMLN en El Salvador, así como el de la resistencia zapatista. Entre muchos otros de la historia de nuestros pueblos.
En El Salvador la lucha popular y social tiene un largo historial y una larga memoria surgiendo desde la rebelión de Anastasio Aquino, saltando al levantamiento de 1932, pasando por la huelga de los brazos caídos en 1944, el derrocamiento de Lemus a principios de los años sesenta, la huelga obrera de 1967, la huelga de hambre del magisterio en 1968 para llegar a su máximo ascenso en los años 70 en las luchas contra la represión y el fraude electoral, que luego desembocará en la guerra civil de los años 80, terminando en los acuerdos de paz en 1992.
Las organizaciones populares y sociales están trabajando para convertirse en auténticas expresiones y representaciones de amplios sectores de población, es decir con un creciente enraízamiento en la consciencia popular, con capacidad para dar el debate de ideas en el seno del pueblo no organizado y contribuir a desbloquear los mecanismos ideológicos de las clases dominantes, fortaleciendo el ánimo de las grandes mayorías hacia el cambio y la profundización de las transformaciones, sentando bases para la construcción del socialismo del siglo XXI, correspondiente a la realidades históricas de cada país.
En el momento actual de América Latina y el Caribe la tarea principal de los movimientos populares y sociales consiste en:
A. Fortalecer la organización y la lucha reivindicativa
Esto debemos desarrollarlo a través de la formulación de agendas y plataformas de lucha representativas de las necesidades de los sectores populares y ciudadanos.
Se deberá establecer un contacto directo permanente con la gente de todos los sectores, que realizan distintas actividades económicas, con comunidades y en sus lugares de residencia. Debemos conocer el pensamiento de la población, sobre sus necesidades y demandas, conocer sus aspiraciones y fortalecer la organización y movilización popular y social en correspondencia a las nuevas situaciones históricas.
La organización a todos los niveles y en todos los sectores es fundamental. En esta etapa la profundización del trabajo con las bases, la concientización y la articulación a la lucha por sus reivindicaciones más sentidas, es una tarea que debemos realizar para fortalecer el movimiento social y ciudadano.
El abanico de banderas de lucha incluye la resistencia contra las medidas neoliberales, contra las acciones gubernamentales orientadas a la represión y eliminación de las organizaciones populares y gremiales, contra las medidas que prohíben la legalización de las organizaciones sociales y comunales. Debemos establecer una ofensiva contra el Estado neoliberal, para exigir la reorientación de recursos del presupuesto nacional hacia las necesidades sociales básicas de la población, por lo que las prioridades del gasto público deben estar destinadas al financiamiento de los graves déficit económicos, sociales y ambientales existentes.
B. Articular las agendas y las plataformas de lucha
Otra importante tarea es la articulación de los diversos sectores y organizaciones sociales, a fin de superar la dispersión de agendas e iniciativas, formando amplias alianzas sociales y populares así como concertaciones.
El capitalismo neoliberal al afectar y dañar a amplios sectores sociales, incluyendo algunos sectores empresariales, crea condiciones objetivas para el impulso de estrategias y políticas para la concertación de amplias alianzas sociales, hasta de alcances nacionales.
Ese proceso acumula fuerzas para la consolidación de alianzas sociales en torno a la base social. Permite asegurar el avance de los nuevos proyectos de democracia revolucionaria, tanto antes pero sobre todo después de las victorias políticas sobre el neoliberalismo, de tal forma de profundizar las raíces de un nuevo modelo de sociedad.
C. Construir poder popular
La construcción de poder popular, consiste en una estrategia alternativa de organización social que partiendo desde la base posibilita luego la articulación con otros sectores y actores sociales y políticos en su lucha por las transformaciones económicas sociales y ambientales a beneficio de los sectores sociales desfavorecidos.
Este proceso de organización y acción hace posible que los sectores de trabajadores, comunidades, micro y pequeños productores, hombres y mujeres de todas las edades, entre otros; incrementen su capacidad para resolver sus problemas por sí mismos y fortalezcan estrategias de desarrollo alternativo en distintos campos que incidan en la construcción de este poder popular, en beneficio de las mayorías.
Este proceso de construcción de poder popular significa un esfuerzo permanente en el tiempo y en los espacios que involucran a distintos sectores que están y se pueden comprometer con un proyecto alternativo de desarrollo del país y su población.
La construcción de poder popular puede expresarse en dimensiones como las siguientes:
· Red económica de empresas populares (economía solidaria)
· Red de comunicación popular
· Red de gobiernos municipales alternativos
· Red de organización territorial y sectorial orientada a la reivindicación y propuesta en lo cultural, educativo, salud pública y otros ámbitos sociales
D. Compartir con los partidos de izquierda
Se comparte con los partidos de izquierda agendas de lucha comunes, así como la construcción del Programa de Gobierno y el programa de la revolución, cuyas bases permitan la construcción del socialismo del siglo XXI.
Debemos trabajar y contribuir conjuntamente partidos y movimientos en una eficaz formulación de agendas, plataformas, programas de Gobierno, programa de la Revolución y de un objetivo político social compartido, en correspondencia con las banderas de los sectores golpeados por el neoliberalismo. Estos a su vez deben constituirse en los instrumentos para lograr las más amplias alianzas o concertaciones populares y sociales.
3. Compromisos compartidos entre Movimiento Social y Partidos Políticos de Izquierda
En los últimos años en América Latina y el Caribe, la lucha social de los pueblos ha sido transcendental para la derrota política del neoliberalismo. Sin embargo, ella sola es insuficiente para la realización de las transformaciones sociales y económicas que demandan nuestros pueblos. Por ello el Movimiento Social considera necesario vincular la lucha social con la lucha política y electoral.
Los partidos políticos deben tener la convicción que la lucha electoral en si misma también es insuficiente y en consecuencia deben comprometerse a acompañar y apoyar las luchas sociales.
A. Luchas sociales y electorales son complementarias.
Durante los últimos años así como el 2006, han sido los años de las victorias electorales de la izquierda y de cambios de las situaciones políticas a favor de las izquierdas favorecido por la creciente decadencia del modelo neoliberal, tendencia que se mantendrá en los próximos años.
La experiencia de la lucha de los últimos años, ha demostrado que la lucha social, la lucha política en general y las luchas electorales en particular se compaginan y no se contraponen. Durante las campañas previas a las elecciones y durante las campañas electorales propiamente tales, se ha evidenciado esta articulación que ha tenido en la mayoría de los casos resultados positivos para derrotar al neoliberalismo y los gobiernos de derecha.
Los años noventa y los de este siglo XXI han estado dominados por luchas sociales, políticas y electorales con programas cada vez más anti neoliberales. Los gobiernos de izquierda están profundizando sus programas a favor de los sectores excluidos y marginados y construyendo las bases para un nuevo esquema de desarrollo para nuestros países.
B. Nueva relación a construir entre partidos, Gobiernos de izquierda y movimiento social
En este nuevo período histórico de transición hacia la nueva sociedad con orientación al Socialismo del Siglo XXI, la relación de los movimientos sociales con partidos políticos y gobiernos de izquierda debe coordinarse adecuada y respetuosamente en función de objetivos comunes de lucha, creando mecanismos para compartir no solo la estrategia sino también táctica y fomentando aspiraciones comunes.
Este es un tiempo de oportunidades para los movimientos sociales y ciudadanos, de transito de un período de lucha de resistencia al neoliberalismo, hacia un período de iniciativa histórica a favor de la construcción hemisférica de modelos alternativos y la posibilidad de sentar las bases para un sistema de socialismo del Siglo XXI.
Por lo tanto consideramos necesario que las organizaciones que son parte de los movimientos sociales y ciudadanos, los partidos de izquierda y gobiernos de izquierda, nacionales y locales, tendrán que:
· Coordinar la ejecución de programas masivos de educación y formación política e ideológica de sus miembros, en preparación para la defensa de revoluciones y procesos revolucionarios, y prepararse para la continuación de la lucha contra el neoliberalismo, la defensa de la soberanía e independencia nacional y el impulso de programas de desarrollo alternativos.
· Cumplir con el compromiso de coordinar esfuerzos para la cohesión y unidad de las acciones sociales para la derrota del decadente neoliberalismo, en sus diferentes manifestaciones, organismos financieros y de comercio internacionales, Tratados de Libre Comercio bilaterales y regionales, políticas económicas anti populares de los gobiernos, entre otros. A su vez debe avanzarse en la construcción del nuevo proyecto de sociedad en correspondencia con los vientos de cambio del nuevo período histórico en desarrollo.
· Derrotar la estrategia del imperialismo norteamericano para tratar de restaurar el control político perdido en los últimos años, desde 1998 tras el triunfo electoral del proceso revolucionario Bolivariano en Venezuela a la victoria del 3 de diciembre del 2006, con la reelección de Hugo Chávez como Presidente de la República Bolivariana. El gobierno actual de los Estados Unidos ve con preocupación los cambios en América Latina y el Caribe y buscará mecanismos para desestabilizar estos nuevos gobiernos.
· Desenmascarar los intentos de camuflaje progresistas y enfrentar los intentos represivos de las derechas y el Imperio para frenar las luchas populares, o los esfuerzos de cooptar a dirigentes de movimientos sociales para neutralizar o anular la lucha o desviarla en contra de los proyectos alternativos.
· Continuar en su misión de defensa de la revolución cubana, boliviana, bolivariana, nicaragüense y poniendo la fuerza social requerida para el avance de los procesos revolucionarios en Brasil; Uruguay, México, El Salvador, así como de los procesos democráticos y patriotas en otros países como Haití, Argentina, y otros países de la región y el continente.
4. Apoyo, promoción y consolidación de Alianzas Sociales Latinoamericanas y Caribeñas.
El neoliberalismo ha “globalizado” las luchas de los pueblos. Por lo que las organizaciones sociales de América deben desarrollar y fortalecer las Alianzas Sociales tanto en América latina, en el norte y el caribe, alianzas globales, regionales y sectoriales, por áreas y ramas de actividades y bajo formas creativas.
La experiencia ha demostrado la capacidad de articular los esfuerzos de trabajo del movimiento social y ciudadano del continente. El Foro Social Mundial, el Foro Mesoamericano, la existencia de redes sociales contra los tratados de libre comercio y el ALCA, por la defensa de las Soberanía e Independencia de naciones y pueblos y por la Solidaridad entre los pueblos, entre otros, son una evidencia y están en marcha. Los partidos y gobiernos de izquierda han aportado y contribuido a este proceso, pero deben continuar fortaleciendo este esfuerzo. Existen experiencias de alianzas y articulaciones entre movimientos campesinos, sindicales, comunitarios, de mujeres, de jóvenes y otros, los cuales se deben desarrollar y fortalecer en esta etapa.
El proceso de integración de América Latina y el Caribe debe iniciarse, el ALBA es un proyecto a potenciar y desarrollar en nuestra región, no solo como respuesta al ALCA, sino como un verdadero proyecto solidario de integración económica y social de nuestras naciones y pueblos.
Las organizaciones sociales del continente deberán impulsar la construcción de un movimiento de movimientos populares y sociales unidos de nuestra América, que compartan los esfuerzos por la Integración Social de los pueblos, que realizan los gobiernos de izquierda, democráticos, progresistas y patriotas, en contra del neoliberalismo y por un nuevo modelo de sociedad, el socialismo del Siglo XXI.
UNIDAD Y LUCHA POPULAR
Bloque Popular Social por la Democracia Real (BPS)
Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre (MPR-12)
Frente Sindical Salvadoreño (FSS)
Coordinadora Nacional Agropecuaria (CNA)
Foro para la Defensa de la Constitución (FDC),
Movimiento Nacional de Vendedores de CD, DVD y otros productos de marca. (MNV/CD/DVD/OPM)
Alianza Social por el Cambio (ASC)
Y otras organizaciones que suscriben este documento
San Salvador, El Salvador, 6 de enero del 2007
http://forosaopaulo.fmln.org.sv
Introducción
La historia del movimiento social en América Latina y en El Salvador, muestra la lucha de los pueblos por el respeto a sus derechos humanos fundamentales y por la construcción de una nueva sociedad basada en la justicia social, la equidad y la democracia plena.
Esta larga historia de lucha, ha tenido momentos difíciles para la vida de los pueblos. Estas luchas se han enfrentado en contra del terrorismo de Estado, de la represión, la persecución, el secuestro y muerte de miles de patriotas a manos de gobiernos dictatoriales, autoritarios y anti democráticos. Pero también sus luchas han enfrentado las políticas económicas y sociales excluyentes y marginadoras de la mayoría de la población. Ahora la historia da la razón a la lucha de los pueblos. En distintos países del continente nuevos gobiernos comprometidos con la lucha de los pueblos emergen como el símbolo de una nueva etapa de construcción de la democracia en todos sus ámbitos y del respeto pleno a los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
La lucha del pueblo salvadoreño no es la excepción en este largo proceso de la historia del continente. Un pueblo que ha sufrido la expropiación de tierras de las comunidades indígenas y ejidales, para dar paso a una oligarquía cafetalera voraz, el levantamiento indígena ante la opresión y la miseria en el año 1932, que provoco la matanza de miles de indígenas, campesinos y ciudadanos. Las continuas luchas de obreros, campesinos, estudiantes y otros sectores ante las dictaduras, los fraudes electorales, la persecución, la represión y los desaparecimientos. Todo esto culminó con una guerra civil, que después de 12 años dio paso a los Acuerdos de Paz y a un proceso de transición hacia la democracia, que actualmente enfrenta graves debilidades e insuficiencias. Pero las luchas del pueblo salvadoreño continúan por la construcción de una verdadera democracia ciudadana y el respeto al Estado de Derecho.
En el nuevo escenario regional y continental, estamos observando procesos de cambio político importantes, los partidos de izquierda se han convertido en nuevas opciones para gobernar. Especialmente en los países donde se ha impulsado las políticas neoliberales que han provocado un grave deterioro económico, mayores desigualdades y déficit sociales y ambientales. Pero también hemos estado ante la presencia de movimientos sociales fuertemente organizados y con una gran capacidad de movilización, que han propiciado el retiro de gobiernos neoliberales, o han demostrado su fuerza en defensa de gobiernos de izquierda que han intentado ser derrocados por la intervención del gobierno de los Estados Unidos, los militares y los grupos de poder.
Este documento es un aporte de las organizaciones del movimiento social salvadoreño para el taller nacional de Movimiento Social y Ciudadano en El Salvador, así como para el debate de los partidos de izquierda participantes en el XIII Encuentro del Foro de Sao Paulo. Así esperamos contribuir a un debate que compromete tanto a los partidos de izquierda como a los movimientos sociales en las tareas históricas que nuestros pueblos demandan por la construcción de una verdadera democracia y el pleno desarrollo económico y social.
1. Neoliberalismo: deterioro de las condiciones de vida de la población y mayor desigualdad generan motivaciones para la lucha social.
El neoliberalismo ha debilitado la estructura económica de nuestros países, reduciendo la capacidad de sus principales motores de crecimiento. Ha arruinado a miles de productores nacionales de distintos sectores, especialmente a los productores de granos básicos y ha excluido a la mayoría de la población de los supuestos beneficios de este esquema de economía. Muchos trabajadores y trabajadoras se han incorporado al inmenso sector informal, o se ven sometidas a formas de flexibilización laboral que precariza sus condiciones de trabajo. Mientras las actividades especulativas, especialmente financieras, de servicios y del gran comercio de importación y exportación pasaron a predominar en la economía. Esto ha generando un reducido circulo de grandes empresarios que aprovechándose del Estado, y vinculado a las transnacionales, a los bancos extranjeros y los grandes medios de comunicación, se han configurando en grupos de poder que concentran cada vez más las riquezas de nuestros países.
El neoliberalismo ha deteriorado las condiciones de vida de las y los campesinos, de las y los trabajadores asalariados agropecuarios, industriales y de servicios, de empleados privados, estudiantes, maestros y capas medias en general. Todo esto como resultado de las tendencias inflacionarias y de bajos salarios que no están acordes al incremento en el costo de vida. Las y los trabajadores estatales han perdido sus empleos a causa de las privatizaciones de las empresas públicas más rentables. Pero este esquema de economía también ha golpeado a artesanos, pequeños y medianos empresarios y a una amplia gama de nuevos sujetos sociales que ahora se movilizan, bajo distintas formas de lucha y confrontan cotidianamente las medidas de política económica y social neoliberales y demandan el cambio de rumbo de las mismas.
El desastre económico al que ha conducido la apertura comercial, las privatizaciones y la desregulación por el neoliberalismo, ha traído consigo el desempleo masivo y la emigración a los centros urbanos y el exterior de millones de personas por falta de oportunidades de trabajo y condiciones de vida dignas. La pobreza y la exclusión social son muy graves en nuestros países, asimismo la desigualdad económica y social se ha acentuado, la destrucción y deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, siguen generando una precaria gobernabilidad.
Con el esquema neoliberal, se ha expandido una ola de violencia en general y delincuencial en particular, la corrupción estatal y privada, el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado, son parte inherente del neoliberalismo. Esto ha arrastrado a los países a una situación de inseguridad ciudadana que ha desbordado la institucionalidad estatal. El creciente endeudamiento del Estado, esta provocando agudas crisis fiscales, ha llevado en el caso de El Salvador al asalto de los ahorros de los trabajadores en las Asociaciones de Fondos de Pensiones. Pero también se presentan grandes limitaciones para cubrir las tareas básicas de seguridad pública, así como para satisfacer el derecho de los pueblos a una eficiente y eficaz atención en educación y salud. El carácter importador y dependiente, impuesto por el neoliberalismo a nuestras economías se refleja en el déficit comercial que aumenta todos los años. El colapso de las finanzas públicas y de la economía en general es detenido por el endeudamiento estatal, y por el envío de remesas de los pobres que han emigrado al exterior.
En resumen, el neoliberalismo ha acentuado la división social en las naciones y aumentando la marginación y la consecuente “polarización social” que es la causa fundamental de la “polarización política”, ha debilitado profundamente los procesos de democratización en marcha y la frágil institucionalidad de los países. Por lo tanto podemos señalar que tres graves problemas son el resultado de la aplicación de las políticas neoliberales: La falta de una verdadera democracia ciudadana, la mayor desigualdad económica y la pobreza y exclusión social.
Así proliferan las motivaciones principalmente económicas y sociales, aunque también políticas, para las acciones populares y sociales de protesta, y se multiplican las actividades diarias de lucha, de diferentes formas y en distintos niveles nacional, local y comunal en defensa de la vida.
Este panorama ha obligado al Imperio y a los gobiernos de derecha, en aquellos países donde todavía no han sido derrotados, a impulsar, por un lado, ajustes superficiales, incorporando a sus discursos conceptos, símbolos y hasta propuestas de izquierda, vacíos de contenido, para confundir a las grandes mayorías y mantener flotando un esquema económico, social y político en crisis y sin salida. Por otro lado, el Gobierno de Estados Unidos y las derechas de algunos países impulsan la aprobación de leyes antiterroristas con la intención de definir a las luchas populares y sociales contra el neoliberalismo, como enemigos de la seguridad y de la democracia y reprimirlas. Además existe toda una estrategia del imperio del norte de mantener las estructuras de formación a los ejércitos y cuerpos de seguridad del continente, sobre contrainsurgencia, espionaje y otras prácticas. Para controlar y mediatizar el creciente movimiento social y de los partidos de izquierda a través de las ILEAS.
Pero la realidad de América Latina y el Caribe esta cambiando, gobiernos de izquierda van en asenso ante el agotamiento del neoliberalismo y ante la creciente organización y movilización social que exige sus derechos y cambios fundamentales en beneficio de toda la población.
2. Movimientos populares y sociales construyendo PODER POPULAR para las transformaciones revolucionarias
Frente al deterioro de las condiciones de vida, la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la falta de una democracia ciudadana, provocadas por el neoliberalismo, han surgido procesos importantes de organización y movilización populares en distintas partes del continente, tales como el del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, el fenómeno conocido como el Caracazo en Venezuela, los piqueteros y las madres de Plaza de Mayo en Argentina, la lucha de los movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia, la lucha por el agua en Cochabamba y de los Cocaleros y otros sectores en Bolivia, la lucha del movimiento social contra la privatización de la salud en El Salvador, para mencionar solo algunos. Además debemos recordar, la revolución Cubana en 1959, las luchas que llevaron al Gobierno de Unidad Popular en Chile, la insurrección popular sandinista en 1979, la lucha del FMLN en El Salvador, así como el de la resistencia zapatista. Entre muchos otros de la historia de nuestros pueblos.
En El Salvador la lucha popular y social tiene un largo historial y una larga memoria surgiendo desde la rebelión de Anastasio Aquino, saltando al levantamiento de 1932, pasando por la huelga de los brazos caídos en 1944, el derrocamiento de Lemus a principios de los años sesenta, la huelga obrera de 1967, la huelga de hambre del magisterio en 1968 para llegar a su máximo ascenso en los años 70 en las luchas contra la represión y el fraude electoral, que luego desembocará en la guerra civil de los años 80, terminando en los acuerdos de paz en 1992.
Las organizaciones populares y sociales están trabajando para convertirse en auténticas expresiones y representaciones de amplios sectores de población, es decir con un creciente enraízamiento en la consciencia popular, con capacidad para dar el debate de ideas en el seno del pueblo no organizado y contribuir a desbloquear los mecanismos ideológicos de las clases dominantes, fortaleciendo el ánimo de las grandes mayorías hacia el cambio y la profundización de las transformaciones, sentando bases para la construcción del socialismo del siglo XXI, correspondiente a la realidades históricas de cada país.
En el momento actual de América Latina y el Caribe la tarea principal de los movimientos populares y sociales consiste en:
A. Fortalecer la organización y la lucha reivindicativa
Esto debemos desarrollarlo a través de la formulación de agendas y plataformas de lucha representativas de las necesidades de los sectores populares y ciudadanos.
Se deberá establecer un contacto directo permanente con la gente de todos los sectores, que realizan distintas actividades económicas, con comunidades y en sus lugares de residencia. Debemos conocer el pensamiento de la población, sobre sus necesidades y demandas, conocer sus aspiraciones y fortalecer la organización y movilización popular y social en correspondencia a las nuevas situaciones históricas.
La organización a todos los niveles y en todos los sectores es fundamental. En esta etapa la profundización del trabajo con las bases, la concientización y la articulación a la lucha por sus reivindicaciones más sentidas, es una tarea que debemos realizar para fortalecer el movimiento social y ciudadano.
El abanico de banderas de lucha incluye la resistencia contra las medidas neoliberales, contra las acciones gubernamentales orientadas a la represión y eliminación de las organizaciones populares y gremiales, contra las medidas que prohíben la legalización de las organizaciones sociales y comunales. Debemos establecer una ofensiva contra el Estado neoliberal, para exigir la reorientación de recursos del presupuesto nacional hacia las necesidades sociales básicas de la población, por lo que las prioridades del gasto público deben estar destinadas al financiamiento de los graves déficit económicos, sociales y ambientales existentes.
B. Articular las agendas y las plataformas de lucha
Otra importante tarea es la articulación de los diversos sectores y organizaciones sociales, a fin de superar la dispersión de agendas e iniciativas, formando amplias alianzas sociales y populares así como concertaciones.
El capitalismo neoliberal al afectar y dañar a amplios sectores sociales, incluyendo algunos sectores empresariales, crea condiciones objetivas para el impulso de estrategias y políticas para la concertación de amplias alianzas sociales, hasta de alcances nacionales.
Ese proceso acumula fuerzas para la consolidación de alianzas sociales en torno a la base social. Permite asegurar el avance de los nuevos proyectos de democracia revolucionaria, tanto antes pero sobre todo después de las victorias políticas sobre el neoliberalismo, de tal forma de profundizar las raíces de un nuevo modelo de sociedad.
C. Construir poder popular
La construcción de poder popular, consiste en una estrategia alternativa de organización social que partiendo desde la base posibilita luego la articulación con otros sectores y actores sociales y políticos en su lucha por las transformaciones económicas sociales y ambientales a beneficio de los sectores sociales desfavorecidos.
Este proceso de organización y acción hace posible que los sectores de trabajadores, comunidades, micro y pequeños productores, hombres y mujeres de todas las edades, entre otros; incrementen su capacidad para resolver sus problemas por sí mismos y fortalezcan estrategias de desarrollo alternativo en distintos campos que incidan en la construcción de este poder popular, en beneficio de las mayorías.
Este proceso de construcción de poder popular significa un esfuerzo permanente en el tiempo y en los espacios que involucran a distintos sectores que están y se pueden comprometer con un proyecto alternativo de desarrollo del país y su población.
La construcción de poder popular puede expresarse en dimensiones como las siguientes:
· Red económica de empresas populares (economía solidaria)
· Red de comunicación popular
· Red de gobiernos municipales alternativos
· Red de organización territorial y sectorial orientada a la reivindicación y propuesta en lo cultural, educativo, salud pública y otros ámbitos sociales
D. Compartir con los partidos de izquierda
Se comparte con los partidos de izquierda agendas de lucha comunes, así como la construcción del Programa de Gobierno y el programa de la revolución, cuyas bases permitan la construcción del socialismo del siglo XXI.
Debemos trabajar y contribuir conjuntamente partidos y movimientos en una eficaz formulación de agendas, plataformas, programas de Gobierno, programa de la Revolución y de un objetivo político social compartido, en correspondencia con las banderas de los sectores golpeados por el neoliberalismo. Estos a su vez deben constituirse en los instrumentos para lograr las más amplias alianzas o concertaciones populares y sociales.
3. Compromisos compartidos entre Movimiento Social y Partidos Políticos de Izquierda
En los últimos años en América Latina y el Caribe, la lucha social de los pueblos ha sido transcendental para la derrota política del neoliberalismo. Sin embargo, ella sola es insuficiente para la realización de las transformaciones sociales y económicas que demandan nuestros pueblos. Por ello el Movimiento Social considera necesario vincular la lucha social con la lucha política y electoral.
Los partidos políticos deben tener la convicción que la lucha electoral en si misma también es insuficiente y en consecuencia deben comprometerse a acompañar y apoyar las luchas sociales.
A. Luchas sociales y electorales son complementarias.
Durante los últimos años así como el 2006, han sido los años de las victorias electorales de la izquierda y de cambios de las situaciones políticas a favor de las izquierdas favorecido por la creciente decadencia del modelo neoliberal, tendencia que se mantendrá en los próximos años.
La experiencia de la lucha de los últimos años, ha demostrado que la lucha social, la lucha política en general y las luchas electorales en particular se compaginan y no se contraponen. Durante las campañas previas a las elecciones y durante las campañas electorales propiamente tales, se ha evidenciado esta articulación que ha tenido en la mayoría de los casos resultados positivos para derrotar al neoliberalismo y los gobiernos de derecha.
Los años noventa y los de este siglo XXI han estado dominados por luchas sociales, políticas y electorales con programas cada vez más anti neoliberales. Los gobiernos de izquierda están profundizando sus programas a favor de los sectores excluidos y marginados y construyendo las bases para un nuevo esquema de desarrollo para nuestros países.
B. Nueva relación a construir entre partidos, Gobiernos de izquierda y movimiento social
En este nuevo período histórico de transición hacia la nueva sociedad con orientación al Socialismo del Siglo XXI, la relación de los movimientos sociales con partidos políticos y gobiernos de izquierda debe coordinarse adecuada y respetuosamente en función de objetivos comunes de lucha, creando mecanismos para compartir no solo la estrategia sino también táctica y fomentando aspiraciones comunes.
Este es un tiempo de oportunidades para los movimientos sociales y ciudadanos, de transito de un período de lucha de resistencia al neoliberalismo, hacia un período de iniciativa histórica a favor de la construcción hemisférica de modelos alternativos y la posibilidad de sentar las bases para un sistema de socialismo del Siglo XXI.
Por lo tanto consideramos necesario que las organizaciones que son parte de los movimientos sociales y ciudadanos, los partidos de izquierda y gobiernos de izquierda, nacionales y locales, tendrán que:
· Coordinar la ejecución de programas masivos de educación y formación política e ideológica de sus miembros, en preparación para la defensa de revoluciones y procesos revolucionarios, y prepararse para la continuación de la lucha contra el neoliberalismo, la defensa de la soberanía e independencia nacional y el impulso de programas de desarrollo alternativos.
· Cumplir con el compromiso de coordinar esfuerzos para la cohesión y unidad de las acciones sociales para la derrota del decadente neoliberalismo, en sus diferentes manifestaciones, organismos financieros y de comercio internacionales, Tratados de Libre Comercio bilaterales y regionales, políticas económicas anti populares de los gobiernos, entre otros. A su vez debe avanzarse en la construcción del nuevo proyecto de sociedad en correspondencia con los vientos de cambio del nuevo período histórico en desarrollo.
· Derrotar la estrategia del imperialismo norteamericano para tratar de restaurar el control político perdido en los últimos años, desde 1998 tras el triunfo electoral del proceso revolucionario Bolivariano en Venezuela a la victoria del 3 de diciembre del 2006, con la reelección de Hugo Chávez como Presidente de la República Bolivariana. El gobierno actual de los Estados Unidos ve con preocupación los cambios en América Latina y el Caribe y buscará mecanismos para desestabilizar estos nuevos gobiernos.
· Desenmascarar los intentos de camuflaje progresistas y enfrentar los intentos represivos de las derechas y el Imperio para frenar las luchas populares, o los esfuerzos de cooptar a dirigentes de movimientos sociales para neutralizar o anular la lucha o desviarla en contra de los proyectos alternativos.
· Continuar en su misión de defensa de la revolución cubana, boliviana, bolivariana, nicaragüense y poniendo la fuerza social requerida para el avance de los procesos revolucionarios en Brasil; Uruguay, México, El Salvador, así como de los procesos democráticos y patriotas en otros países como Haití, Argentina, y otros países de la región y el continente.
4. Apoyo, promoción y consolidación de Alianzas Sociales Latinoamericanas y Caribeñas.
El neoliberalismo ha “globalizado” las luchas de los pueblos. Por lo que las organizaciones sociales de América deben desarrollar y fortalecer las Alianzas Sociales tanto en América latina, en el norte y el caribe, alianzas globales, regionales y sectoriales, por áreas y ramas de actividades y bajo formas creativas.
La experiencia ha demostrado la capacidad de articular los esfuerzos de trabajo del movimiento social y ciudadano del continente. El Foro Social Mundial, el Foro Mesoamericano, la existencia de redes sociales contra los tratados de libre comercio y el ALCA, por la defensa de las Soberanía e Independencia de naciones y pueblos y por la Solidaridad entre los pueblos, entre otros, son una evidencia y están en marcha. Los partidos y gobiernos de izquierda han aportado y contribuido a este proceso, pero deben continuar fortaleciendo este esfuerzo. Existen experiencias de alianzas y articulaciones entre movimientos campesinos, sindicales, comunitarios, de mujeres, de jóvenes y otros, los cuales se deben desarrollar y fortalecer en esta etapa.
El proceso de integración de América Latina y el Caribe debe iniciarse, el ALBA es un proyecto a potenciar y desarrollar en nuestra región, no solo como respuesta al ALCA, sino como un verdadero proyecto solidario de integración económica y social de nuestras naciones y pueblos.
Las organizaciones sociales del continente deberán impulsar la construcción de un movimiento de movimientos populares y sociales unidos de nuestra América, que compartan los esfuerzos por la Integración Social de los pueblos, que realizan los gobiernos de izquierda, democráticos, progresistas y patriotas, en contra del neoliberalismo y por un nuevo modelo de sociedad, el socialismo del Siglo XXI.
UNIDAD Y LUCHA POPULAR
Bloque Popular Social por la Democracia Real (BPS)
Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre (MPR-12)
Frente Sindical Salvadoreño (FSS)
Coordinadora Nacional Agropecuaria (CNA)
Foro para la Defensa de la Constitución (FDC),
Movimiento Nacional de Vendedores de CD, DVD y otros productos de marca. (MNV/CD/DVD/OPM)
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San Salvador, El Salvador, 6 de enero del 2007
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La nueva etapa de la integración
Introducción
En enero de 2007, en El Salvador, tendrá lugar el XIII Encuentro del Foro de São Paulo. El tema general del XIII Encuentro será “la nueva etapa de la lucha por la integración latinoamericana y caribeña”. Este tema será abordado desde cuatro ángulos complementarios:
a) las respuestas alternativas al neoliberalismo, en el ámbito político,
social y económico;
b) el colonialismo, la ingerencia imperialista y los acuerdos de paz;
c) la seguridad hemisférica: el crimen organizado, el narcotráfico, el
terrorismo y la militarización;
d) la relación entre las fuerzas políticas, los movimientos sociales y
los gobiernos de izquierda y progresistas.
El documento base de este XIII Encuentro fue elaborado por una comisión designada por el Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo. Integran dicha comisión las siguientes organizaciones: el Partido de los Trabajadores (Brasil), el Movimiento V República (Venezuela), el Frente Farabundo Martí (El Salvador) y el Partido de la Revolución Democrática (México).
El texto que se presenta a continuación hace, en primer lugar, un recuento de los Encuentros del Foro; luego, un breve análisis de la coyuntura mundial y, enseguida, de la situación latinoamericana y caribeña, donde se destaca la nueva etapa que se vive a partir de los resultados electorales de la izquierda en el año 2006.Enseguida, tratamos de abordar cada uno de los puntos que componen el temario del XIII Encuentro. Intentamos sistematizar el debate acerca de las estrategias, tácticas y programas adecuados para enfrentar esta coyuntura. Y, finalmente, planteamos algunas propuestas para mejorar el desempeño del Foro de Sao Paulo, en este momento histórico que vivimos, muy diferente de aquél, cuando se creó, hace más de 15 años.
Estamos convencidos de que este encuentro demostrará que el espacio plural del Foro de São Paulo sigue siendo extremadamente útil para todas y cada una de las organizaciones que participan de él y que se volverá a refrendar la voluntad política para llevar a cabo cada vez más acciones comunes.
El FSP: Más de 15 años de unidad en la lucha
El XIII Encuentro debe tomar, como punto de partida, lo acumulado en casi 17 años de existencia del Foro de São Paulo.
A lo largo de más de tres lustros, el FORO de SAO PAULO, integrado por fuerzas políticas con distintas orientaciones ideológicas, ha avanzado en la unidad en medio de la diversidad, interpretando correctamente los momentos históricos por los que ha atravesado, y tratando de elaborar un modelo de sociedad soberana, solidaria, justa e integradora para un continente tan plural y complejo como el nuestro.
El entorno en que surge el FORO de SAO PAULO, estuvo determinado por la crisis del modelo socialista, el derrumbe de la URSS y el viraje de la socialdemocracia al abandonar las políticas del “Estado Benefactor”. Al mismo tiempo, coincidió con el fin de la larga etapa histórica conocida como la “guerra fría” y el surgimiento de nuevas corrientes progresistas y democráticas en América Latina y El Caribe.
Así, en julio de 1990, en el momento en que se desplomaba el socialismo soviético y los adoradores del neoliberalismo afirmaban que llegaba el “fin de la historia”, el Partido de los Trabajadores, PT, de Brasil, convocó en Sao Paulo al Primer Encuentro al que asistieron representantes de 48 partidos y organizaciones latinoamericanas y caribeñas, de las más diversas corrientes de pensamiento de izquierda, democráticas, progresistas y patriotas.
En aquel primer encuentro se evaluó la crisis del modelo de socialismo soviético. Fue analizada la amenaza imperialista basada en la estrategia neoliberal de la globalización lanzada contra nuestros pueblos y se revisaron las estrategias revolucionarias de la izquierda latinoamericana y caribeña.
Igualmente, se sentaron las bases para avanzar en propuestas de unidad de acción en la lucha anti-imperialista y popular por una sociedad justa, libre y soberana, por la renovación del pensamiento de izquierda y el socialismo, y por el fortalecimiento de las organizaciones antineoliberales y de sus objetivos antiimperialistas, socialistas y populares.
Asimismo se fijó una posición de rechazo a la idea imperialista de una nueva “Integración Americana”, basada en una única zona de libre comercio, para asegurar el dominio económico y político sobre América Latina y El Caribe.
En el FORO se definieron las bases de un nuevo concepto de unidad e integración latinoamericanista y caribeño para reafirmar nuestra soberanía, independencia y recuperar nuestra identidad cultural e histórica, promover la democracia y la soberanía populares. Asimismo se mantuvo el compromiso de solidaridad activa con la revolución socialista de Cuba, la revolución popular sandinista, la lucha de los pueblos salvadoreño, panameño y andinos que enfrentaban la presión militarista del imperialismo.
En México, durante el II Encuentro, se ratificó el nombre de Foro de Sao Paulo; se amplió la participación a organizaciones y partidos políticos de Canadá, Estados Unidos y Europa, y se profundizó en el análisis de la crisis generada por el neoliberalismo en la “década perdida” de los años 80. Se analizó también la caída de las dictaduras militares, los nuevos espacios de lucha política democrática que habían estado cerrados durante los años de la guerra fría, y la aparición de nuevos movimientos sociales y partidos políticos populares.
La apertura de nuevos caminos para luchar contra el neoliberalismo se confirmó en 1992 al realizarse, en Managua, el III Encuentro del Foro de Sao Paulo. En esta ocasión el debate se concentró alrededor del proyecto alternativo de la izquierda latinoamericana y las nuevas formas de integración de los pueblos de la región. Se concluyó que el capitalismo neoliberal agravaba la situación de América Latina y el Caribe y que por ello se enfrentaban dificultades para consolidar las instituciones políticas, y que esta situación podría llevar a un fortalecimiento del autoritarismo.
El IV encuentro del FSP reafirmó la resuelta condena contra el bloqueo imperialista contra Cuba, así como el inaceptable status colonial de Puerto Rico, Guyana francesa, Martinica, Guadalupe y otros territorios continentales, respaldando la causa de la independencia nacional y autodeterminación para sus pueblos. Ratificó también el compromiso de continuar con la lucha por la integración plena e incondicional de la Comunidad Latinoamericana y Caribeña de Naciones.
De la misma manea que quedó constatado el ascenso de la movilización social de los pueblos, se destacó la importancia de la lucha por la profundización de la democracia política, quedó resaltada la necesidad de reconocer e incorporar en el pensamiento programático la pluralidad étnica y cultural de nuestros países, y la importancia de luchar por la igualdad de género.
El V Encuentro realizado en Montevideo en 1995, registró el incremento, diversificación y desarrollo de las luchas populares, expresado a través de huelgas, protestas, manifestaciones y bloqueo de caminos. Se analizó, de manera especial, la rebelión en Chiapas como una nueva forma de expresión de lucha por la democracia y el poder popular.
Los resultados de elecciones realizadas en 14 países de América Latina entre 1993 y 1995, fueron positivos para las izquierdas, ya que éstas lograron una mayor participación en gobiernos locales o en los parlamentos de sus países.
Ante este ascenso, las derechas neoliberales respondieron El gobierno estadounidense convocó a la Cumbre de las Américas realizada en Miami en 1994, con el doble objetivo de imponer, de un lado, su diseño regional y global de “Seguridad Colectiva”, y, de otro, el Tratado de Libre Comercio para el conjunto de los países del continente bajo las siglas del ALCA.
En el VI Encuentro realizado en El Salvador en 1996 quedó claro que la globalización neoliberal había exacerbado contradicciones y conflictos muy diversos: entre el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente; por la cada vez mayor concentración de la riqueza, así como también por las oportunidades desiguales que para el desarrollo de la humanidad ofrecían los avances científico-técnicos.
Quedó evidenciado que las libertades políticas eran obstruidas por los neoliberales para impedir el desarrollo con justicia social, así como para bloquear el ejercicio de los derechos económicos y sociales de los pueblos.
El VII encuentro realizado en 1997, Porto Alegre, Brasil, confirmó la tendencia del ascenso de las luchas sociales. En este encuentro se resolvió establecer mecanismos de coordinación y discusión permanente con el propósito de contribuir a que la izquierda latinoamericana y caribeña encabezaran las soluciones políticas, económicas y sociales alternativas al neoliberalismo y a la globalización neoliberal; al afianzamiento de la solidaridad y la integración en beneficio de los pueblos y el desarrollo con justicia social y armonía con la naturaleza.
El siguiente FORO, el VIII, realizado en México, en 1998, reflejó el creciente apoyo de los pueblos a las opciones de izquierda y progresistas, a causa de la crisis del modelo neoliberal iniciado en Asia, en los países llamados los “dragones del pacífico”, crisis que golpeó a parte del mundo europeo y de América Latina, en particular a México, Brasil y Argentina.
Era más evidente que la crisis neoliberal, que apenas comenzaba a salir a la superficie, propiciaba la búsqueda de salidas alternativas impulsadas por la izquierda. Se consideró que “no hay democracia sin política, sin partidos, sin sindicatos y sin movimientos sociales organizados”.
El encuentro permitió reafirmar conclusiones importantes, como lo relacionado a la pluralidad étnica, lingüística y cultural de las naciones latinoamericanas y caribeñas, y la necesidad de luchar por el respeto y reconocimiento social, político y jurídico de esta diversidad.
En el año 2000, en Managua, durante el IX Encuentro, se conmemoró el Décimo Aniversario del FORO y se reafirmó el aporte a la lucha de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Al mismo tiempo se reconocieron los aportes de la intelectualidad de izquierda y progresista en torno a la defensa de las Universidades y la educación pública como patrimonio democrático. Se ratificó el compromiso con la lucha contra la discriminación, en particular de la mujer, y la búsqueda de la igualdad entre los géneros.
Se refrendó también, con firmeza, el objetivo de conquistar las libertades, la independencia y la soberanía, para terminar con todo vestigio de colonialismo y neocolonialismo. Se dejó sentada la tesis de que en el siglo XXI, por comenzar, la izquierda se convertirá en una alternativa real de poder popular basada en nuevas instituciones participativas, formas democráticas de gobierno y de desarrollo económico en beneficio de las mayorías nacionales.
Es necesario detenerse particularmente en el análisis que hemos desarrollando desde el X Encuentro, realizado en diciembre de 2001 en La Habana, pues éste se realizó luego del ataque a las “Torres Gemelas” del mes de septiembre de ese año.
En aquél momento, el neoliberalismo, principalmente en sus aspectos económicos e ideológicos, vivía un gran desgaste, debido a múltiples crisis económicas que se habían presentado en países de Asia pero también en Brasil, Rusia, Turquía y Argentina.
En este contexto, las acciones militares desarrolladas por los EEUU y por algunos países europeos, primero contra Afganistán y después contra Irak, sumadas a las exacerbadas medidas internas de seguridad, parecían tener como efecto colateral la profundización de las medidas de liberalización económica.
El discurso del Presidente Bush, según el cual “quienes no están con nosotros están contra nosotros” y “el terrorismo es fruto de la pobreza y ésta debe ser combatida con el crecimiento económico proveniente del libre comercio” fue un claro mensaje para presionar a muchos países para que aceptaran una agenda de negociación en la Conferencia de la OMC en Doha que debería concluir con una mayor liberalización del comercio a favor de las grandes potencias mundiales.
La nueva política militar de Estados Unidos, llamada de la “guerra preventiva”, tenía un contenido abiertamente intolerante, racista, xenofóbica, criminal y genocida, y fue rechazada en su momento por la izquierda y las fuerzas progresistas, democráticas y patriotas, como fue rechazado también el intento de calificar como terroristas a los movimientos de liberación nacional, a las fuerzas de izquierda, a los movimientos sociales y progresistas.
El XI encuentro realizado en Antigua, Guatemala en el 2002, caracterizó al nuevo orden internacional como injusto y altamente riesgoso, ya que el gobierno de los Estados Unidos con su unipolaridad militar colocaba al mundo al borde de la guerra, estrategia global que lesionaba la democracia y soberanía nacional de los países.
Se analizó la crisis Argentina y su impacto en el Sur del continente; la situación por la que atravesaban Venezuela y de Cuba en esos momentos. Todo ello como punto de referencia para el análisis de la lucha de nuestros pueblos frente al proyecto de dominación de Estados Unidos que se presentaba bajo el discurso de la integración comercial.
Se discutieron también las nuevas perspectivas abiertas por las fuerzas progresistas y el momento histórico para la integración latinoamericana hacia un modelo alternativo. Las expectativas del triunfo de Brasil y el acceso de las izquierdas al gobierno definió la lucha por la democracia y la unidad del pueblo como un planteamiento estratégico del FORO de Sao Paulo.
Por su parte, el XII encuentro, realizado en Sao Paulo, el 2005, a 15 años de su fundación, concluyó que las luchas han dado frutos y que se ha producido una reestructuración política y social en América Latina y el Caribe, debilitándose las fuerzas de derecha al punto de perder protagonismo y sufrir reveses y derrotas políticas. Se reconoció la aparición de nuevos sujetos sociales: población de comunidades, organizaciones de mujeres, religiosas, de lucha por la defensa, protección y desarrollo de los recursos naturales y medio ambiente, organizaciones de la cultura, de la intelectualidad, y nuevos movimientos políticos que destacaban en comparación al clima dominante que se observaba una década atrás.
El relato de la evolución de los Foros permite afirmar que estamos ante la presencia de un nuevo período histórico que apenas ha comenzado y en el que se ha puesto en evidencia de manera reiterada y tajante que democratización política y neoliberalismo económico se contraponen y chocan, lo que se traduce, al mismo tiempo, en ascenso de las luchas populares y sociales.
La nueva realidad política demanda de las fuerzas de izquierda y socialistas de la región actuar a la ofensiva y profundizar la lucha democrática. Un punto a debate es si estos avances pueden sentar las bases para la construcción del socialismo del Siglo XXI, en un escenario en el que existen diversas formas de lucha.
Por ello el FORO debe mantener sus esfuerzos de elaboración de estrategias y políticas así como el permanente intercambio de experiencias sobre los profundos cambios que suceden en América Latina y el mundo.
El FORO también debe contribuir a impedir que las fuerzas de derecha y el imperialismo restauren el control de poder político hasta ahora perdido en la región, a defender los procesos de democracia revolucionaria en marcha y a desplegar toda nuestra capacidad internacionalista y solidaria con Cuba, los gobiernos democráticos de izquierda y la lucha de los pueblos.
La situación mundial: compleja y contradictoria
Cinco años después del X Encuentro en La Habana, podemos decir que ha fracasado el intento de salvar al neoliberalismo a través de la guerra y de la liberalización comercial. En el ámbito militar, las invasiones de Afganistán y de Irak por parte de tropas, principalmente de EEUU e Inglaterra, y en menor número de otros países europeos y de Australia, se transformaron en dos “atolladeros” políticos y militares. La caída de los talibanes y de Saddam Hussein, ambos ex aliados de los Estados Unidos, estuvo seguida por una mayor inestabilidad tanto en la región como a escala mundial.
Los EEUU ya perdieron más de tres mil soldados solamente en Irak. Su plan, por ahora, ha fracasado. Irak vive hoy una guerra civil entre las diferentes etnias y comunidades religiosas que componen el país, la que ha costado la vida, en promedio, a cinco mil personas al mes.
La invasión de Irak, además de no haber sido autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, contó con la oposición de amplia mayoría de la opinión pública mundial. La participación de tropas españolas e italianas en esa guerra ayudó a poner fin a los gobiernos, respectivamente, de Aznar (2004) y Berlusconi (2006), al igual que contribuyó para la derrota de los republicanos en las recientes elecciones para el Congreso de los EEUU (2006).
En el terreno económico, habrá que recordar que el derrumbe del socialismo soviético y el fin de la etapa histórica de la “guerra fría” le imprimieron mayor velocidad al reajuste mundial, a la globalización económica neoliberal y a la corriente por un comercio internacional negociado[1], que impactó de manera desigual a los países. La humanidad comenzó a atravesar por una transición dominada por el neoliberalismo.
En esta nueva etapa del capitalismo se han configurado tres grandes bloques. Uno, encabezado por los Estados Unidos que incluye los países del NAFTA o TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y las naciones que formarían el CAFTA (Tratado de Libre Comercio de América Central). Otro está constituido por los integrantes de la Unión Europea; y el tercero estaría formado por los países asiáticos más desarrollados. Por otro lado, encontramos la configuración de otros bloques de segundo nivel (en América Latina, el MERCOSUR, Comunidad de Naciones Andinas, entre otros).
La disputa entre los principales bloques comerciales y económicos, y los países más desarrollados por separado se está reflejando, en este período histórico, en tres sistemas de pagos internacionales: el sistema monetario basado en el Euro; el otro basado en el Dólar; y el tercero el ACU (moneda asiática), comandada, por ahora, por la República Popular de China, Japón y Corea del Sur[2], y que reemplazó al Yen que se perfilaba, hacia finales de 1999, como la base para el sistema monetario asiático para competir con la Unión Europea y Estados Unidos. Un dato fundamental de esta nueva situación es que en la carrera por “conquistar” económicamente el siglo XXI[3], irrumpió abruptamente China, que hasta 1999 solo se mencionaba como posible amenaza hasta el 2015, pero en el 2006 se ha colocado como tercera o cuarta potencia económica mundial.
Existe pues una disputa por el dominio económico mundial en general encarnada en estos tres bloques bajo una competencia colosal cuyo desenlace, histórico por supuesto, aún está por verse.
Estados Unidos, además, ha perdido terreno económico en Asia, en particular en aquellos países que antes eran su “patio trasero” asiático, los llamados “dragones del pacífico”. En cambio, se ha fortalecido el bloque liderado por China, Japón y Corea del Sur. En el horizonte mediato también se perfila la posibilidad de que la India y Rusia se incorporen a ese mega bloque asiático. El pacto entre China y Rusia mostrarían también una pérdida de terreno por parte de los Estados Unidos.
El reacomodo o reajuste de las correlaciones de fuerzas mundiales en proceso, principalmente por el desarrollo de los nuevos grandes bloques comerciales, de un lado, y el debilitamiento del poderío económico de Estados Unidos por el otro, plantean como interrogante si lo que estamos presenciando es un proceso de decadencia del imperialismo norteamericano.
Por otra parte, el capitalismo, en esta nueva etapa, sigue observando un crecimiento desmedido del sector financiero de la economía mundial, que empezó a instalarse a principios de los años 1970, con la crisis del petróleo y el fin de los “Acuerdos de Bretton Woods”.
Este crecimiento desmedido del sector financiero se traduce, por ejemplo, en el movimiento mundial diario de aproximadamente US$ 1,5 billones de dólares, recursos que no están aplicados directamente en actividades productivas. Esto constituye en lo fundamental un giro especulativo que genera ganancias de corto plazo para el capital financiero y las grandes empresas, incluidas aquellas consideradas como “productivas” pero que muchas veces retiran de la especulación la mayor parte de sus ganancias.
El crecimiento desmedido del sector financiero estuvo acompañado por un proceso profundo de reestructuración productiva y de alteración de los patrones de participación del Estado en la economía, de la reducción de los derechos laborales y sociales antes provistas por políticas públicas y estatales, así como de la reducción del proteccionismo vigente en diversas naciones, reducción a favor de las grandes empresas y potencias. Ha sido, además, la causa principal de las crisis financiera de muchos países y de la inestabilidad económica mundial, por lo que representa una amenaza al desarrollo económico en todo el planeta.
Por otra parte, la economía mundial sigue siendo controlada por unos cuantos países, básicamente los EEUU, la Unión Europea, Japón, países de origen de las 500 mayores empresas multinacionales, de las cuales alrededor de 450 están presentes en América Latina y Caribe. Estas empresas tienen influencia sobre los gobiernos nacionales y las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Organización Mundial del Comercio (OMC). Tales gobiernos e instituciones, no por casualidad, han sido instrumentos fundamentales para la puesta en práctica de las medidas de liberalización y los dogmas del llamado “Consenso de Washington”. Influyen también en las negociaciones en la OMC, ALCA y los tratados bilaterales de comercio.
La sumisión de la mayoría de los países a la nueva lógica neoliberal provocó todavía más concentración de poder económico y político en las manos de los países más ricos y poderosos, aumentando la brecha que separa a unos y otros. En este contexto, los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay vienen haciendo esfuerzos en el sentido de disminuir la vulnerabilidad externa. Una de las medidas adoptadas por estos gobiernos, con este propósito, fue la no renovación de los acuerdos con el FMI. Merece mención, asimismo, la negociación de la deuda argentina, que logró colocar soberanamente los intereses del país por encima de los intereses de los acreedores.
Además de la presencia, ya mencionada, de las empresas multinacionales más importantes del mundo en nuestro continente, convivimos en América Latina y Caribe directamente con la mayor potencia económica y militar del mundo, los EEUU, e indirectamente con los intereses de la Unión Europea, en particular de algunos de sus miembros que ya tuvieron colonias aquí.
Seguimos conviviendo, también, con un proceso de distribución regresiva de la renta y de exclusión social, situación que une la pobreza económica con la falta de acceso a derechos ciudadanos fundamentales como salud, educación, vivienda, agua potable, etc.
Se calcula que actualmente, en el mundo, 1,2 mil millones de personas viven con menos de un dólar al día, o sea, por debajo de la línea de la pobreza, de acuerdo a los criterios de la ONU, y en situación de exclusión social.
Millones de personas migran de un país a otro actualmente, ya sea porque son refugiados de los varios conflictos bélicos regionales, ya sea porque buscan trabajo en otros países más desarrollados, por no encontrarlos en los suyos. Esto sucede también en nuestro continente.
El envío de parte del ingreso duramente conquistado por parte de aproximadamente 191 millones de migrantes a sus países de origen suma actualmente US$ 233 mil millones, de los cuales US$ 167 mil millones van para países en desarrollo, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM). En algunos casos, en Centroamérica, los envíos representan ya de 10 a 15% del PIB. En Brasil, los giros de dinero de los migrantes suman US$ 10,5 mil millones al año, y en Ecuador, cerca de US$ 2,3 mil millones al año. A México, que es quizás el ejemplo más destacado de América Latina, llegan casi 20 mil millones de dólares al año.
La migración, además de haberse convertido en una fuente de ingresos financieros muy importante para nuestros países, ha provocado también transformaciones en la sociedad y en la política de cada Nación. No debemos olvidar, por ejemplo, las declaraciones del embajador norteamericano en El Salvador, que en plena campaña presidencial afirmó que los envíos de los emigrantes salvadoreños que viven en los Estados Unidos podrían interrumpirse, en el caso de una victoria del hoy añorado compañero Schafik Handal, candidato del FMLN a la presidencia de la República.
Ahora bien, en el ámbito de las negociaciones comerciales, dos hechos indican claramente el fracaso de las iniciativas de la agenda neoliberal en materia de libre comercio:
a) La paralización de las negociaciones que pretendían resultar en la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas. Es importante considerar el papel ejercido, en este sentido, por la acción de los presidentes de los países del MERCOSUR que, liderados por el país anfitrión de la Cumbre de Mar del Plata, realizada a fines de 2005, pusieron un freno que creemos definitivo a las pretensiones de los gobiernos de los Estados Unidos de viabilizar el ALCA.
b) La “Ronda de Doha”, que hasta el día de hoy no ha llegado a resultados concretos. No hay perspectivas en el corto plazo de que vaya a alcanzarlos. En estas negociaciones, la acción del gobierno brasileño y de los gobiernos del MERCOSUR en la reunión de Cancún, realizada en 2003, fue decisiva para enfrentar la hegemonía de los intereses de los EEUU y de la Unión Europea. La formación del G-20 ha constituido un avance importante en el diseño estratégico de las relaciones Sur-Sur.
Por su parte, frente al bloqueo del ALCA, los Estados Unidos han impulsado Tratados de Libre Comercio bilaterales. Algunos ya fueron firmados y otros están en fase de avanzada negociación entre los cuales podemos incluir a Colombia, Perú y El Salvador.
Los gobiernos progresistas, por su parte, han impulsado la integración continental a través del cambio de rumbo de los procesos existentes, en especial del MERCOSUR. En este particular, destacamos la creación del Parlamento del MERCOSUR y de los Fondos de Convergencia Estructural. Subrayamos también la ampliación del MERCOSUR, con la entrada de Venezuela, en julio de 2006, así como de las relaciones con Cuba.
La Comunidad Sudamericana de Naciones, igualmente impulsada por los gobiernos del MERCOSUR y de la Comunidad Andina de Naciones, cumple un papel importante en la integración territorial y energética de América del Sur. Los acuerdos Venezuela-Cuba, para el intercambio solidario en las áreas de la salud, educación y otras, forman parte de este nuevo impulso de integración. En este sentido, la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), constituye un instrumento más al servicio de la causa de la integración latinoamericana.
Las diputas electorales en América Latina y el Caribe
Después del XII Encuentro del Foro de São Paulo, realizado en 2005, en Brasil, hemos tenido un conjunto importante de elecciones en América Latina y Caribeña.
Estas elecciones – en Chile, Colombia, Bolivia, Haití, Costa Rica, México, Ecuador, Perú, El Salvador, Nicaragua, Brasil y Venezuela – han revelado una correlación de fuerzas, electoral y política, signada por la victoria o por lo menos por el crecimiento de las fuerzas progresistas, nacionalistas y de izquierda. Estados Unidos ha perdido parte sustancial del control político sobre América Latina y El Caribe.
Los procesos electorales han revelado también que los Estados Unidos tratan a América Central como “zona prohibida” para gobiernos de izquierda y progresistas, como ya habíamos observado en las últimas elecciones presidenciales en El Salvador. Hay que subrayar que, pese a todos estos esfuerzos, Daniel Ortega fue electo presidente de Nicaragua y, en los demás países, las fuerzas populares han venido ampliando su fuerza.
Veamos, aunque sea de modo superficial, el resultado electoral de algunos países.
En Bolivia, la acumulación de fuerzas y el avance de las luchas sociales en aquel país no sólo derrocaron a varios presidentes en los últimos años, sino que llevaron a la presidencia a Evo Morales, uno de los líderes más importantes de aquellas luchas, un aymara representante de la población originaria y mayoritaria de Bolivia que, sin embargo, siempre estuvo excluida de los centros de poder.
Luego de haber adoptado una serie de medidas para asegurar la posesión y el control de las riquezas naturales del país, en particular los hidrocarburos, y también para promover la reforma agraria, el gobierno Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS) y sus aliados ahora luchan para llevar adelante la aprobación de una nueva Constitución para el país que dé sustento jurídico permanente a los compromisos asumidos con la mayoría de la población boliviana. Los cambios vienen enfrentando, empero, una fuerte resistencia de la derecha del país que, incluso, articula movimientos autonomistas en las provincias en donde es más fuerte.
En Brasil, por su parte, más de 58 millones de brasileños y brasileñas reeligieron al petista Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de la República. Participaron en la campaña del segunda vuelta militantes del PT, PCdoB, PRB, PSB y los dirigentes y afiliados del PMDB, PDT, PV, PP, PCB, PL, PPS, PTB y PSOL. Así como militantes de movimientos sociales de la ciudad y del campo, mujeres, jóvenes, negros, indígenas, artistas, intelectuales, religiosos y sindicalistas que salieron en defensa de sus conquistas y de la continuidad de un programa de transformación económica, social y política del país.
La campaña de Lula fue de izquierda, en sintonía, como en el pasado, con nuestra militancia y con nuestra tradición de combatividad. La victoria de Lula expresa la esperanza y la confianza de nuestra sociedad, especialmente de las capas populares, en el futuro del país. Un futuro que se anuncia como de más crecimiento económico, políticas sociales, democracia y soberanía nacional. Fue también una respuesta a los sectores conservadores y golpistas de la oposición que prometieron “acabar con la raza del PT”.
El país ingresa a un nuevo período y tiene por delante grande desafíos: el crecimiento sustentable de la economía; la consolidación democrática, sobre todo para asegurar una mayor participación del pueblo en la vida política del país. El tercer desafío es el mantenimiento y la ampliación de las inversiones en políticas sociales.
En Nicaragua, la elección de Daniel Ortega fue una derrota explícita del imperialismo norteamericano. La victoria del FSLM tendrá impacto en la región centroamericana y es una muestra de la expansión de la ola de victorias antiliberales más allá de la parte sur del continente. Sin duda, este triunfo crea un clima político favorable para las luchas de los pueblos de Guatemala y El Salvador y permitirá también incorporar a esta parte de América Latina a un proceso de integración regional alternativo. En un Nación azotada por la pobreza y con tantas expectativas hacia el nuevo gobierno, el sandinismo tiene enormes retos. Entre los más inmediatos, saber enfrentar las presiones del FMI, el gobierno norteamericano y la derecha y al mismo tiempo, conducir al país en un marco de paz, estabilidad y reformas sociales.
A principios de 2006, fue electo también el nuevo presidente de Haití, René Préval, que ya había gobernado el país de 1996 a 2001. Préval es del partido “Fanmi Lavalas”, del presidente Bertrand Aristide. Desde que Aristide fue alejado del gobierno, en 2003, hay tropas de la ONU (MINUSTAH) en Haití, cuyo tiempo de permanencia todavía no está definido.
El Foro de São Paulo enviará una delegación a Haití, con el objetivo de analizar la situación local, a partir de contactos con las fuerzas políticas y sociales, así como también con el gobierno Préval. Esta delegación, compuesta por todos los partidos-miembros del Grupo de Trabajo, debe producir un informe sobre esa visita.
De antemano, el XIII Encuentro se dirige a los partidos que integran gobiernos que tienen tropas en la MINUSTAH, informando que nuestra opinión es que hace falta crear las condiciones para, en el plazo más corto, sustituir la presencia de tropas de la MINUSTAH por un apoyo exclusivamente humanitario.
En las elecciones presidenciales de Ecuador, en octubre, disputaron la segunda vuelta el candidato Álvaro Noboa, por el Partido de la Renovación Institucional – Alianza Nacional (PRIAN) y Rafael Correa, por la Alianza País (AP). Correa logró unir la izquierda y la centro-izquierda en torno a su candidatura y venció al “Magnate de las Bananas”, Noboa, por una diferencia de 14 puntos porcentuales.
Correa se comprometió a no firmar el Tratado de Libre Comercio con los EEUU ni a renovar la cesión de la base militar de Manta a los norteamericanos. Tendrá, empero, un gran reto por delante, a saber, el de gobernar prácticamente sin apoyo en el parlamento, puesto que la derecha ha formado amplia mayoría y la AP no lanzó candidatos. En este sentido, su propuesta de transformaciones estructurales en Ecuador pasa por la realización de un plebiscito que consulte a la población acerca de si ésta desea o no la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
La victoria del presidente Chávez en Venezuela fue indiscutible y fue fruto del trabajo que viene haciendo para transformar a su país. Chávez consolidó su liderazgo político cuando se enfrentó al proceso golpista que promovió la derecha al inicio de su mandato y que, en la práctica, sólo tuvo fin en 2004, con su victoria en el referendo derogatorio. En tan sólo dos años que separan ese momento de la actual elección, el gobierno bolivariano de Venezuela hizo mucho para avanzar con la organización popular y para promover la justicia social.
En Chile salió victoriosa la candidata Michele Bachelet. Apoyada por los partidos de la Concertación y luego en la segunda vuelta por el Partido Comunista, logró derrotar a la derecha. Bachelet hizo compromisos para reformar el sistema electoral y al mismo tiempo, encabezar otras reformas de tipo social, como el del sistema de pensiones. La posibilidad de que se fortalezca una vía progresista frente a la corrupción, el burocratismo y la derecha en Chile dependerá de la iniciativa de las fuerzas de izquierda, el movimiento popular, y la conducta de la Presidenta. Como quiera que sea, y los acontecimientos ocurrido por la muerte de Pincochet lo demuestran, la existencia de un gobierno como el de Bachelet tiene una significado muy relevante para las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda de América Latina.
Al lado de estas victorias, tuvimos otras elecciones presidenciales cuyos resultados deben ser analizados de forma distinta: Costa Rica, Perú, Colombia, México.
En Costa Rica, en febrero de 2006, Oscar Sánchez Arias, del Partido de Liberación Nacional (PLN) fue el vencedor de las elecciones presidenciales. Él ya había sido presidente de 1986 a 1990. En 1987, recibió el Premio Nóbel de la Paz por su actuación en las negociaciones de paz en Centroamérica. Sin embrago, disputó las elecciones de 2006 con una plataforma totalmente neoliberal, de defensa de la privatización de las empresas públicas costarricenses y de la firma del Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA).
Arias derrotó a Ottón Solís por un margen de sólo 1,1% de los votos. Su oponente había sido Ministro de Planificación del primer gobierno de Arias y había renunciado entonces por discrepar del plan de ajuste estructural instrumentado por Arias bajo la orientación del FMI. Fue candidato por el Partido de la Acción Ciudadana – PAC, creado en 2002, que ya había causado sorpresa al elegir 24 diputados federales.
Solís llegó muy cerca de la victoria en una campaña en la cual se oponía al Cafta y enfatizaba la adopción de medidas de participación popular y de combate a la corrupción. Su ascenso al segundo lugar rompió una tradición de disputa bipartidista entre el PLN y el demócrata cristiano Partido de la Unidad Social Cristian (PUSC), ambos desgastados por sucesivos escándalos de corrupción.
En el Perú, la principal disputa se dio en junio de 2006, entre Ollanta Humala, un militar de la reserva y candidato por la coalición partidaria Unión por el Perú; y Alan García, que ya había presidido el país en la década de 1980 por el Partido Aprista.
Humala se presentó con una plataforma nacionalista y de promoción de los derechos sociales, que le dio la mayor votación en la primera vuelta, aunque insuficiente para ganar la Presidencia. En el segundo turno, el apoyo de los partidos de derecha a García le permitió a éste obtener una mayoría con el 54% de los votos.
Mientras que Alan García venció holgadamente en la capital y provincias cercanas, Ollanta triunfó en las 16 provincias del interior, principalmente en las regiones más pobres. Sin embargo, partidos de izquierda como el socialista (PSP), el comunista (PCP) y “Patria Roja”, todos juntos, obtuvieron tan sólo un 1,5% de los votos en el primer turno y quedaron sin representación parlamentaria.
En Colombia, el presidente Álvaro Uribe fue reelecto en primera vuelta, en mayo, con el 62,2% de los votos. No obstante, el Polo Democrático Alternativo alcanzó el segundo lugar, con la candidatura de Carlos Gaviria, superando al Partido Liberal y convirtiéndose en una alternativa real de gobierno en el país. Este avance electoral de la izquierda se debe también a un proceso de acumulación de las luchas sociales, de la construcción de unidad del Polo y de sus alianzas locales, así como por el éxito obtenido en gobiernos municipales y estatales conquistados en 2003, como, por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá y el Estado del Valle.
Uribe detenta la mayoría en el parlamento desde las elecciones parlamentarias realizadas en marzo de 2006, y lleva a cabo un programa neoliberal que incluye la realización de un acuerdo de libre comercio con los EEUU. Sin duda, el gobierno colombiano ha sido uno de los aliados más importantes de los intereses norteamericanos en América Latina.
En México se dio una de las campañas electorales más disputadas. El candidato de la Coalición Por el Bien de Todos (integrada Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Partido Convergencia), Andrés Manuel López Obrador, mantuvo la delantera prácticamente todo el tiempo, enfrentando una durísima campaña calumniosa y anticomunista por parte del entonces Presidente Fox, un grupo poderoso de empresarios, y el PAN, el partido de la derecha mexicana, con la ayuda de los grandes medios de comunicación.
Los resultados electorales oficiales dieron la victoria a Felipe Calderón (PAN) por 0.58% de diferencia. La Coalición inició al otro día una protesta masiva alegando fraude sobre todo por la intervención del Presidente y de los empresarios, prohibidas por la ley, pero también por diversas irregularidades en cerca de 50 mil urnas, de un total de 132 mil, o sea, casi 38% de los votos estaban bajo sospecha.
El PRD articuló un proceso de recursos judiciales y de movilizaciones para presionar al Tribunal Electoral y se recontara la totalidad de los votos. Esta movilización incluyó, durante casi dos meses, la realización de grandes asambleas en el centro de la Ciudad de México, normalmente acompañadas por más de un millón de personas, y por un campamento en el Zócalo, la plaza central de la ciudad, además del bloqueo de las principales avenidas de la capital.
Sin embargo, el 6 de septiembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal de México ignoró todas las protestas y declaró vencedor al candidato de la derecha. Ante ello, las fuerzas de la Coalición decidieron proclamar a López Obrador como presidente legítimo y darle posesión como dirigente de un gobierno paralelo, el día 20 de noviembre, fecha simbólica, pues marcó el inicio de la Revolución Mexicana en 1910.
Hasta los sectores izquierdistas que pregonaron el voto nulo, pues para ellos el PRD y la candidatura de López Obrador no representaban diferencias fundamentales en relación a los demás partidos y candidatos, apoyaron las movilizaciones contra el fraude y contra la derecha. Si estas mismas fuerzas hubieran decidido participar en la campaña y llamar a votar por López Obrador quizás se hubiera podido evitar el triunfo de la derecha y se hubiera contribuido a transformar a México en un país más democrático, con un gobierno más respetuoso con los movimientos sociales y que seguramente aportaría al proceso de transformación política de América Latina y Caribe.
De cualquier manera, las elecciones mexicanas de 2006 confirmaron la decadencia del PRI y reafirmó al PRD como la fuerza de oposición más importante y como una alternativa real de gobierno.
Este ciclo de elecciones presidenciales, que debe cerrarse con la disputa en Argentina, en 2007, consolidó e incluso amplió el abanico de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina.
Estos resultados demuestran que gran parte, quizá la mayoría de la población de nuestro continente, quiere seguir el camino de los cambios y no quiere vivir más bajo la hegemonía neoliberal. Este proceso de cambios asume distintas formas, desde las más radicales hasta las más moderadas e institucionales. Los caminos de la izquierda latinoamericana son diversos y plurales.
Por su parte, la derecha ha respondido en estos países de manera muy similar, con métodos basados en los medios de comunicación, el poder del dinero y la mentira, y con un rostro extremadamente reaccionario.
En primer lugar, quedaron cada vez más evidentes los puntos de contacto y la cooperación entre las fuerzas políticas de derecha, en cada país, y los intereses de los EEUU.
En segundo lugar, los Estados Unidos mantuvieron una actitud de ingerencia, que fue particularmente fuerte en América Central y en algunos países que el gobierno norteamericano trata como enclaves, como es el caso de Colombia, Paraguay y El Salvador.
En tercer lugar, la maquinaria político-ideológica de la derecha, sus principales líderes, los medios y las fuerzas económicas en nuestra región hablan ahora de la existencia de una confrontación entre las fuerzas de mercado y democráticas versus el “populismo de izquierda” y autoritario.
Llaman a nuestros gobiernos “populistas” en el afán de estigmatizar y descalificar nuestra política, asociándola con el pasado. Al mismo tiempo, intentan dividir a los gobiernos progresistas en dos grupos: la “izquierda moderna” y la “izquierda atrasada” con la intención de borrar los muchos objetivos comunes que unen a nuestros gobiernos y partidos. Esta diferencia es falsa y lo que en verdad existe es una diversidad de estrategias que responden a las realidades y condiciones de lucha que existen en cada país.
A la vez que se traba una batalla ideológica contra nosotros, la derecha no demuestra mayores escrúpulos para intentar mantenerse en el poder. En Venezuela, por ejemplo, impulsó un golpe de Estado, que fue derrotado por la intervención popular. En Brasil, intentaron un golpe mediático. En México, no dudaron en violar la ley y hacer fraude en las elecciones. En Colombia, apoyan el paramilitarismo.
Un nuevo período en América Latina
La coincidencia de varios gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina constituye la gran novedad de la situación actual en esta región del mundo.
Esta novedad se hizo posible gracias a la combinación de tres elementos principales: los efectos del neoliberalismo en la región, la capacidad que han demostrado varios partidos de capitalizar electoralmente la insatisfacción popular, y el crecimiento de los movimientos populares de resistencia y de protesta.
Es importante recordar que, en los últimos años, el movimiento social ha logrado alcanzar gran relevancia y articulación internacional, por ejemplo, por medio de los sucesivos “Foros Sociales Mundiales”, lanzando la consigna de que “otro mundo es posible”, contra la globalización neoliberal y el “pensamiento único”.
Además de las cinco ediciones mundiales (cuatro en Porto Alegre y una en Mumbai) y la edición “policéntrica” de 2006 (teniendo en Caracas uno de sus polos), se llevaron a cabo decenas de eventos regionales, nacionales e incluso municipales, posibilitando la participación de millones de personas en los debates, un proceso que ha dado una contribución importante para las transformaciones políticas, económicas y sociales defendidas por los partidos miembros del Foro de São Paulo. Es importante poner de relieve que, desde el primer Foro Social Mundial, el Foro de São Paulo ha organizado actividades para promover el diálogo entre partidos políticos y movimientos sociales, buscando la convergencia en torno a los objetivos comunes de combate al neoliberalismo. La realización del Foro Parlamentario Mundial y del Foro de Autoridades Locales también contó con intensa participación de representantes de los partidos del FSP.
En el continente americano, se organizó la “Alianza Social Continental”, que desde 1997 viene llamando la atención sobre los daños de todo orden que el libre comercio, impulsado por los EEUU, trae a los países en desarrollo del continente. En consecuencia, la Alianza Social Continental ha defendido con firmeza el rechazo al ALCA.
Las “Cumbres de los Pueblos”, eventos paralelos a las cumbres de jefes de Estado de las Américas realizadas desde 1998 en Santiago de Chile, también han sido momentos memorables. En estas Cumbres, parlamentarios del Foro de São Paulo siempre han estado presentes.
Podemos decir, en síntesis, que la correlación de fuerzas en el continente, hoy, es mucho más favorable a las ideas defendidas por los partidos que integran el Foro de São Paulo. Pero es necesario recordar que los avances registrados por las fuerzas de izquierda y progresistas traen consigo enormes posibilidades, pero también viejos y nuevos problemas. Además, nuestros éxitos no significan que el neoliberalismo haya sido derrotado, ni tampoco que el patrón histórico de desarrollo capitalista vigente en la región esté cerca de ser superado. Todo esto pese al gran esfuerzo que se vienen haciendo varios gobiernos de la región, en el sentido de ampliar la soberanía, la democracia y las políticas sociales.
Al analizar la situación mundial y la de América Latina en particular, podemos afirmar que estamos en un momento extremadamente contradictorio. Por un lado, las fuerzas neoliberales mantienen su hegemonía en el terreno económico-social, en el manejo de las instituciones internacionales, y en el control del aparato militar; conservan además el gobierno de varios países de la región. Por otro lado, las fuerzas progresistas, democrático-populares y socialistas han recuperado parte de la capacidad organizativa y de movilización que tenían antes de los años 1990, además ocupan posiciones importantes en los gobiernos de varios países de la región, desde los cuales vienen buscando reorganizar el tejido social y el funcionamiento de la economía nacional y regional.
Esta es la realidad con la que nos toca lidiar. Enfrentar al capitalismo y al imperialismo, pero ahora desde la nueva coyuntura política establecida en nuestro continente, en la cual, al lado de partidos y movimientos sociales, disponemos también de influencia sobre varios gobiernos nacionales.
No está por demás recordar que en 1990, sólo había un gobierno dirigido por un partido miembro del Foro de São Paulo, Cuba. Hoy, además, partidos-miembros participan de gobiernos nacionales en Nicaragua, Brasil, Venezuela, República Dominicana, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina y Ecuador.
Por ende, nuestra principal tarea política en este XIII Encuentro del Foro de São Paulo es la de promover un debate que resulte no sólo en una visión adecuada del momento, sino que principalmente permita acciones concretas que articulen gobiernos, partidos y movimientos sociales en una estrategia de integración regional que responda a los intereses de la soberanía nacional, ampliación de las libertades democráticas, desarrollo con justicia social y combate a las asimetrías sociales y territoriales.
Actuando de esta forma, reafirmaremos los compromisos asumidos desde el X Encuentro de La Habana, de luchar por la independencia nacional, por justicia social, por la paz, por la democracia y por un nuevo orden internacional, que ponga fin a la subordinación de nuestros países a las potencias imperialistas, en todos los sentidos.
Como bien ha sido señalado en varios de nuestros Encuentros, las fuerzas políticas y sociales de la izquierda latinoamericana y caribeña operan en realidades históricas y desde estrategias muchas veces diferentes y contradictorias entre sí. Exactamente a causa de ello, el punto de contacto que permitirá acordar un plan común entre gobiernos, partidos y movimientos sociales está en la construcción de una estrategia convergente de integración continental.
Propuestas alternativas al neoliberalismo en el ámbito político, social y económico
Uno de los temas más debatidos por el Foro de São Paulo, desde su surgimiento, ha sido el de un proyecto alternativo al neoliberalismo. En 1990, cuando se creó el Foro, la mayor parte de las organizaciones fundadoras tenía en el socialismo el horizonte estratégico a partir de cual pensaban su alternativa al neoliberalismo.
Hoy, cuando la hegemonía neoliberal está siendo rebasada por la izquierda y actuamos en una correlación de fuerza mejor que en aquella que predominó en los años 90, hay una variante más amplia de respuestas.
Muchas de las organizaciones que integran el Foro de São Paulo siguen teniendo como “objetivo final” la construcción de una sociedad alternativa y superior al capitalismo. Otras organizaciones trabajan por la constitución de sociedades con altas dosis de bienestar social, democracia política y soberanía popular, en los marcos del capitalismo.
Además de esta diferencia programática, conviven también al interior del Foro de São Paulo distintas estrategias políticas, con respecto a las formas de lucha, su participación en procesos electorales, el papel de las fuerzas de izquierda en gobiernos electos, y la relación con las clases dominantes locales y con los Estados Unidos.
El XIII Encuentro debe ser un espacio para que estas diferencias estratégicas y programáticas sean debatidas en profundidad, pero sin perder de vista que – más allá de estas discrepancias – sigue siendo posible y necesario construir acciones comunes en la disputa que realizamos en cada uno de nuestros países y en el conjunto del continente, desde la acción partidaria, de las luchas sociales, de las disputas electorales y de la acción de los gobiernos.
A pesar de que la hegemonía del capitalismo parece muy sólida, por otro lado se han agravado todos los grandes problemas de la humanidad. Justamente por esa razón, la hegemonía neoliberal, principalmente en nuestra gran región, viene sufriendo conmociones políticas y económicas y perdiendo significativamente capacidad de obtener el apoyo social. La construcción de caminos nacionales e internacionales post neoliberales sigue siendo un enorme desafío. Uno de los mayores avances en la superación de este desafío ha sido justamente la combinación entre lo nacional y la construcción de un espacio común en América del Sur, en contraposición al dominio del imperialismo norteamericano. Pero permanecen los desafíos internos de cada país, resultantes del peso hegemónico del capital en la organización económica y en las estructuras de poder. Una combinación dinámica y virtuosa de conquistas nacionales e internacionales sigue en el orden del día.
En este contexto, cualquiera que sea nuestro “objetivo final”, se hace imperativo luchar por la soberanía nacional, por la democracia y por la ampliación de las políticas sociales, lucha que además es vista como altamente subversiva por las fuerzas de status quo.
La adopción de un modelo orientado al desarrollo, entendido no sólo como crecimiento económico, sino como un camino de superación de la dependencia y de la desigualdad, representaría un avance inmenso para la América Latina y Caribeña. Un modelo de este tipo no constituye, obviamente un regreso al pasado. Hay que recordar que el desarrollo capitalista en nuestro continente, incluso en donde asumió formas más avanzadas, siempre estuvo acompañado de la ampliación de las desigualdades, de la dependencia externa y de la falta de democracia política.
El modelo neoliberal agravó los rasgos más negativos del capitalismo latinoamericano y caribeño: desde principios de los años 1990, asistimos al empeoramiento de la situación social, al aumento del desempleo, a la ampliación de la dependencia externa y a la concentración aún mayor del ingreso y de la riqueza. Si nuestro objetivo es superar el neoliberalismo, sin volver a los límites del modelo de desarrollo anterior, tendremos que enfrentar varios retos.
El primero de ellos es luchar por la democratización profunda de nuestras sociedades. Esto significa mucho más que elecciones periódicas. El sistema político existente en la mayoría de los países de nuestro continente sigue produciendo enormes distorsiones, susceptible a todo tipo de manipulación por parte de las oligarquías económicas y de los partidos conservadores. El control social sobre la actividad política y estatal es extremadamente reducido. A la mayoría de la población sólo le toca elegir periódicamente a sus representantes. Los medios de comunicación, que generalmente están en manos de monopolios privados, interfieren de manera descarada en perjuicio de la democracia.
El segundo se refiere a la ampliación de las políticas sociales públicas, incluso la creación de nuevos derechos. Antes de la ola neoliberal, la cobertura del Estado en áreas como salud y educación era reducida en la mayor parte del continente. Sin embargo, el neoliberalismo aumentó esta debilidad al extremo, haciendo que varios de estos servicios públicos pasaran a ser accesibles solamente a través del mercado.
Además de tener plenamente garantizado el derecho a la salud, educación y alimentación, los pueblos latinoamericanos y caribeños deben tener asegurados los servicios básicos (electricidad, telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado, transporte público y vivienda), así como el acceso cada vez más amplio a las redes de carreteras, caminos, puertos y aeropuertos.
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El tercer desafío consiste en la realización de reformas estructurales que alteren la matriz social y económica de nuestras sociedades. Banderas como la reforma agraria y la reforma urbana no son asuntos de los años 1950. Siguen constituyendo objetivos esenciales, en la mayoría de nuestros países.
El cuarto reto se refiere a la creación de un modelo económico alternativo que combine capacidad de crecimiento, capacidad de innovación, generación de empleo y renta, con redistribución del ingreso y de la riqueza. Este objetivo, en el actual estadio de la economía internacional y en los marcos de la correlación de fuerzas vigente en el mundo, exige que se trabaje a escala continental.
El modelo de desarrollo “latinoamericano y caribeño”, alternativo al neoliberal, debe acabar con la polarización pobreza-riqueza. Asimismo debe acabar con todo tipo de discriminación profundizado por el “capitalismo salvaje” y con el grave deterioro de los recursos renovables y no renovables de la naturaleza
Para ello, la base productiva de bienes y servicios de cada uno de los países, así como las fuentes fundamentales de energías y materias primas e insumos diversos, deben quedar bajo control de los Estados y los países y no al servicio exclusivo de las empresas transnacionales. Estos sectores productivos constituyen los fundamentos para el desarrollo económico en general; de su crecimiento depende la generación de empleos para población.
El desarrollo de las capacidades productivas de bienes y servicios debe tener como centro la satisfacción de las necesidades básicas de las poblaciones para elevar gradualmente su nivel de vida, y al mismo tiempo apoyar la capacidad de exportación para generar los recursos financieros necesarios para el desarrollo, la estabilidad y crecimiento sostenido de la economía nacional.
Es necesario considerar, asimismo, que si nuestras economías necesitan ser en parte orientadas hacia el mercado externo, es fundamental que ellas sigan, en gran medida, dirigidas hacia el mercado interno. Mientras el primero permite reunir los recursos para comprar bienes que no producimos, es el segundo el que genera la dinámica interna que hace posible generar empleos, renta y calidad de vida.
Por ello, debemos buscar fortalecer nuestros mercados internos, de manera integrada con la política externa, lo que implica definir una política industrial expansiva y una política agrícola la soberanía alimentaria. Esto, en muchos casos, exigirá llevar a cabo la reforma agraria, acompañada de medidas para garantizar apoyo técnico y crédito para estos productores. De esta forma, podremos garantizar alimentos para nuestra población y eventualmente excedentes agrícolas para exportar.
Hay todavía algunos factores más que deben ser movilizados, también en el sentido del fortalecimiento de los mercados internos, como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Éstas, normalmente, están compuestas por capital nacional, generan más empleos por unidad de capital en comparación a las grandes empresas transnacionales, y tienden a reinvertir sus recursos en sus países de origen.
Una de las maneras de hacerlo es por medio de la orientación de compras gubernamentales. Por ello, este tema debe mantenerse fuera de la agenda de la OMC y evitar que se apruebe alguna medida relevante que los restrinja como instrumento de política económica.
La inversión de recursos debe orientarse hacia el respaldo a las empresas nacionales de todos los tamaños. Un aspecto importante tiene que ver con el acceso a la ciencia y la tecnología. El modelo deberá sacar del atraso tecnológico particularmente a los sectores populares de la economía, incluyendo a los informales, e incorporar plenamente a la dinámica económica del país a todos aquellos sectores parcial o totalmente excluidos.
El sistema de desarrollo latinoamericano y caribeño alternativo, debe contar con su propio sistema de financiamiento y crediticio alternativos a los que funcionan hoy sólo en interés de oligarquías y bancos extranjeros.
El quinto desafío es el de combinar la soberanía nacional con la cooperación entre los distintos pueblos y países que abracen este proyecto de integración continental. Desafío aún mayor si recordamos que cada uno de nuestros países posee historias particulares y correlaciones de fuerzas específicas, a lo cual respondemos con estrategias y programas también diferenciados.
La polarización Norte-Sur debe ser reemplazada por la solidaridad y cooperación e Integración Sur-Sur, y cooperación Norte-Sur con respeto y beneficio mutuo, bajo el lema de que históricamente “un mundo mejor es posible” para los pueblos del tercer mundo.
Todos estos desafíos están entrelazados: no habrá democracia sin soberanía y desarrollo; no habrá soberanía sin desarrollo y democracia; y no habrá desarrollo de nuevo tipo sin democracia y soberanía. Tales desafíos suponen, además, enfrentar la herencia y los intereses de importantes fuerzas políticas y sociales.
Una integración alternativa
El proyecto estratégico de integración continental concebido por los Estados Unidos fue el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Anunciado en 1992 y previsto para su arranque enero del 2005, como instrumento para competir con la Unión Europea por la hegemonía económica del Siglo XXI, “murió” sin embargo a comienzos del 2006.
Estados Unido tuvo que tomar el camino de los tratados de “libre comercio” bilaterales y regionales (Chile, Colombia, Perú, Panamá, CAFTA), proceso iniciado desde principio de los noventas, para bloquear los esfuerzos comunitarios que le estorbaban como MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones.
El ALBA y otros esfuerzos de integración latinoamericana y caribeña, que aparecieron en una dirección y rumbo opuesto al trazado por el imperialismo para el ALCA y los TLC bilaterales, abrieron otros caminos integracionistas de los pueblos. Estos proyectos avanzan con base en acuerdos y convenios entre los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Brasil, Argentina y otros, así como entre gobiernos municipales dirigidos por fuerzas de izquierda revolucionaria, progresistas y patriotas.
En América Latina, y El Caribe, el intento de un solo sistema monetario basado en el dólar fracasó y su posibilidad histórica está clausurada. Habrá que discutir con mayor cuidado si existen condiciones para configurar un sistema financiero y monetario único para el avance de los procesos de integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Un sistema de pagos adecuado a la situación del período actual de los procesos integracionistas, en transición hacia la ruptura con el capitalismo y consolidación y desarrollo del nuevo modelo con orientación al socialismo.
Los compromisos de los pueblos latinoamericanos y caribeños deben orientarse hacia una plena integración en los aspectos políticos, económicos, sociales, de cooperación científico-tecnológica y culturales, y unidad de voz y posición frente a la readecuación mundial en marcha.
La región debe fortalecer los procesos de integración para hacer sentir su participación y peso conjunto en los organismos de la Comunidad Internacional, tanto del sistema de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de los organismos subregionales, así como para empujar los cambios que exigen nuestros pueblos.
Un proceso de integración alternativo demanda análisis y comprensión de la realidad asimétrica existente entre las economías de nuestros países y, sobre todo, exige mucha capacidad política.
Esto último porque existe una contradicción que se presenta entre el fortalecimiento de la soberanía nacional para enfrentar el imperialismo y las políticas de las empresas multinacionales, vis-à-vis el proyecto de integración económica, social y política que necesariamente exige que cada país abdique de algún nivel de soberanía. Si esto no ocurre no hay integración posible.
Los países más grandes tienen que entender que deben ceder más a los países de menor tamaño, y no a la inversa. No se puede esperar, principalmente en economía, que haya reciprocidad simétrica entre países asimétricos. Ésta es, incluso, una de las razones por las cuales nos opusimos al ALCA.
Por éstas y otras razones, los gobiernos tienen que intervenir, promoviendo la necesaria discusión y negociación para que haya una participación equilibrada de todos y para minimizar eventuales consecuencias negativas.
La ventaja de América Latina y el Caribe en este aspecto es que presenta muchas posibilidades económicas aún inexploradas y una población de aproximadamente 500 millones de habitantes que conforma un mercado potencial muy interesante. Todavía no tenemos una idea clara de la magnitud que podría adquirir una mayor integración física entre nuestros países. Entre muchos de ellos, las principales y hasta únicas vías de transporte son la fluvial, la marítima o la aérea. Hasta hoy no existe conexión terrestre entre América del Sur y América Central.
En el caso de las conexiones aéreas, todavía hay verdaderos absurdos, como por ejemplo, que para ir de Bogotá a la ciudad de Belém en la Amazonía brasileña es necesario pasar por São Paulo, lo que transforma un vuelo potencial de dos horas en un viaje de aproximadamente nueve horas, casi el mismo tiempo para ir de Bogotá a Madrid, en España. Lo mismo ocurre para ir de Mato Grosso, Rondônia o Acre hacia Bolivia, país lindero con estos estados.
De esta forma, países que son vecinos y que podrían desarrollar relaciones económicas y políticas mucho más estrechas, en la práctica están tan distantes como los continentes europeo, asiático o africano. Por lo tanto, la inversión en carreteras, ferrocarriles y puentes, entre otros, es fundamental.
La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de Sudamérica (IIRSA) considera la realización de estas obras en América del Sur. Los críticos de esta iniciativa la acusan de favorecer solamente al capital. Por ejemplo, la construcción del puente y de la carretera que ligarán Brasil al Perú por medio de la frontera en Acre tendría tan solo el objetivo de canalizar la soja brasileña hacia el Pacífico por medio de los puertos peruanos y como efecto colateral la producción de soja se extendería por la Amazonía con graves daños ambientales.
Desde nuestro punto de vista, no podemos ser ingenuos, paro tampoco debemos adoptar una actitud defensiva. La integración territorial es una necesidad, pues sin ella otros aspectos serán muy difíciles alcanzar. La cuestión es conducir dicha integración bajo una hegemonía política adecuada que permita evitar o por lo menos controlar los daños colaterales. Nada impide, por ejemplo, que haya severas reglas y fiscalización para evitar daños ambientales a la Amazonía.
La integración energética es otro factor de suma importancia, debido al potencial de energía eléctrica hidráulica existente en varios de nuestros países, el petróleo y gas natural en otros y la biomasa posibilitada por la extensión y riqueza del suelo latinoamericano.
Los acuerdos petroleros firmados por Venezuela, Brasil y Argentina durante la primera cumbre de la Comunidad Suramericana de Naciones (CASA) fueron un primer paso para la integración energética del sur. Venezuela, el quinto exportador mundial de petróleo, firmó cinco convenios para invertir US$ 3,5 mil millones en proyectos energéticos conjuntos entre las empresas estatales Petróleo de Venezuela (PDVSA) y Petróleo do Brasil (Petrobras).
Según declaraciones de Venezuela, los convenios con Brasil tienen como objetivo impulsar el proceso de integración suramericana, así como la aproximación entre Petroamérica y Petrocaribe. Petroamérica es una iniciativa basada en la cooperación y complementación energética entre los países de América del Sur, que incluirá las iniciativas de Petrocaribe, Petroandina y Petrosur.
Otra propuesta es el Anillo Energético del Sur. Este plan prevé una red de gasoductos que abastecería a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con gas venezolano, al cual se sumaría, posteriormente, Bolivia.
Los recursos naturales existentes en América Latina y el Caribe ofrecen la base para cualquier proyecto de desarrollo, puesto que, a diferencia de otros países que hoy son industrializados, aquí tenemos la energía necesaria para sustentarlo y tenemos, además, las condiciones para alimentar a todos.
Sin embrago, el modelo político para conducir la integración también tendrá que ser diferente al que ha sido adoptado en las experiencias hasta ahora en ejecución (MERCOSUR, CAN, SICA y CARICOM), en las que todas las decisiones están concentradas en los jefes de Estado. Si la integración no involucra a más actores, no se expandirá. A modo de ejemplo, en el caso de recién creado Fondo para Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), si la burocracia de esta institución no llega a tener un mínimo de autonomía para definir los proyectos a financiar y si son sólo los gobiernos centrales los que deciden, él Fondo servirá de poco.
Hablamos mucho de integración entre los pueblos, pero si no llega a haber mecanismos institucionales que la promuevan, tales como, para dar un ejemplo, la enseñanza del idioma de los países vecinos, así como su historia, geografía y cultura; si no se generan espacios institucionales en donde autoridades locales, parlamentarios, sindicatos y empresas, puedan incidir de forma relevante y, principalmente, si no hay libre circulación de personas por las fronteras, el proyecto de integración será tan sólo un discurso.
Llevar la integración del continente a su plenitud es probablemente el principal reto que está planteado para nuestros gobiernos, ya de ella depende que se mantenga el desarrollo nacional y la reducción de la dependencia externa de nuestros pueblos.
La integración debe considerar también los aspectos sociales y políticos. El ALBA, acordada inicialmente entre Cuba y Venezuela y el Acuerdo de Comercio entre los Pueblos propuesto por Bolivia son iniciativas positivas que asumen esta dimensión.
En el aspecto social, hay mucho que podrá y deberá hacerse en común, como programas de salud y combate a endemias como el HIV-SIDA, malaria, tuberculosis y enfermedad de Hansen, que pueden potenciar sus resultados en forma más económica, realizando acciones en mayor escala.
En cuanto a la educación, una meta común es la erradicación definitiva del analfabetismo, que puede ser ejecutada de forma supranacional por medio de programas solidarios e incluso con la participación voluntaria de estudiantes. Las iniciativas cubanas en este sentido y la metodología Paulo Freire de Brasil pueden ser buenas referencias para este fin.
Además de los programas comunes de idiomas, historia, geografía y cultura en la enseñaza fundamental, que fortalecerán el proceso de integración de forma permanente, es también posible promover programas de intercambio en formación técnica y universitaria. Resultaría también fundamental desarrollar mecanismos de equiparación curricular y reconocimiento mutuo de certificados de formación superior.
La política de medio ambiente en áreas fronterizas y en regiones comunes, tales como la Cuenca Amazónica que abarca a Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa y Brasil, debería ser compartida y concertada. Hay también iniciativas que se derivan del Protocolo de Kyoto, para el control de la emisión de carbono, que pueden igualmente ser instrumentados de común acuerdo.
Ciertas políticas sociales, tales como la erradicación del trabajo infantil y el trabajo esclavo o análogo, la promoción del concepto de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y políticas de renta mínima, resultarían también fortalecidas en la medida en que todos los países las adoptaran como prioritarias.
Se puede incluso pensar en acciones conjuntas ante las instituciones multilaterales para financiar las iniciativas propuestas en el caso de ausencia de recursos a nivel nacional. De igual manera con relación a otros temas, como pueden ser vivienda y saneamiento básico.
Además de promover la integración latinoamericana, bajo las premisas mencionadas, debemos pensar en la necesidad de establecer una relación internacional sur-sur que provea las bases para mejorar las relaciones con el norte. La importancia de esto ha quedado demostrada con la creación del G-20 en la OMC y con la articulación de los gobiernos progresistas en la elección del Secretarios General de la OEA.
Hay también iniciativas internacionales que pueden traer beneficios para todos, como es el caso, por ejemplo, de la conferencia de países sudamericanos y árabes, realizada en Brasilia en 2004.
Finalmente, debemos tener claridad sobre el hecho de que la integración no es un proyecto sencillo, ni tampoco a corto plazo. El proceso europeo, aún inconcluso, y que a nosotros nos sirve más como aprendizaje que como modelo a seguir, ya lleva más de 50 años.
Lo fundamental, en cualquiera de los casos, es asegurar una integración continental que tenga en el pueblo su cimiento fundamental. Para ello, debemos trabajar en pro de la creación, en el plazo más corto posible, de un parlamento continental.
A la par de la definición de un proyecto de integración continental y mundial, hay que reflexionar en que, para construir un modelo alternativo al neoliberalismo, es necesario replantearse el papel del Estado. Según la experiencia histórica de muchas sociedades del mundo, incluyendo América Latina, el Estado debe ser instrumento fundamental del desarrollo. Para ello, el Estado debe promover la concertación económica y social entre todos los sectores, en función del bienestar de la población y el país, y sobre estas bases deberá desplegar su capacidad negociadora en el plano internacional, y en defensa de los intereses y soberanía nacionales.
El Estado debe conservar bajo su control aquellos recursos económicos de alcances estratégicos, fomentar la productividad y competitividad del país, realizar las inversiones en la infraestructura económica y social que sean necesarias, impulsar programas de ciencia y tecnología, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y asegurar el marco legal que propicie las inversiones de capital nacional y extranjero.
El Estado, mediante la ejecución de políticas fiscales adecuadas a las necesidades del modelo alternativo de desarrollo, debe promover la redistribución de los ingresos y procurar equidad efectiva en el disfrute de los beneficios del crecimiento económico. También hay que fortalecer la capacidad financiera del Estado con programas de justicia fiscal a través de reformas tributarias que hagan progresivo el pago de impuestos sobre la renta, aliviando así la tributación de pequeñas y medianas empresas, además de gravar especialmente las herencias y grandes fortunas.
En la medida de las posibilidades históricas debe procurarse que la economía tienda a estar cada vez más en manos de la sociedad, en particular de sus sectores mayoritarios.
El Estado debe encargarse de asegurar desarrollo cualitativo y cuantitativo de la educación, la cultura y la investigación científica y tecnológica, que permita asimilar los cambios de la revolución científico- técnica y equiparnos para progresar en este terreno a los ritmos mundiales promedio. El acceso de toda la población a una educación moderna es condición indispensable del progreso económico social, de la democracia, del mejoramiento del bienestar, la calidad de vida y la armonía con la naturaleza.
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Las tareas encargadas al Estado deben ir acompañadas de reformas que permitan una mayor transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. Igualmente se deberá avanzar en el fortalecimiento de la descentralización político/administrativa, pues las esferas de gobierno que están más próximas de la población podrán atenderla de forma más eficaz y poner en práctica el funcionamiento de mecanismos de democracia participativa, tales como los consejos populares y el presupuesto participativo. Todo ello para que se aprecien y se evalúen mejor las políticas gubernamentales y se fortalezca la participación política de la población.
Colonialismo, ingerencia imperialista y los acuerdos de paz
El período 2001-2010 ha sido declarado por la Asamblea General de la ONU como la Segunda Década Internacional para la Eliminación del Colonialismo. Hay un plan de acción aprobado en 1991 que destaca las funciones de diversos agentes e instituciones para eliminar el colonialismo. Ello incluye el papel que deben cumplir la comunidad internacional, la misma ONU, las potencias administradoras de las colonias, los organismos especializados, las organizaciones no gubernamentales y, principalmente, el Comité Especial de las Naciones Unidas.
Desde la fundación de la ONU en 1945, más de 80 naciones cuyos pueblos se encontraban sometidos al dominio colonial vinieron a sumarse a la comunidad de las Naciones Unidas. No obstante, hoy, los términos de la resolución de la ONU sobre eliminación del colonialismo se aplican a los siguientes territorios no autónomos: Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guam, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes, Montserrat, Nueva Caledonia, Pitcairn, Puerto Rico, Sahara Occidental, Samoa Americana y Santa Helena. Nueve de ellos se encuentran en América Latina y el Caribe y son administrados por Estados Unidos e Inglaterra. En la región encontramos también a Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión, San Michel y Miquelon y las Antillas Holandesas bajo algún tipo de dominación colonial.
No tiene sentido, y menos en pleno siglo XXI, el mantenimiento de esta colonización y en algunos de estos territorios hay movimientos que luchan por la independencia que debemos apoyar firmemente. El propio Comité Especial ha reiterado que el aislamiento, el espacio territorial limitado o la escasez de recursos no deben servir de excusas para negar a sus habitantes el derecho a la independencia y a la autodeterminación.
Hay, no obstante, procesos diferenciados. Algunos casos ni siquiera han sido tratados por el Comité Especial todavía. Sin embargo, en su última reunión, éste volvió la solicitar a los Estados Unidos que resuelvan el caso de Puerto Rico, que debe alcanzar su independencia. En los casos de constitución de nuevas naciones, los demás países de Latinoamérica y del Caribe deben estar preparados para ayudarlas en el período inicial de la independencia, que es siempre difícil.
Igualmente grave resulta, también, la ingerencia imperialista externa directa en países que ya son independientes. Actualmente, esta ingerencia se presenta de varias maneras. Una de ellas es el mantenimiento del bloqueo a Cuba, desde fines de los años 1950 hasta nuestros días. Este bloqueo es condenable desde todos los puntos de vista, a la luz del derecho internacional, y sólo se mantiene debido a la arrogancia y al poder unilateral de los Estados Unidos.
Las fuerzas armadas norteamericanas mantienen también distintas bases militares en el continente que podrían servir para realizar intervenciones armadas en esos y otros territorios cercanos. Se trata, principalmente, de la base de Guantánamo en la Isla de Cuba, en donde se mantienen a prisioneros capturados en Afganistán, desde 2001; las bases aéreas de Araba, isla colonizada por Holanda en el Caribe, y de Manta, en Ecuador, que permiten monitorear a la América Andina desde el aire. Éstas sirven especialmente de apoyo a la participación americana en los objetivos del “Plan Colombia”, pero representan una amenaza directa también a Venezuela, con la cual los EEUU tienen diversos asuntos contenciosos.
Más recientemente, se firmó un tratado de cooperación militar entre EEUU y Paraguay, en el cual este último cede la base de Mariscal Estigarribia, situada al noroeste del país, desde donde es posible alcanzar rápidamente a los diversos países del Cono Sur. En los años 1980, técnicos norteamericanos construyeron allí un enorme aeropuerto con una pista de 3.800 metros, en la que pueden operar aviones B-52, C-5 Galaxy y C-130 Hercules. Además, la base es capaz de albergar a 16.000 soldados a tan solo 200 kilómetros de la frontera con Bolivia.
Pese a los desmentidos de Washington y Asunción, los objetivos de la superpotencia han ido quedando claros con el paso de los meses. Uno de los hechos más llamativos ha sido la aprobación de inmunidad para tropas norteamericanas que eventualmente pudieran intervenir en el país, disposición que fue votada en el Congreso paraguayo, el 26 de mayo pasado, de forma muy discreta.
En varias ocasiones, militares norteamericanos han concurrido a países de la región latinoamericana y caribeña supuestamente para participar en ejercicios conjuntos con las fuerzas armadas locales o bien para entrenarlas en operaciones contra el narcotráfico. Para tratar de evitar cualquier resistencia de la población local, la presencia militar viene a menudo acompañada de la apertura de pozos, campañas de vacunación, revisaciones médicas y distribución de medicinas y reciben la sencilla denominación de “Ejercicios Combinados y Conjuntos de Acción Cívica y Humanitaria” o, como las actividades propuestas para el Perú, que fueron llamadas “Nuevos Horizontes 2006”.
Además de la tradicional presencia militar y policial norteamericana, el poder económico de los Estados Unidos, mediante sus empresas, también cumple un papel en la política externa de aquel país. La repatriación de ganancias y dividendos de sus inversiones externas directas es fundamental para compensar su balanza comercial, crónicamente negativa. Esta presencia permite, además, la difusión de sus valores políticos e ideológicos.
En este sentido, hay incluso proyectos ambiciosos y de fuerte peso político y estratégico, como es el “Plan Puebla-Panamá” (PPP), que pretende implantar un complejo energético e industrial que ocuparía el territorio que abarca el Sur de México hasta Panamá. Esta es una región que incluye al Océano Pacífico, lo que la volvería estratégica en cuanto a exportaciones a China y Japón, y es muy abundante en agua, petróleo, biodiversidad, madera y mano de obra barata.
Se trata de un proyecto complementario al NAFTA o TLCAN, y al CAFTA, y a los tratados con Perú y Colombia. El gobierno de Uribe ha demostrado interés incorporar directamente a Colombia al PPP. Toda la infraestructura de transportes y energía sería financiada con recursos públicos de los países participantes y con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El sector privado participaría con la explotación de los negocios.
No es casual que el gobierno Bush haya hecho todos los esfuerzos posibles para poner a personas de su confianza en los cargos principales de las instituciones multilaterales que se relacionan con el continente, como es el BID, aunque haya tenido que ceder en el caso de la secretaría general de la OEA. Además, en este mismo sentido, ha impedido a Venezuela ocupar un asiento entre las representaciones no permanentes de Seguridad de la ONU. El país elegido fue Panamá, aunque con el beneplácito de los venezolanos.
El gobierno Uribe inició su segundo mandato ofreciendo la posibilidad de llevar adelante conversaciones con dos grupos guerrilleros activos en Colombia, en busca de un acuerdo de paz, particularmente con las FARC. En este caso, el proceso se iniciaría por la determinación de un área desmilitarizada y enseguida habría un intercambio de prisioneros entre las partes. Posteriormente, habría negociaciones que podrían llevar a un acuerdo de paz.
Sin embargo, la explosión de un “coche bomba” en el centro de Bogotá, de autoría desconocida, llevó a la interrupción de las conversaciones y a la decisión de Uribe para solicitar al ejército que proceda a la liberación de los prisioneros en poder de las FARC por medios militares.
La versión corriente es que el alto comando del ejército habría presionado al Presidente para que no llevara adelante las negociaciones de paz, por estar convencido de la posibilidad de vencer el conflicto militarmente. La explosión del “coche bomba” habría ocurrido con el solo fin de generar una justificación a dicha medida.
Independientemente de esto último, hay negociaciones entre el gobierno y el segundo grupo guerrillero, el “Ejército de Liberación Nacional”. Éstas vienen ocurriendo en La Habana, acompañadas por observadores de otros países.
Probablemente, el ejército y el gobierno colombianos han calculado que, a raíz de su fortalecimiento gracias a los recursos del “Plan Colombia” y del cierre del frente de lucha con el ELN, tendría condiciones de derrotar militarmente a las FARC. Sin embargo, el costo para la población colombiana, en materia de violación de los derechos humanos y generación de más refugiados, sería enorme.
A lo largo de la historia reciente del continente, hemos tenido varios conflictos armados en los cuales se han negociado acuerdos de paz. En algunos casos, como El Salvador y Nicaragua, los diferentes sectores políticos enfrentados pudieron integrarse a los respectivos procesos políticos, sumando la izquierda conquistas electorales, a pesar de que la derecha ha mantenido una actitud violenta. En otros casos, como Guatemala y Colombia, el costo para la izquierda ha sido alto en términos de pérdidas de vidas de sus militantes, en razón de que los acuerdos no fueron cumplidos por parte de las fuerzas de derecha.
Creemos que, en el caso colombiano, es necesario seguir luchando por un acuerdo de paz con las debidas garantías posteriores para los combatientes y para su plena incorporación, si así lo deciden, a la vida política. Cabe a la comunidad internacional y a la latinoamericana en particular presionar en este sentido y ofrecer el apoyo necesario para avanzar en la búsqueda de una paz digna y permanente para todos los involucrados.
Seguridad hemisférica, crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y militarización
Durante las décadas de la “Guerra Fría”, el Imperialismo Norteamericano impuso al mundo su estrategia de Seguridad Nacional, para combatir al supuesto enemigo, la “amenaza comunista”. Todo esfuerzo de partidos y movimientos socialistas, democráticos, progresistas y patriotas, que participaron en la lucha política fue bloqueado por el Imperialismo: el “comunismo era en todo momento una amenaza a la democracia”.
En muchas ocasiones, el camino de la lucha política y social fue aplastado con fusiles, metrallas, bayonetas y en algunos casos con bombas, cañones y aviones. Ello llevó a que en algunos casos, la lucha armada, en diferentes formas, permitiera a los pueblos enfrentar la represión militar, tal fue el caso de Cuba, Nicaragua, El Salvador y Guatemala en distintos períodos y con resultados también diferentes.
Con la caída del socialismo soviético (1989-1991) finalizó el doloroso período histórico de la “guerra fría” y desapareció el “enemigo comunista”. Comenzó entonces un nuevo período de movilizaciones populares en América Latina y El Caribe.
El fin de la Guerra fría dejó, sin duda, un vacío en la estrategia global de seguridad del imperialismo estadounidense, que se resolvió tras el atentado del 11 de septiembre del 2001 a las torres gemelas en Nueva York. Fue este acontecimiento lo que precipitó la nueva estrategia militar norteamericana señalando al nuevo enemigo principal: “la “amenaza terrorista”. Sobre estas bases concentró su estrategia de guerra contra Afganistán e Irak.
Para América Latina y El Caribe, en particular, el nuevo “enemigo”, la amenaza terrorista, incluye tal como definiera el Gral. James T. Hill, Jefe del Comando Sur basado en Florida y ’responsable’ de América Latina a:
a) Los narcoterroristas y sus aliados;
b) Las pandillas urbanas y otros grupos ilegales armados, generalmente ligadas también al comercio de drogas; y
c) Los grupos radicales islámicos en la región y a quienes los apoyan, realizando actividades para recaudar fondos para ellos.
Otro ejemplo de la política norteamericana en materia de seguridad hemisférica, lo encontramos en el ASPAN (Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte) firmado por México, Canadá y los Estados Unidos. Se trata de un acuerdo que incluye una política común frente al “terrorismo” y el crimen organizado, pero también abarca otros temas como la “seguridad energética” y el agua. Este Acuerdo se firmó sin el conocimiento ni la aprobación del Congreso y hay muchos puntos oscuros que no han sido aclarados y que seguramente comprometen la soberanía y los recursos naturales de México y Canadá a favor de la gran potencia.
A pesar de estos lineamientos, el nuevo enfoque de seguridad hemisférica y mundial adoptado por los Estados Unidos no es estático y registra modificaciones, conforme a las condiciones igualmente cambiantes. Las nuevas definiciones de amenazas se dan en un contexto difuso, mucho más complejo para los teóricos del pentágono, que cuando se enfrentaban a los soviéticos y comunistas a secas.
Sin embargo, la guerra contra el terrorismo aplicado en Asia, no ha servido para frenar el ascenso de la ola de lucha política y social de los pueblos que comenzó a desbordarse en América Latina y El caribe al finalizar la época de la “guerra fría” (1989-1991).
Las maniobras electorales del gobierno norteamericano y sus aliados fueron derrotadas en Bolivia, Haití, Brasil, Nicaragua, Ecuador y Venezuela, a pesar de los esfuerzos por presentar al “populismo radical” como una nueva amenaza para la región.
Pero también es cierto que Cuba ha sufrido varios ataques terroristas contra ciudadanos e instalaciones que partieron de agentes de la oposición, que tiene sede en Miami y cuenta con el apoyo disimulado del gobierno norteamericano. En el caso de Venezuela, tuvimos la tentativa de golpe de Estado para sacar del poder al presidente legítimamente electo, Hugo Chávez, y posteriormente la huelga y los sabotajes en PDVSA, donde no faltaron provocadores de todo tipo, que llegaron hasta a disparar sobre la población. Para no hablar del financiamiento de los EEUU a los grupos oposicionistas venezolanos.
La Organización de Estados Americanos (OEA), en octubre del 2003, definió un nuevo concepto de seguridad hemisférica, distinto al que prevaleció en la Guerra Fría que se enfocaba en los aspectos tradicionales de defensa y seguridad de los Estados. Ahora se incorporaron como nuevas amenazas a la seguridad los temas relacionados con la democracia, el crecimiento económico, el bienestar social, la salud y la protección al medio ambiente. Sin embargo, para el Gobierno estadounidense el “populismo radical”, en ascenso, es una amenaza a la democracia y a los intereses de Estados Unidos.
Para el Pentágono, el “populismo radical” es un riesgo cada vez mayor para los “gobiernos democráticos”, comprometidos con el “comercio libre y las economías abiertas”, es decir, de "democracia del mercado libre". Ello incluye la posibilidad de perder el control de las bases militares en países en donde los “populistas radicales” estén logrando victorias electorales, como, por ejemplo, en Ecuador.
Los países que componen la “Triple Frontera”, Argentina, Brasil y Paraguay, son altamente vigilados, bajo el pretexto de la fuerte presencia de emigrantes árabes y palestinos, potenciales apoyadores – en la opinión de los norteamericanos – del Hezbollah libanés y del Hamas palestino, ambos partidos de gran fuerza en sus respectivos países.
Estados Unidos pretende también sustituir la tradicional “Escuela de las Américas”, de los tiempos de la guerra fría, por una nueva institución llamada “Internacional Law Enforcement Academy” – ILEA (Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley) que será instalada en El Salvador. Además, si el gobierno peruano lo admite, se abrirá una filial en dicho país andino.
Los estudiantes invitados que asistirían a dicha academia vendrían de países de América Central, Caribe, América Andina y Brasil, preferentemente profesionales que trabajen en las áreas judiciales y de las corporaciones policiales. Los temas a ser tratados serían: terrorismo internacional, crímenes financieros, tráfico de drogas, migración, robo de vehículos y corrupción gubernamental.
Dado que, para los estrategas del Pentágono lo anterior es insuficiente para enfrentar los nuevos riesgos, se ha comenzado a hablar de la posibilidad de revivir una nueva versión de la Escuela de las Américas, que durante más de cincuenta años se utilizó para “capacitar” militares latinoamericanos y caribeños, criminales, torturadores y genocidas, para encabezar dictaduras militares encargadas de detener y derrotar al “comunismo”.
Esta amenaza cobra fuerza con la creación del “Western Hemisphere Institute for Security Cooperation”, diseñada para incrementar la presencia militar frente, según Washington, a la “amenaza de las victorias izquierdistas en la región”.
Se ha conocido que el gobierno Bush ha decidido desmontar las sanciones (cese de ayuda militar) que impuso a los países de América Latina que decidieron no apoyar la guerra en Irak para seguir incidiendo en los ejércitos por la vía de la “Cooperación Militar”.
Igualmente, el gobierno Bush, antes de la derrota electoral del 7 de noviembre con la cual perdió el control de la Cámara de Representantes y Senado a manos de los Demócratas, presionó a algunos países para que aprobaran leyes antiterroristas a fin de definir como enemigos de seguridad y la democracia a las luchas populares y sociales contra el neoliberalismo.
Frente a este peligro que recorre de nuevo nuestra América Latina, es necesario profundizar en el análisis político de la situación con el fin de definir una posición clara de resistencia y construir una propuesta alternativa de seguridad hemisférica en función de consolidar la democracia y los derechos humanos.
La lucha de la izquierda en América Latina y el Caribe siempre ha sido a favor de la paz y contra la militarización de nuestros países, lo que no significa que no debamos preocuparnos por nuestra seguridad. Primero, por las amenazas externas que provienen de la intolerancia del imperialismo frente a las transformaciones políticas en curso en América Latina y el Caribe. Y en segundo lugar por las acciones del crimen organizado y del tráfico de drogas ilícitas, que tiene tanto raíces como ramas en el continente, por el otro.
Los países del continente nunca han tenido una política común de seguridad que no fuera estimulada por los intereses de las grandes potencias. Durante la guerra fría, casi todos seguían la “Doctrina de Seguridad Nacional”, patrocinada por los EEUU. Es hora de que los gobiernos progresista del continente empiecen a tomar iniciativas para elaborar una política común que tengan en cuenta las distintas amenazas a su seguridad, pues la posibilidad de que haya ingerencia armada externa sobre un país es una amenaza para todos, al igual que la desidia de un país contra el crimen organizado tiende a neutralizar los esfuerzos de los demás.
Este es un tema que se relaciona también con la integración de nuestros países y que debe fundarse en una serie de principios que resguarden la integridad de nuestros territorios, recursos naturales, humanos y económicos, así como también la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Es fundamental también separar las políticas de defensa de aquellas de seguridad pública y ciudadana.
La posibilidad de cooperación en las áreas de inteligencia y fronteras, al igual que la realización de ejercicios policiales y militares conjuntos, sería una contribución importante para la integración continental que buscamos. Sin embargo, si estas llegan a ser implementadas, deben hacerse con total transparencia, lo cual significa informar a los países que no participaron en el ejercicio de la realización y la naturaleza de este evento. Significa asimismo que los ciudadanos de cada país estén enterados de las políticas nacionales de seguridad y de las iniciativas prácticas. Tampoco se debe admitir la participación de militares implicados en hechos de tortura o en otros actos de violación de los derechos humanos.
Crimen organizado
La ofensiva neoliberal estuvo acompañada por un crecimiento del crimen organizado y del narcotráfico en todo el mundo. Bandas de criminales de Rusia, del Este Europeo, de los Balcanes y países bálticos actúan en el tráfico de heroína y de 200.000 “esclavas sexuales” que distribuyen cada año por los burdeles de todo el mundo. La violenta mafia albanesa que opera en la recién “liberada” provincia de Kosovo controla una parte significativa del tráfico de heroína y de prostitución en Europa Occidental y en América del Norte.
Las enormes cantidades de heroína producida por los señores de la guerra del “también liberado” Afganistán – aliados de los EEUU – pasan a través de los países que componían la antigua Yugoslavia e inundan los países de Europa Occidental. La mafia rusa controla una parte importante del tráfico de drogas, armas ilegales, mujeres y niñas destinadas a la industria sexual y del lavado de dinero en los países europeos, EEUU y Canadá.
El comercio ilícito de cocaína mueve cerca de US$ 70 mil millones al año, favoreciendo no sólo a los traficantes, sino también a grandes bancos, a los que poco importa el origen de este dinero.
Los multimillonarios de la mafia, en todo el mundo, se han infiltrado en la política y en los organismos de poder nacional, como forma de ejercer influencia sobre la legislación, el poder judicial y los órganos policiales para proteger sus intereses.
En América Latina y el Caribe la situación no es muy diferente y crece el poder del crimen organizado, desde los “Yardbirds” de Jamaica; pasando por los narcotraficantes mexicanos y los “coyotes” que explotan a los emigrantes que intentan cruzar la frontera de los EEUU; por los carteles del narcotráfico en Medellín, Cali y otros en Colombia; por no mencionar las organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) en São Paulo y el Comando Vermelho (CV) en Río de Janeiro, implicados en el tráfico de drogas y secuestros en Brasil.
Además de las bandas locales, existen otros grupos internacionales que se hacen presentes en el continente, tales como la mafia italiana, desde hace ya mucho tiempo, y la mafia nigeriana, que ha llegado más recientemente. En general, todos éstos están implicados en el tráfico de cocaína para Europa, al igual que en el tráfico de personas.
La posibilidad de que se incremente la militarización de América Latina, según la estrategia norteamericana, responde también a la crisis de los sistemas de seguridad publica que se producen en la mayoría de los países de la región.
De ahí que un nuevo modelo de intervención extranjera se viene poniendo en práctica por medio de convenios de cooperación en el área policial. Bajo el argumento del combate al lavado de dinero y al “financiamiento del terrorismo”, el gobierno norteamericano ha firmado convenios de cooperación técnica con varios países latinoamericanos que le permiten abrir oficinas en las cuales circulan agentes del “Federal Bureau of Inteligence” (FBI) que establecen contactos con sus colegas locales y que permiten el acceso a una serie de datos estratégicos, no sólo sobre asuntos policiales y de seguridad, sino también sobre finanzas y flujos de comerciales.
No creemos que la política unilateral de los Estados Unidos y el aparato que ha organizado en el continente, a saber, los convenios policiales bilaterales, la ILEA y la erradicación forzosa de las plantaciones de coca, sean la solución para el problema.
En primer lugar, en el caso de los cultivos de coca, se debe atender y respetar las tradiciones de las culturas locales, tal como viene haciendo el presidente de Bolivia, Evo Morales, él mismo “cocalero” de origen, aunque la producción debe ser monitoreada.
En segundo lugar, es menester crear una política de inteligencia, intercambio de informaciones y cooperación entre el conjunto de los países del continente para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas ilícitas. Esta cooperación deberá sen extendida a los países desarrollados, siempre y cuando lo haga bajo la concepción de que somos todos perjudicados por el crimen y tenemos el mismo interés en combatirlo, pero cambiando la visión dominante del gobierno de EEUU que pretende combatir solamente las plantaciones de materia prima y el tráfico supuestamente dirigidos a su país, sin atacar el consumo ni a los carteles que operan en su territorio ni a los centros financieros que los apoyan en el lavado de dinero.
Es necesario insistir también en que el combate a las bandas delictivas no puede prescindir de políticas sociales contra la pobreza y a la exclusión social, pues éstas constituyen el origen principal de la criminalidad.
Terrorismo
En 2001, el Foro de São Paulo se solidarizó inmediatamente con las víctimas de los actos criminales acaecidos en Nueva York y reivindicó el camino de la paz y la justicia como el único válido para derrotar el terrorismo, reiterando su solidaridad con todos aquellos que sufren sus consecuencias. Como se declaró en la resolución del X Encuentro: “Nosotros, partidos y movimientos de pueblos que han sufrido y que sufren los ominosos efectos del terrorismo de Estado, estamos en contra de todas las manifestaciones de terrorismo, por razones éticas, morales, humanitarias y políticas”.
Estos lamentables acontecimientos quitaron el velo a una política hasta entonces encubierta y que se expresa hoy en los peligrosos términos de la Doctrina Bush y de la “Ley Patriota”, que autoriza la práctica de tortura por parte de las autoridades norteamericanas contra los acusados de amenazar la seguridad norteamericana y hasta en la quiebra de privacidad de todos los ciudadanos del mundo que utilizan el Internet por medio de satélites o servidores norteamericanos.
No estamos de acuerdo con los efectos inmediatos de estas medidas, ya sea por lo que representan contra el pueblo de los EEUU, ya sea por el carácter extraterritorial de su aplicación. No aceptamos el papel auto asignado por los Estados Unidos como policía internacional y estamos convencidos de que el combate al terrorismo no funcionará si se hace por intermedio de acciones bélicas e intervenciones militares generalizadas en el mundo. Tampoco aceptamos sus criterios para definir qué es terrorismo.
La doctrina Bush está provocando tanto el resurgimiento de la intolerancia, del racismo, de la xenofobia y de la discriminación, como también más víctimas inocentes y la exacerbación de fundamentalismos irracionales. Su política tiende a provocar el aumento del terrorismo y no lo contrario.
Un ejemplo de los efectos perniciosos de las políticas norteamericanas se observa en el crecimiento del comercio de armas en el mundo desviando recursos importantes de las áreas sociales para hacer frente a la inseguridad provocada, principalmente, por la política que acabamos de describir y que representó gastos totales del orden de los US$ 44,2 mil millones en 2005. Este año, Rusia ha sustituido a los EEUU como principal proveedor para los países en desarrollo.
Las compras de armas de estos países alcanzaron los US$ 30,2 mil millones en 2005, contra US$ 26, 4 mil millones de 2004. El principal comprador fue la India, que gastó US$ 5,4 mil millones, seguida por Arabia Saudita, con US$ 3,4 mil millones, y China, con US$ 2,8 mil millones.
Rusia vendió cerca de US$ 7,0 mil millones en 2005; Francia, US$ 6,3 mil millones y los Estados Unidos quedaron en tercer lugar con US$ 6,2 mil millones. El principal cliente ruso fue Irán, extremadamente presionado hoy en día por las grandes potencias debido a su programa de enriquecimiento de uranio.
Hay muchos países en Latinoamérica que se han propuesto modernizar su equipamiento militar, no sólo por las necesidades de seguridad como también por lo que representa en términos de adquisición de ciencia y tecnología. Pero hasta en esto los Estados Unidos interfieren, al prohibir a los países proveedores vender equipamientos militares con componentes americanos a países non gratos a ellos, como por ejemplo Venezuela, que no puede comprar aviones brasileños o barcos españoles por esta razón.
Rechazamos también todos los intentos de presentar a los movimientos de liberación nacional, el movimiento altermundista, la izquierda y los movimientos sociales y progresistas como terroristas.
Por ello, una cuestión fundamental reside en derrotar el objetivo de la política norteamericana que pretende criminalizar a las luchas populares y sociales
El combate al terrorismo necesita la vigilancia de los pueblos y, por ende, transparencia. Nuestros pueblos tienen el derecho de saber la verdad sobre lo que ocurre y sobre quiénes son los responsables si los hay. El pueblo tiene el derecho también de obtener información y justicia para los terroristas de Estado que todavía siguen impunes.
Fuerzas políticas, movimientos sociales y gobiernos
El neoliberalismo ha “globalizado” las luchas de los pueblos y alianzas sociales. Los partidos y gobiernos de izquierda tienen que contribuir al desarrollo de las Alianzas Sociales latinoamericanas y caribeñas globales, regionales y sectoriales, por áreas y ramas de actividades, como las Redes Sociales contra los TLCs y el ALCA, por ejemplo, así como en la defensa de las Soberanía e Independencia de naciones y pueblos.
Los esfuerzos por la Integración Social de los pueblos deben armonizarse con los esfuerzos por la Integración que realizan los gobiernos de izquierda, democráticos, progresistas y patriotas, en contra del neoliberalismo y por un nuevo modelo de sociedad en el Siglo XXI.
Partidos, organizaciones de los movimientos sociales y gobiernos de izquierda, nacionales y locales, tendrán que coordinar la ejecución de programas masivos de educación y formación política e ideológica de sus miembros en preparación para la defensa de revoluciones y procesos revolucionarias, para continuar la lucha contra el neoliberalismo, y la defensa de la soberanía e independencia nacional así como el impulso de programas alternativos. Asimismo tienen que enfrentar los intentos represivos de las derechas y el Imperio para frenar las luchas populares, o los esfuerzos de cooptar a dirigentes de movimientos sociales para neutralizar o anular nuestro movimiento.
Un tema particularmente importante a debate se refiere a la relación de los movimientos sociales con los partidos y gobiernos de izquierda antineoliberales. La relación de los movimientos sociales con partidos políticos y gobiernos de izquierda, es una relación que debe coordinarse adecuada y respetuosamente en función de objetivos comunes de la lucha en este nuevo período histórico de transición hacia la nueva sociedad con orientación al Socialismo del Siglo XXI.
Esta claro que en los casos en que existen gobiernos de la derecha neoliberal, el objetivo principal de las luchas sociales es hacer que el Estado responda a las demandas de los pueblos (tierra para campesinos e indígenas, salarios y empleos dignos para trabajadores, en particular para madres solteras, hombres y mujeres, servicios de educación y salud pública asegurados gratuitamente para los pobres, de protección del medio ambiente, contra la violencia y delincuencia, criminalidad, etcétera).
Sin embargo, como hemos señalado, uno de los principales rasgos de la nueva coyuntura latinoamericana y caribeña es la llegada de varios partidos de izquierda y progresistas al gobierno nacional de sus países
Uno de los orígenes de la fuerza de los partidos progresistas que hoy gobiernan varios de los países de América Latina y el Caribe está en los movimientos que lucharon y luchan por derechos sociales, soberanía nacional y democratización de la mayoría de los países del continente.
Por lo tanto, la relación entre los gobiernos progresistas, las diversas fuerzas políticas de izquierda que a veces no están en el gobierno y los movimientos sociales debería ser clara y armónica, en función de la afinidad y la cooperación histórica. Sin embargo, raramente es así. Los movimientos y varias tendencias políticas esperan que los gobiernos progresistas produzcan resultados y transformaciones, las más profundas, y lo más rápido posible. Los gobiernos, por su parte, muchas veces piden paciencia, no desean ninguna crítica y exigen total cooperación frente a la imposibilidad de promover las transformaciones en la forma y con la rapidez deseadas.
Para entender esta situación, en primer lugar, cabe recordar que nuestra llegada al gobierno significa que pasamos a controlar una cuota del poder, pero que otras cuotas siguen bajo el control de las clases dominantes. Los llamados “mercados”, las grandes empresas de comunicación, sectores de la alta burocracia del Estado, los comandos centrales de las fuerzas armadas, los “poderes” judicial y legislativo, además de la influencia de gobiernos extranjeros, por ejemplo, compiten con el poder que poseemos cuando ocupamos la presidencia de la República.
Asimismo, en muchos países pobres, nuestra llegada al gobierno se ha dado en el marco de alianzas más o menos amplias, con partidos que no comulgan la misma historia ni el mismo programa de la izquierda. Recuérdese también que las políticas neoliberales han causado, simultáneamente, el aumento de los problemas sociales y el debilitamiento de los aparatos de Estado, haciendo crecer las expectativas y reduciendo los medios para atenderlas.
Finalmente, es importante señalar que la correlación de fuerzas difiere de un país al otro, al igual que las estrategias y las concepciones políticas de los partidos que han llegado al gobierno central. Esto ayuda a entender por qué las metas y los ritmos de los cambios son tan diferentes.
A pesar de lo anterior consideramos que es el momento propicio para que los movimientos transiten del período de lucha de resistencia al neoliberalismo al período de iniciativa histórica a favor de la construcción hemisférica de modelos alternativos.
Esto exige un debate maduro, y una búsqueda constante de propuestas y soluciones. Sin embargo, algunas cosas deben quedar claras. La primera de ellas es que, si el movimiento social no es autónomo, pierde su fuerza y consecuentemente pierden fuerza el(los) partido(s), las fuerzas políticas y el gobierno que el movimiento apoya. Si los movimientos sociales se confunden con el Estado y los partidos, se mediatizan y dejan de cumplir su papel. Por consiguiente, es de interés de los gobiernos progresistas fortalecer a los movimientos sociales. Tenemos el ejemplo de la reciente ley aprobada por el Frente Amplio en el Congreso uruguayo, que reprime las prácticas antisindicales de las empresas y, gracias a esta ley, el nivel de sindicalización en el país ha crecido ya en más de un 30%. La política correcta de parte de nuestros gobiernos debería ser la de apoyar al movimiento social y respetar su autonomía.
Por su parte, los movimientos sociales tienen que entender la importancia de tener un gobierno aliado. Con la derecha en el poder, perdemos todos, pues las transformaciones sociales se dificultan enormemente en ambientes represivos, antidemocráticos y antipopulares.
En caso de gobiernos de izquierda y partidos de izquierda que controlan el gobierno, los movimientos sociales tienen que caminar de la mano para ejecutar respuestas o soluciones a las necesidades de los más pobres y en general a promesas de campañas electorales. Pero también los movimientos sociales, igual que los partidos, se tienen preocupar por el buen funcionamiento de los gobiernos nacionales, nacionales y locales, sin obstrucciones burocráticas y sin corrupción.
No es realista ni conveniente pensar que el Estado puede solucionar todo y que, además, caiga en prácticas corporativas y clientelares, favoreciendo sólo a las organizaciones que lo apoyan y excluyendo a las que lo critican. El movimiento social tiene que luchar por sus reivindicaciones pero debe ser también capaz de construir o, por lo menos, señalar las soluciones posibles a partir de la realidad existente.
Dicho esto, debe resultar claro que las movilizaciones sociales ayudarán a nuestros gobiernos a avanzar y la relación existente entre los partidos progresistas, el gobierno y el movimiento debería crear el ambiente adecuado para alcanzar los acuerdos necesarios, al igual que para aprobar los proyectos presentados por los gobiernos y de interés del conjunto de la población, a menudo truncados por la derecha en los parlamentos.
Por otro lado, hay varias iniciativas actualmente, de carácter supranacional, que merecen todo nuestro apoyo, como el Foro Social Mundial y las distintas manifestaciones sociales realizadas en paralelo a los eventos oficiales del MERCOSUR y de la Comunidad Suramericana de Naciones, generalmente organizadas por la “Alianza Social Continental”. Ellas contribuyen para la organización política de la sociedad, para la socialización de la política externa de nuestros países y para que los gobiernos incorporen las reivindicaciones populares.
Algunas propuestas para el funcionamiento del Foro de São Paulo
Nos parece fundamental que este XIII Encuentro, más allá del debate político, contribuya también con propuestas que fortalezcan nuestro trabajo y nuestra organización. En este sentido, proponemos crear:
1. Un boletín electrónico mensual
Autorizar a la Secretaría Ejecutiva a relanzar el sitio web del Foro de São Paulo, además de publicar mensualmente un boletín electrónico informativo, con base en el noticiario y los artículos de opinión enviados oficialmente por los partidos integrantes. Este boletín tendrá un carácter meramente institucional e informativo, que no se propone “dirigir” ni tampoco a cuestionar la acción de los partidos integrantes del Foro.
2. Escuela continental de formación política
Constituir una comisión para discutir los pasos necesarios para crear una escuela continental de formación política. Esta escuela tendría como objetivo crear un espacio común y permanente de debate sobre las distintas y plurales orientaciones existentes al interior del Foro de São Paulo, teniendo como perspectiva animar un debate sobre el pensamiento de izquierda latinoamericano y caribeño.
3. Festival político-cultural anual
Iniciar la realización anual, cada vez en un país, de un festival político-cultural (similar la las fiestas anuales de los partidos comunistas europeos).
4. Observatorio electoral
Constituir una comisión para discutir los pasos necesarios para crear una institución capaz de acompañar, con encuestas y personal especializado en campañas, los procesos electorales en cada uno de nuestros países.
[1] En realidad “libre comercio” internacional no existe: existen dos tipos de comercio entre países, el negociado denominado eufemísticamente como “libre” comercio y el comercio no negociado o protegido.
[2] Otros piensan que a más largo plazo estaría configurándose otro sistema entre la República Popular de China y la Federación Rusa, los países con los mercados y territorios más extensos del mundo, respectivamente, y la incorporación al sistema del ACU a la India.
[3] Se dice que el siglo XIX fue el siglo de los ingleses; el siglo XX, por lo menos la segunda mitad del mismo, perteneció a Estados Unidos y está por verse quien dominará el siglo XXI.
En enero de 2007, en El Salvador, tendrá lugar el XIII Encuentro del Foro de São Paulo. El tema general del XIII Encuentro será “la nueva etapa de la lucha por la integración latinoamericana y caribeña”. Este tema será abordado desde cuatro ángulos complementarios:
a) las respuestas alternativas al neoliberalismo, en el ámbito político,
social y económico;
b) el colonialismo, la ingerencia imperialista y los acuerdos de paz;
c) la seguridad hemisférica: el crimen organizado, el narcotráfico, el
terrorismo y la militarización;
d) la relación entre las fuerzas políticas, los movimientos sociales y
los gobiernos de izquierda y progresistas.
El documento base de este XIII Encuentro fue elaborado por una comisión designada por el Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo. Integran dicha comisión las siguientes organizaciones: el Partido de los Trabajadores (Brasil), el Movimiento V República (Venezuela), el Frente Farabundo Martí (El Salvador) y el Partido de la Revolución Democrática (México).
El texto que se presenta a continuación hace, en primer lugar, un recuento de los Encuentros del Foro; luego, un breve análisis de la coyuntura mundial y, enseguida, de la situación latinoamericana y caribeña, donde se destaca la nueva etapa que se vive a partir de los resultados electorales de la izquierda en el año 2006.Enseguida, tratamos de abordar cada uno de los puntos que componen el temario del XIII Encuentro. Intentamos sistematizar el debate acerca de las estrategias, tácticas y programas adecuados para enfrentar esta coyuntura. Y, finalmente, planteamos algunas propuestas para mejorar el desempeño del Foro de Sao Paulo, en este momento histórico que vivimos, muy diferente de aquél, cuando se creó, hace más de 15 años.
Estamos convencidos de que este encuentro demostrará que el espacio plural del Foro de São Paulo sigue siendo extremadamente útil para todas y cada una de las organizaciones que participan de él y que se volverá a refrendar la voluntad política para llevar a cabo cada vez más acciones comunes.
El FSP: Más de 15 años de unidad en la lucha
El XIII Encuentro debe tomar, como punto de partida, lo acumulado en casi 17 años de existencia del Foro de São Paulo.
A lo largo de más de tres lustros, el FORO de SAO PAULO, integrado por fuerzas políticas con distintas orientaciones ideológicas, ha avanzado en la unidad en medio de la diversidad, interpretando correctamente los momentos históricos por los que ha atravesado, y tratando de elaborar un modelo de sociedad soberana, solidaria, justa e integradora para un continente tan plural y complejo como el nuestro.
El entorno en que surge el FORO de SAO PAULO, estuvo determinado por la crisis del modelo socialista, el derrumbe de la URSS y el viraje de la socialdemocracia al abandonar las políticas del “Estado Benefactor”. Al mismo tiempo, coincidió con el fin de la larga etapa histórica conocida como la “guerra fría” y el surgimiento de nuevas corrientes progresistas y democráticas en América Latina y El Caribe.
Así, en julio de 1990, en el momento en que se desplomaba el socialismo soviético y los adoradores del neoliberalismo afirmaban que llegaba el “fin de la historia”, el Partido de los Trabajadores, PT, de Brasil, convocó en Sao Paulo al Primer Encuentro al que asistieron representantes de 48 partidos y organizaciones latinoamericanas y caribeñas, de las más diversas corrientes de pensamiento de izquierda, democráticas, progresistas y patriotas.
En aquel primer encuentro se evaluó la crisis del modelo de socialismo soviético. Fue analizada la amenaza imperialista basada en la estrategia neoliberal de la globalización lanzada contra nuestros pueblos y se revisaron las estrategias revolucionarias de la izquierda latinoamericana y caribeña.
Igualmente, se sentaron las bases para avanzar en propuestas de unidad de acción en la lucha anti-imperialista y popular por una sociedad justa, libre y soberana, por la renovación del pensamiento de izquierda y el socialismo, y por el fortalecimiento de las organizaciones antineoliberales y de sus objetivos antiimperialistas, socialistas y populares.
Asimismo se fijó una posición de rechazo a la idea imperialista de una nueva “Integración Americana”, basada en una única zona de libre comercio, para asegurar el dominio económico y político sobre América Latina y El Caribe.
En el FORO se definieron las bases de un nuevo concepto de unidad e integración latinoamericanista y caribeño para reafirmar nuestra soberanía, independencia y recuperar nuestra identidad cultural e histórica, promover la democracia y la soberanía populares. Asimismo se mantuvo el compromiso de solidaridad activa con la revolución socialista de Cuba, la revolución popular sandinista, la lucha de los pueblos salvadoreño, panameño y andinos que enfrentaban la presión militarista del imperialismo.
En México, durante el II Encuentro, se ratificó el nombre de Foro de Sao Paulo; se amplió la participación a organizaciones y partidos políticos de Canadá, Estados Unidos y Europa, y se profundizó en el análisis de la crisis generada por el neoliberalismo en la “década perdida” de los años 80. Se analizó también la caída de las dictaduras militares, los nuevos espacios de lucha política democrática que habían estado cerrados durante los años de la guerra fría, y la aparición de nuevos movimientos sociales y partidos políticos populares.
La apertura de nuevos caminos para luchar contra el neoliberalismo se confirmó en 1992 al realizarse, en Managua, el III Encuentro del Foro de Sao Paulo. En esta ocasión el debate se concentró alrededor del proyecto alternativo de la izquierda latinoamericana y las nuevas formas de integración de los pueblos de la región. Se concluyó que el capitalismo neoliberal agravaba la situación de América Latina y el Caribe y que por ello se enfrentaban dificultades para consolidar las instituciones políticas, y que esta situación podría llevar a un fortalecimiento del autoritarismo.
El IV encuentro del FSP reafirmó la resuelta condena contra el bloqueo imperialista contra Cuba, así como el inaceptable status colonial de Puerto Rico, Guyana francesa, Martinica, Guadalupe y otros territorios continentales, respaldando la causa de la independencia nacional y autodeterminación para sus pueblos. Ratificó también el compromiso de continuar con la lucha por la integración plena e incondicional de la Comunidad Latinoamericana y Caribeña de Naciones.
De la misma manea que quedó constatado el ascenso de la movilización social de los pueblos, se destacó la importancia de la lucha por la profundización de la democracia política, quedó resaltada la necesidad de reconocer e incorporar en el pensamiento programático la pluralidad étnica y cultural de nuestros países, y la importancia de luchar por la igualdad de género.
El V Encuentro realizado en Montevideo en 1995, registró el incremento, diversificación y desarrollo de las luchas populares, expresado a través de huelgas, protestas, manifestaciones y bloqueo de caminos. Se analizó, de manera especial, la rebelión en Chiapas como una nueva forma de expresión de lucha por la democracia y el poder popular.
Los resultados de elecciones realizadas en 14 países de América Latina entre 1993 y 1995, fueron positivos para las izquierdas, ya que éstas lograron una mayor participación en gobiernos locales o en los parlamentos de sus países.
Ante este ascenso, las derechas neoliberales respondieron El gobierno estadounidense convocó a la Cumbre de las Américas realizada en Miami en 1994, con el doble objetivo de imponer, de un lado, su diseño regional y global de “Seguridad Colectiva”, y, de otro, el Tratado de Libre Comercio para el conjunto de los países del continente bajo las siglas del ALCA.
En el VI Encuentro realizado en El Salvador en 1996 quedó claro que la globalización neoliberal había exacerbado contradicciones y conflictos muy diversos: entre el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente; por la cada vez mayor concentración de la riqueza, así como también por las oportunidades desiguales que para el desarrollo de la humanidad ofrecían los avances científico-técnicos.
Quedó evidenciado que las libertades políticas eran obstruidas por los neoliberales para impedir el desarrollo con justicia social, así como para bloquear el ejercicio de los derechos económicos y sociales de los pueblos.
El VII encuentro realizado en 1997, Porto Alegre, Brasil, confirmó la tendencia del ascenso de las luchas sociales. En este encuentro se resolvió establecer mecanismos de coordinación y discusión permanente con el propósito de contribuir a que la izquierda latinoamericana y caribeña encabezaran las soluciones políticas, económicas y sociales alternativas al neoliberalismo y a la globalización neoliberal; al afianzamiento de la solidaridad y la integración en beneficio de los pueblos y el desarrollo con justicia social y armonía con la naturaleza.
El siguiente FORO, el VIII, realizado en México, en 1998, reflejó el creciente apoyo de los pueblos a las opciones de izquierda y progresistas, a causa de la crisis del modelo neoliberal iniciado en Asia, en los países llamados los “dragones del pacífico”, crisis que golpeó a parte del mundo europeo y de América Latina, en particular a México, Brasil y Argentina.
Era más evidente que la crisis neoliberal, que apenas comenzaba a salir a la superficie, propiciaba la búsqueda de salidas alternativas impulsadas por la izquierda. Se consideró que “no hay democracia sin política, sin partidos, sin sindicatos y sin movimientos sociales organizados”.
El encuentro permitió reafirmar conclusiones importantes, como lo relacionado a la pluralidad étnica, lingüística y cultural de las naciones latinoamericanas y caribeñas, y la necesidad de luchar por el respeto y reconocimiento social, político y jurídico de esta diversidad.
En el año 2000, en Managua, durante el IX Encuentro, se conmemoró el Décimo Aniversario del FORO y se reafirmó el aporte a la lucha de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Al mismo tiempo se reconocieron los aportes de la intelectualidad de izquierda y progresista en torno a la defensa de las Universidades y la educación pública como patrimonio democrático. Se ratificó el compromiso con la lucha contra la discriminación, en particular de la mujer, y la búsqueda de la igualdad entre los géneros.
Se refrendó también, con firmeza, el objetivo de conquistar las libertades, la independencia y la soberanía, para terminar con todo vestigio de colonialismo y neocolonialismo. Se dejó sentada la tesis de que en el siglo XXI, por comenzar, la izquierda se convertirá en una alternativa real de poder popular basada en nuevas instituciones participativas, formas democráticas de gobierno y de desarrollo económico en beneficio de las mayorías nacionales.
Es necesario detenerse particularmente en el análisis que hemos desarrollando desde el X Encuentro, realizado en diciembre de 2001 en La Habana, pues éste se realizó luego del ataque a las “Torres Gemelas” del mes de septiembre de ese año.
En aquél momento, el neoliberalismo, principalmente en sus aspectos económicos e ideológicos, vivía un gran desgaste, debido a múltiples crisis económicas que se habían presentado en países de Asia pero también en Brasil, Rusia, Turquía y Argentina.
En este contexto, las acciones militares desarrolladas por los EEUU y por algunos países europeos, primero contra Afganistán y después contra Irak, sumadas a las exacerbadas medidas internas de seguridad, parecían tener como efecto colateral la profundización de las medidas de liberalización económica.
El discurso del Presidente Bush, según el cual “quienes no están con nosotros están contra nosotros” y “el terrorismo es fruto de la pobreza y ésta debe ser combatida con el crecimiento económico proveniente del libre comercio” fue un claro mensaje para presionar a muchos países para que aceptaran una agenda de negociación en la Conferencia de la OMC en Doha que debería concluir con una mayor liberalización del comercio a favor de las grandes potencias mundiales.
La nueva política militar de Estados Unidos, llamada de la “guerra preventiva”, tenía un contenido abiertamente intolerante, racista, xenofóbica, criminal y genocida, y fue rechazada en su momento por la izquierda y las fuerzas progresistas, democráticas y patriotas, como fue rechazado también el intento de calificar como terroristas a los movimientos de liberación nacional, a las fuerzas de izquierda, a los movimientos sociales y progresistas.
El XI encuentro realizado en Antigua, Guatemala en el 2002, caracterizó al nuevo orden internacional como injusto y altamente riesgoso, ya que el gobierno de los Estados Unidos con su unipolaridad militar colocaba al mundo al borde de la guerra, estrategia global que lesionaba la democracia y soberanía nacional de los países.
Se analizó la crisis Argentina y su impacto en el Sur del continente; la situación por la que atravesaban Venezuela y de Cuba en esos momentos. Todo ello como punto de referencia para el análisis de la lucha de nuestros pueblos frente al proyecto de dominación de Estados Unidos que se presentaba bajo el discurso de la integración comercial.
Se discutieron también las nuevas perspectivas abiertas por las fuerzas progresistas y el momento histórico para la integración latinoamericana hacia un modelo alternativo. Las expectativas del triunfo de Brasil y el acceso de las izquierdas al gobierno definió la lucha por la democracia y la unidad del pueblo como un planteamiento estratégico del FORO de Sao Paulo.
Por su parte, el XII encuentro, realizado en Sao Paulo, el 2005, a 15 años de su fundación, concluyó que las luchas han dado frutos y que se ha producido una reestructuración política y social en América Latina y el Caribe, debilitándose las fuerzas de derecha al punto de perder protagonismo y sufrir reveses y derrotas políticas. Se reconoció la aparición de nuevos sujetos sociales: población de comunidades, organizaciones de mujeres, religiosas, de lucha por la defensa, protección y desarrollo de los recursos naturales y medio ambiente, organizaciones de la cultura, de la intelectualidad, y nuevos movimientos políticos que destacaban en comparación al clima dominante que se observaba una década atrás.
El relato de la evolución de los Foros permite afirmar que estamos ante la presencia de un nuevo período histórico que apenas ha comenzado y en el que se ha puesto en evidencia de manera reiterada y tajante que democratización política y neoliberalismo económico se contraponen y chocan, lo que se traduce, al mismo tiempo, en ascenso de las luchas populares y sociales.
La nueva realidad política demanda de las fuerzas de izquierda y socialistas de la región actuar a la ofensiva y profundizar la lucha democrática. Un punto a debate es si estos avances pueden sentar las bases para la construcción del socialismo del Siglo XXI, en un escenario en el que existen diversas formas de lucha.
Por ello el FORO debe mantener sus esfuerzos de elaboración de estrategias y políticas así como el permanente intercambio de experiencias sobre los profundos cambios que suceden en América Latina y el mundo.
El FORO también debe contribuir a impedir que las fuerzas de derecha y el imperialismo restauren el control de poder político hasta ahora perdido en la región, a defender los procesos de democracia revolucionaria en marcha y a desplegar toda nuestra capacidad internacionalista y solidaria con Cuba, los gobiernos democráticos de izquierda y la lucha de los pueblos.
La situación mundial: compleja y contradictoria
Cinco años después del X Encuentro en La Habana, podemos decir que ha fracasado el intento de salvar al neoliberalismo a través de la guerra y de la liberalización comercial. En el ámbito militar, las invasiones de Afganistán y de Irak por parte de tropas, principalmente de EEUU e Inglaterra, y en menor número de otros países europeos y de Australia, se transformaron en dos “atolladeros” políticos y militares. La caída de los talibanes y de Saddam Hussein, ambos ex aliados de los Estados Unidos, estuvo seguida por una mayor inestabilidad tanto en la región como a escala mundial.
Los EEUU ya perdieron más de tres mil soldados solamente en Irak. Su plan, por ahora, ha fracasado. Irak vive hoy una guerra civil entre las diferentes etnias y comunidades religiosas que componen el país, la que ha costado la vida, en promedio, a cinco mil personas al mes.
La invasión de Irak, además de no haber sido autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, contó con la oposición de amplia mayoría de la opinión pública mundial. La participación de tropas españolas e italianas en esa guerra ayudó a poner fin a los gobiernos, respectivamente, de Aznar (2004) y Berlusconi (2006), al igual que contribuyó para la derrota de los republicanos en las recientes elecciones para el Congreso de los EEUU (2006).
En el terreno económico, habrá que recordar que el derrumbe del socialismo soviético y el fin de la etapa histórica de la “guerra fría” le imprimieron mayor velocidad al reajuste mundial, a la globalización económica neoliberal y a la corriente por un comercio internacional negociado[1], que impactó de manera desigual a los países. La humanidad comenzó a atravesar por una transición dominada por el neoliberalismo.
En esta nueva etapa del capitalismo se han configurado tres grandes bloques. Uno, encabezado por los Estados Unidos que incluye los países del NAFTA o TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y las naciones que formarían el CAFTA (Tratado de Libre Comercio de América Central). Otro está constituido por los integrantes de la Unión Europea; y el tercero estaría formado por los países asiáticos más desarrollados. Por otro lado, encontramos la configuración de otros bloques de segundo nivel (en América Latina, el MERCOSUR, Comunidad de Naciones Andinas, entre otros).
La disputa entre los principales bloques comerciales y económicos, y los países más desarrollados por separado se está reflejando, en este período histórico, en tres sistemas de pagos internacionales: el sistema monetario basado en el Euro; el otro basado en el Dólar; y el tercero el ACU (moneda asiática), comandada, por ahora, por la República Popular de China, Japón y Corea del Sur[2], y que reemplazó al Yen que se perfilaba, hacia finales de 1999, como la base para el sistema monetario asiático para competir con la Unión Europea y Estados Unidos. Un dato fundamental de esta nueva situación es que en la carrera por “conquistar” económicamente el siglo XXI[3], irrumpió abruptamente China, que hasta 1999 solo se mencionaba como posible amenaza hasta el 2015, pero en el 2006 se ha colocado como tercera o cuarta potencia económica mundial.
Existe pues una disputa por el dominio económico mundial en general encarnada en estos tres bloques bajo una competencia colosal cuyo desenlace, histórico por supuesto, aún está por verse.
Estados Unidos, además, ha perdido terreno económico en Asia, en particular en aquellos países que antes eran su “patio trasero” asiático, los llamados “dragones del pacífico”. En cambio, se ha fortalecido el bloque liderado por China, Japón y Corea del Sur. En el horizonte mediato también se perfila la posibilidad de que la India y Rusia se incorporen a ese mega bloque asiático. El pacto entre China y Rusia mostrarían también una pérdida de terreno por parte de los Estados Unidos.
El reacomodo o reajuste de las correlaciones de fuerzas mundiales en proceso, principalmente por el desarrollo de los nuevos grandes bloques comerciales, de un lado, y el debilitamiento del poderío económico de Estados Unidos por el otro, plantean como interrogante si lo que estamos presenciando es un proceso de decadencia del imperialismo norteamericano.
Por otra parte, el capitalismo, en esta nueva etapa, sigue observando un crecimiento desmedido del sector financiero de la economía mundial, que empezó a instalarse a principios de los años 1970, con la crisis del petróleo y el fin de los “Acuerdos de Bretton Woods”.
Este crecimiento desmedido del sector financiero se traduce, por ejemplo, en el movimiento mundial diario de aproximadamente US$ 1,5 billones de dólares, recursos que no están aplicados directamente en actividades productivas. Esto constituye en lo fundamental un giro especulativo que genera ganancias de corto plazo para el capital financiero y las grandes empresas, incluidas aquellas consideradas como “productivas” pero que muchas veces retiran de la especulación la mayor parte de sus ganancias.
El crecimiento desmedido del sector financiero estuvo acompañado por un proceso profundo de reestructuración productiva y de alteración de los patrones de participación del Estado en la economía, de la reducción de los derechos laborales y sociales antes provistas por políticas públicas y estatales, así como de la reducción del proteccionismo vigente en diversas naciones, reducción a favor de las grandes empresas y potencias. Ha sido, además, la causa principal de las crisis financiera de muchos países y de la inestabilidad económica mundial, por lo que representa una amenaza al desarrollo económico en todo el planeta.
Por otra parte, la economía mundial sigue siendo controlada por unos cuantos países, básicamente los EEUU, la Unión Europea, Japón, países de origen de las 500 mayores empresas multinacionales, de las cuales alrededor de 450 están presentes en América Latina y Caribe. Estas empresas tienen influencia sobre los gobiernos nacionales y las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Organización Mundial del Comercio (OMC). Tales gobiernos e instituciones, no por casualidad, han sido instrumentos fundamentales para la puesta en práctica de las medidas de liberalización y los dogmas del llamado “Consenso de Washington”. Influyen también en las negociaciones en la OMC, ALCA y los tratados bilaterales de comercio.
La sumisión de la mayoría de los países a la nueva lógica neoliberal provocó todavía más concentración de poder económico y político en las manos de los países más ricos y poderosos, aumentando la brecha que separa a unos y otros. En este contexto, los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay vienen haciendo esfuerzos en el sentido de disminuir la vulnerabilidad externa. Una de las medidas adoptadas por estos gobiernos, con este propósito, fue la no renovación de los acuerdos con el FMI. Merece mención, asimismo, la negociación de la deuda argentina, que logró colocar soberanamente los intereses del país por encima de los intereses de los acreedores.
Además de la presencia, ya mencionada, de las empresas multinacionales más importantes del mundo en nuestro continente, convivimos en América Latina y Caribe directamente con la mayor potencia económica y militar del mundo, los EEUU, e indirectamente con los intereses de la Unión Europea, en particular de algunos de sus miembros que ya tuvieron colonias aquí.
Seguimos conviviendo, también, con un proceso de distribución regresiva de la renta y de exclusión social, situación que une la pobreza económica con la falta de acceso a derechos ciudadanos fundamentales como salud, educación, vivienda, agua potable, etc.
Se calcula que actualmente, en el mundo, 1,2 mil millones de personas viven con menos de un dólar al día, o sea, por debajo de la línea de la pobreza, de acuerdo a los criterios de la ONU, y en situación de exclusión social.
Millones de personas migran de un país a otro actualmente, ya sea porque son refugiados de los varios conflictos bélicos regionales, ya sea porque buscan trabajo en otros países más desarrollados, por no encontrarlos en los suyos. Esto sucede también en nuestro continente.
El envío de parte del ingreso duramente conquistado por parte de aproximadamente 191 millones de migrantes a sus países de origen suma actualmente US$ 233 mil millones, de los cuales US$ 167 mil millones van para países en desarrollo, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM). En algunos casos, en Centroamérica, los envíos representan ya de 10 a 15% del PIB. En Brasil, los giros de dinero de los migrantes suman US$ 10,5 mil millones al año, y en Ecuador, cerca de US$ 2,3 mil millones al año. A México, que es quizás el ejemplo más destacado de América Latina, llegan casi 20 mil millones de dólares al año.
La migración, además de haberse convertido en una fuente de ingresos financieros muy importante para nuestros países, ha provocado también transformaciones en la sociedad y en la política de cada Nación. No debemos olvidar, por ejemplo, las declaraciones del embajador norteamericano en El Salvador, que en plena campaña presidencial afirmó que los envíos de los emigrantes salvadoreños que viven en los Estados Unidos podrían interrumpirse, en el caso de una victoria del hoy añorado compañero Schafik Handal, candidato del FMLN a la presidencia de la República.
Ahora bien, en el ámbito de las negociaciones comerciales, dos hechos indican claramente el fracaso de las iniciativas de la agenda neoliberal en materia de libre comercio:
a) La paralización de las negociaciones que pretendían resultar en la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas. Es importante considerar el papel ejercido, en este sentido, por la acción de los presidentes de los países del MERCOSUR que, liderados por el país anfitrión de la Cumbre de Mar del Plata, realizada a fines de 2005, pusieron un freno que creemos definitivo a las pretensiones de los gobiernos de los Estados Unidos de viabilizar el ALCA.
b) La “Ronda de Doha”, que hasta el día de hoy no ha llegado a resultados concretos. No hay perspectivas en el corto plazo de que vaya a alcanzarlos. En estas negociaciones, la acción del gobierno brasileño y de los gobiernos del MERCOSUR en la reunión de Cancún, realizada en 2003, fue decisiva para enfrentar la hegemonía de los intereses de los EEUU y de la Unión Europea. La formación del G-20 ha constituido un avance importante en el diseño estratégico de las relaciones Sur-Sur.
Por su parte, frente al bloqueo del ALCA, los Estados Unidos han impulsado Tratados de Libre Comercio bilaterales. Algunos ya fueron firmados y otros están en fase de avanzada negociación entre los cuales podemos incluir a Colombia, Perú y El Salvador.
Los gobiernos progresistas, por su parte, han impulsado la integración continental a través del cambio de rumbo de los procesos existentes, en especial del MERCOSUR. En este particular, destacamos la creación del Parlamento del MERCOSUR y de los Fondos de Convergencia Estructural. Subrayamos también la ampliación del MERCOSUR, con la entrada de Venezuela, en julio de 2006, así como de las relaciones con Cuba.
La Comunidad Sudamericana de Naciones, igualmente impulsada por los gobiernos del MERCOSUR y de la Comunidad Andina de Naciones, cumple un papel importante en la integración territorial y energética de América del Sur. Los acuerdos Venezuela-Cuba, para el intercambio solidario en las áreas de la salud, educación y otras, forman parte de este nuevo impulso de integración. En este sentido, la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), constituye un instrumento más al servicio de la causa de la integración latinoamericana.
Las diputas electorales en América Latina y el Caribe
Después del XII Encuentro del Foro de São Paulo, realizado en 2005, en Brasil, hemos tenido un conjunto importante de elecciones en América Latina y Caribeña.
Estas elecciones – en Chile, Colombia, Bolivia, Haití, Costa Rica, México, Ecuador, Perú, El Salvador, Nicaragua, Brasil y Venezuela – han revelado una correlación de fuerzas, electoral y política, signada por la victoria o por lo menos por el crecimiento de las fuerzas progresistas, nacionalistas y de izquierda. Estados Unidos ha perdido parte sustancial del control político sobre América Latina y El Caribe.
Los procesos electorales han revelado también que los Estados Unidos tratan a América Central como “zona prohibida” para gobiernos de izquierda y progresistas, como ya habíamos observado en las últimas elecciones presidenciales en El Salvador. Hay que subrayar que, pese a todos estos esfuerzos, Daniel Ortega fue electo presidente de Nicaragua y, en los demás países, las fuerzas populares han venido ampliando su fuerza.
Veamos, aunque sea de modo superficial, el resultado electoral de algunos países.
En Bolivia, la acumulación de fuerzas y el avance de las luchas sociales en aquel país no sólo derrocaron a varios presidentes en los últimos años, sino que llevaron a la presidencia a Evo Morales, uno de los líderes más importantes de aquellas luchas, un aymara representante de la población originaria y mayoritaria de Bolivia que, sin embargo, siempre estuvo excluida de los centros de poder.
Luego de haber adoptado una serie de medidas para asegurar la posesión y el control de las riquezas naturales del país, en particular los hidrocarburos, y también para promover la reforma agraria, el gobierno Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS) y sus aliados ahora luchan para llevar adelante la aprobación de una nueva Constitución para el país que dé sustento jurídico permanente a los compromisos asumidos con la mayoría de la población boliviana. Los cambios vienen enfrentando, empero, una fuerte resistencia de la derecha del país que, incluso, articula movimientos autonomistas en las provincias en donde es más fuerte.
En Brasil, por su parte, más de 58 millones de brasileños y brasileñas reeligieron al petista Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de la República. Participaron en la campaña del segunda vuelta militantes del PT, PCdoB, PRB, PSB y los dirigentes y afiliados del PMDB, PDT, PV, PP, PCB, PL, PPS, PTB y PSOL. Así como militantes de movimientos sociales de la ciudad y del campo, mujeres, jóvenes, negros, indígenas, artistas, intelectuales, religiosos y sindicalistas que salieron en defensa de sus conquistas y de la continuidad de un programa de transformación económica, social y política del país.
La campaña de Lula fue de izquierda, en sintonía, como en el pasado, con nuestra militancia y con nuestra tradición de combatividad. La victoria de Lula expresa la esperanza y la confianza de nuestra sociedad, especialmente de las capas populares, en el futuro del país. Un futuro que se anuncia como de más crecimiento económico, políticas sociales, democracia y soberanía nacional. Fue también una respuesta a los sectores conservadores y golpistas de la oposición que prometieron “acabar con la raza del PT”.
El país ingresa a un nuevo período y tiene por delante grande desafíos: el crecimiento sustentable de la economía; la consolidación democrática, sobre todo para asegurar una mayor participación del pueblo en la vida política del país. El tercer desafío es el mantenimiento y la ampliación de las inversiones en políticas sociales.
En Nicaragua, la elección de Daniel Ortega fue una derrota explícita del imperialismo norteamericano. La victoria del FSLM tendrá impacto en la región centroamericana y es una muestra de la expansión de la ola de victorias antiliberales más allá de la parte sur del continente. Sin duda, este triunfo crea un clima político favorable para las luchas de los pueblos de Guatemala y El Salvador y permitirá también incorporar a esta parte de América Latina a un proceso de integración regional alternativo. En un Nación azotada por la pobreza y con tantas expectativas hacia el nuevo gobierno, el sandinismo tiene enormes retos. Entre los más inmediatos, saber enfrentar las presiones del FMI, el gobierno norteamericano y la derecha y al mismo tiempo, conducir al país en un marco de paz, estabilidad y reformas sociales.
A principios de 2006, fue electo también el nuevo presidente de Haití, René Préval, que ya había gobernado el país de 1996 a 2001. Préval es del partido “Fanmi Lavalas”, del presidente Bertrand Aristide. Desde que Aristide fue alejado del gobierno, en 2003, hay tropas de la ONU (MINUSTAH) en Haití, cuyo tiempo de permanencia todavía no está definido.
El Foro de São Paulo enviará una delegación a Haití, con el objetivo de analizar la situación local, a partir de contactos con las fuerzas políticas y sociales, así como también con el gobierno Préval. Esta delegación, compuesta por todos los partidos-miembros del Grupo de Trabajo, debe producir un informe sobre esa visita.
De antemano, el XIII Encuentro se dirige a los partidos que integran gobiernos que tienen tropas en la MINUSTAH, informando que nuestra opinión es que hace falta crear las condiciones para, en el plazo más corto, sustituir la presencia de tropas de la MINUSTAH por un apoyo exclusivamente humanitario.
En las elecciones presidenciales de Ecuador, en octubre, disputaron la segunda vuelta el candidato Álvaro Noboa, por el Partido de la Renovación Institucional – Alianza Nacional (PRIAN) y Rafael Correa, por la Alianza País (AP). Correa logró unir la izquierda y la centro-izquierda en torno a su candidatura y venció al “Magnate de las Bananas”, Noboa, por una diferencia de 14 puntos porcentuales.
Correa se comprometió a no firmar el Tratado de Libre Comercio con los EEUU ni a renovar la cesión de la base militar de Manta a los norteamericanos. Tendrá, empero, un gran reto por delante, a saber, el de gobernar prácticamente sin apoyo en el parlamento, puesto que la derecha ha formado amplia mayoría y la AP no lanzó candidatos. En este sentido, su propuesta de transformaciones estructurales en Ecuador pasa por la realización de un plebiscito que consulte a la población acerca de si ésta desea o no la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
La victoria del presidente Chávez en Venezuela fue indiscutible y fue fruto del trabajo que viene haciendo para transformar a su país. Chávez consolidó su liderazgo político cuando se enfrentó al proceso golpista que promovió la derecha al inicio de su mandato y que, en la práctica, sólo tuvo fin en 2004, con su victoria en el referendo derogatorio. En tan sólo dos años que separan ese momento de la actual elección, el gobierno bolivariano de Venezuela hizo mucho para avanzar con la organización popular y para promover la justicia social.
En Chile salió victoriosa la candidata Michele Bachelet. Apoyada por los partidos de la Concertación y luego en la segunda vuelta por el Partido Comunista, logró derrotar a la derecha. Bachelet hizo compromisos para reformar el sistema electoral y al mismo tiempo, encabezar otras reformas de tipo social, como el del sistema de pensiones. La posibilidad de que se fortalezca una vía progresista frente a la corrupción, el burocratismo y la derecha en Chile dependerá de la iniciativa de las fuerzas de izquierda, el movimiento popular, y la conducta de la Presidenta. Como quiera que sea, y los acontecimientos ocurrido por la muerte de Pincochet lo demuestran, la existencia de un gobierno como el de Bachelet tiene una significado muy relevante para las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda de América Latina.
Al lado de estas victorias, tuvimos otras elecciones presidenciales cuyos resultados deben ser analizados de forma distinta: Costa Rica, Perú, Colombia, México.
En Costa Rica, en febrero de 2006, Oscar Sánchez Arias, del Partido de Liberación Nacional (PLN) fue el vencedor de las elecciones presidenciales. Él ya había sido presidente de 1986 a 1990. En 1987, recibió el Premio Nóbel de la Paz por su actuación en las negociaciones de paz en Centroamérica. Sin embrago, disputó las elecciones de 2006 con una plataforma totalmente neoliberal, de defensa de la privatización de las empresas públicas costarricenses y de la firma del Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA).
Arias derrotó a Ottón Solís por un margen de sólo 1,1% de los votos. Su oponente había sido Ministro de Planificación del primer gobierno de Arias y había renunciado entonces por discrepar del plan de ajuste estructural instrumentado por Arias bajo la orientación del FMI. Fue candidato por el Partido de la Acción Ciudadana – PAC, creado en 2002, que ya había causado sorpresa al elegir 24 diputados federales.
Solís llegó muy cerca de la victoria en una campaña en la cual se oponía al Cafta y enfatizaba la adopción de medidas de participación popular y de combate a la corrupción. Su ascenso al segundo lugar rompió una tradición de disputa bipartidista entre el PLN y el demócrata cristiano Partido de la Unidad Social Cristian (PUSC), ambos desgastados por sucesivos escándalos de corrupción.
En el Perú, la principal disputa se dio en junio de 2006, entre Ollanta Humala, un militar de la reserva y candidato por la coalición partidaria Unión por el Perú; y Alan García, que ya había presidido el país en la década de 1980 por el Partido Aprista.
Humala se presentó con una plataforma nacionalista y de promoción de los derechos sociales, que le dio la mayor votación en la primera vuelta, aunque insuficiente para ganar la Presidencia. En el segundo turno, el apoyo de los partidos de derecha a García le permitió a éste obtener una mayoría con el 54% de los votos.
Mientras que Alan García venció holgadamente en la capital y provincias cercanas, Ollanta triunfó en las 16 provincias del interior, principalmente en las regiones más pobres. Sin embargo, partidos de izquierda como el socialista (PSP), el comunista (PCP) y “Patria Roja”, todos juntos, obtuvieron tan sólo un 1,5% de los votos en el primer turno y quedaron sin representación parlamentaria.
En Colombia, el presidente Álvaro Uribe fue reelecto en primera vuelta, en mayo, con el 62,2% de los votos. No obstante, el Polo Democrático Alternativo alcanzó el segundo lugar, con la candidatura de Carlos Gaviria, superando al Partido Liberal y convirtiéndose en una alternativa real de gobierno en el país. Este avance electoral de la izquierda se debe también a un proceso de acumulación de las luchas sociales, de la construcción de unidad del Polo y de sus alianzas locales, así como por el éxito obtenido en gobiernos municipales y estatales conquistados en 2003, como, por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá y el Estado del Valle.
Uribe detenta la mayoría en el parlamento desde las elecciones parlamentarias realizadas en marzo de 2006, y lleva a cabo un programa neoliberal que incluye la realización de un acuerdo de libre comercio con los EEUU. Sin duda, el gobierno colombiano ha sido uno de los aliados más importantes de los intereses norteamericanos en América Latina.
En México se dio una de las campañas electorales más disputadas. El candidato de la Coalición Por el Bien de Todos (integrada Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Partido Convergencia), Andrés Manuel López Obrador, mantuvo la delantera prácticamente todo el tiempo, enfrentando una durísima campaña calumniosa y anticomunista por parte del entonces Presidente Fox, un grupo poderoso de empresarios, y el PAN, el partido de la derecha mexicana, con la ayuda de los grandes medios de comunicación.
Los resultados electorales oficiales dieron la victoria a Felipe Calderón (PAN) por 0.58% de diferencia. La Coalición inició al otro día una protesta masiva alegando fraude sobre todo por la intervención del Presidente y de los empresarios, prohibidas por la ley, pero también por diversas irregularidades en cerca de 50 mil urnas, de un total de 132 mil, o sea, casi 38% de los votos estaban bajo sospecha.
El PRD articuló un proceso de recursos judiciales y de movilizaciones para presionar al Tribunal Electoral y se recontara la totalidad de los votos. Esta movilización incluyó, durante casi dos meses, la realización de grandes asambleas en el centro de la Ciudad de México, normalmente acompañadas por más de un millón de personas, y por un campamento en el Zócalo, la plaza central de la ciudad, además del bloqueo de las principales avenidas de la capital.
Sin embargo, el 6 de septiembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal de México ignoró todas las protestas y declaró vencedor al candidato de la derecha. Ante ello, las fuerzas de la Coalición decidieron proclamar a López Obrador como presidente legítimo y darle posesión como dirigente de un gobierno paralelo, el día 20 de noviembre, fecha simbólica, pues marcó el inicio de la Revolución Mexicana en 1910.
Hasta los sectores izquierdistas que pregonaron el voto nulo, pues para ellos el PRD y la candidatura de López Obrador no representaban diferencias fundamentales en relación a los demás partidos y candidatos, apoyaron las movilizaciones contra el fraude y contra la derecha. Si estas mismas fuerzas hubieran decidido participar en la campaña y llamar a votar por López Obrador quizás se hubiera podido evitar el triunfo de la derecha y se hubiera contribuido a transformar a México en un país más democrático, con un gobierno más respetuoso con los movimientos sociales y que seguramente aportaría al proceso de transformación política de América Latina y Caribe.
De cualquier manera, las elecciones mexicanas de 2006 confirmaron la decadencia del PRI y reafirmó al PRD como la fuerza de oposición más importante y como una alternativa real de gobierno.
Este ciclo de elecciones presidenciales, que debe cerrarse con la disputa en Argentina, en 2007, consolidó e incluso amplió el abanico de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina.
Estos resultados demuestran que gran parte, quizá la mayoría de la población de nuestro continente, quiere seguir el camino de los cambios y no quiere vivir más bajo la hegemonía neoliberal. Este proceso de cambios asume distintas formas, desde las más radicales hasta las más moderadas e institucionales. Los caminos de la izquierda latinoamericana son diversos y plurales.
Por su parte, la derecha ha respondido en estos países de manera muy similar, con métodos basados en los medios de comunicación, el poder del dinero y la mentira, y con un rostro extremadamente reaccionario.
En primer lugar, quedaron cada vez más evidentes los puntos de contacto y la cooperación entre las fuerzas políticas de derecha, en cada país, y los intereses de los EEUU.
En segundo lugar, los Estados Unidos mantuvieron una actitud de ingerencia, que fue particularmente fuerte en América Central y en algunos países que el gobierno norteamericano trata como enclaves, como es el caso de Colombia, Paraguay y El Salvador.
En tercer lugar, la maquinaria político-ideológica de la derecha, sus principales líderes, los medios y las fuerzas económicas en nuestra región hablan ahora de la existencia de una confrontación entre las fuerzas de mercado y democráticas versus el “populismo de izquierda” y autoritario.
Llaman a nuestros gobiernos “populistas” en el afán de estigmatizar y descalificar nuestra política, asociándola con el pasado. Al mismo tiempo, intentan dividir a los gobiernos progresistas en dos grupos: la “izquierda moderna” y la “izquierda atrasada” con la intención de borrar los muchos objetivos comunes que unen a nuestros gobiernos y partidos. Esta diferencia es falsa y lo que en verdad existe es una diversidad de estrategias que responden a las realidades y condiciones de lucha que existen en cada país.
A la vez que se traba una batalla ideológica contra nosotros, la derecha no demuestra mayores escrúpulos para intentar mantenerse en el poder. En Venezuela, por ejemplo, impulsó un golpe de Estado, que fue derrotado por la intervención popular. En Brasil, intentaron un golpe mediático. En México, no dudaron en violar la ley y hacer fraude en las elecciones. En Colombia, apoyan el paramilitarismo.
Un nuevo período en América Latina
La coincidencia de varios gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina constituye la gran novedad de la situación actual en esta región del mundo.
Esta novedad se hizo posible gracias a la combinación de tres elementos principales: los efectos del neoliberalismo en la región, la capacidad que han demostrado varios partidos de capitalizar electoralmente la insatisfacción popular, y el crecimiento de los movimientos populares de resistencia y de protesta.
Es importante recordar que, en los últimos años, el movimiento social ha logrado alcanzar gran relevancia y articulación internacional, por ejemplo, por medio de los sucesivos “Foros Sociales Mundiales”, lanzando la consigna de que “otro mundo es posible”, contra la globalización neoliberal y el “pensamiento único”.
Además de las cinco ediciones mundiales (cuatro en Porto Alegre y una en Mumbai) y la edición “policéntrica” de 2006 (teniendo en Caracas uno de sus polos), se llevaron a cabo decenas de eventos regionales, nacionales e incluso municipales, posibilitando la participación de millones de personas en los debates, un proceso que ha dado una contribución importante para las transformaciones políticas, económicas y sociales defendidas por los partidos miembros del Foro de São Paulo. Es importante poner de relieve que, desde el primer Foro Social Mundial, el Foro de São Paulo ha organizado actividades para promover el diálogo entre partidos políticos y movimientos sociales, buscando la convergencia en torno a los objetivos comunes de combate al neoliberalismo. La realización del Foro Parlamentario Mundial y del Foro de Autoridades Locales también contó con intensa participación de representantes de los partidos del FSP.
En el continente americano, se organizó la “Alianza Social Continental”, que desde 1997 viene llamando la atención sobre los daños de todo orden que el libre comercio, impulsado por los EEUU, trae a los países en desarrollo del continente. En consecuencia, la Alianza Social Continental ha defendido con firmeza el rechazo al ALCA.
Las “Cumbres de los Pueblos”, eventos paralelos a las cumbres de jefes de Estado de las Américas realizadas desde 1998 en Santiago de Chile, también han sido momentos memorables. En estas Cumbres, parlamentarios del Foro de São Paulo siempre han estado presentes.
Podemos decir, en síntesis, que la correlación de fuerzas en el continente, hoy, es mucho más favorable a las ideas defendidas por los partidos que integran el Foro de São Paulo. Pero es necesario recordar que los avances registrados por las fuerzas de izquierda y progresistas traen consigo enormes posibilidades, pero también viejos y nuevos problemas. Además, nuestros éxitos no significan que el neoliberalismo haya sido derrotado, ni tampoco que el patrón histórico de desarrollo capitalista vigente en la región esté cerca de ser superado. Todo esto pese al gran esfuerzo que se vienen haciendo varios gobiernos de la región, en el sentido de ampliar la soberanía, la democracia y las políticas sociales.
Al analizar la situación mundial y la de América Latina en particular, podemos afirmar que estamos en un momento extremadamente contradictorio. Por un lado, las fuerzas neoliberales mantienen su hegemonía en el terreno económico-social, en el manejo de las instituciones internacionales, y en el control del aparato militar; conservan además el gobierno de varios países de la región. Por otro lado, las fuerzas progresistas, democrático-populares y socialistas han recuperado parte de la capacidad organizativa y de movilización que tenían antes de los años 1990, además ocupan posiciones importantes en los gobiernos de varios países de la región, desde los cuales vienen buscando reorganizar el tejido social y el funcionamiento de la economía nacional y regional.
Esta es la realidad con la que nos toca lidiar. Enfrentar al capitalismo y al imperialismo, pero ahora desde la nueva coyuntura política establecida en nuestro continente, en la cual, al lado de partidos y movimientos sociales, disponemos también de influencia sobre varios gobiernos nacionales.
No está por demás recordar que en 1990, sólo había un gobierno dirigido por un partido miembro del Foro de São Paulo, Cuba. Hoy, además, partidos-miembros participan de gobiernos nacionales en Nicaragua, Brasil, Venezuela, República Dominicana, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina y Ecuador.
Por ende, nuestra principal tarea política en este XIII Encuentro del Foro de São Paulo es la de promover un debate que resulte no sólo en una visión adecuada del momento, sino que principalmente permita acciones concretas que articulen gobiernos, partidos y movimientos sociales en una estrategia de integración regional que responda a los intereses de la soberanía nacional, ampliación de las libertades democráticas, desarrollo con justicia social y combate a las asimetrías sociales y territoriales.
Actuando de esta forma, reafirmaremos los compromisos asumidos desde el X Encuentro de La Habana, de luchar por la independencia nacional, por justicia social, por la paz, por la democracia y por un nuevo orden internacional, que ponga fin a la subordinación de nuestros países a las potencias imperialistas, en todos los sentidos.
Como bien ha sido señalado en varios de nuestros Encuentros, las fuerzas políticas y sociales de la izquierda latinoamericana y caribeña operan en realidades históricas y desde estrategias muchas veces diferentes y contradictorias entre sí. Exactamente a causa de ello, el punto de contacto que permitirá acordar un plan común entre gobiernos, partidos y movimientos sociales está en la construcción de una estrategia convergente de integración continental.
Propuestas alternativas al neoliberalismo en el ámbito político, social y económico
Uno de los temas más debatidos por el Foro de São Paulo, desde su surgimiento, ha sido el de un proyecto alternativo al neoliberalismo. En 1990, cuando se creó el Foro, la mayor parte de las organizaciones fundadoras tenía en el socialismo el horizonte estratégico a partir de cual pensaban su alternativa al neoliberalismo.
Hoy, cuando la hegemonía neoliberal está siendo rebasada por la izquierda y actuamos en una correlación de fuerza mejor que en aquella que predominó en los años 90, hay una variante más amplia de respuestas.
Muchas de las organizaciones que integran el Foro de São Paulo siguen teniendo como “objetivo final” la construcción de una sociedad alternativa y superior al capitalismo. Otras organizaciones trabajan por la constitución de sociedades con altas dosis de bienestar social, democracia política y soberanía popular, en los marcos del capitalismo.
Además de esta diferencia programática, conviven también al interior del Foro de São Paulo distintas estrategias políticas, con respecto a las formas de lucha, su participación en procesos electorales, el papel de las fuerzas de izquierda en gobiernos electos, y la relación con las clases dominantes locales y con los Estados Unidos.
El XIII Encuentro debe ser un espacio para que estas diferencias estratégicas y programáticas sean debatidas en profundidad, pero sin perder de vista que – más allá de estas discrepancias – sigue siendo posible y necesario construir acciones comunes en la disputa que realizamos en cada uno de nuestros países y en el conjunto del continente, desde la acción partidaria, de las luchas sociales, de las disputas electorales y de la acción de los gobiernos.
A pesar de que la hegemonía del capitalismo parece muy sólida, por otro lado se han agravado todos los grandes problemas de la humanidad. Justamente por esa razón, la hegemonía neoliberal, principalmente en nuestra gran región, viene sufriendo conmociones políticas y económicas y perdiendo significativamente capacidad de obtener el apoyo social. La construcción de caminos nacionales e internacionales post neoliberales sigue siendo un enorme desafío. Uno de los mayores avances en la superación de este desafío ha sido justamente la combinación entre lo nacional y la construcción de un espacio común en América del Sur, en contraposición al dominio del imperialismo norteamericano. Pero permanecen los desafíos internos de cada país, resultantes del peso hegemónico del capital en la organización económica y en las estructuras de poder. Una combinación dinámica y virtuosa de conquistas nacionales e internacionales sigue en el orden del día.
En este contexto, cualquiera que sea nuestro “objetivo final”, se hace imperativo luchar por la soberanía nacional, por la democracia y por la ampliación de las políticas sociales, lucha que además es vista como altamente subversiva por las fuerzas de status quo.
La adopción de un modelo orientado al desarrollo, entendido no sólo como crecimiento económico, sino como un camino de superación de la dependencia y de la desigualdad, representaría un avance inmenso para la América Latina y Caribeña. Un modelo de este tipo no constituye, obviamente un regreso al pasado. Hay que recordar que el desarrollo capitalista en nuestro continente, incluso en donde asumió formas más avanzadas, siempre estuvo acompañado de la ampliación de las desigualdades, de la dependencia externa y de la falta de democracia política.
El modelo neoliberal agravó los rasgos más negativos del capitalismo latinoamericano y caribeño: desde principios de los años 1990, asistimos al empeoramiento de la situación social, al aumento del desempleo, a la ampliación de la dependencia externa y a la concentración aún mayor del ingreso y de la riqueza. Si nuestro objetivo es superar el neoliberalismo, sin volver a los límites del modelo de desarrollo anterior, tendremos que enfrentar varios retos.
El primero de ellos es luchar por la democratización profunda de nuestras sociedades. Esto significa mucho más que elecciones periódicas. El sistema político existente en la mayoría de los países de nuestro continente sigue produciendo enormes distorsiones, susceptible a todo tipo de manipulación por parte de las oligarquías económicas y de los partidos conservadores. El control social sobre la actividad política y estatal es extremadamente reducido. A la mayoría de la población sólo le toca elegir periódicamente a sus representantes. Los medios de comunicación, que generalmente están en manos de monopolios privados, interfieren de manera descarada en perjuicio de la democracia.
El segundo se refiere a la ampliación de las políticas sociales públicas, incluso la creación de nuevos derechos. Antes de la ola neoliberal, la cobertura del Estado en áreas como salud y educación era reducida en la mayor parte del continente. Sin embargo, el neoliberalismo aumentó esta debilidad al extremo, haciendo que varios de estos servicios públicos pasaran a ser accesibles solamente a través del mercado.
Además de tener plenamente garantizado el derecho a la salud, educación y alimentación, los pueblos latinoamericanos y caribeños deben tener asegurados los servicios básicos (electricidad, telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado, transporte público y vivienda), así como el acceso cada vez más amplio a las redes de carreteras, caminos, puertos y aeropuertos.
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El tercer desafío consiste en la realización de reformas estructurales que alteren la matriz social y económica de nuestras sociedades. Banderas como la reforma agraria y la reforma urbana no son asuntos de los años 1950. Siguen constituyendo objetivos esenciales, en la mayoría de nuestros países.
El cuarto reto se refiere a la creación de un modelo económico alternativo que combine capacidad de crecimiento, capacidad de innovación, generación de empleo y renta, con redistribución del ingreso y de la riqueza. Este objetivo, en el actual estadio de la economía internacional y en los marcos de la correlación de fuerzas vigente en el mundo, exige que se trabaje a escala continental.
El modelo de desarrollo “latinoamericano y caribeño”, alternativo al neoliberal, debe acabar con la polarización pobreza-riqueza. Asimismo debe acabar con todo tipo de discriminación profundizado por el “capitalismo salvaje” y con el grave deterioro de los recursos renovables y no renovables de la naturaleza
Para ello, la base productiva de bienes y servicios de cada uno de los países, así como las fuentes fundamentales de energías y materias primas e insumos diversos, deben quedar bajo control de los Estados y los países y no al servicio exclusivo de las empresas transnacionales. Estos sectores productivos constituyen los fundamentos para el desarrollo económico en general; de su crecimiento depende la generación de empleos para población.
El desarrollo de las capacidades productivas de bienes y servicios debe tener como centro la satisfacción de las necesidades básicas de las poblaciones para elevar gradualmente su nivel de vida, y al mismo tiempo apoyar la capacidad de exportación para generar los recursos financieros necesarios para el desarrollo, la estabilidad y crecimiento sostenido de la economía nacional.
Es necesario considerar, asimismo, que si nuestras economías necesitan ser en parte orientadas hacia el mercado externo, es fundamental que ellas sigan, en gran medida, dirigidas hacia el mercado interno. Mientras el primero permite reunir los recursos para comprar bienes que no producimos, es el segundo el que genera la dinámica interna que hace posible generar empleos, renta y calidad de vida.
Por ello, debemos buscar fortalecer nuestros mercados internos, de manera integrada con la política externa, lo que implica definir una política industrial expansiva y una política agrícola la soberanía alimentaria. Esto, en muchos casos, exigirá llevar a cabo la reforma agraria, acompañada de medidas para garantizar apoyo técnico y crédito para estos productores. De esta forma, podremos garantizar alimentos para nuestra población y eventualmente excedentes agrícolas para exportar.
Hay todavía algunos factores más que deben ser movilizados, también en el sentido del fortalecimiento de los mercados internos, como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Éstas, normalmente, están compuestas por capital nacional, generan más empleos por unidad de capital en comparación a las grandes empresas transnacionales, y tienden a reinvertir sus recursos en sus países de origen.
Una de las maneras de hacerlo es por medio de la orientación de compras gubernamentales. Por ello, este tema debe mantenerse fuera de la agenda de la OMC y evitar que se apruebe alguna medida relevante que los restrinja como instrumento de política económica.
La inversión de recursos debe orientarse hacia el respaldo a las empresas nacionales de todos los tamaños. Un aspecto importante tiene que ver con el acceso a la ciencia y la tecnología. El modelo deberá sacar del atraso tecnológico particularmente a los sectores populares de la economía, incluyendo a los informales, e incorporar plenamente a la dinámica económica del país a todos aquellos sectores parcial o totalmente excluidos.
El sistema de desarrollo latinoamericano y caribeño alternativo, debe contar con su propio sistema de financiamiento y crediticio alternativos a los que funcionan hoy sólo en interés de oligarquías y bancos extranjeros.
El quinto desafío es el de combinar la soberanía nacional con la cooperación entre los distintos pueblos y países que abracen este proyecto de integración continental. Desafío aún mayor si recordamos que cada uno de nuestros países posee historias particulares y correlaciones de fuerzas específicas, a lo cual respondemos con estrategias y programas también diferenciados.
La polarización Norte-Sur debe ser reemplazada por la solidaridad y cooperación e Integración Sur-Sur, y cooperación Norte-Sur con respeto y beneficio mutuo, bajo el lema de que históricamente “un mundo mejor es posible” para los pueblos del tercer mundo.
Todos estos desafíos están entrelazados: no habrá democracia sin soberanía y desarrollo; no habrá soberanía sin desarrollo y democracia; y no habrá desarrollo de nuevo tipo sin democracia y soberanía. Tales desafíos suponen, además, enfrentar la herencia y los intereses de importantes fuerzas políticas y sociales.
Una integración alternativa
El proyecto estratégico de integración continental concebido por los Estados Unidos fue el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Anunciado en 1992 y previsto para su arranque enero del 2005, como instrumento para competir con la Unión Europea por la hegemonía económica del Siglo XXI, “murió” sin embargo a comienzos del 2006.
Estados Unido tuvo que tomar el camino de los tratados de “libre comercio” bilaterales y regionales (Chile, Colombia, Perú, Panamá, CAFTA), proceso iniciado desde principio de los noventas, para bloquear los esfuerzos comunitarios que le estorbaban como MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones.
El ALBA y otros esfuerzos de integración latinoamericana y caribeña, que aparecieron en una dirección y rumbo opuesto al trazado por el imperialismo para el ALCA y los TLC bilaterales, abrieron otros caminos integracionistas de los pueblos. Estos proyectos avanzan con base en acuerdos y convenios entre los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Brasil, Argentina y otros, así como entre gobiernos municipales dirigidos por fuerzas de izquierda revolucionaria, progresistas y patriotas.
En América Latina, y El Caribe, el intento de un solo sistema monetario basado en el dólar fracasó y su posibilidad histórica está clausurada. Habrá que discutir con mayor cuidado si existen condiciones para configurar un sistema financiero y monetario único para el avance de los procesos de integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Un sistema de pagos adecuado a la situación del período actual de los procesos integracionistas, en transición hacia la ruptura con el capitalismo y consolidación y desarrollo del nuevo modelo con orientación al socialismo.
Los compromisos de los pueblos latinoamericanos y caribeños deben orientarse hacia una plena integración en los aspectos políticos, económicos, sociales, de cooperación científico-tecnológica y culturales, y unidad de voz y posición frente a la readecuación mundial en marcha.
La región debe fortalecer los procesos de integración para hacer sentir su participación y peso conjunto en los organismos de la Comunidad Internacional, tanto del sistema de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de los organismos subregionales, así como para empujar los cambios que exigen nuestros pueblos.
Un proceso de integración alternativo demanda análisis y comprensión de la realidad asimétrica existente entre las economías de nuestros países y, sobre todo, exige mucha capacidad política.
Esto último porque existe una contradicción que se presenta entre el fortalecimiento de la soberanía nacional para enfrentar el imperialismo y las políticas de las empresas multinacionales, vis-à-vis el proyecto de integración económica, social y política que necesariamente exige que cada país abdique de algún nivel de soberanía. Si esto no ocurre no hay integración posible.
Los países más grandes tienen que entender que deben ceder más a los países de menor tamaño, y no a la inversa. No se puede esperar, principalmente en economía, que haya reciprocidad simétrica entre países asimétricos. Ésta es, incluso, una de las razones por las cuales nos opusimos al ALCA.
Por éstas y otras razones, los gobiernos tienen que intervenir, promoviendo la necesaria discusión y negociación para que haya una participación equilibrada de todos y para minimizar eventuales consecuencias negativas.
La ventaja de América Latina y el Caribe en este aspecto es que presenta muchas posibilidades económicas aún inexploradas y una población de aproximadamente 500 millones de habitantes que conforma un mercado potencial muy interesante. Todavía no tenemos una idea clara de la magnitud que podría adquirir una mayor integración física entre nuestros países. Entre muchos de ellos, las principales y hasta únicas vías de transporte son la fluvial, la marítima o la aérea. Hasta hoy no existe conexión terrestre entre América del Sur y América Central.
En el caso de las conexiones aéreas, todavía hay verdaderos absurdos, como por ejemplo, que para ir de Bogotá a la ciudad de Belém en la Amazonía brasileña es necesario pasar por São Paulo, lo que transforma un vuelo potencial de dos horas en un viaje de aproximadamente nueve horas, casi el mismo tiempo para ir de Bogotá a Madrid, en España. Lo mismo ocurre para ir de Mato Grosso, Rondônia o Acre hacia Bolivia, país lindero con estos estados.
De esta forma, países que son vecinos y que podrían desarrollar relaciones económicas y políticas mucho más estrechas, en la práctica están tan distantes como los continentes europeo, asiático o africano. Por lo tanto, la inversión en carreteras, ferrocarriles y puentes, entre otros, es fundamental.
La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de Sudamérica (IIRSA) considera la realización de estas obras en América del Sur. Los críticos de esta iniciativa la acusan de favorecer solamente al capital. Por ejemplo, la construcción del puente y de la carretera que ligarán Brasil al Perú por medio de la frontera en Acre tendría tan solo el objetivo de canalizar la soja brasileña hacia el Pacífico por medio de los puertos peruanos y como efecto colateral la producción de soja se extendería por la Amazonía con graves daños ambientales.
Desde nuestro punto de vista, no podemos ser ingenuos, paro tampoco debemos adoptar una actitud defensiva. La integración territorial es una necesidad, pues sin ella otros aspectos serán muy difíciles alcanzar. La cuestión es conducir dicha integración bajo una hegemonía política adecuada que permita evitar o por lo menos controlar los daños colaterales. Nada impide, por ejemplo, que haya severas reglas y fiscalización para evitar daños ambientales a la Amazonía.
La integración energética es otro factor de suma importancia, debido al potencial de energía eléctrica hidráulica existente en varios de nuestros países, el petróleo y gas natural en otros y la biomasa posibilitada por la extensión y riqueza del suelo latinoamericano.
Los acuerdos petroleros firmados por Venezuela, Brasil y Argentina durante la primera cumbre de la Comunidad Suramericana de Naciones (CASA) fueron un primer paso para la integración energética del sur. Venezuela, el quinto exportador mundial de petróleo, firmó cinco convenios para invertir US$ 3,5 mil millones en proyectos energéticos conjuntos entre las empresas estatales Petróleo de Venezuela (PDVSA) y Petróleo do Brasil (Petrobras).
Según declaraciones de Venezuela, los convenios con Brasil tienen como objetivo impulsar el proceso de integración suramericana, así como la aproximación entre Petroamérica y Petrocaribe. Petroamérica es una iniciativa basada en la cooperación y complementación energética entre los países de América del Sur, que incluirá las iniciativas de Petrocaribe, Petroandina y Petrosur.
Otra propuesta es el Anillo Energético del Sur. Este plan prevé una red de gasoductos que abastecería a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con gas venezolano, al cual se sumaría, posteriormente, Bolivia.
Los recursos naturales existentes en América Latina y el Caribe ofrecen la base para cualquier proyecto de desarrollo, puesto que, a diferencia de otros países que hoy son industrializados, aquí tenemos la energía necesaria para sustentarlo y tenemos, además, las condiciones para alimentar a todos.
Sin embrago, el modelo político para conducir la integración también tendrá que ser diferente al que ha sido adoptado en las experiencias hasta ahora en ejecución (MERCOSUR, CAN, SICA y CARICOM), en las que todas las decisiones están concentradas en los jefes de Estado. Si la integración no involucra a más actores, no se expandirá. A modo de ejemplo, en el caso de recién creado Fondo para Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), si la burocracia de esta institución no llega a tener un mínimo de autonomía para definir los proyectos a financiar y si son sólo los gobiernos centrales los que deciden, él Fondo servirá de poco.
Hablamos mucho de integración entre los pueblos, pero si no llega a haber mecanismos institucionales que la promuevan, tales como, para dar un ejemplo, la enseñanza del idioma de los países vecinos, así como su historia, geografía y cultura; si no se generan espacios institucionales en donde autoridades locales, parlamentarios, sindicatos y empresas, puedan incidir de forma relevante y, principalmente, si no hay libre circulación de personas por las fronteras, el proyecto de integración será tan sólo un discurso.
Llevar la integración del continente a su plenitud es probablemente el principal reto que está planteado para nuestros gobiernos, ya de ella depende que se mantenga el desarrollo nacional y la reducción de la dependencia externa de nuestros pueblos.
La integración debe considerar también los aspectos sociales y políticos. El ALBA, acordada inicialmente entre Cuba y Venezuela y el Acuerdo de Comercio entre los Pueblos propuesto por Bolivia son iniciativas positivas que asumen esta dimensión.
En el aspecto social, hay mucho que podrá y deberá hacerse en común, como programas de salud y combate a endemias como el HIV-SIDA, malaria, tuberculosis y enfermedad de Hansen, que pueden potenciar sus resultados en forma más económica, realizando acciones en mayor escala.
En cuanto a la educación, una meta común es la erradicación definitiva del analfabetismo, que puede ser ejecutada de forma supranacional por medio de programas solidarios e incluso con la participación voluntaria de estudiantes. Las iniciativas cubanas en este sentido y la metodología Paulo Freire de Brasil pueden ser buenas referencias para este fin.
Además de los programas comunes de idiomas, historia, geografía y cultura en la enseñaza fundamental, que fortalecerán el proceso de integración de forma permanente, es también posible promover programas de intercambio en formación técnica y universitaria. Resultaría también fundamental desarrollar mecanismos de equiparación curricular y reconocimiento mutuo de certificados de formación superior.
La política de medio ambiente en áreas fronterizas y en regiones comunes, tales como la Cuenca Amazónica que abarca a Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa y Brasil, debería ser compartida y concertada. Hay también iniciativas que se derivan del Protocolo de Kyoto, para el control de la emisión de carbono, que pueden igualmente ser instrumentados de común acuerdo.
Ciertas políticas sociales, tales como la erradicación del trabajo infantil y el trabajo esclavo o análogo, la promoción del concepto de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y políticas de renta mínima, resultarían también fortalecidas en la medida en que todos los países las adoptaran como prioritarias.
Se puede incluso pensar en acciones conjuntas ante las instituciones multilaterales para financiar las iniciativas propuestas en el caso de ausencia de recursos a nivel nacional. De igual manera con relación a otros temas, como pueden ser vivienda y saneamiento básico.
Además de promover la integración latinoamericana, bajo las premisas mencionadas, debemos pensar en la necesidad de establecer una relación internacional sur-sur que provea las bases para mejorar las relaciones con el norte. La importancia de esto ha quedado demostrada con la creación del G-20 en la OMC y con la articulación de los gobiernos progresistas en la elección del Secretarios General de la OEA.
Hay también iniciativas internacionales que pueden traer beneficios para todos, como es el caso, por ejemplo, de la conferencia de países sudamericanos y árabes, realizada en Brasilia en 2004.
Finalmente, debemos tener claridad sobre el hecho de que la integración no es un proyecto sencillo, ni tampoco a corto plazo. El proceso europeo, aún inconcluso, y que a nosotros nos sirve más como aprendizaje que como modelo a seguir, ya lleva más de 50 años.
Lo fundamental, en cualquiera de los casos, es asegurar una integración continental que tenga en el pueblo su cimiento fundamental. Para ello, debemos trabajar en pro de la creación, en el plazo más corto posible, de un parlamento continental.
A la par de la definición de un proyecto de integración continental y mundial, hay que reflexionar en que, para construir un modelo alternativo al neoliberalismo, es necesario replantearse el papel del Estado. Según la experiencia histórica de muchas sociedades del mundo, incluyendo América Latina, el Estado debe ser instrumento fundamental del desarrollo. Para ello, el Estado debe promover la concertación económica y social entre todos los sectores, en función del bienestar de la población y el país, y sobre estas bases deberá desplegar su capacidad negociadora en el plano internacional, y en defensa de los intereses y soberanía nacionales.
El Estado debe conservar bajo su control aquellos recursos económicos de alcances estratégicos, fomentar la productividad y competitividad del país, realizar las inversiones en la infraestructura económica y social que sean necesarias, impulsar programas de ciencia y tecnología, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y asegurar el marco legal que propicie las inversiones de capital nacional y extranjero.
El Estado, mediante la ejecución de políticas fiscales adecuadas a las necesidades del modelo alternativo de desarrollo, debe promover la redistribución de los ingresos y procurar equidad efectiva en el disfrute de los beneficios del crecimiento económico. También hay que fortalecer la capacidad financiera del Estado con programas de justicia fiscal a través de reformas tributarias que hagan progresivo el pago de impuestos sobre la renta, aliviando así la tributación de pequeñas y medianas empresas, además de gravar especialmente las herencias y grandes fortunas.
En la medida de las posibilidades históricas debe procurarse que la economía tienda a estar cada vez más en manos de la sociedad, en particular de sus sectores mayoritarios.
El Estado debe encargarse de asegurar desarrollo cualitativo y cuantitativo de la educación, la cultura y la investigación científica y tecnológica, que permita asimilar los cambios de la revolución científico- técnica y equiparnos para progresar en este terreno a los ritmos mundiales promedio. El acceso de toda la población a una educación moderna es condición indispensable del progreso económico social, de la democracia, del mejoramiento del bienestar, la calidad de vida y la armonía con la naturaleza.
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Las tareas encargadas al Estado deben ir acompañadas de reformas que permitan una mayor transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. Igualmente se deberá avanzar en el fortalecimiento de la descentralización político/administrativa, pues las esferas de gobierno que están más próximas de la población podrán atenderla de forma más eficaz y poner en práctica el funcionamiento de mecanismos de democracia participativa, tales como los consejos populares y el presupuesto participativo. Todo ello para que se aprecien y se evalúen mejor las políticas gubernamentales y se fortalezca la participación política de la población.
Colonialismo, ingerencia imperialista y los acuerdos de paz
El período 2001-2010 ha sido declarado por la Asamblea General de la ONU como la Segunda Década Internacional para la Eliminación del Colonialismo. Hay un plan de acción aprobado en 1991 que destaca las funciones de diversos agentes e instituciones para eliminar el colonialismo. Ello incluye el papel que deben cumplir la comunidad internacional, la misma ONU, las potencias administradoras de las colonias, los organismos especializados, las organizaciones no gubernamentales y, principalmente, el Comité Especial de las Naciones Unidas.
Desde la fundación de la ONU en 1945, más de 80 naciones cuyos pueblos se encontraban sometidos al dominio colonial vinieron a sumarse a la comunidad de las Naciones Unidas. No obstante, hoy, los términos de la resolución de la ONU sobre eliminación del colonialismo se aplican a los siguientes territorios no autónomos: Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guam, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes, Montserrat, Nueva Caledonia, Pitcairn, Puerto Rico, Sahara Occidental, Samoa Americana y Santa Helena. Nueve de ellos se encuentran en América Latina y el Caribe y son administrados por Estados Unidos e Inglaterra. En la región encontramos también a Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión, San Michel y Miquelon y las Antillas Holandesas bajo algún tipo de dominación colonial.
No tiene sentido, y menos en pleno siglo XXI, el mantenimiento de esta colonización y en algunos de estos territorios hay movimientos que luchan por la independencia que debemos apoyar firmemente. El propio Comité Especial ha reiterado que el aislamiento, el espacio territorial limitado o la escasez de recursos no deben servir de excusas para negar a sus habitantes el derecho a la independencia y a la autodeterminación.
Hay, no obstante, procesos diferenciados. Algunos casos ni siquiera han sido tratados por el Comité Especial todavía. Sin embargo, en su última reunión, éste volvió la solicitar a los Estados Unidos que resuelvan el caso de Puerto Rico, que debe alcanzar su independencia. En los casos de constitución de nuevas naciones, los demás países de Latinoamérica y del Caribe deben estar preparados para ayudarlas en el período inicial de la independencia, que es siempre difícil.
Igualmente grave resulta, también, la ingerencia imperialista externa directa en países que ya son independientes. Actualmente, esta ingerencia se presenta de varias maneras. Una de ellas es el mantenimiento del bloqueo a Cuba, desde fines de los años 1950 hasta nuestros días. Este bloqueo es condenable desde todos los puntos de vista, a la luz del derecho internacional, y sólo se mantiene debido a la arrogancia y al poder unilateral de los Estados Unidos.
Las fuerzas armadas norteamericanas mantienen también distintas bases militares en el continente que podrían servir para realizar intervenciones armadas en esos y otros territorios cercanos. Se trata, principalmente, de la base de Guantánamo en la Isla de Cuba, en donde se mantienen a prisioneros capturados en Afganistán, desde 2001; las bases aéreas de Araba, isla colonizada por Holanda en el Caribe, y de Manta, en Ecuador, que permiten monitorear a la América Andina desde el aire. Éstas sirven especialmente de apoyo a la participación americana en los objetivos del “Plan Colombia”, pero representan una amenaza directa también a Venezuela, con la cual los EEUU tienen diversos asuntos contenciosos.
Más recientemente, se firmó un tratado de cooperación militar entre EEUU y Paraguay, en el cual este último cede la base de Mariscal Estigarribia, situada al noroeste del país, desde donde es posible alcanzar rápidamente a los diversos países del Cono Sur. En los años 1980, técnicos norteamericanos construyeron allí un enorme aeropuerto con una pista de 3.800 metros, en la que pueden operar aviones B-52, C-5 Galaxy y C-130 Hercules. Además, la base es capaz de albergar a 16.000 soldados a tan solo 200 kilómetros de la frontera con Bolivia.
Pese a los desmentidos de Washington y Asunción, los objetivos de la superpotencia han ido quedando claros con el paso de los meses. Uno de los hechos más llamativos ha sido la aprobación de inmunidad para tropas norteamericanas que eventualmente pudieran intervenir en el país, disposición que fue votada en el Congreso paraguayo, el 26 de mayo pasado, de forma muy discreta.
En varias ocasiones, militares norteamericanos han concurrido a países de la región latinoamericana y caribeña supuestamente para participar en ejercicios conjuntos con las fuerzas armadas locales o bien para entrenarlas en operaciones contra el narcotráfico. Para tratar de evitar cualquier resistencia de la población local, la presencia militar viene a menudo acompañada de la apertura de pozos, campañas de vacunación, revisaciones médicas y distribución de medicinas y reciben la sencilla denominación de “Ejercicios Combinados y Conjuntos de Acción Cívica y Humanitaria” o, como las actividades propuestas para el Perú, que fueron llamadas “Nuevos Horizontes 2006”.
Además de la tradicional presencia militar y policial norteamericana, el poder económico de los Estados Unidos, mediante sus empresas, también cumple un papel en la política externa de aquel país. La repatriación de ganancias y dividendos de sus inversiones externas directas es fundamental para compensar su balanza comercial, crónicamente negativa. Esta presencia permite, además, la difusión de sus valores políticos e ideológicos.
En este sentido, hay incluso proyectos ambiciosos y de fuerte peso político y estratégico, como es el “Plan Puebla-Panamá” (PPP), que pretende implantar un complejo energético e industrial que ocuparía el territorio que abarca el Sur de México hasta Panamá. Esta es una región que incluye al Océano Pacífico, lo que la volvería estratégica en cuanto a exportaciones a China y Japón, y es muy abundante en agua, petróleo, biodiversidad, madera y mano de obra barata.
Se trata de un proyecto complementario al NAFTA o TLCAN, y al CAFTA, y a los tratados con Perú y Colombia. El gobierno de Uribe ha demostrado interés incorporar directamente a Colombia al PPP. Toda la infraestructura de transportes y energía sería financiada con recursos públicos de los países participantes y con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El sector privado participaría con la explotación de los negocios.
No es casual que el gobierno Bush haya hecho todos los esfuerzos posibles para poner a personas de su confianza en los cargos principales de las instituciones multilaterales que se relacionan con el continente, como es el BID, aunque haya tenido que ceder en el caso de la secretaría general de la OEA. Además, en este mismo sentido, ha impedido a Venezuela ocupar un asiento entre las representaciones no permanentes de Seguridad de la ONU. El país elegido fue Panamá, aunque con el beneplácito de los venezolanos.
El gobierno Uribe inició su segundo mandato ofreciendo la posibilidad de llevar adelante conversaciones con dos grupos guerrilleros activos en Colombia, en busca de un acuerdo de paz, particularmente con las FARC. En este caso, el proceso se iniciaría por la determinación de un área desmilitarizada y enseguida habría un intercambio de prisioneros entre las partes. Posteriormente, habría negociaciones que podrían llevar a un acuerdo de paz.
Sin embargo, la explosión de un “coche bomba” en el centro de Bogotá, de autoría desconocida, llevó a la interrupción de las conversaciones y a la decisión de Uribe para solicitar al ejército que proceda a la liberación de los prisioneros en poder de las FARC por medios militares.
La versión corriente es que el alto comando del ejército habría presionado al Presidente para que no llevara adelante las negociaciones de paz, por estar convencido de la posibilidad de vencer el conflicto militarmente. La explosión del “coche bomba” habría ocurrido con el solo fin de generar una justificación a dicha medida.
Independientemente de esto último, hay negociaciones entre el gobierno y el segundo grupo guerrillero, el “Ejército de Liberación Nacional”. Éstas vienen ocurriendo en La Habana, acompañadas por observadores de otros países.
Probablemente, el ejército y el gobierno colombianos han calculado que, a raíz de su fortalecimiento gracias a los recursos del “Plan Colombia” y del cierre del frente de lucha con el ELN, tendría condiciones de derrotar militarmente a las FARC. Sin embargo, el costo para la población colombiana, en materia de violación de los derechos humanos y generación de más refugiados, sería enorme.
A lo largo de la historia reciente del continente, hemos tenido varios conflictos armados en los cuales se han negociado acuerdos de paz. En algunos casos, como El Salvador y Nicaragua, los diferentes sectores políticos enfrentados pudieron integrarse a los respectivos procesos políticos, sumando la izquierda conquistas electorales, a pesar de que la derecha ha mantenido una actitud violenta. En otros casos, como Guatemala y Colombia, el costo para la izquierda ha sido alto en términos de pérdidas de vidas de sus militantes, en razón de que los acuerdos no fueron cumplidos por parte de las fuerzas de derecha.
Creemos que, en el caso colombiano, es necesario seguir luchando por un acuerdo de paz con las debidas garantías posteriores para los combatientes y para su plena incorporación, si así lo deciden, a la vida política. Cabe a la comunidad internacional y a la latinoamericana en particular presionar en este sentido y ofrecer el apoyo necesario para avanzar en la búsqueda de una paz digna y permanente para todos los involucrados.
Seguridad hemisférica, crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y militarización
Durante las décadas de la “Guerra Fría”, el Imperialismo Norteamericano impuso al mundo su estrategia de Seguridad Nacional, para combatir al supuesto enemigo, la “amenaza comunista”. Todo esfuerzo de partidos y movimientos socialistas, democráticos, progresistas y patriotas, que participaron en la lucha política fue bloqueado por el Imperialismo: el “comunismo era en todo momento una amenaza a la democracia”.
En muchas ocasiones, el camino de la lucha política y social fue aplastado con fusiles, metrallas, bayonetas y en algunos casos con bombas, cañones y aviones. Ello llevó a que en algunos casos, la lucha armada, en diferentes formas, permitiera a los pueblos enfrentar la represión militar, tal fue el caso de Cuba, Nicaragua, El Salvador y Guatemala en distintos períodos y con resultados también diferentes.
Con la caída del socialismo soviético (1989-1991) finalizó el doloroso período histórico de la “guerra fría” y desapareció el “enemigo comunista”. Comenzó entonces un nuevo período de movilizaciones populares en América Latina y El Caribe.
El fin de la Guerra fría dejó, sin duda, un vacío en la estrategia global de seguridad del imperialismo estadounidense, que se resolvió tras el atentado del 11 de septiembre del 2001 a las torres gemelas en Nueva York. Fue este acontecimiento lo que precipitó la nueva estrategia militar norteamericana señalando al nuevo enemigo principal: “la “amenaza terrorista”. Sobre estas bases concentró su estrategia de guerra contra Afganistán e Irak.
Para América Latina y El Caribe, en particular, el nuevo “enemigo”, la amenaza terrorista, incluye tal como definiera el Gral. James T. Hill, Jefe del Comando Sur basado en Florida y ’responsable’ de América Latina a:
a) Los narcoterroristas y sus aliados;
b) Las pandillas urbanas y otros grupos ilegales armados, generalmente ligadas también al comercio de drogas; y
c) Los grupos radicales islámicos en la región y a quienes los apoyan, realizando actividades para recaudar fondos para ellos.
Otro ejemplo de la política norteamericana en materia de seguridad hemisférica, lo encontramos en el ASPAN (Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte) firmado por México, Canadá y los Estados Unidos. Se trata de un acuerdo que incluye una política común frente al “terrorismo” y el crimen organizado, pero también abarca otros temas como la “seguridad energética” y el agua. Este Acuerdo se firmó sin el conocimiento ni la aprobación del Congreso y hay muchos puntos oscuros que no han sido aclarados y que seguramente comprometen la soberanía y los recursos naturales de México y Canadá a favor de la gran potencia.
A pesar de estos lineamientos, el nuevo enfoque de seguridad hemisférica y mundial adoptado por los Estados Unidos no es estático y registra modificaciones, conforme a las condiciones igualmente cambiantes. Las nuevas definiciones de amenazas se dan en un contexto difuso, mucho más complejo para los teóricos del pentágono, que cuando se enfrentaban a los soviéticos y comunistas a secas.
Sin embargo, la guerra contra el terrorismo aplicado en Asia, no ha servido para frenar el ascenso de la ola de lucha política y social de los pueblos que comenzó a desbordarse en América Latina y El caribe al finalizar la época de la “guerra fría” (1989-1991).
Las maniobras electorales del gobierno norteamericano y sus aliados fueron derrotadas en Bolivia, Haití, Brasil, Nicaragua, Ecuador y Venezuela, a pesar de los esfuerzos por presentar al “populismo radical” como una nueva amenaza para la región.
Pero también es cierto que Cuba ha sufrido varios ataques terroristas contra ciudadanos e instalaciones que partieron de agentes de la oposición, que tiene sede en Miami y cuenta con el apoyo disimulado del gobierno norteamericano. En el caso de Venezuela, tuvimos la tentativa de golpe de Estado para sacar del poder al presidente legítimamente electo, Hugo Chávez, y posteriormente la huelga y los sabotajes en PDVSA, donde no faltaron provocadores de todo tipo, que llegaron hasta a disparar sobre la población. Para no hablar del financiamiento de los EEUU a los grupos oposicionistas venezolanos.
La Organización de Estados Americanos (OEA), en octubre del 2003, definió un nuevo concepto de seguridad hemisférica, distinto al que prevaleció en la Guerra Fría que se enfocaba en los aspectos tradicionales de defensa y seguridad de los Estados. Ahora se incorporaron como nuevas amenazas a la seguridad los temas relacionados con la democracia, el crecimiento económico, el bienestar social, la salud y la protección al medio ambiente. Sin embargo, para el Gobierno estadounidense el “populismo radical”, en ascenso, es una amenaza a la democracia y a los intereses de Estados Unidos.
Para el Pentágono, el “populismo radical” es un riesgo cada vez mayor para los “gobiernos democráticos”, comprometidos con el “comercio libre y las economías abiertas”, es decir, de "democracia del mercado libre". Ello incluye la posibilidad de perder el control de las bases militares en países en donde los “populistas radicales” estén logrando victorias electorales, como, por ejemplo, en Ecuador.
Los países que componen la “Triple Frontera”, Argentina, Brasil y Paraguay, son altamente vigilados, bajo el pretexto de la fuerte presencia de emigrantes árabes y palestinos, potenciales apoyadores – en la opinión de los norteamericanos – del Hezbollah libanés y del Hamas palestino, ambos partidos de gran fuerza en sus respectivos países.
Estados Unidos pretende también sustituir la tradicional “Escuela de las Américas”, de los tiempos de la guerra fría, por una nueva institución llamada “Internacional Law Enforcement Academy” – ILEA (Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley) que será instalada en El Salvador. Además, si el gobierno peruano lo admite, se abrirá una filial en dicho país andino.
Los estudiantes invitados que asistirían a dicha academia vendrían de países de América Central, Caribe, América Andina y Brasil, preferentemente profesionales que trabajen en las áreas judiciales y de las corporaciones policiales. Los temas a ser tratados serían: terrorismo internacional, crímenes financieros, tráfico de drogas, migración, robo de vehículos y corrupción gubernamental.
Dado que, para los estrategas del Pentágono lo anterior es insuficiente para enfrentar los nuevos riesgos, se ha comenzado a hablar de la posibilidad de revivir una nueva versión de la Escuela de las Américas, que durante más de cincuenta años se utilizó para “capacitar” militares latinoamericanos y caribeños, criminales, torturadores y genocidas, para encabezar dictaduras militares encargadas de detener y derrotar al “comunismo”.
Esta amenaza cobra fuerza con la creación del “Western Hemisphere Institute for Security Cooperation”, diseñada para incrementar la presencia militar frente, según Washington, a la “amenaza de las victorias izquierdistas en la región”.
Se ha conocido que el gobierno Bush ha decidido desmontar las sanciones (cese de ayuda militar) que impuso a los países de América Latina que decidieron no apoyar la guerra en Irak para seguir incidiendo en los ejércitos por la vía de la “Cooperación Militar”.
Igualmente, el gobierno Bush, antes de la derrota electoral del 7 de noviembre con la cual perdió el control de la Cámara de Representantes y Senado a manos de los Demócratas, presionó a algunos países para que aprobaran leyes antiterroristas a fin de definir como enemigos de seguridad y la democracia a las luchas populares y sociales contra el neoliberalismo.
Frente a este peligro que recorre de nuevo nuestra América Latina, es necesario profundizar en el análisis político de la situación con el fin de definir una posición clara de resistencia y construir una propuesta alternativa de seguridad hemisférica en función de consolidar la democracia y los derechos humanos.
La lucha de la izquierda en América Latina y el Caribe siempre ha sido a favor de la paz y contra la militarización de nuestros países, lo que no significa que no debamos preocuparnos por nuestra seguridad. Primero, por las amenazas externas que provienen de la intolerancia del imperialismo frente a las transformaciones políticas en curso en América Latina y el Caribe. Y en segundo lugar por las acciones del crimen organizado y del tráfico de drogas ilícitas, que tiene tanto raíces como ramas en el continente, por el otro.
Los países del continente nunca han tenido una política común de seguridad que no fuera estimulada por los intereses de las grandes potencias. Durante la guerra fría, casi todos seguían la “Doctrina de Seguridad Nacional”, patrocinada por los EEUU. Es hora de que los gobiernos progresista del continente empiecen a tomar iniciativas para elaborar una política común que tengan en cuenta las distintas amenazas a su seguridad, pues la posibilidad de que haya ingerencia armada externa sobre un país es una amenaza para todos, al igual que la desidia de un país contra el crimen organizado tiende a neutralizar los esfuerzos de los demás.
Este es un tema que se relaciona también con la integración de nuestros países y que debe fundarse en una serie de principios que resguarden la integridad de nuestros territorios, recursos naturales, humanos y económicos, así como también la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Es fundamental también separar las políticas de defensa de aquellas de seguridad pública y ciudadana.
La posibilidad de cooperación en las áreas de inteligencia y fronteras, al igual que la realización de ejercicios policiales y militares conjuntos, sería una contribución importante para la integración continental que buscamos. Sin embargo, si estas llegan a ser implementadas, deben hacerse con total transparencia, lo cual significa informar a los países que no participaron en el ejercicio de la realización y la naturaleza de este evento. Significa asimismo que los ciudadanos de cada país estén enterados de las políticas nacionales de seguridad y de las iniciativas prácticas. Tampoco se debe admitir la participación de militares implicados en hechos de tortura o en otros actos de violación de los derechos humanos.
Crimen organizado
La ofensiva neoliberal estuvo acompañada por un crecimiento del crimen organizado y del narcotráfico en todo el mundo. Bandas de criminales de Rusia, del Este Europeo, de los Balcanes y países bálticos actúan en el tráfico de heroína y de 200.000 “esclavas sexuales” que distribuyen cada año por los burdeles de todo el mundo. La violenta mafia albanesa que opera en la recién “liberada” provincia de Kosovo controla una parte significativa del tráfico de heroína y de prostitución en Europa Occidental y en América del Norte.
Las enormes cantidades de heroína producida por los señores de la guerra del “también liberado” Afganistán – aliados de los EEUU – pasan a través de los países que componían la antigua Yugoslavia e inundan los países de Europa Occidental. La mafia rusa controla una parte importante del tráfico de drogas, armas ilegales, mujeres y niñas destinadas a la industria sexual y del lavado de dinero en los países europeos, EEUU y Canadá.
El comercio ilícito de cocaína mueve cerca de US$ 70 mil millones al año, favoreciendo no sólo a los traficantes, sino también a grandes bancos, a los que poco importa el origen de este dinero.
Los multimillonarios de la mafia, en todo el mundo, se han infiltrado en la política y en los organismos de poder nacional, como forma de ejercer influencia sobre la legislación, el poder judicial y los órganos policiales para proteger sus intereses.
En América Latina y el Caribe la situación no es muy diferente y crece el poder del crimen organizado, desde los “Yardbirds” de Jamaica; pasando por los narcotraficantes mexicanos y los “coyotes” que explotan a los emigrantes que intentan cruzar la frontera de los EEUU; por los carteles del narcotráfico en Medellín, Cali y otros en Colombia; por no mencionar las organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) en São Paulo y el Comando Vermelho (CV) en Río de Janeiro, implicados en el tráfico de drogas y secuestros en Brasil.
Además de las bandas locales, existen otros grupos internacionales que se hacen presentes en el continente, tales como la mafia italiana, desde hace ya mucho tiempo, y la mafia nigeriana, que ha llegado más recientemente. En general, todos éstos están implicados en el tráfico de cocaína para Europa, al igual que en el tráfico de personas.
La posibilidad de que se incremente la militarización de América Latina, según la estrategia norteamericana, responde también a la crisis de los sistemas de seguridad publica que se producen en la mayoría de los países de la región.
De ahí que un nuevo modelo de intervención extranjera se viene poniendo en práctica por medio de convenios de cooperación en el área policial. Bajo el argumento del combate al lavado de dinero y al “financiamiento del terrorismo”, el gobierno norteamericano ha firmado convenios de cooperación técnica con varios países latinoamericanos que le permiten abrir oficinas en las cuales circulan agentes del “Federal Bureau of Inteligence” (FBI) que establecen contactos con sus colegas locales y que permiten el acceso a una serie de datos estratégicos, no sólo sobre asuntos policiales y de seguridad, sino también sobre finanzas y flujos de comerciales.
No creemos que la política unilateral de los Estados Unidos y el aparato que ha organizado en el continente, a saber, los convenios policiales bilaterales, la ILEA y la erradicación forzosa de las plantaciones de coca, sean la solución para el problema.
En primer lugar, en el caso de los cultivos de coca, se debe atender y respetar las tradiciones de las culturas locales, tal como viene haciendo el presidente de Bolivia, Evo Morales, él mismo “cocalero” de origen, aunque la producción debe ser monitoreada.
En segundo lugar, es menester crear una política de inteligencia, intercambio de informaciones y cooperación entre el conjunto de los países del continente para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas ilícitas. Esta cooperación deberá sen extendida a los países desarrollados, siempre y cuando lo haga bajo la concepción de que somos todos perjudicados por el crimen y tenemos el mismo interés en combatirlo, pero cambiando la visión dominante del gobierno de EEUU que pretende combatir solamente las plantaciones de materia prima y el tráfico supuestamente dirigidos a su país, sin atacar el consumo ni a los carteles que operan en su territorio ni a los centros financieros que los apoyan en el lavado de dinero.
Es necesario insistir también en que el combate a las bandas delictivas no puede prescindir de políticas sociales contra la pobreza y a la exclusión social, pues éstas constituyen el origen principal de la criminalidad.
Terrorismo
En 2001, el Foro de São Paulo se solidarizó inmediatamente con las víctimas de los actos criminales acaecidos en Nueva York y reivindicó el camino de la paz y la justicia como el único válido para derrotar el terrorismo, reiterando su solidaridad con todos aquellos que sufren sus consecuencias. Como se declaró en la resolución del X Encuentro: “Nosotros, partidos y movimientos de pueblos que han sufrido y que sufren los ominosos efectos del terrorismo de Estado, estamos en contra de todas las manifestaciones de terrorismo, por razones éticas, morales, humanitarias y políticas”.
Estos lamentables acontecimientos quitaron el velo a una política hasta entonces encubierta y que se expresa hoy en los peligrosos términos de la Doctrina Bush y de la “Ley Patriota”, que autoriza la práctica de tortura por parte de las autoridades norteamericanas contra los acusados de amenazar la seguridad norteamericana y hasta en la quiebra de privacidad de todos los ciudadanos del mundo que utilizan el Internet por medio de satélites o servidores norteamericanos.
No estamos de acuerdo con los efectos inmediatos de estas medidas, ya sea por lo que representan contra el pueblo de los EEUU, ya sea por el carácter extraterritorial de su aplicación. No aceptamos el papel auto asignado por los Estados Unidos como policía internacional y estamos convencidos de que el combate al terrorismo no funcionará si se hace por intermedio de acciones bélicas e intervenciones militares generalizadas en el mundo. Tampoco aceptamos sus criterios para definir qué es terrorismo.
La doctrina Bush está provocando tanto el resurgimiento de la intolerancia, del racismo, de la xenofobia y de la discriminación, como también más víctimas inocentes y la exacerbación de fundamentalismos irracionales. Su política tiende a provocar el aumento del terrorismo y no lo contrario.
Un ejemplo de los efectos perniciosos de las políticas norteamericanas se observa en el crecimiento del comercio de armas en el mundo desviando recursos importantes de las áreas sociales para hacer frente a la inseguridad provocada, principalmente, por la política que acabamos de describir y que representó gastos totales del orden de los US$ 44,2 mil millones en 2005. Este año, Rusia ha sustituido a los EEUU como principal proveedor para los países en desarrollo.
Las compras de armas de estos países alcanzaron los US$ 30,2 mil millones en 2005, contra US$ 26, 4 mil millones de 2004. El principal comprador fue la India, que gastó US$ 5,4 mil millones, seguida por Arabia Saudita, con US$ 3,4 mil millones, y China, con US$ 2,8 mil millones.
Rusia vendió cerca de US$ 7,0 mil millones en 2005; Francia, US$ 6,3 mil millones y los Estados Unidos quedaron en tercer lugar con US$ 6,2 mil millones. El principal cliente ruso fue Irán, extremadamente presionado hoy en día por las grandes potencias debido a su programa de enriquecimiento de uranio.
Hay muchos países en Latinoamérica que se han propuesto modernizar su equipamiento militar, no sólo por las necesidades de seguridad como también por lo que representa en términos de adquisición de ciencia y tecnología. Pero hasta en esto los Estados Unidos interfieren, al prohibir a los países proveedores vender equipamientos militares con componentes americanos a países non gratos a ellos, como por ejemplo Venezuela, que no puede comprar aviones brasileños o barcos españoles por esta razón.
Rechazamos también todos los intentos de presentar a los movimientos de liberación nacional, el movimiento altermundista, la izquierda y los movimientos sociales y progresistas como terroristas.
Por ello, una cuestión fundamental reside en derrotar el objetivo de la política norteamericana que pretende criminalizar a las luchas populares y sociales
El combate al terrorismo necesita la vigilancia de los pueblos y, por ende, transparencia. Nuestros pueblos tienen el derecho de saber la verdad sobre lo que ocurre y sobre quiénes son los responsables si los hay. El pueblo tiene el derecho también de obtener información y justicia para los terroristas de Estado que todavía siguen impunes.
Fuerzas políticas, movimientos sociales y gobiernos
El neoliberalismo ha “globalizado” las luchas de los pueblos y alianzas sociales. Los partidos y gobiernos de izquierda tienen que contribuir al desarrollo de las Alianzas Sociales latinoamericanas y caribeñas globales, regionales y sectoriales, por áreas y ramas de actividades, como las Redes Sociales contra los TLCs y el ALCA, por ejemplo, así como en la defensa de las Soberanía e Independencia de naciones y pueblos.
Los esfuerzos por la Integración Social de los pueblos deben armonizarse con los esfuerzos por la Integración que realizan los gobiernos de izquierda, democráticos, progresistas y patriotas, en contra del neoliberalismo y por un nuevo modelo de sociedad en el Siglo XXI.
Partidos, organizaciones de los movimientos sociales y gobiernos de izquierda, nacionales y locales, tendrán que coordinar la ejecución de programas masivos de educación y formación política e ideológica de sus miembros en preparación para la defensa de revoluciones y procesos revolucionarias, para continuar la lucha contra el neoliberalismo, y la defensa de la soberanía e independencia nacional así como el impulso de programas alternativos. Asimismo tienen que enfrentar los intentos represivos de las derechas y el Imperio para frenar las luchas populares, o los esfuerzos de cooptar a dirigentes de movimientos sociales para neutralizar o anular nuestro movimiento.
Un tema particularmente importante a debate se refiere a la relación de los movimientos sociales con los partidos y gobiernos de izquierda antineoliberales. La relación de los movimientos sociales con partidos políticos y gobiernos de izquierda, es una relación que debe coordinarse adecuada y respetuosamente en función de objetivos comunes de la lucha en este nuevo período histórico de transición hacia la nueva sociedad con orientación al Socialismo del Siglo XXI.
Esta claro que en los casos en que existen gobiernos de la derecha neoliberal, el objetivo principal de las luchas sociales es hacer que el Estado responda a las demandas de los pueblos (tierra para campesinos e indígenas, salarios y empleos dignos para trabajadores, en particular para madres solteras, hombres y mujeres, servicios de educación y salud pública asegurados gratuitamente para los pobres, de protección del medio ambiente, contra la violencia y delincuencia, criminalidad, etcétera).
Sin embargo, como hemos señalado, uno de los principales rasgos de la nueva coyuntura latinoamericana y caribeña es la llegada de varios partidos de izquierda y progresistas al gobierno nacional de sus países
Uno de los orígenes de la fuerza de los partidos progresistas que hoy gobiernan varios de los países de América Latina y el Caribe está en los movimientos que lucharon y luchan por derechos sociales, soberanía nacional y democratización de la mayoría de los países del continente.
Por lo tanto, la relación entre los gobiernos progresistas, las diversas fuerzas políticas de izquierda que a veces no están en el gobierno y los movimientos sociales debería ser clara y armónica, en función de la afinidad y la cooperación histórica. Sin embargo, raramente es así. Los movimientos y varias tendencias políticas esperan que los gobiernos progresistas produzcan resultados y transformaciones, las más profundas, y lo más rápido posible. Los gobiernos, por su parte, muchas veces piden paciencia, no desean ninguna crítica y exigen total cooperación frente a la imposibilidad de promover las transformaciones en la forma y con la rapidez deseadas.
Para entender esta situación, en primer lugar, cabe recordar que nuestra llegada al gobierno significa que pasamos a controlar una cuota del poder, pero que otras cuotas siguen bajo el control de las clases dominantes. Los llamados “mercados”, las grandes empresas de comunicación, sectores de la alta burocracia del Estado, los comandos centrales de las fuerzas armadas, los “poderes” judicial y legislativo, además de la influencia de gobiernos extranjeros, por ejemplo, compiten con el poder que poseemos cuando ocupamos la presidencia de la República.
Asimismo, en muchos países pobres, nuestra llegada al gobierno se ha dado en el marco de alianzas más o menos amplias, con partidos que no comulgan la misma historia ni el mismo programa de la izquierda. Recuérdese también que las políticas neoliberales han causado, simultáneamente, el aumento de los problemas sociales y el debilitamiento de los aparatos de Estado, haciendo crecer las expectativas y reduciendo los medios para atenderlas.
Finalmente, es importante señalar que la correlación de fuerzas difiere de un país al otro, al igual que las estrategias y las concepciones políticas de los partidos que han llegado al gobierno central. Esto ayuda a entender por qué las metas y los ritmos de los cambios son tan diferentes.
A pesar de lo anterior consideramos que es el momento propicio para que los movimientos transiten del período de lucha de resistencia al neoliberalismo al período de iniciativa histórica a favor de la construcción hemisférica de modelos alternativos.
Esto exige un debate maduro, y una búsqueda constante de propuestas y soluciones. Sin embargo, algunas cosas deben quedar claras. La primera de ellas es que, si el movimiento social no es autónomo, pierde su fuerza y consecuentemente pierden fuerza el(los) partido(s), las fuerzas políticas y el gobierno que el movimiento apoya. Si los movimientos sociales se confunden con el Estado y los partidos, se mediatizan y dejan de cumplir su papel. Por consiguiente, es de interés de los gobiernos progresistas fortalecer a los movimientos sociales. Tenemos el ejemplo de la reciente ley aprobada por el Frente Amplio en el Congreso uruguayo, que reprime las prácticas antisindicales de las empresas y, gracias a esta ley, el nivel de sindicalización en el país ha crecido ya en más de un 30%. La política correcta de parte de nuestros gobiernos debería ser la de apoyar al movimiento social y respetar su autonomía.
Por su parte, los movimientos sociales tienen que entender la importancia de tener un gobierno aliado. Con la derecha en el poder, perdemos todos, pues las transformaciones sociales se dificultan enormemente en ambientes represivos, antidemocráticos y antipopulares.
En caso de gobiernos de izquierda y partidos de izquierda que controlan el gobierno, los movimientos sociales tienen que caminar de la mano para ejecutar respuestas o soluciones a las necesidades de los más pobres y en general a promesas de campañas electorales. Pero también los movimientos sociales, igual que los partidos, se tienen preocupar por el buen funcionamiento de los gobiernos nacionales, nacionales y locales, sin obstrucciones burocráticas y sin corrupción.
No es realista ni conveniente pensar que el Estado puede solucionar todo y que, además, caiga en prácticas corporativas y clientelares, favoreciendo sólo a las organizaciones que lo apoyan y excluyendo a las que lo critican. El movimiento social tiene que luchar por sus reivindicaciones pero debe ser también capaz de construir o, por lo menos, señalar las soluciones posibles a partir de la realidad existente.
Dicho esto, debe resultar claro que las movilizaciones sociales ayudarán a nuestros gobiernos a avanzar y la relación existente entre los partidos progresistas, el gobierno y el movimiento debería crear el ambiente adecuado para alcanzar los acuerdos necesarios, al igual que para aprobar los proyectos presentados por los gobiernos y de interés del conjunto de la población, a menudo truncados por la derecha en los parlamentos.
Por otro lado, hay varias iniciativas actualmente, de carácter supranacional, que merecen todo nuestro apoyo, como el Foro Social Mundial y las distintas manifestaciones sociales realizadas en paralelo a los eventos oficiales del MERCOSUR y de la Comunidad Suramericana de Naciones, generalmente organizadas por la “Alianza Social Continental”. Ellas contribuyen para la organización política de la sociedad, para la socialización de la política externa de nuestros países y para que los gobiernos incorporen las reivindicaciones populares.
Algunas propuestas para el funcionamiento del Foro de São Paulo
Nos parece fundamental que este XIII Encuentro, más allá del debate político, contribuya también con propuestas que fortalezcan nuestro trabajo y nuestra organización. En este sentido, proponemos crear:
1. Un boletín electrónico mensual
Autorizar a la Secretaría Ejecutiva a relanzar el sitio web del Foro de São Paulo, además de publicar mensualmente un boletín electrónico informativo, con base en el noticiario y los artículos de opinión enviados oficialmente por los partidos integrantes. Este boletín tendrá un carácter meramente institucional e informativo, que no se propone “dirigir” ni tampoco a cuestionar la acción de los partidos integrantes del Foro.
2. Escuela continental de formación política
Constituir una comisión para discutir los pasos necesarios para crear una escuela continental de formación política. Esta escuela tendría como objetivo crear un espacio común y permanente de debate sobre las distintas y plurales orientaciones existentes al interior del Foro de São Paulo, teniendo como perspectiva animar un debate sobre el pensamiento de izquierda latinoamericano y caribeño.
3. Festival político-cultural anual
Iniciar la realización anual, cada vez en un país, de un festival político-cultural (similar la las fiestas anuales de los partidos comunistas europeos).
4. Observatorio electoral
Constituir una comisión para discutir los pasos necesarios para crear una institución capaz de acompañar, con encuestas y personal especializado en campañas, los procesos electorales en cada uno de nuestros países.
[1] En realidad “libre comercio” internacional no existe: existen dos tipos de comercio entre países, el negociado denominado eufemísticamente como “libre” comercio y el comercio no negociado o protegido.
[2] Otros piensan que a más largo plazo estaría configurándose otro sistema entre la República Popular de China y la Federación Rusa, los países con los mercados y territorios más extensos del mundo, respectivamente, y la incorporación al sistema del ACU a la India.
[3] Se dice que el siglo XIX fue el siglo de los ingleses; el siglo XX, por lo menos la segunda mitad del mismo, perteneció a Estados Unidos y está por verse quien dominará el siglo XXI.
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