De última hora, dictan auto de formal prisión a dirigente que estaba a punto de ser liberado

Denuncian que Ulises Ruiz persiste en su persecución política contra opositores

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 17 de abril. Marcelino Coache Verano, consejero estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), detenido en diciembre pasado, ganó un amparo de la justicia federal y quedó en libertad del proceso penal que en su contra le seguía la justicia estatal por los delitos de sedición, asociación delictuosa y daños por incendio, a causa de un enfrentamiento con la Policía Federal Preventiva (PFP) en noviembre pasado.

Pero antes de que saliera del penal de Cosolapa, el sábado anterior, al también dirigente del Sindicato Libre de Trabajadores del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez le fue dictado un nuevo auto de formal prisión derivado de la reclasificación de los delitos que hizo un juez local, a petición de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), y de nuevo quedó formalmente preso.

Esta es una clara muestra de la persecución política del gobierno de Ulises Ruiz contra quienes piensan diferente y luchan con el pueblo, afirmó Florentino López Martínez, uno de los voceros de la APPO, durante una conferencia de prensa que ofreció con la esposa del detenido, Reina Rivera Torres.

Después de ser detenido en diciembre pasado en la ciudad de México, junto con los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, Coache Verano fue internado en el penal regional de Cosolapa para ser procesado a partir del expediente 27/2007 por los delitos mencionados, derivados del incendio del Banco Nacional de México, el hotel Camino Real, la Agencia de Viajes Mexicana y el Grupo Artesanal Indígena Jini Ñuu, Sociedad de Solidaridad Social.

Antes de la obtención del amparo por parte de Poder Judicial de la Federación (PJF), la justicia local había otorgado la libertad caucional mediante el pago de una fianza de 44 millones de pesos.

En la reclasificación de los delitos, en el mismo expediente, el dirigente sindical está acusado de rebelión en agravio del gobierno estatal; resistencia de particulares: ataques a las vías generales de comunicación en agravio de la sociedad, ataques peligrosos cometidos contra elementos de la PFP, y delitos cometidos contra funcionarios públicos, sin que se precisen quiénes son.

López Martínez dijo que la determinación del juzgado mixto de primera instancia de Ocotlán de Morelos, distrito de Oaxaca, "violenta las garantías individuales y los derechos humanos" de Coache Moreno, porque le impide gozar de su libertad ganada en los tribunales, al comprobarse que no tuvo ninguna responsabilidad en los delitos imputados.

"El amparo de la justicia federal prueba que ningún compañero del movimiento popular participó en los incendios; el gobierno, sus sicarios y policías fueron los autores", señaló.

Manifestó su temor de que la justicia local "aplique el mismo patrón" a los demás miembros de la APPO encarcelados, una vez obtenido el amparo y la protección del PJF contra los "procesos judiciales amañados".

En duda, la constitucionalidad de retenes militares: ministros

Por primera vez en una sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se puso en duda la constitucionalidad de los retenes militares ubicados en distintos puntos del país.

Los ministros José Ramón Cossío Díaz, Genaro Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero plantearon ayer infructuosamente a sus compañeros la necesidad de que el máximo tribunal estableciera ''si las pruebas obtenidas por el Ejército Mexicano, en retenes con ciertas características, tienen o no eficacia probatoria en un juicio penal''.

Al considerar que era improcedente un juicio de amparo en revisión -por seis votos contra tres-, presentado por un chofer detenido en un retén castrense, y quien fue acusado de transportar droga, los ministros decidieron no entrar al fondo de una disposición adoptada por el gobierno federal para combatir al crimen organizado, aun cuando la demanda planteaba concretamente la inconstitucionalidad de la medida.

En esta ocasión, Cossío Díaz fue el que llevó el peso de la argumentación de la minoría. De entrada relató que personal militar del puesto de control ubicado sobre la carretera federal 54, tramo Guadalajara-Zacatecas, revisó un camión que circulaba por esa vía, y como resultado de ello los soldados encontraron 270 paquetes de mariguana.

Dijo que desde que intervinieron dos militares en la detención y revisión del vehículo, comenzó la averiguación previa, y que además, el detenido fue llevado inicialmente a una zona militar y de ahí al Ministerio Público Federal, por lo que era sumamente importante analizar si hubo violación a derechos fundamentales.

Insistió en que la consignación se basó únicamente en los testimonios de los soldados, quienes aseguraron que encontraron presumiblemente droga, sin que se aportaran en la causa mayores elementos.

Ante esta situación, aseveró, es que el pleno tenía que analizar si ''las pruebas obtenidas por el Ejército Mexicano, en retenes con ciertas características, tienen o no eficacia probatoria''.

Aseveró que su proyecto de resolución no pretendía acabar de tajo con los retenes, sino que buscaba ''construir una especie de política pública con sustento constitucional'' que establezca cómo debieran instalarse estos retenes para que su actuación derivara en una eficacia jurídica plena.

Góngora Pimentel refutó a la mayoría, la cual sostenía que la instalación del retén es un acto administrativo que genera molestia, pero nada más, al señalar que las principales pruebas que dieron lugar a la sentencia fueron obtenidas precisamente en el puesto castrense y que por ser ilícitas carecían de legitimidad para ser utilizadas en el juicio.

Respecto de la flagrancia, añadió que ésta no opera en el sentido de autorizar la eficacia de las pruebas obtenidas de manera inconstitucional.

''La flagrancia justifica la detención de una persona sin orden judicial, a fin de evitar la consumación de los delitos descubiertos, mientras éstos se están cometiendo; sin embargo, sostener que el descubrimiento de un delito flagrante convalida la inconstitucionalidad de los actos que permitieron tal descubrimiento, y autoriza a que surtan efectos en un proceso penal, es un criterio peligroso, porque supedita el respeto de las garantías individuales al resultado de la actuación constitucional de la autoridad''.

Cabe preguntarse, dijo, hasta qué grado podemos hablar de flagrancia, cuando de no ser por la realización de un acto de autoridad, violatorio de las garantías individuales, la comisión de un delito no se hubiese percibido, y más aún que la prueba tenga efectos jurídicos en un proceso penal. A su vez, el ministro Juan N. Silva Meza reconoció la importancia del tema de los retenes, ya que ''su constitucionalidad está en entredicho y sería conveniente resolverlo''.

Sostuvo finalmente que la forma como el amparo, que había sido planteado, no era el indicado para encontrar la ''llave'' que diera lugar a la procedencia y análisis del caso.

Asambleístas y senadores condenan amenazas contra legisladores

Por unanimidad la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la Cámara de Senadores condenaron, por separado, las amenazas de muerte que han recibido diputados de diversas fracciones por parte de algunos grupos radicales, "so pretexto de defender su oposición respecto del tema de la despenalización del aborto".

Mediante un punto de acuerdo presentado en tribuna por el presidente de la comisión de Gobierno de la ALDF, Víctor Hugo Círigo, y aprobado por unanimidad, alertan que cuando se adoptan posiciones fundamentalistas e irreconciliables puede desatarse una "ola de violencia física que las autoridades no deben soslayar".

Por ello, la Asamblea Legislativa reiteró su exigencia a la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) de hacer valer el estado de derecho para "actúen de manera eficaz contra estos grupos radicales".

En tanto, en el Senado, el perredista Carlos Navarrete subió a tribuna el punto de acuerdo en el que se reprobó categóricamente cualquier intento por impedir la libre discusión de iniciativas de ley, así como las amenazas a los legisladores del DF que analizan despenalizar el aborto.

Al igual que en la ALDF, en el punto presentado en el Senado se resalta el riesgo de que se produzca violencia si continúan las posiciones fundamentalistas e irreconciliables en torno a la reforma de ley.

El senador Navarrete recordó que la discusión en torno a despenalizar el aborto en la ciudad de México provocó que algunos grupos manifiesten y expresen consignas agresivas, insultos, e incluso amenazas en contra de los legisladores locales.

Agregó que aunque los asambleístas ya presentaron una denuncia penal, es necesario que el Senado repruebe el intento de coartar la libertad de los legisladores. "No podemos, de ninguna manera, permitir que la función legislativa se vea empañada por la violencia verbal y quizá física, y tenemos que hacer un llamado a la sociedad para que se debata con ideas, con respeto y tolerancia".

En este contexto, la diputada perredista Leticia Quezada, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa, recibió por medio de su correo electrónico una amenaza de muerte.

Por lo que los legisladores hicieron un exhorto a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Joel Ortega, y de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), Rodolfo Félix Cárdenas, para que implementan las medidas necesarias para garantizar su integridad física.

En conferencia de prensa la legisladora detalló que ayer tarde recibió un correo en el que se le advierte: "Sus días están contados, doña Leticia, lo único que puede salvarla a usted y a otros tres diputados es votar contra el aborto".

El documento se integrará a la denuncia que presentaron los diputados Víctor Hugo Círigo (PRD), Jorge Carlos Díaz Cuervo (Alternativa), y Armando Tonatiuh González (PRI), ante la PGJDF contra la autodenominada Guardia Nacional Mexicana.

Resguarda la SSP el recinto legislativo

Joel Ortega informó que a petición de la Asamblea Legislativa del DF, se reforzó el resguardo alrededor del recinto legislativo de Donceles y Allende, y espera que el presidente de la Mesa Directiva envíe por escrito la petición para resguardarla integralmente.

Mencionó que los operativos alrededor de la ALDF continuarán sin importar si las manifestaciones son a favor o en contra del aborto. "Ha ocurrido que cuando hay protestas a favor me llaman diputados para que los retire, pero vamos a mantenerlos".

Hoy, la fracción del PRD solicitará al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, se les brinde seguridad a los diputados locales, en especial aquellos que han recibido amenazas.