viernes, abril 27

Repunta la fiebre beisbolera en Cuba

La final de la liga causa singular fenómeno de masas; calles desiertas durante los juegos

GERARDO ARREOLA CORRESPONSAL

La Habana, 26 de abril. Aunque hay distintas explicaciones, se extiende la opinión de que la final de la liga cubana de beisbol, que culminó el miércoles con el triunfo de Santiago de Cuba sobre el equipo Industriales de esta capital, es con mucho la que más interés y pasión ha levantado en años, para desbordar los márgenes deportivos y lanzar a la calle un singular fenómeno de masas.

"Esto ha sido una furia. Es el campeonato más interesante que ha tenido la pelota cubana", dice Bruno Martínez, agente de seguridad y protección del Ministerio de la Industria Básica (Minbas), nacido en La Habana y partidario de Industriales. "Yo sigo la pelota desde niño y nunca ha habido una final como esta. Todo el mundo ha salido a la calle".

Alexis Quiala, mayor retirado de las fuerzas armadas, de 50 años, veterano de Angola, de familia beisbolera por generaciones, originario del ingenio azucarero Guatemala, en el municipio Mayarí Abajo, provincia de Holguín, ahora empleado de un mercado en la capital, sostiene que el público se estremeció porque vio una final a la altura del Clásico Mundial, en el que Cuba fue subcampeón el año anterior. Su hermano Angel, agente de seguridad del Minbas, recuerda que Santiago es "el equipo insignia en oriente" y respaldarlo es un gesto espontáneo de los nacidos en esa región.

El novelista Leonardo Padura, aficionado de toda la vida, cree que entre los años sesenta y setenta ya había en Cuba un alto nivel de juego y expectación, pero la crisis de los noventa golpeó al beisbol, como a todo en Cuba, con la falta de transporte y electricidad, la emigración de peloteros y, sobre todo, los apremios económicos de la gente.

El autor de Neblina del ayer estima que esta fiebre beisbolera refleja, entre otros factores subjetivos aún por estudiar, menos presión en el nivel de vida que en la década anterior. La pelota regresa "como única diversión masiva y popular", a falta de otras alternativas de esos alcances. "No creo que haya sido una final de calidad deportiva", dice Padura. "La expectación tiene más que ver con lo contextual, lo histórico y lo ambiental".

Reynaldo Taladrid es comentarista de asuntos políticos en la televisión, pero en esta final volvió a su vertiente deportiva en una popular radioemisora de la capital. Apunta que el repunte de la afición es "uno de los primeros resultados" del plan oficial de impulsar el deporte tanto como el arte, la ciencia u otras ramas del conocimiento.

A los estadios llenos, propios de un país de honda tradición beisbolera, se sumó la venta de emblemas de los equipos en todas las formas, que invadieron las vidrieras de las tiendas, los parabrisas de los carros y el vestuario de la gente, en algunos casos con precios muy por encima del alcance de un salario promedio, como gorras al equivalente de 14 dólares y camisetas de 13 dólares. Todo se agotaba.

Los seis juegos finales se siguieron por televisión con rigurosa puntualidad. Fueron noches de calles desiertas. En La Habana y en Santiago hubo pantallas gigantes en parques públicos para ver los partidos. En la capital el tema se coló a los cocteles diplomáticos.

Hubo embajadores que fueron al Estadio Latinoamericano, igual que numerosos funcionarios, como el vicepresidente Carlos Lage, seguidor del equipo capitalino. Los veteranos notaron un notable aumento de público femenino en las gradas.

En el Parque Central del centro histórico de La Habana, decenas de aficionados debaten a diario el tópico beisbolero de turno. Pasado el mediodía de este jueves, partidarios de Santiago habían desbordado la asistencia regular, bailaban y bebían ron a pico de botella.

Los cuatro triunfos que dieron el campeonato al equipo fueron ruidosamente festejados en la capital, destino histórico de la emigración del oriente del país. Al menos en los barrios periféricos de Mantilla, Regla y La Lisa hubo tambores de conga santiaguera en las últimas noches.

Retira apoyo ofrecido el martes 24 al GDF para cumplir mandato

El marco que rige a nosocomios federales les impide realizar legrados: titular de Ssa

CLAUDIA HERRERA , EDUARDO MARTINEZ

Aunque se reformó el Código Penal y la Ley de Salud locales, las instituciones de salud del gobierno federal asentadas en la capital no están obligadas a practicar abortos durante las primeras 12 semanas de embarazo, informó el titular de la Secretaría de Salud, José Angel Córdova Villalobos.

En una breve entrevista que dio durante la gira que hizo el presidente Felipe Calderón por Guanajuato, el funcionario señaló que el marco legal que rige a los hospitales federales no tiene considerada dicha intervención.

Señaló que la interrupción del embarazo se podrá hacer sólo en instituciones públicas y privadas dentro del ámbito de sus competencias, lo que es exclusivo del Gobierno del Distrito Federal "nada más".

Al preguntarle si las instituciones de salud del gobierno federal están obligadas a practicar estas intervenciones, respondió: "No, porque dentro del marco jurídico al que nos apegamos no está contemplada esa intervención".

El martes 24, el funcionario había dicho que una vez aprobada la reforma legal que despenaliza el aborto en el Distrito Federal, el gobierno federal se ocupará de apoyar a las autoridades de la capital para que puedan ofrecer atención médica de la mejor calidad y que no escatimará los apoyos para el Gobierno del Distrito Federal, porque "de ninguna manera queremos que haya problemas con la aplicación de la ley, pues si se generan más muertes maternas entonces vamos a retroceder".

En ese contexto, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas, entrevistado en el marco de la 91 Asamblea Ordinaria de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), reiteró ayer que la institución a su cargo se encuentra incapacitada legalmente para practicar abortos antes de las 12 semanas de gestación.

Insistió en que las modificaciones legales hechas por los asambleístas de la capital son de competencia local, por lo que las instancias federales, como el Seguro Social, no contemplan este tipo de intervenciones.

Dijo que dentro de los planes de la institución no se encuentra realizar ningún cambio a la normatividad interna para cumplir con la legislación que despenaliza el aborto en la capital.

Sobre las rodillas, reforman en el Senado 12 leyes; inútil oposición del sol azteca

Aprueban paquete antiterrorista que criminaliza la protesta social

VICTOR BALLINAS , ANDREA BECERRIL

Con una cámara fotográfica, el senador panista Gustavo Madero. Lo acompañan Graco Ramírez, Jesús Murillo Karam y José Eduardo Calzada, durante la sesión de ayer en el recinto legislativo de Xicoténcatl
Con una cámara fotográfica, el senador panista Gustavo Madero. Lo acompañan Graco Ramírez, Jesús Murillo Karam y José Eduardo Calzada, durante la sesión de ayer en el recinto legislativo de Xicoténcatl Foto: Micphotopress

El Senado de la República aprobó ayer reformas a 12 leyes, con el propósito de sancionar el terrorismo y a quienes lo financian, a pesar de que -como advirtieron PRD, PT y Convergencia, se "criminaliza la protesta social" y se posibilita que luchadores sociales sean acusados de terroristas.

El perredista Pablo Gómez señaló que con la redacción propuesta al artículo 139 del Código Penal Federal "se sigue la consigna de los gringos, que han pedido a todo el mundo que colabore contra el terrorismo, pero aquí, en México, se fue más allá, al incluir como actividades terroristas todo lo que atente contra la seguridad nacional o presione a las autoridades para que tomen una determinación".

El PRI coincidió en que la redacción del artículo 139 del Código Penal Federal que se propone "efectivamente puede ser utilizada para generar, en medio de una lucha social, un enfrentamiento que termina en tribunales y culmin con una condena de quien hace uso de sus derechos políticos", señaló el senador Fernando Castro Trenti.

Reconoció que ese párrafo tendrá que ser modificado, y no sólo eso, sino que se necesita una reforma de fondo sobre el tema. Sin embargo, se desecharon los argumentos del Frente Amplio Progresista, por lo cual las reformas a los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, así como a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y diversos ordenamientos financieros se aprobaron con 85 votos en favor.

Durante el debate, el senador del PRD Tomás Torres dijo que es preocupante la definición genérica de terrorismo que se señala en el artículo 139 del Código Penal Federal, en la que impone sanción de seis a 40 años de prisión, y hasta mil 200 días de multa, "sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares (...) explosivos, armas de fuego, incendio o inundaciones, o por cualquier otro medio violento, para producir alarma, terror o temor en la población, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación".

Tufo echeverrista de los cambios

Pablo Gómez resaltó que "ese artículo es viejo: fue introducido en la época de Luis Echeverría, cuando existían la guerra sucia y la persecución de guerrilleros, y tiene como contenido fundamental que el objeto de la conducta ilícita es atacar al Estado".

Ahora, explicó, se está cambiando ese concepto por "actuar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Toda la parte que tiene que ver con el terrorismo internacional, con el lavado de dinero o de instituciones financieras, yo creo que está bien, está bien que México acepte esta petición del gobierno de Estados Unidos, pero al aceptar ese planteamiento se le puso aquí, en México, en el delito de terrorismo, atentar contra la seguridad o presionar a la autoridad para que tome una determinación".

El perredista pidió que no fuera aprobado en esos términos el artículo 139, "porque en realidad no está dirigido contra los terroristas, sino contra las personas que por cualquier otro medio violento puedan tratar de obligar a alguien, a una autoridad, a resolver en determinado momento. Aquí, en México, cuando se bloquea una carretera, los mandan diez años a la cárcel de máxima seguridad, a Almoloya; eso es lo que ha hecho el gobierno del PAN: por ataques a las vías de comunicación vas a la cárcel 20 años".

El senador priísta Castro Trenti se sumó a la argumentación perredista: "la redacción deja un mal sabor y una preocupación a todos, en especial a los luchadores sociales, por aquello de que 'pueda causarse un daño por cualquier otro medio violento'. Eso es lo que se inscribe en el marco de la preocupación".

Sin embargo pidió que se votara en favor, porque en la Cámara de Diputados se apoyó por consenso, y se comprometió a "hacer una reforma de inmediato" -una vez aprobada esta--, que deje satisfechos a todos e impida un uso discrecional de la ley en perjuicio de los luchadores sociales.

El senador panista Alejandro Zapata Perogordo sostuvo que la reforma busca tutelar la seguridad nacional y sancionar a quien pretenda, efectivamente, causar temor y alarma entre la sociedad.

Eso, subrayó, es muy diferente a la libre manifestación, y también "es diferente a situaciones de carácter local que están previstas en la ley y que no tienen el propósito ni de crear terror ni de cometer actos violentos".

Insistió en que no deben confundirse las manifestaciones sociales y políticas con los actos de terrorismo.

Con las reformas aprobadas se aplicará pena de nueve años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien encubra a un terrorista teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad.

Asimismo, se aplicará pena de cinco a 15 años de prisión y de 200 a 600 días de multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo.

También se fijaron castigos de seis a 40 años de cárcel y hasta mil 200 días de multa al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para apoyar a personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional.

Otras reformas aprobadas

Durante la última sesión del periodo, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal para imponer sanciones de seis meses a seis años de prisión y de 50 a 250 días de multa a la persona que gestione, instale o permita que se instale en un lugar público o en propiedad privada algún dispositivo tecnológico con el propósito de promover, publicar, distribuir o transmitir, en tiempo real o diferido, imágenes o fotografías con contenido sexual, de exhibición corporal o que resulten lesivas a la integridad moral, al honor o a la intimidad, sin el consentimiento expreso de quien o quienes ahí aparezcan.

Se sancionará con pena de dos a ocho años de prisión, y de cien a 500 días de multa la promoción, publicación, distribución, en tiempo real o diferido, de las imágenes o fotografías sin el consentimiento expreso de quien o quienes en ellas aparezcan.

Asimismo, se aprobaron las reformas al artículo 301 del Código Penal Federal mediante las cuales se sancionará a quien azuce o suelte a un animal bravío para provocar lesiones o causar la muerte de un individuo.

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