domingo, julio 15
EPR
La guerrilla es siempre un fenómeno social. Es una parte destacada y álgida de ciertos procesos regionales o supraregionales. Sin embargo, por su estructura clandestina, por su capacidad de fuego, por su configuración como fuerzas de autodefensa o ejércitos populares, la opinión pública, los discursos oficiales y los análisis de gobierno eliminan sistemáticamente la vinculación de la guerrilla con procesos sociales concretos y la convierten en delincuencia o criminalidad injustificable. Al eliminar como uno de los rasgos esenciales su naturaleza social, se aleja la actitud oficial o gubernamental de la obligación de emprender un análisis social y político más a fondo y reduce su respuesta a medidas de represión selectiva o desbordada.
Esta visión reduce el análisis de los movimientos subversivos a un mecanismo simple: evaluarlos por su capacidad de fuego, no por su significación política. Por lo tanto, los gobiernos buscan aniquilarlos sin proponerse ningún cambio político. Y tal decisión de aniquilarlos aparece como la única solución posible y al mismo tiempo como justificación de arbitrariedades sin límite.
Por ello he venido explicando durante muchos años que las fallas de Seguridad Nacional no pueden reducirse a la lenta o fallida detección militar o policiaca de focos guerrilleros. Porque hay una violencia previa, una violencia política y económica que debilita, empobrece y confronta a la sociedad. El riesgo que corre el país con los grupos armados no es tan grave como el que corre con las cúpulas de poder político y económico que han generado la corrupción en México. Más grave que los grupos guerrilleros es la política económica que ha estado empobreciendo al país. La guerrilla no inicia esta violencia; la guerrilla es la fase armada y final de una violencia que desencadenan, de manera cruel y letal, las políticas que imponen los grupos de poder.
Para que desaparezcan organizaciones como el EPR no bastan medidas militares. Con la hipotética desaparición de los grupos guerrilleros no desaparecerían las necesidades sociales y políticas de México ni la pobreza y la corrupción que son en sí mismas la base de la injusticia permanente e institucionalizada que llamamos paz social y estabilidad social.
Los atentados del EPR en instalaciones de Pemex y la campaña de hostigamiento que expresa el comunicado del día 10 de julio es resultado precisamente de la visión reducida de considerar los movimientos guerrilleros desde una perspectiva policial y no a partir de un análisis político y social. Esta visión restringida facilita el resurgimiento de algunos rasgos dominantes de la guerra sucia: la desaparición forzada de personas. El comunicado del EPR pide que se presenten con vida dos miembros de esa organización: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, este último llamado también Raymundo Rivera Bravo. El comunicado los considera "detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca". Las autoridades oaxaqueñas y federales negaron de inmediato que esas personas se encuentren entre los detenidos del fuero común o del fuero federal. Pero precisamente no se trata de detenidos, sino de desaparecidos. De ahí el reclamo de que sean presentados con vida.
En su Indicador Político, del día 11 de julio, Carlos Ramírez recordó que el columnista oaxaqueño Pedro Ansótegui informó de un operativo policiaco y militar realizado el 24 del pasado mes de mayo en la ciudad de Oaxaca. Releamos algunos párrafos de la columna de Carlos Ramírez. Dice así: "alrededor del mediodía de ese día (el 24 de mayo) la Unidad policiaca de Operaciones Especiales del estado arribó al hotel del Arbol por la presunta presencia de un 'grupo armado'. Un poco después llegó una unidad del Ejército. Un boletín informó la aprehensión de cuatro personas, oficialmente reveladas como policías ministeriales de Chiapas que no habían entregado su oficio de comisión a la procuraduría estatal. Sin embargo, datos de organizaciones políticas concluyeron que se trató no de policías sino de una célula guerrillera armada. Ahí detuvieron a Gabriel Cruz Sánchez, jefe del EPR, y hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, mejor conocido como Tiburcio Cerezo, también jefe guerrillero, asesor militar del EZLN y vinculado al Comité pro Liberación de los Hermanos Cerezo, presos bajo cargos de acciones guerrilleras con bombas. Si las autoridades locales hablaron de una confusión con policías ministeriales, el comunicado del EPR señala que Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez están desaparecidos desde el 25 de mayo. Es decir, desde el operativo del 24."
Observemos que Carlos Ramírez recalca: "es decir, desde el operativo del 24". Pero el comunicado señala, en cambio: "desde el 25 de mayo en Oaxaca", no desde el día 24. En efecto, en Oaxaca las paredes no sólo oyen, sino también miran. Las filtraciones de información en esa entidad y en muchas regiones del país no son cosa nueva, son algo natural en un tejido social tan complejo como es el de nuestro país. Pues bien, se filtró en ciertos círculos policiales de Oaxaca que el día 25 se encontraban en las mazmorras de la Procuraduría oaxaqueña, detenidos y en muy malas condiciones, dos miembros del EPR. La entrada y salida de médicos fue un indicador del estado de gravedad de los detenidos. Ese mismo día ambos fueron sacados de las mazmorras en camillas y transportados a la ciudad de México, presumiblemente al Campo Militar número uno, dada la presencia en ese momento de miembros del Ejército.
El comunicado del EPR habla por ello de "detenidos-desaparecidos" el día 25, no el 24, pues el 25 fue el último día en que se les vio a los dos. El reclamo de que sean presentados con vida tiene una lógica precisa: intentan que el gobierno demuestre que no está resurgiendo la guerra sucia, cuyo dato relevante, aunque ya no exista la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, es precisamente el de la desaparición forzada de personas.
Es curioso que un día antes del operativo mencionado por Carlos Ramírez y Pedro Ansótegui, el día 23 de mayo del año 2007, Amnistía Internacional, sección México, encabezada por Liliana Velásquez, presentara el capítulo dedicado a nuestro país de su informe 2007, donde se enumeró lo siguiente: "continuaron tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garantías, sobre todo en los estados: asimismo, fracasaron las acciones para esclarecer las violaciones del pasado y procesar a los responsables". También Liliana Velásquez observó que las "operaciones policiales masivas contra manifestantes se saldaron con violaciones graves de derechos humanos". En relación con el conflicto de Oaxaca, el informe refirió que "se constituyó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para apoyar a los docentes y exigir la renuncia del mandatario estatal, y ocuparon edificios oficiales, emisoras de radio y de televisión. Informes dan cuenta que policías vestidos de civil dispararon contra partidarios de la APPO, causando la muerte de al menos dos personas. Durante la crisis hubo tortura, detenciones arbitrarias e incomunicación a maestros y partidarios de esa organización civil. En octubre, policías atacaron varias barricadas, con saldo de tres civiles muertos y muchos heridos; 4 mil 500 integrantes de la Policía Federal Preventiva entraron a la ciudad. En noviembre se detuvo a 140 personas; muchas no habían participado en los hechos que se les imputaban".
En cuanto al operativo policiaco efectuado el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el informe señalaba que "la policía utilizó gas lacrimógeno y armas de fuego contra miembros de la comunidad y detuvo, durante los días que duró la operación, a 211 personas, muchas de las cuales fueron reiteradamente golpeadas y torturadas mientras se les trasladaba a la prisión".
Apuntó que de las 47 mujeres que fueron detenidas y trasladadas a la cárcel, "al menos 26 de ellas denunciaron ante la CND que fueron objeto de agresión sexual o violación por parte de policías. Al finalizar el año, sólo se habían fincado cargos menores contra uno de los agresores".
Es significativo que Amnistía Internacional expresara que el presidente Felipe Calderón "no ha mostrado voluntad para elaborar programas que atiendan las graves violaciones" en derechos humanos y que "lo más importante es demostrar con hechos que no tolerará otro Atenco o Oaxaca".
Pues bien, el origen del comunicado del EPR y de los atentados a Pemex derivan todavía, como lo veremos en la próxima entrega, del caso Oaxaca.
EPR
En 1990 el general Mario Arturo Acosta Chaparro publicó su informe Movimientos subversivos en México, con análisis sucintos de la guerrilla mexicana durante algo más de tres décadas. En ese informe el general apuntó lo siguiente: "En lo que respecta al PROCUP, se puede decir que es, quizás, la organización más peligrosa en México, sobre todo por el tipo de actividades que lleva a cabo en la clandestinidad, así como por la línea violenta que lo caracteriza con el manejo de explosivos. Sus antecedentes así lo manifiestan: actos de terrorismo y sabotaje contra instalaciones militares, así como de oficinas y dependencias de los gobiernos estatales y federal, incluyendo también a empresas particulares en varios estados del país. Son ocho años que no se tiene información fidedigna de los miembros componentes de esta organización ni de sus actividades".
A pesar de esa falta de información fidedigna de 1983 a 1990, el general sabía, sin embargo, que el PROCUP había auxiliado al Partido de los Pobres (PDLP) y se había relacionado con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), la Asamblea Nacional Obrera, Campesina y Popular (ANOCP), las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP); también, que el partido hacía circular folletos en centros de estudios sobre la guerra popular prolongada.
En efecto, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) fue una de las organizaciones guerrilleras más sobresalientes y constantes. Desde su inicio contó con la participación del militante guatemalteco José María Ortiz Vides, fundador de la Unión del Pueblo, organización activa en el estado de México, Puebla, Oaxaca, Jalisco, entre otras zonas, durante la década de los 70. El rasgo distintivo de Chema Ortiz Vides y de la Unión del Pueblo fue precisamente el manejo de explosivos, rasgo que caracterizó después, como lo señaló el general Acosta Chaparro, al PROCUP. Este rasgo debemos destacarlo no sólo como un dato episódico, sino como una señal de identidad y continuidad en la ulterior alianza del PROCUP con el Partido de los Pobres (PDLP) y en la posterior conversión del PROCUP-PDLP en el Ejército Popular Revolucionario, EPR, que constituyó el primer gran ensayo de coordinación nacional guerrillera en México.
Los recientes atentados con explosivos en instalaciones de Pemex representan, pues, una demostración de la continuidad histórica de los elementos iniciales de la Unión del Pueblo y tienen como antecedente el atentado de 1994 con explosivos al oleoducto de Petróleos Mexicanos en Tula, Hidalgo. Revelan, por otra parte, objetivos precisos del EPR: primero, no provocar muertes de seres humanos; segundo, afectar solamente instalaciones estratégicas; tercero, afectar tales instalaciones porque Pemex constituye ya, desde hace al menos cuatro administraciones federales, un coto de interés "oligárquico" sometido a la extorsión fiscal, la corrupción y la privatización quizás irreversible.
Los atentados revelan otro dato adicional. Independientemente de que las acciones fueron realizadas en Querétaro y Guanajuato, actuales territorios panistas, tuvieron que realizarse con una asesoría técnica relevante para sólo dañar instalaciones en puntos estratégicos y no provocar daños en vidas humanas. A este asesoramiento técnico quizás se refiere el párrafo del comunicado del EPR "contando con el apoyo de milicias populares de todo el estado".
Difícil saber en qué consistirán o cuál magnitud tendrán a futuro las acciones de hostigamiento "a los intereses de la oligarquía y del gobierno ilegítimo". Pero el comunicado es claro sobre la causa de tales acciones: la desaparición forzada en Oaxaca de dos de sus elementos. A este respecto debemos señalar que fue tema de dominio público la participación del EPR en el proceso de confrontación social oaxaqueño protagonizado por la APPO en 2006. Pero es necesario destacar que, en caso de que verdaderamente hubiera intervenido el EPR en las barricadas de la APPO, no intervino como fuerza armada, como organización con capacidad de fuego, como grupo insurgente que amenazara, atacara o se dispusiera a actuar con armas o con su capacidad en el manejo de explosivos demostrada ahora. En todo caso, la presunta intervención del EPR en el conflicto oaxaqueño se circunscribió a la aportación de cuadros civiles o de bases sociales, no de comandos armados. Fue, si esta participación se comprobara, una especie de diplomado, de curso intensivo de organización política y de acción de masas para los cuadros posibles eperristas y para organizaciones independientes indígenas, femeniles o magisteriales. En este sentido, podemos considerar, pues, como un episodio adicional del conflicto en Oaxaca el operativo policiaco y militar del pasado 24 de mayo en el hotel del Arbol en la capital oaxaqueña.
La investigación y el análisis del periodista oaxaqueño Pedro Ansótegui durante la última semana de mayo y los primeros días de junio le permitieron identificar que el operativo consistió en la captura de dos eperristas, uno de ellos Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a quien identificó por fotografías como hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, llamado también Tiburcio Cerezo por su defensa de los hermanos Cerezo.
Gabriel Alberto empleaba además otro nombre: Raymundo Rivera Bravo; en otros círculos se le llamaba, igualmente, El Gordo. Se trata de un militante de larga trayectoria: participó en el movimiento estudiantil del 68 en la UABJO, después se integró en la Unión del Pueblo, posteriormente en la formación del PROCUP-PDLP y finalmente en el EPR. Se le atribuye haber sido asesor militar de la Comandancia General del EZLN en 1994. La desaparición forzada de él y de Edmundo Reyes Amaya es una clara operación de guerra sucia.
Por otra parte, y por último, debemos señalar que uno de los efectos más sobresalientes de los atentados del EPR fue la inesperada reconversión de Pemex en un "patrimonio de todos los mexicanos". A lo largo de las pasadas cuatro administraciones presidenciales Pemex se ha visto sometido a un proceso de desgaste, extorsión, privatización y endeudamiento que tiende a su desaparición total como empresa pública. Suficientes indicadores fiscales, financieros y comerciales hacen parecer inminente la privatización total de Petróleos. Su empleo como fondo revolvente para el gasto del gobierno federal, su aprovechamiento partidista, su constante cesión a consorcios privados y la corrupción constante están convirtiendo a esta empresa en algo ajeno al desarrollo industrial y tecnológico del país. En este contexto, no carece de sentido la advertencia del comunicado del EPR: "la campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía". Es decir, desde la perspectiva del EPR, Pemex ha dejado de ser hace tiempo un "patrimonio de todos los mexicanos" y se ha convertido en uno de los "intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo".
Un efecto más de los atentados no es tan visible: los socios, coinversionistas o compradores presentes, inmediatos o potenciales, verán con otros ojos las condiciones de seguridad de Pemex. La experiencia de las transnacionales petroleras en los sistemas de seguridad es amplia, particularmente a partir de ciertos sectores de la industria de la guerra que cuentan con ejércitos privados o con asistencia tecnológica y de seguridad en diversas regiones de Asia central, Medio Oriente y Africa. Esto facilitaría un mayor doblegamiento a los criterios estadunidenses de seguridad hemisférica que transforma a los ejércitos nacionales en fuerzas de complemento y con funciones policiales regionales. Tal industria de ejércitos privados que pueden asumir, con el carácter de apoyo técnico especializado, la seguridad de ductos, oleoductos, distribuidores e instalaciones diversas del sector petrolero, podría abaratar la privatización de Pemex o favorecer una coordinación binacional en los planes de seguridad "antiterrorista" que ahora importa tanto al gobierno de Estados Unidos.
En ese caso, se trataría de la seguridad de bienes que formalmente desean considerarse negocios privados o trasnacionales y no "patrimonio de todos los mexicanos". ¿Sería un paso más en la modernización de México?
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COLUMNA DESPERTANDO CONCIENCIAS
LA DERECHA Y SU MIEDO A LA DEMOCRACIA
POR: LIC. JUAN CARLOS FERNANDEZ ZULUETA
CONSEJERO ESTATAL DEL PRD
Correo: consejero_estatal@hotmail.com
“Una democracia construida sobre la base del miedo no es otra cosa que miedo a la democracia”, sentencia el investigador Lorenzo Meyer.
Desaparición forzada termino jurídico con el cual diversos textos internacionales, entre ellos la "Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas" y la legislación penal de varios países denominan un tipo de delito complejo, que supone la violación grave de múltiples derechos humanos y que cometido en determinadas circunstancias de práctica generalizada o sistemática, también es calificado de crimen de lesa humanidad.
El terrorismo que piensa el Gobierno esta ejerciendo por medio primero de detener, torturar, violentar, asesinar, desaparecer, ahora les ponen penas de ese tipo de la que ponía Díaz Ordaz.
En México seguimos inmersos en el tercer mundo contamos con todas esas características comunes como lo son, la base económica agraria, exportación de materias primas, una economía endeudada con los países más industrializados y escasa infraestructura. La democracia no consigue mucha estabilidad en la mayoría de países del tercer mundo, donde se dan más frecuentemente gobiernos autoritarios o populistas. La razón por la que seguimos en este tercer mundo es simple; no hay cuarto mundo.
Nadin Reyes el día de hoy busca a su padre, Edmundo Reyes Amaya, ella ignora si el pertenece al Ejercito Popular Revolucionario (EPR), desde el pasado 25 de mayo se encuentra desaparecido, Nadin a recurrido con el Lic. Jesús Urioste encargado del departamento del programa de presuntos desaparecidos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, le tomaron declaración argumentado que ellos verían que podían hacer y no ha pasado nada. Se acerco a la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, en México D.F. y ahora en Oaxaca, organismo que es el único que se ha mantenido cerca de Nadin, a pesar de las declaraciones que se han hecho por parte tanto del EPR, como de los gobiernos estatal de Oaxaca y federal quienes han negado que Edmundo se encuentre detenido en algún penal, lo triste de estos casos es que tal pareciera que el día de hoy algunos medios de comunicación al acercarse a Nadin pretenden les de respuestas de las acciones del EPR, o tratan de responsabilizarla de lo que ha sucedido, tal pareciera que el verdugo, fuera Nadin, la situación de Nadin en este momento es desesperación. La angustia a lo desconocido, la sensación de un doble discurso generan el cualquier ser humano como lo maneja (el autor de la "TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA") una situación de psicosis, al no checar lo que se ve y lo que se habla, este es el mensaje que el sistema gubernamental ha dejado en Nadin, como se ha manejado en todas las entrevistas que ha dado lo único que reclama es la presencia de su padre.
México es un país rico en bellezas naturales excelentes para el turismo, un país productor de petróleo, un país con energía, y poco a poco lo hemos ido deforestando las selvas, contaminando las playas, acabado la reservas del petróleo, y con energía eléctrica asegurada por….5 años más. La conclusión, nos acabamos todo y seguimos siendo pobres y los gobernantes en los últimos 30 años se la han pasado echando la culpa al régimen anterior, bueno el único presidente mexicano que asumió su responsabilidad histórica fue Díaz Ordaz, y ya ven como nos fue.
¿Y entonces la pregunta es donde se encuentran?, ¿quién responde por esta guerra sucia?, ¿A QUIEN RECURRIMOS? Si la autoridad se sigue manejando con dobles mensajes, no vamos a justificar los diferentes sucesos que se están dando pero la pregunta es ¿la vida de un hombre debe dejarse a un lado? ¿la especulación de si pertenece a un partido, organización etc, da derecho a desaparecerlo?¿quien tiene las respuestas a los diferentes sucesos que se dan a diario en el país, ¿quién realmente es responsable de la desaparición de la vida de un ser humano, como tu padre, tu madre, hermano, hijo, hermana; tu mismo? debemos replantearnos? quien es el juez y quien el juzgado?, replantear si es esta la forma en la que se debe seguir ejerciendo la ¿JUSTICIA?.
Los homicidios, la tortura, la incomunicion, las detenciones arbitrarias, en general las violaciones a los derechos humanos no se pueden justificar independientemente de la postura ideológica que uno tome.
Zócalo comerciales
Fco. Javier Chaín Revuelta
Se tiene noticia que el costo de las campañas políticas desde los “topes” (más lo que usted quiera agregarle) resultan en millonarias cifras. Los contadores coinciden con las revelaciones de Ye Gon de que los anuncios prepagados en radio y televisión es lo que encarece las campañas políticas, por tanto, el muy nuevo Código Electoral del Estado de Veracruz se quedó cojo y con muy débil latido, al no prohibir a todo partido la contratación de espacios de campaña en TV y radio, así como en no contemplar espacio y volumen equitativo en radio y televisión a todo partido dentro del tiempo reglamentario que las empresas de comunicación deben aportar por ley al Estado.
Se tiene noticia que dos fieles candidatos a diputado y otro a edil han filmado (con fondo rojo, para que no se preste a subliminales sospechas) y grabado en el zócalo “21 de Mayo” promociones de campaña que más pronto que tarde televisoras y radiodifusoras los transmitirán hasta el cansancio, como hasta el cansancio aumentarán sustancialmente sus ingresos tales medios de masiva comunicación. Esto último el lector podrá confirmarlo con la facturación y costo que seguramente el IVE, cumpliendo sus legales funciones, contabilizará puntualmente para podérselo informar a usted y a todo curioso ciudadano que así lo solicite. También se espera que para esas fechas el nuevo Instituto Veracruzano de Acceso a
Hay que recordar, para que no suceda lo mismo en estas próximas campañas estatales, que dinero de Ahumada o de los Amigos de Fox (en la región quedan varios en el presupuesto) entró ilegalmente en las campañas políticas, al igual que ahora se acusa al ifeugalde y tribunalicio calderón de usar en campaña el seudoefredino dinero de don Ye Gon, conocido ahora como el financiero chino de la derecha.
Los analistas nacionales aseguran en torno a los recursos descubiertos e incautados en una casa de Las Lomas, propiedad de Ye Gon, que tal hecho va en contra del sistema electoral y en contra del estado de procuración de justicia, que no es transparente. La procuración de justicia, que no debe ser del Ejecutivo, sin embargo, lo es. La procuración de justicia es un instrumento político del Ejecutivo.
Las investigaciones y revelaciones de que Ye Gon hizo favores políticos en campaña, es un asunto ilegal, y todo lo ilegal es asunto grave. El que haya dinero y favores políticos de empresarios y particulares en las campañas políticas y se viole la ley en los montos de campaña es asunto grave y delicado. Aparte de lo anterior resulta grave y muy inmoral que en medio de la infinita pobreza y miseria que padecen todos los ciudadanos de este distrito, partidos y autoridades, tiren el dinero a millones en anuncios de TV y radio para decirnos que este u otro sujeto igual o peor que usted o cualquiera es el “indicado” para desgraciar a la patria mientras tira el dinero del presupuesto en sus torpes, inútiles y particulares antojos. fjchain@hotmail.com
Instalan retén en Oaxaca para evitar Guelaguetza popular
Oaxaca, Oax., 14 de julio. Soldados y policías federales y estatales acordonaron hoy el auditorio del Cerro del Fortín e instalaron un retén sobre la carretera internacional Cristóbal Colón, que comunica dicho lugar, para evitar que el movimiento magisterial y popular realice la Guelaguetza popular programada para el próximo lunes.
En el puesto de revisión instalado en el carril de circulación oriente a poniente, los agentes detienen y revisan autobuses, camiones, camionetas y vehículos particulares, además de a sus conductores, "para detectar armas de fuego o explosivos y no para reprimir a miembros de movimientos sociales", según dijo Sergio Segreste Ríos, secretario de Protección Ciudadana.
El operativo Guelaguetza 2007, subrayó el funcionario, también tiene la finalidad de evitar que el auditorio sea objeto de un atentado con explosivos. "Es una instalación estratégica y un hecho así sería de repercusión internacional", señaló.
El funcionario dijo que ni la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ni la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) han solicitado permiso para ocupar el auditorio. "Si no hay permiso, hay que poner orden", señaló, a pesar de que en el mismo sitio Beatriz Paredes Rangel, dirigente nacional del PRI, encabezó ayer un mitin con candidatos a diputados locales.
En el operativo participan elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Federal Preventiva, de la Agencia Federal de Investigación, además de las policías ministerial y preventiva del estado y municipal de Oaxaca.
Conductores de vehículos se quejaron que los policías, principalmente, actúan con prepotencia durante las revisiones.
La APPO, en "alerta máxima"
Para prevenir enfrentamientos la APPO decidió cambiar la sede de la Guelaguetza popular. La asamblea se declaró en "alerta máxima" ante la "militarización" de la ciudad y por el riesgo de otra represión masiva contra el movimiento magisterial y popular. "Los fascistas de los gobiernos federal y estatal se aprestan nuevamente a derramar la sangre del pueblo por pretender solamente celebrar sus fiestas", afirmó Florentino López Martínez.
Incluso, dijo, la administración estatal ha advertido a los medios de comunicación, principalmente a Televisa y Tv Azteca, que envíen a cubrir los acontecimientos a reporteros "con experiencia como corresponsales de guerra", por "la violenta ofensiva que se desatará contra el pueblo".
La APPO exigió a la Federación asumir su responsabilidad y ordenar el retiro del Ejército y de las corporaciones federales, con el propósito de detener un "nuevo baño de sangre", porque el auditorio del Cerro del Fortín es del pueblo, no del gobierno. "No pueden impedir que el pueblo utilice los espacios públicos", apuntó.
Destacó que la "militarización" de la ciudad de Oaxaca "muestra la debilidad y el temor del tirano", Ulises Ruiz Ortiz, y del presidente Felipe Calderón Hinojosa, "por la reunión de miles de oaxaqueños".
En medio de todo esto se inició esta tarde la Guelaguetza popular con un convite con la participación de los pueblos y comunidades indígenas de las regiones que bailarán durante la celebración.
Alertan en el DF sobre intromisión de "observadores"
Elige hoy PRD delegados a congreso extraordinario
Hoy dos grandes bloques perredistas -encabezados por el Frente Político de Izquierda (FPI) y Nueva Izquierda- se disputarán el nombramiento de delegados al décimo Congreso Nacional Extraordinario para discutir y aprobar cambios al programa, principios y línea política del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Pese a que las corrientes que los forman se comprometieron a actuar de manera respetuosa y responsable en el proceso, comenzaron a circular denuncias sobre irregularidades, así como señalamientos contra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por excluir de los comicios a militantes que radican en Estados Unidos.
Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió recientemente en su favor, para que se emitieran las convocatorias que les permitieran contar con representantes para éste y otras instancias de participación, según explicó Pedro Castillo, de la Coalición Binacional Democrática, el Consejo Nacional determinó postergarlas hasta septiembre.
Un reporte de observadores del proceso en el Distrito Federal -copia del cual fue entregada a este diario- denuncia que personal de la delegación Azcapotzalco solicitó a ancianos, por ejemplo, credencial de elector y número telefónico, con el amago de retirarles el apoyo económico que mensualmente les brindan si hoy no votan por la planilla 3, de Alejandro Encinas.
Se asentó que en Coyoacán el jefe de mercados fue denunciado por afiliar a personas, y en Miguel Hidalgo la planilla de René Arce, de Nueva Izquierda, "ha ofrecido a los vecinos de asentamientos de alta pobreza 350 pesos para cubrir el domingo y acarrear gente".
También se halló "un volante de un programa de vivienda que ofrece incluir a personas en el padrón de beneficiarios", aunque no indica por quién hay que votar.
Tras las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006, el Consejo Nacional del PRD decidió realizar el décimo congreso nacional, con carácter de extraordinario, del 16 al 19 de agosto siguiente, considerando que en "dos proyectos se disputan la conducción económica y política de la nación: "el de la derecha, que defiende los privilegios de los grupos oligárquicos, representada por PRI y PAN, y el de la izquierda, que propugna por la justicia social, representada por PRD y las fuerzas democráticas y progresistas agrupadas en el Frente Amplio (Progresista) y la Convención Nacional Democrática".
Ante ello se plantea en la convocatoria al congreso que el partido "necesita renovarse para asumir las grandes responsabilidades que le impone la nueva etapa en la vida política del país, discutir y resolver sobre la estrategia y la línea política a seguir, sobre la articulación de las fuerzas de izquierda, y consolidarse como un partido moderno y democrático".
Los representantes que discutirán y aprobarán al respecto son los que hoy serán elegidos a escala nacional.
La pugna se centra básicamente en dos bloques: el de Nueva Izquierda, de Jesús Ortega y Jesús Zambrano, con algunos de sus aliados -preponderantemente los Cívicos, de Mario Saucedo, y Alianza Democrática Nacional, del senador Héctor Bautista en algunos estados- y el FPI -integrado por la expresión bejaranista Izquierda Democrática Nacional; Izquierda Social, de Martí Batres; UNIR, de Armando Quintero, Foro Nuevo Sol, con la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, a la cabeza, y el grupo del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard-, que impulsa a Alejandro Encinas para delegado y presidente nacional del partido.
También están las expresiones que actuarán de manera independiente, como Movimiento por la Democracia, al cual pertenecen el senador Pablo Gómez y el coordinador de los diputados perredistas, Javier Gónzalez Garza.
Hasta ahora 4 mil 289 candidatos a delegados se han registrado. De éstos unos 500 no aparecen en el padrón de afiliados del PRD, según ha reconocido el Servicio Electoral y de Membresía.
El partido cuenta con 5 millones 102 mil 283 empadronados con datos debidamente verificados y validados; 981 mil 709 aparecen como inconsistentes y mil 738 afiliados son menores de 18 años y mayores de 15.
Se calcula que al menos un millón de personas pueden participar en el proceso. Sin embargo, hay grupos, como Movimiento por la Democracia, que insisten en señalar que dentro del CEN hubo corrientes que "sabotearon" al publicar la ubicación de casillas, al menos en el Distrito Federal, para orquestar el "uso de fuerzas corporativas" en la elección, explicaron Inti Muñoz y Alfonso Ramírez Cuellar.
Según el comité organizador del congreso, hay inscritas 297 planillas, y una de las entidades donde mayor competencia se producirá es el estado de México, donde competirán 38.
De esta elección deben resultar electos mil 100 delegados, de los casi 2 mil que habrá en el Congreso, algunos de los cuales cuentan con pase automático por ser presidentes, secretarios generales o consejeros nacionales, entre otros. Sin embargo, desde semanas atrás en el partido se estuvo trabajando para conseguir acuerdos de unidad que permitirán que 200 sean nombrados de facto.
Nueva Izquierda registró planillas por lo menos en 27 estados; Movimiento por la Democracia lo hizo en 20, y el FPI en 22.
Resalta que para la contienda sólo se registró un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México como observador del proceso.
Ayer por la tarde la presidenta del Servicio Electoral en el Distrito Federal, Leticia Iglesias, informó a los funcionarios de casilla, representantes de planilla y afiliados del PRD capitalino, que se les exhorta a no permitir la presencia de "observadores" de la Asamblea Legislativa del Distrio Federal, ni en las casillas ni en el partido.
En un comunicado, explicó que la comisión especial para vigilar la no utilización de recursos públicos y/o programas sociales con fines político electorales de la ALDF, "extralimitándose en sus facultades, acordó observar el proceso interno de elección de delegados al congreso. Es decir, personas ajenas a nuestro partido, de PAN, PRI, PVEM, PASC, Panal y PT, intentan inmiscuirse".
Por ello les pide que en caso de que algunos de estos "observadores interfieran en nuestro proceso electoral", informen de inmediato para tomar las medidas del caso.
El tricolor analiza expulsar a su líder estatal; acusan a Cota de tirar línea en postulación
Dividen a PRI y PRD procesos internos en BCS con miras a elecciones de 2008
La Paz, Bcs, 14 de julio. Los procesos internos de selección de candidatos a la gubernatura con miras a las elecciones del primer domingo de febrero de 2008 en Baja California Sur provocaron división en los partidos de la Revolución Democrática (PRD) -que es gobierno en la entidad- y Revolucionario Institucional (PRI). En el tricolor se analiza incluso una solicitud de expulsión del dirigente estatal, Juan Manuel Amador Origel, por traicionar e intentar dividir al instituto político.
Los consejeros estatales de Nueva Izquierda e Izquierda Democrática Nacional, encabezados por Víctor Guluarte Castro y Ricardo Gerardo Higuera, respectivamente, abandonaron hoy la sesión del Consejo Político Estatal del PRD al considerar que el dirigente nacional, Leonel Cota Montaño, "tiró línea" para favorecer a su hermana Rosa Delia en la elección del candidato a la presidencia municipal de La Paz.
Guluarte Castro, precandidato a la alcaldía de La Paz, señaló que sus propuestas con relación a la convocatoria para elegir los candidatos a alcaldías, regidurías y diputaciones fueron desechadas y mayoriteadas por las que presentó Cota Montaño, quien incluso llevó consejeros que colaboran con él en la ciudad de México y nunca se presentan a las sesiones del Consejo Político Estatal.
Cota Montaño respondió que los términos de la convocatoria fueron aprobados por unanimidad por los consejeros que se quedaron hoy en la sesión y el desacuerdo se centró en las fechas para las elecciones internas y no en su parentesco con Rosa Delia Cota Montaño, "quien tiene todo el derecho de participar como aspirante a la presidencia municipal de La Paz, pues no lo impide ninguna regla del partido".
Según el acuerdo del consejo, la selección de candidatos se hará por consulta abierta a la ciudadanía, en dos tiempos: el 9 de septiembre a alcaldes y el 30 del mismo mes a diputados.
Ellos, dijo, querían primero una sola fecha para elegir a todos los candidatos y no se aceptó por la mala experiencia de Zacatecas; luego, cuando todo apuntaba a un acuerdo para que el proceso se dividiera en dos tiempos, abandonaron la sesión, pues no estuvieron de acuerdo con el día en que se celebrará la elección de candidatos a alcaldes; "la diferencia fue una semana", aclaró Jesús Druk González, dirigente estatal del PRD.
El Consejo Político Estatal del PRI, por su parte, determinó la integración de una comisión especial para que sustente la solicitud de expulsión de su dirigente estatal, Juan Manuel Amador Origel, al que acusaron de traicionar e intentar fracturar al partido en esta entidad.
Román Pozo Juárez, representante del sector popular del PRI en el estado, acusó a Amador Origel de simular el trabajo en la dirigencia, pues ese instituto político no cuenta con una estructura formal ni con los consejos políticos municipales necesarios para la celebración de los procesos internos para elegir a los candidatos del partido con miras a las elecciones del próximo año.
Dijo que el Consejo Político priísta permanecerá en sesión permanente hasta contar con una decisión del Comité Ejecutivo Nacional con relación a la solicitud que se le presentará y poder elegir a un nuevo presidente del PRI en el estado.
Expresó que los cambios y la estructuración del PRI en el estado son básicos en vista de que el propio Consejo Político Estatal decidió hoy buscar una alianza con el PAN y el Verde Ecologista para contar con candidatos comunes y derrotar al PRD en las elecciones del primer domingo de febrero de 2008, cuando se renovarán alcaldías y Congreso local.
En 10 días sólo ha recabado mil 634 firmas; necesita 36 mil para presentarla a la ALDF
Infimo apoyo ciudadano a propuesta panista para regular manifestaciones
El PRI-DF califica la iniciativa de imposición autoritaria, xenofóbica y clasista, y presenta la propia
blanquiazul para reglamentar las manifestaciones" height="143" width="200"> A 10 días de haber dado a conocer su iniciativa con proyecto de decreto para crear la ley de manifestaciones públicas para el Distrito Federal, el Partido Acción Nacional (PAN) sólo ha recabado mil 634 firmas de apoyo, de las más de 36 mil -es decir, lo equivalente al 0.5 por ciento del padrón electoral local- que requiere para presentarla a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) bajo la modalidad de iniciativa ciudadana.
El PAN capitalino se fijó un plazo de tres meses para recolectar las firmas; sin embargo, de mantener este ritmo apenas llegaría a cerca de 15 mil, ya que hasta ayer ha conseguido, en promedio, 163 firmas al día.
Lo anterior se deduce de las cifras que aparecían ayer a las 21 horas en la página de Internet del PAN capitalino, en el apartado de Marcha en Orden.
La propuesta, elaborada por la diputada local Kenia López Rabadán, prohíbe que "en cualquier asamblea, reunión, plantón, protesta, manifestación o marcha, sus integrantes profieran injurias, insultos, amenazas, empleen violencia contra las personas, dañen los bienes de dominio público o privado, o afecten el libre tránsito de las personas".
Las manifestaciones sólo podrían realizarse entre las 11 y 18 horas, en parques, jardines, áreas verdes, explanadas, zonas de recreo, centros deportivos y algunas vialidades, para la cual los organizadores tendrían que notificar a la Secretaría de Gobierno con una anticipación de 72 horas.
Se obligaría al gobierno de la ciudad a disolver cualquier protesta, marcha, plantón o manifestación cuando sus integrantes alteren el orden público, dañen bienes o afecten las vialidades y el libre tránsito, con lo que además se harían acreedores a una sanción.
Incluye un capítulo de los derechos de terceros en el que se advierte que los participantes de las manifestaciones que causen daños a terceros, responderán directamente por éstos de manera subsidiaria. Mientras que el jefe de gobierno capitalino responderá solidariamente a los propietarios de los inmuebles que resulten dañados o destruidos durante el desarrollo de la marcha.
Rechazo tricolor
La iniciativa panista fue descalificada ayer por el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) capitalino, Jorge Schiaffino, al considerar que se "violentan más derechos de los que se tratan de defender".
El también coordinador de la bancada priísta en la ALDF advirtió que la reglamentación de las marchas debe ser parte de un proceso de cultura cívica, "no una imposición autoritaria, xenofóbica y clasista como se ha planteado en la protesta mediática e inviable del PAN".
Ayer, el PRI capitalino inició en el Angel de la Independencia su campaña de difusión de su propuesta en la materia, durante la cual Schiaffino Isunza reiteró que los diputados locales y federales, así como senadores del tricolor impulsaron modificaciones a los artículos 6, 9 y 11 de la Constitución, "para que, sin afectar los derechos de los ciudadanos, cada entidad federativa, incluyendo el Distrito Federal, pueda regular y evitar marchas y bloqueos".
