Detectan ausentismo de ediles en Córdoba.

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*** Pese a haber votado a favor de los acuerdos del IEV.

Felipe Villanueva Sánchez
Córdoba, Ver.- Pese a que el Instituto Electoral Veracruzano, emitió un acuerdo a todos los ayuntamientos en donde exhortaron a los servidores públicos a evitar caer del irregularidades o infracciones al código electoral, en el ayuntamiento de córdoba se han detectado constantes ausentismos de varios ediles en esta etapa de proselitismo y por lo menos dos de ellos en la comuna cordobesa, se han ausentado precisamente en sus horarios de trabajo.

Asimismo y a pesar de estar de acuerdo con estas disposiciones, por lo menos Gustavo López García, regidor priista ha sido observado en apoyo de plena campaña proselitista de su candidato a la diputación, sin que hasta el momento haya renunciado a su cargo o pedido licenciada para poder actuar de esta forma, contradiciendo su aceptación ante el citado acuerdo que emitió el IEV la semana pasada.

Por otro lado Jesús Moreno Torres, regidor noveno de la citada comuna, aún sigue siendo el coordinador de campaña de su candidato por el partido Convergencia por la Democracia, y en horas hábiles como así lo señala el acuerdo, se ha prohibido, él las ha utilizado para encabezar el itinerario del aspirante a la alcaldía por Córdoba.

Como oportunamente se publico en este medio de comunicación, este edil, señala y asegura que la ley es ambigua en algunos aspectos, porque mientras existe un acuerdo por el Instituto Electoral Veracruzano, por otro lado es amparado como servidor público por la propia Legislatura del estado. "Lo cierto es que el edil posiblemente no resulte afectado, pero sí su candidato y su partido por contravenir a esas disposiciones; además que de aplicarse la ley, esta irreverencia podría costarle un proceso judicial en su contra, ya que se debe al servicio del pueblo en donde los mismos intereses populares podrían exigir cuentas al servidor público no al político", explicaron ediles del mismo ayuntamiento.

El derecho humano a no ser pobre

Roberto Bissio

Red del Tercer Mundo

Si en algo ha avanzado el mundo desde el fin de la Guerra Fría en 1989 ha sido, sin duda, en el respeto a los Derechos Humanos (así con mayúscula) y en el fortalecimiento de los mecanismos para hacerlos efectivos.

Así, en los últimos años se ha creado una Corte Penal Internacional para juzgar a criminales de guerra, se ha expandido el concepto de crímenes de lesa humanidad para incluir la “limpieza étnica”, las desapariciones forzadas y las violaciones en contextos de conflicto, y se ha suplantado a la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por un Consejo con mayor peso político.

Mientras tanto en el mundo real cada tres segundos muere un niño por causas vinculadas a la pobreza. “Es un crimen”, comenta cualquier hombre o mujer de la calle cuando se le pide opinión sobre la muerte de mil inocentes por hora por causas que se evitarían fácilmente vacunando o proveyendo agua potable, pero ese crimen no ha tenido jamás criminales identificables a los que se pueda llevar al banquillo de los acusados.

Para cambiar esa situación y defender el derecho a la vida de los pobres, Luise Arbour, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha convocado a una consulta mundial sobre un documento titulado “Pobreza Extrema y Derechos Humanos: los Derechos de los Pobres”, en el que se incluyen “principios rectores” concretos para que los derechos humanos también lleguen a los pobres, incluyendo en algunas circunstancias el reclamo de castigo a los culpables (el texto completo se encuentra en: www.ohchr.org/english/bodies/subcom/docs/58/A.HRC.Sub.1.58.36_sp.pdf). El Consejo de Derechos Humanos va a considerar estos principios, a la luz de los resultados de esta consulta mundial, y podría aprobarlos, probablemente con algunas modificaciones, en 2008, sesenta años después de que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamara como la aspiración más elevada “el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”.

Los principios rectores definen a la pobreza no como falta de dinero sino como “una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales”. La extrema pobreza y la exclusión social son “una violación de la dignidad humana” y como los pobres son personas “con derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos humanos” es legítimo que “exijan” políticas y programas nacionales e internacionales para erradicar la pobreza, y participación en su definición. Los Estados, por su parte, tienen la “obligación” de actuar “con eficacia” contra la pobreza extrema y los países más ricos la obligación de cooperar con los más pobres en este sentido.

La violación de estos principios por parte de “los Estados, las organizaciones intergubernamentales, las empresas nacionales y transnacionales o las ONG”, ya sea deliberada o por negligencia, será considerada como una violación a los derechos humanos “y sus autores deberán responder de ella, con las consecuencias jurídicas que se deriven”.

No se castiga a ningún gobierno porque el país sea pobre, pero sí se condena la adopción de medidas que lleven al empobrecimiento de su población. Así, por ejemplo, el documento abunda sobre el derecho al agua potable y especifica que “la negligencia, la omisión o la planificación que provoquen la falta de servicios de abastecimiento de agua deben considerarse un atentado contra la vida humana. De igual manera, la destrucción de los medios de abastecimiento de agua, la venta de los derechos sobre el agua, la privatización de los recursos hídricos y su gestión que priven a las poblaciones de acceso al agua potable deben considerarse una vulneración de ese derecho”.

En relación a la salud, los principios establecen la obligación del Estado de “garantizar la cabal realización de ese derecho”, con “un trato digno, respetuoso y humano” a los pobres. “En las situaciones en que su capacidad de respuesta se ve rebasada, el Estado tiene la obligación de pedir ayuda a la comunidad internacional y ésta debe concedérsela inmediatamente”. En contrapartida, “toda negligencia de los responsables de la ejecución de los planes de prevención o atención y toda planificación errónea, inadecuada o malintencionada que causen la muerte de personas deben dar lugar al enjuiciamiento y castigo de los culpables, tanto en el plano nacional como en el internacional”.

Asimismo, “el robo, la corrupción, el tráfico, el mercado negro o cualquier otro delito relacionado con vacunas, medicamentos, material quirúrgico o de otro tipo destinados a la asistencia médica deben castigarse severamente y, según su importancia, considerarse como crímenes de la mayor gravedad y ser perseguidos y juzgados por tribunales competentes. Las víctimas o sus derechohabientes tienen derecho a reparación”.

Similares principios se aplican con relación al derecho a la alimentación, frente al cual deben considerarse como violaciones a los derechos humanos “y ser punibles con penas ejemplares” la corrupción, el contrabando de alimentos, el robo de asistencia internacional humanitaria, la alteración voluntaria de alimentos destinados a la población, la distribución de alimentos caducados y cualquier otro acto culposo del mismo orden”.

El documento explicita, además, los derechos a la vivienda, al trabajo, a la educación y a la cultura, en un marco de pleno goce de los derechos civiles y políticos por parte de los pobres y de condena a la discriminación. La cooperación internacional es un “deber” y no debe restringirse solo a la ayuda, sino que “debe acompañarse de medidas adecuadas en materia de comercio internacional, desarrollo de mercados e inversiones” y “anulación de la deuda externa”. Las organizaciones públicas y privadas (las ONG) dedicadas a combatir la pobreza deben tener altos niveles de transparencia y responsabilidad y “tienen la obligación de hacer públicos sus programas, dar a conocer sus métodos y objetivos, así como su financiamiento, y rendir cuentas de sus acciones”.

Los principios van sin duda a producir polémicas. La equiparación de la prostitución con el trabajo forzoso, por ejemplo, se afilia con las tesis prohibicionistas con relación al trabajo sexual y obligaría a revisar la legislación en los países que han preferido formalizarlo. Pero esos detalles no disminuyen el enorme valor de una propuesta que avanza hacia hacer exigibles los derechos económicos sociales y culturales, muchos de ellos consagrados incluso en constituciones, pero que carecen hasta ahora de un marco legal internacional que los vuelva efectivos.

UNA CONSULTA MUNDIAL La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha convocado a opinar sobre el mismo a “los Estados, los organismos de las Naciones Unidas, (...) las organizaciones intergubernamentales, las instituciones nacionales de derechos humanos, las ONG, especialmente aquellas en que expresan sus opiniones las personas en situación de extrema pobreza y otras partes interesadas”, o sea a todo el mundo.

Los comentarios deben dirigirse, antes del 1 de setiembre, a: Jefe, Subdivisión de Investigación y del Derecho al Desarrollo Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Palacio de las Naciones, CH-1211 Ginebra, Suiza Fax: (41 22) 9179008

Roberto Bissio es director ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo.

No es sólo la prohibición del aborto: la agenda global de la derecha cristiana

Yifat Susskind

Znet

Tras la conmoción inicial causada por el reciente fallo del Tribunal Supremo que confirma la prohibición del aborto decretada por el Presidente Bush, ha llegado el momento de asumir la plena realidad de esta decisión. De acuerdo con el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, que representa al 90% de los ginecólogos y tocólogos en los EE. UU., este fallo es nocivo para la salud de las mujeres. Pero la decisión del Tribunal afecta a muchas más cuestiones además del derecho de las mujeres a poner fin a un embarazo de forma segura. Es así porque el Tribunal Supremo de nuestros días es producto de la administración Bush (el voto de los nuevos jueces Roberts y Alito fue decisivo); y la administración Bush es un producto de la derecha cristiana. Todos los que han visto como la derecha cristiana recorta el acceso al aborto y la separación entre iglesia y estado saben que la criminalización del aborto no es más que la punta del iceberg cristiano fundamentalista, y que su agenda tiene un alcance global.

Globalizando la guerra de la cultura

Hoy en día, la Regent, la universidad de más prestigio del ala abiertamente teocrática de la derecha cristiana, tiene a 150 ex alumnos trabajando en la administración de Bush. La misión de su alma mater es ofrecer "un liderazgo cristiano para cambiar el mundo". Anular la sentencia Roe contra Vade [Histórica decisión del Tribunal Supremo en 1973 que legalizó el aborto, N. T.] en los EEUU ha sido su preocupación central, pero en cuanto misionarios que son, el campo de batalla de la derecha cristiana es el mundo entero. Los activistas de la derecha cristiana reconocieron hace años que no estaban ganando batallas decisivas en la "guerra de la cultura" nacional. Pero se dieron cuenta también de que la corriente dominante dentro del movimiento de las mujeres quedaba en su mayoría fuera de los debates de política exterior. En comparación con la política nacional, la política exterior era una zona libre de feministas, y así pues la derecha cristiana irrumpió.

Desde 2000, con uno de los suyos al fin en la Casa Blanca, los fundamentalistas religiosos han vuelto su atención hacia la política exterior de EEUU como nunca lo habían hecho antes. Comenzaron allí donde empiezan todos los fundamentalistas religiosos: haciéndose con el control de los cuerpos de las mujeres. Para ellos, la subordinación de las mujeres es al mismo tiempo un microcosmos y una condición previa para el mundo que quieren crear. Y todos saben que una manera absolutamente segura de subordinar a la mujer es evitar que controle su fertilidad. Al fin y al cabo, si no puedes decidir si tener hijos o no, o cada cuánto tiempo tenerlos, o ni siquiera con quién, ¿qué puedes decidir?

Ésa es la razón por la que la primera gran recompensa que recibió de Bush la derecha cristiana fue la reinstauración de la "regla de la mordaza global" ("global gag rule"), por la cual las organizaciones que reciben fondos de EE. UU. tienen prohibido asesorar, mencionar o informar sobre el aborto. Esta regla, promulgada el segundo día que Bush estuvo en su cargo, ha obligado no sólo a quienes facilitan los abortos, sino a clínicas enteras a cerrar; todas ellas en los países más pobres del mundo, donde la asistencia sanitaria depende de la ayuda internacional. La ONU estima que al negar a las mujeres el acceso a los anticonceptivos y a una gama de servicios médicos, la regla de la mordaza de Bush ha dado lugar a dos millones adicionales de embarazos no deseados, y ha causado la muerte de más de 75.000 bebés y niños de corta edad. Además, dado que hay una relación directa entre la capacidad de las mujeres de controlar su fertilidad y su capacidad de escapar de la pobreza, la regla de la mordaza infringe una serie de derechos económicos y sociales, además de los derechos reproductivos de las mujeres.

Santificando las Naciones Unidas

El fundamentalismo religioso lo inventaron los protestantes estadounidenses a finales del siglo XIX, pero ahora hay poderosos movimientos fundamentalistas en América Latina, Europa oriental, África, Oriente Próximo y el Sudeste Asiático, todos esforzándose por restringir los derechos de las mujeres en el nombre de la religión. Muchos de ellos se hicieron fuertes durante la Guerra Fría, cuando EE. UU. apoyaba a grupos fundamentalistas como un antídoto contra la influencia de la Unión Soviética y los nacionalistas laicos.

La difusión del fundamentalismo religioso ha contribuido a transformar las Naciones Unidas, que ha pasado de ser la "institución impía" vilipendiada por la derecha cristiana a convertirse en un ruedo de potenciales aliados, lista para ser infiltrada. Bajo Bush, los fundamentalistas religiosos han sido nombrados para que representen los EE. UU. en conferencias internacionales sobre salud y derechos humanos. Se han aliado con el Vaticano (que goza en la ONU de un estatus casi gubernamental), Irán y otros que pretenden deshacer y rediseñar la agenda de la ONU. Como dijo Austin Ruse, presidente del Instituto Católico de la Familia y los Derechos Humanos, con sede en EE. UU., que "supervisa la actividad de la ONU": "si no hubiera sido por países como Sudán, el aborto se habría reconocido como un derecho humano universal en un documento de la ONU".

Cuando otros países han mostrado poca lealtad hacia los valores fundamentalistas, los fundamentalistas religiosos estadounidenses han llevado a cabo abiertas maniobras de intimidación en la ONU. Estos delegados se han sentido doblemente autorizados, como emisarios de la "única fe verdadera" del mundo y su única superpotencia. A lo largo de los últimos seis años, el poder global sin parangón de los EE. UU., económico, político y militar, ha permitido a los fundamentalistas cristianos imponer políticas internacionales de salud pública y derechos humanos que han acarreado graves consecuencias para las mujeres en todo el mundo. Bajo Bush, han conseguido negar la píldora del día después a las mujeres de Kosovo que sobrevivieron a violaciones, y han bloqueado el acceso a los condones y a la educación sexual en el África asolado por el SIDA.

Volviendo a casa

En la mayoría de los casos, estas políticas no le han costado votos al Partido Republicano, pues no incidieron sobre las mujeres en EEUU, al menos no al principio. Pero el ataque estadounidense sobre los derechos reproductivos de las mujeres en el extranjero, seguido del reciente fallo del Tribunal Supremo, es un crudo recordatorio de que, cuando se trata de ideología, no hay política exterior. La derecha cristiana se esfuerza por restringir los derechos de las mujeres en la nación, igual que lo han hecho a nivel internacional; como parte de una "visión" coherente que incluye mucho más que un mundo sin abortos.

No tenemos más que fijarnos en los países donde los fundamentalistas religiosos se han salido con la suya en política para ver a dónde le gustaría llevarnos a la derecha cristiana de EE. UU. Los fundamentalistas de diferentes religiones se basan en textos diferentes y actúan en culturas y contextos diversos. Pero cuando se trata de su rígida y retrógrada ideología de género, tienen muchos más puntos en común que diferencias. La agenda de la derecha cristiana incluye restringir los derechos de las mujeres al trabajo, a la igualdad ante la ley, a la educación y a estar libres de una serie de abusos de los derechos humanos basados en el género, entre ellos la violencia doméstica y la violación dentro del matrimonio. Y la "visión" de la derecha cristiana va más allá del ataque a una noción estrecha de los "derechos de las mujeres". Apuntan a más militarismo del tipo mesiánico que caracterizó la respuesta de Bush al 11 de septiembre (que él llamó, inicialmente, una "cruzada"), y a más políticas económicas neoliberales que prometen una ruina mayor para los pobres del mundo y para la ecología.

El contraataque

¿Cómo podemos entonces oponernos a un movimiento que cuenta ya con millones de seguidores, y que ha invertido miles de millones en gabinetes, universidades, medios de comunicación y en máquinas de de ejercer presión con el fin de llevar a la práctica su agenda?

En primer lugar, va a hacer falta algo más que una política monotemática basada en una lectura estrecha de la opción reproductiva. En muchos lugares del mundo, las políticas coercitivas de "planificación familiar" que violan los derechos de las mujeres a tener hijos amenazan su libertad de reproducción del mismo modo que la falta de acceso al aborto. En todas partes, los derechos reproductivos deben ir ligados a los derechos sociales y económicos, de manera que todos los bebés dispongan de una vivienda digna, de suficiente alimento y de agua limpia, de un entorno saludable y pacífico y demás derechos consagrados por la Convención de Naciones Unidos sobre los Derechos del Niño. Bush, por más que alardee sobre los "derechos" de los fetos, está bloqueando un apoyo unánime a escala mundial a esta Convención. (Sólo hay otro país más que se niega a ratificarlo: Somalia, donde hace 16 años que no existe un gobierno).

En segundo lugar, tenemos que ampliar nuestra comprensión de los "asuntos de las mujeres". El ataque al derecho al aborto no es más que un aspecto de una agenda religiosa fundamentalista que amenaza no sólo la libertad de las mujeres, sino la paz y la seguridad internacionales, la supervivencia de las culturas indígenas, así como las tradiciones políticas democráticas y laicas en todo el mundo. Todas éstas son cuestiones de mujeres. En tercer lugar, necesitamos un nuevo diálogo progresista que dé más juego a las personas religiosas que se oponen a las agendas fundamentalistas, nutriéndose de su propia política basada en la fe.

En pocas palabras, necesitamos una estrategia que reconozca las conexiones entre los derechos reproductivos de las mujeres y toda la gama de derechos humanos, así como las que existen entre las mujeres de los EE. UU. y las mujeres en todo el mundo. No es que cada uno de nosotros deba ocuparse simultáneamente de todas las cuestiones políticas posibles. Pero siempre que nuestras convicciones nos impulsen a actuar, actuemos con la conciencia de cómo nuestra pequeña pieza del rompecabezas se ensambla en el conjunto del mundo que estamos intentando crear. Porque puede parecer que el fallo del Tribunal Supremo sólo tiene que ver con restringir el derecho al aborto, pero los que llevan años trabajando para conseguirlo ven la decisión como una batalla en la guerra por rehacer todo el mundo a imagen y semejanza de Jerry Falwell1.

Yifat Susskind es Directora de Comunicaciones de MADRE, una organización internacional sobre los derechos humanos de las mujeres. Es autora del recientemente publicado informe "Promising Democracy, Imposing Theocracy: Gender-based Vioence and the US Wa ron Iraq", al que se puede acceder en www.MADRE.org

• Título original: It's Not Just an Abortion Ban. The Christian Right's Global Agenda
  
• Autor: Yifat Susskind
  
• Origen: MADRE, 3 de Mayo de 2007.
  
• Traducido por Anahí Seri y revisado por Miguel Montes Bajo

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Caso Oaxaca: “Un grito en el desierto”

Caso Oaxaca: “Un grito en el desierto”

A un año de que José Jiménez Colmenares fuera asesinado, no hay avances en las investigaciones Foto: félix reyes

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pedro matías Oaxaca, Oax., 13 de agosto (apro).- A un año de que José Jiménez Colmenares fuera asesinado durante una manifestación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), no hay un solo detenido ni avance en las investigaciones, mientras su viuda, Florina Jiménez Lucas, continúa en espera de justicia, aunque a veces sienta que su lucha es un “un grito en el desierto”.

“Seguimos aquí aunque no seamos escuchados”, advierte la profesora, quien, aun cuando a veces piense que es utilizada políticamente, confía en que Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “dos instituciones serias”, presionen al gobierno mexicano para que se haga justicia; y los 23 crímenes cometidos durante el movimiento social no queden impunes.

El mecánico José Jiménez Colmenares fue el primer caído --el 10 de agosto de 2006-- durante la crisis social que se vivió en la entidad desde mediados del año pasado y de dejó por lo menos 23 asesinatos. El magisterio oaxaqueño ofreció un apoyo para los deudos, por medio de un fideicomiso de cinco millones de pesos. Sin embargo, ha pasado un año y la ayuda prometida tampoco ha llegado.

“No quisiera pensar que nos están cerrado la puerta; espero estar equivocada y sí recibamos la ayuda. Hasta ahorita no hemos recibido nada, hay mucho hermetismo, pero pensamos que es por la misma situación que esta muy crítica, y espero que nos den un espacio y nos tramiten los documentos que nos tienen que tramitar respecto al fideicomiso y a las medidas que nos han prometido”, afirma un tanto desilusionada.

Aunque admite que hay momentos en que se arrepiente de participar en el movimiento y se pregunta “¿tanto para nada?”. Sin embargo, la impotencia que siente al ver que pasa el tiempo sin que los culpables reciban castigo, le impulsa a continuar con su lucha. “Nos da aliento para tener fuerzas y salir adelante, pedir justicia y decir aquí estamos, existimos nosotras, estamos dañadas y no solamente nosotras, sino nuestros hijos”, señala.

Afirma que no sólo su vida cambió radicalmente --“dio un giro de 180 grados”--, también la sus hijos de 14, 11 y 5 años de edad, quienes hoy sufren las consecuencias del movimiento: “Aunque suene dramático, mis hijos no solamente perdieron un papá, sino que perdieron parte de su mamá, porque me he dedicado a buscar justicia, a participar con los organismos y, por eso, los abandono mucho.”

En la sala de su vivienda, desde donde se alcanza a ver la zona residencial de San Felipe del Agua, habitada, sobre todo, por la clase política oaxaqueña, la profesora Jiménez Lucas refiere que como consecuencia del asesinato sus hijos han tenido problemas emocionales y psicológicos, cambios de conducta, conflictos en la escuela, bajas calificaciones… “He visto que cuando un helicóptero sobrevuela y bajan a un personaje, mis hijos tiemblan de impotencia o de temor… Para ellos, ver a un policía no significa seguridad. Al contrario, significa inseguridad, temor, coraje…”, agrega.

“Siento que les afectó; hay cierto rencor hacia todo lo que vivimos. Los hizo madurar aceleradamente. Jamás los había metido en lo político y ahora hablan de todo y conocen a muchos.

“La verdad, si nos ha dañado mucho, porque dimos mucho… mis hijos dieron a su padre, yo di a mi pareja, él dio su vida y, la verdad, es tan doloroso que todo se muera así nada más. Lo triste es que para muchos nada sucedió cuando nosotros vivimos una situación familiar espantosa”, agrega.

A un año del crimen evoca a su marido como el “brazo derecho” en lo moral y en lo económico. “Ahora no hay quien me ayude (…) Él me ayudaba con la educación de mis peques, los llevaba a la escuela y luego pasaba por ellos, nos organizábamos bien (…) No puedo tener alguien que me ayude, por cuestión económica. Todo lo tengo que hacer sola.”

Con el semblante triste y el llanto controlado, Florina echa un vistazo a su vivienda. Después de meditar unos segundos, reconoce: “Me hace sentir muy mal ver la casa tan vacía, que ya no llega mucha gente, que la casa está abandonada y que prácticamente la usamos para dormir.”

La casa poco a poco se quedado vacía. Las visitas de antaño hoy no llegan y eso le hace sentir que “a veces” está siendo utilizada políticamente. “Así nos sentimos. No sé si sea nada más nuestra percepción de que políticamente fuimos utilizados. Espero estar errada y que no sea así, que no nada más cuando necesiten de nosotros nos llamen, sino que estamos puestas para todo. En esta ocasión, con la visita de la Comisión Interamericana, no habíamos tenido un especio, lo solicitamos y ya nos lo dieron.”

Señala que si en Oaxaca persiste la impunidad, “los asesinos no escaparán a la justicia divina”, aunque confía en que la CIDH y AI presionen al gobierno de Felipe Calderón y a Ulises Ruiz para que se haya justicia.

“No es justo que ellos (los muertos) dieron tanto, nosotros dimos tanto y vemos que los que siempre estamos encabezando las marchas somos los que fuimos dañados, estamos las viudas, los expresos, los familiares de los presos y cuando volteamos a ver nos damos cuenta que prácticamente estamos solos, que gritamos en el desierto”, lamenta.

Pide que, por lo menos, que los caídos sean recordados. Por lo pronto, este día la APPO realizó una procesión que salió del monumento a la Madre rumbo a la catedral de Oaxaca donde se ofició una misa. Antes hicieron una parada en la calle Niños Héroes donde cayó abatido por las balas José Jiménez Colmenares.

Niega policía haber golpeado a simpatizante de la APPO

Niega policía haber golpeado a simpatizante de la APPO

La víctima fue detenida herida: comandante; abogado califica de cínica la acción

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO

Oaxaca, Oax., 12 de agosto. La Policía Preventiva del Estado (PPE) se deslindó de la golpiza a Emeterio Marino Cruz, simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), al señalar que gendarmes de esta ciudad les entregaron al detenido "en el estado que actualmente se encuentra" en el Hospital de Especialidades.

Emeterio Marino fue detenido el 16 de julio pasado en las inmediaciones del cerro del Fortín, durante el enfrentamiento entre miembros de la APPO y agentes estatales y municipales. A la fecha el hombre continúa internado en el nosocomio a causa de los golpes que recibió.

En un parte informativo rendido por el comandante Gustavo Eduardo Castellanos Castellanos al Ministerio Público se dice que la víctima fue entregada, ya golpeada, a agentes de la PPE por elementos de la corporación municipal.

"Nos percatamos de que elementos de la Policía Municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez efectuaron la detención de otra persona del sexo masculino, quien también se encontraba causando daños y agrediéndonos, a quien posteriormente nos entregaron en el estado que actualmente se encuentra, manifestando llamarse Eleuterio Medina Cruz o Emeterio Medina Cruz", dice el documento suscrito también por el oficial Nabor Alonso Rojas Chávez y el policía segundo Alejandro Espinoza Hernández, fechado el día del enfrentamiento.

La PPE, dependiente de la Dirección General de Seguridad del Estado, trasladó a Cruz y a otros detenidos al cuartel de la Policía Ministerial del Estado, ubicado en el paraje Los Pinos, del municipio conurbado de Santa María Coyotepec.

En ese lugar Emeterio se "comenzó a quejar de las lesiones que presentaba y por tal motivo se solicitó el auxilio de una ambulancia de la Cruz Roja, que lo canalizó al Hospital Civil, (pero) debido a la gravedad de sus lesiones, lo canalizó posteriormente al Hospital de Especialidades", agrega el documento.

"Existen fotografías y videos"

El abogado de la APPO, Gilberto Hernández Santiago, consideró que la PPE pretende "cínicamente" con el parte informativo eximirse de alguna responsabilidad en la agresión a Marino Cruz, quien permanece grave en el hospital.

"Se están echando la bolita entre ellos, pero existen fotografías y videos donde aparecen policías municipales y preventivos golpeando con saña a Emeterio cuando estaba inerme", señaló.

En uno de los videos donde aparece el detenido recibiendo golpes de agentes municipales y preventivos, se escucha la voz del director de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz, quien interviene para que cese la agresión. "No se distraigan del objetivo, tranquilos", dice.

Karen Cruz Franco, hija de la víctima, dijo que su padre fue golpeado por policías de diferentes corporaciones y no sólo por agentes de la Policía Municipal de Oaxaca.

Rechazó que su papá haya participado en el enfrentamiento con la policía en las inmediaciones del Cerro del Fortín. "El estaba trabajando y dejó todo cuando se enteró que había problemas porque mi mamá había ido a la marcha con mi hermanito; se preocupó y fue a buscarla. Nunca agredió a nadie", asentó.

Notas del Proceso

Notas del Proceso

Asistencia militar condicionada

Nuevamente el imperialismo intenta someter nuestra soberania.

Jorge Carrasco A. y J. Jesús Esquivel Después de una negociación marcada por varios desencuentros, el paquete de ayuda que Felipe Calderón solicitó a Estados Unidos para combatir al narcotráfico está por concretarse... y ya causa resquemor en el Ejército debido a la evidente intención de la administración Bush por controlar esa lucha a escala continental y, de paso, obtener información estratégica.

Desde su inicio, el gobierno de Felipe Calderón negoció con el de George W. Bush un paquete de ayuda para el combate al narcotráfico, en el que se incluye la entrega de equipo militar, pese al extendido rechazo que existe en el Ejército Mexicano a ese tipo de asistencia.

Por lo menos hubo siete reuniones bilaterales en México y en Washington entre enero y julio pasados para establecer el acuerdo correspondiente, que se espera sea anunciado en Quebec, durante el encuentro que tendrán los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá el 20 y 21 de este mes.

http://pseudoelecciones2006.blogspot.com/2007/08/asistencia-militar-condicionada.html

Los dueños de la frontera

El narco jefe y dueño de territorios, excelente texto

J. Jesús Esquivel WASHINGTON.- El narcotráfico es tan lucrativo en México que está abandonando sus estructuras tradicionales de cártel para integrar grupos más peligrosos y mejor organizados, advierte la agencia federal antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA.

Los servicios de inteligencia estadunidenses señalan a Los Guardianes (Gatekeepers) como el ejemplo más representativo de este fenómeno.

“Algunos de los nuevos grupos narcotraficantes que operan en la actualidad, entre estos Los Guardianes, son por mucho más peligrosos y complejos que cualquier otra asociación del crimen organizado”, dijo recientemente ante el Congreso de Estados Unidos John S. Comer, jefe de la oficina de la DEA en Phoenix, Arizona.

Como operan en ambos lados de los 3 mil 141 kilómetros de la frontera, de acuerdo con un reporte del Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC, por sus siglas en inglés), “Los Guardianes son responsables de más del 80% del paso de México a Estados Unidos de los cargamentos de mariguana, heroína, cocaína y metanfetaminas que trafica el crimen organizado mexicano”.

De formación reciente, este grupo criminal se considera dueño de las plazas y puntos fronterizos del paso de drogas. “Son los individuos responsables de cruzar la droga de casi todos los cárteles del narcotráfico de México y se encargan de llevar los cargamentos de un punto específico de la frontera mexicana a cualquier ciudad de Estados Unidos”, dice en entrevista con Proceso James Mavromatis, quien dirigió el EPIC de enero de 2002 a noviembre de 2006.

http://pseudoelecciones2006.blogspot.com/2007/08/los-dueos-de-la-frontera.html

Washington prepara el“gran golpe” contra “Los Zetas”

Inteligencia gringa a romper la soberania por el "plan México"

J. Jesús Esquivel

Con el fin de desintegrar a los sicarios del cártel mexicano del Golfo, Los Zetas, que ya operan allende

la frontera, el gobierno de Estados Unidos realiza “una operación de inteligencia multijurisdiccional y multiagencial” en la cual no sólo participan la DEA y el FBI, sino también la Agencia Nacional de Seguridad y la CIA. Según fuentes de Washington, viene un fuerte golpe a los integrantes de ese grupo, muchos de los cuales fueron entrenados, justamente, por el ejército del país vecino...

Washington.- El poderadquirido por Los Zetas enoperaciones relacionadas con el narcotráfico obligó al gobierno estadunidense a utilizar los servicios de espionaje de la CIA. El objetivo: diseñar estrategias para desarticular a este grupo criminal que ya opera dentro de Estados Unidos.

http://pseudoelecciones2006.blogspot.com/2007/08/washington-prepara-elgran-golpe-contra.html

Bajo la amenaza del pacto

El Narco negocia el freno a la cadena de muertes. Guerra contra el narco o negociaciones de las drogas y el gobierno.

Ricardo Ravelo

No fueron uno ni dos. Fueron por lo menos siete los encuentros que realizaron los capos del narcotráfico mexicano para alcanzar un pacto que implicó, entre otros acuerdos, el reparto de territorios, el compromiso de respetarlos y el cese relativo de las ejecuciones. Versiones confirmadas, provenientes inclusive de fuentes del gobierno federal, permiten reconstruir con detalles las reuniones y sus resultados. Estos conforman el peor escenario para las autoridades mexicanas, que preferirían que los miembros de los cárteles de Sinaloa y del Golfo siguieran eliminándose entre sí.

Al parecer sin mediación oficial pero monitoreados por los organismos de inteligencia del gobierno federal, los jefes de los cárteles del Golfo y de Sinaloa, rivales acérrimos en el negocio de las drogas, terminaron sus rondas de negociaciones para acabar con la violencia entre ellos.

Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) consultadas por Proceso sostienen que los capos se reunieron en siete ocasiones, entre mayo y junio, y lograron al menos dos acuerdos básicos: frenar la violencia entre ambas organizaciones y delimitar el nuevo mapa del narcotráfico con la asignación de territorios para uno y otro bandos.

http://pseudoelecciones2006.blogspot.com/2007/08/la-historia-del-narco-desde-proceso.html

Cortes militares: impunidad y venganza

Los consejos de guerra mexicanos se caracterizan por la discrecionalidad y la venganza, aseguran expertos en asuntos militares. En 1998, Naciones Unidas señaló que en el país “el personal militar parece gozar de inmunidad frente a la justicia civil y está protegido por la justicia militar”. Diez años después, la situación persiste.

Yenise Tinoco

“La discrecionalidad y la venganza es lo que se vive en los consejos de guerra. Cuando hay que fregar a alguien simplemente se le acusa y se le manda a consejo de guerra”, dice Guillermo Garduño, doctor en sociología y especialista en Seguridad Nacional.

En 1998, Nigel Rodley, relator especial de Naciones Unidas, tras una visita a México, emitió un informe donde puntualiza: “los delitos graves perpetrados por personal militar contra civiles, en particular la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, deben ser conocidos por la justicia civil, con independencia de que hayan ocurrido en acto de servicio. El personal militar parece gozar de inmunidad frente a la justicia civil y está protegido por la justicia militar”.

A 10 años de distancia, las practicas respecto a la aplicación de justicia, del fuero común y militar contra miembros de las fuerzas armadas mexicanas se mantiene, aseguran expertos en milicia y en derechos humanos.

Para Guillermo Garduño, el hecho de que los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina sean quienes deciden la conformación de los consejos de guerra siembra la discrecionalidad en la impartición de justicia militar. Y ello sin contar los vacíos que ha generado un Código que, durante más de 75 años, no ha sido reformado. En este momento la realidad es radicalmente diferente, por ejemplo, el cuerpo de la norma castrense sigue sin contemplar delitos como el narcotráfico.

José Francisco Gallardo, general brigadier y doctor en administración pública por la UNAM, asegura que el secretario de la Defensa Nacional puede darse el lujo, amparado en el Código de Justicia Militar, de exhortar a los órganos del fuero de guerra para inculpar a un inocente o perdonar a un culpable, por más grave que se el delito cometido.

El Código de Justicia Militar fue expedido el 31 de agosto de 1933 por el entonces presidente de la República, Abelardo Luján Rodríguez, y desde entonces no ha tenido reformas sustanciales. La última modificación fue el 29 de junio de 2005, cuando fue derogado el artículo que contemplaba la pena de muerte. Los abogados civiles que litigan en las cortes militares mexicanas sostienen que dicho Código es anticonstitucional, ya que aseguran que Luján Rodríguez lo promulgó sin intervención del Congreso de la Unión.

De acuerdo con el Código, los consejos de guerra ordinarios se integrarán con militares de guerra y se compondrán de un presidente y cuatro vocales; mientras el primero debe tener un grado de general o coronel, los vocales pueden tener un rango que va de mayor a coronel. Tanto el presidente como los vocales propietarios y suplentes de los consejos “son nombrados por la Secretaría de Guerra y Marina”, según el artículo 13.

David Sánchez, diputado de extracción perredista y miembro de la comisión de Defensa Nacional, es uno de los principales promotores en la Cámara baja para que, dentro de la Reforma del Estado, se incluya la reforma a las fuerzas armadas, en la que una de las principales modificaciones tendrá como objetivo limitar las atribuciones del secretario de la Defensa.

El legislador comenta que, en el momento de juzgar a militares el secretario de la Sedena no debería ser juez y parte. Tendría que ser una instancia autónoma, acaso integrada por miembros de la milicia pero propuestos por el Congreso. Ello daría autonomía al momento de aplicar la justicia.

Roberto Badillo, diputado priísta y secretario de la Comisión de Defensa Nacional, sostiene que el procurador Militar no recibe consigna alguna del secretario, sin embargo, reconoce que éste es nombrado por el titular de la Sedena, de acuerdo con las leyes. “La justicia la practica el procurador, no el secretario, y en la Defensa el que las hace las paga”.

El también militar en retiro menciona que, dentro de la justicia militar, no se pueden hacer “chicanadas”, y agrega que, aunque la aplicación de la ley es lenta, “no existe la impunidad en ningún ámbito de la vida castrense”.

Caso Sinaloa

Guillermo Garduño, especialista en temas militares, menciona que el caso de Sinaloa, donde fueron acribilladas cinco personas, entre ellas tres niños, es un ejemplo de cómo se maneja la justicia militar. Garduño explica que no solamente se debió detener a los 19 soldados, sino también a sus jefes, que fueron quienes dieron la orden de abrir fuego contra las personas que no se detuvieran frente al reten.

“Al Ejército lo mandaron a realizar actividades de combate al narcotráfico sin los elementos de sustento jurídico necesarios. Primero, no hay cómo fundamentar la instalación de un reten militar; segundo, cuál es la sanción a aplicar en caso de desobediencia a un reten; tercero, si los militantes dispararon fue porque su superior lo ordenó, no lo hicieron de motu proprio, ellos sólo ejecutaron lo que les dijeron”, señala el experto.

Garduño señala que días después de la balacera registrada en Sinaloa, los altos mandos castrenses decidieron “sorpresivamente” reubicar al jefe del 24 regimiento de Caballería Motorizado, asentado en la tercera zona militar en la Joya, Sinaloa, lo cual, lo exonera de todo cargo respecto a la muerte de cinco personas. “Él tendría que ser sometido aconsejo de guerra, y no sólo los 19 soldados detenidos. Eso se llama discrecionalidad y no aplicación del Estado de Derecho. Los de arriba quedan bien y a los de abajo, sencillamente, se les aplica la ley de Herodes”, comenta.

Lo más grave, agrega el especialista, es que un enjuiciado en la milicia tiene muy pocas posibilidades de apelación; de hecho, es muy limitado el campo de defensa que puede tener una persona una vez que es inculpado por la justicia militar.

El general Francisco Gallardo sostiene que la justicia militar tiene por objeto encubrir la responsabilidad de los altos mandos. En la comisión de un crimen hay un autor inmediato, el que dispara el arma, y el coautor suele ser alguien de los mandos medios y el resto del retén, que indirectamente consintió los hechos. Esto se conoce como la Teoría del Dominio del Hecho. “Existe una tercera autoría, la mediata, que se sirve de un instrumento para cometer el delito”; en los crímenes nunca aclarados, dicha autoría recae en la superioridad.

Gallardo asevera que mandatarios y altos jefes militares responsables de crímenes de lesa humanidad en Centroamérica fueron llevados ante la justicia como responsables de los crímenes gracias la teoría del Dominio. Sin embargo, comenta, en México está muy lejano el momento en que se juzgue a los verdaderos culpables de los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con información de la Sedena, en 10 años, 226 militares han sido culpados por el delito de homicidio doloso y 43 por el delito de asesinato culposo. Sin embargo, aun cuando la solicitud de información a la Sedena incluía la averiguación de cargos de los inculpados, no se dio a conocer el grado de los militares.

Código militar

Guillermo Garduño señala que el Código de Justicia Militar tiene muchos vacíos, porque al momento que se presenta alguna cuestión que no está debidamente legislada, se genera la ilegalidad. Este fue el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue acusado por el gobierno de Ernesto Zedillo de brindar protección a la delincuencia organizada: como el Código militar no contempla el delito de narcotráfico, el caso del general pasó a manos de la justicia civil.

Otro asunto fue el caso del general Arturo Acosta Chaparro, también vinculado con el narcotráfico. En este caso, recuerda Garduño, se vició la investigación militar y el asunto terminó en los juzgados del fuero común, donde finalmente el militar fue puesto en libertad porque las autoridades civiles dijeron que no había pruebas fehacientes que inculparan al militar.

Convenios internacionales,

despreciados

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en la oficina regional para Mesoamérica, con sede en Costa Rica, asegura que, en relación con los alcances de la jurisdicción militar en el país, México incumple con los convenios internacionales firmados. También sostiene que existe una gran distancia entre lo que es y debería ser la aplicación del fuero militar. “El fuero militar puede tener un espacio disciplinario para algunos temas, pero nunca puede ser una patente para delinquir”.

“La Corte Interamericana indica que la jurisdicción militar no puede juzgar civiles, pero los militares que comentan un delito del fuero común –homicidio, violación sexual, tortura–, sí tienen que ser juzgados por la jurisdicción ordinaria y la milicia no puede justificarse diciendo que serán castigados por un consejo de guerra”, comenta la especialista en derecho internacional.

Krsticevic dice que la jurisdicción militar es uno de los temas de mayor interés y preocupación en México para el Cejil. En cuanto a los alcances del fuero militar, agrega que la legislación está en abierta contradicción con la letra de la Convención Americana de Derechos Humanos, y también con la interpretación de las obligaciones del Estado respecto a la tutela judicial efectiva en la Convención Americana.

Experta en derecho internacional y derechos humanos, Krsticevic señala que en México el ámbito militar no es independiente e imparcial. Lo único que puede quedar bajo el fuero militar son los actos de disciplina castrense, pero nunca violaciones a los derechos humanos de civiles, que necesitan de un recurso judicial efectivo para la reparación del daño.

“Es posible que en un corto plazo México se vea forzado a tener que discutir el tema del exceso en el uso y abuso de la jurisdicción militar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El país se verá obligado entonces a cambiar sus leyes, para que se adecuen a los compromisos fundamentales establecidos en la Convención Americana”, dice Krsticevic.

Una herencia de pobreza del PRI y el PAN

La herencia del PRI y del PAN en el gobierno se ha traducido, en las poblaciones más pobres del país, en el abandono de la tierra, fomento de la migración, falta de agua, desprecio a la educación y rechazo a las lenguas indígenas. En Tehuipango, Veracruz, a los niños se les conmina abandonar el náhuatl

Nydia Egremy / David Cilia, fotos / enviados

Tehuipango, Veracruz. Gota a gota el agua fluye penosamente entre las rocas desde lejanos manantiales hasta las poblaciones indígenas. Habitantes de estas comunidades, buscan desesperados y con un esfuerzo tenaz el vital líquido para sobrevivir.

Ahí, mientras las mujeres y los hombres de Tehuipango capturan el recurso en tambos de plástico y precarias tuberías, en las aulas sus hijos padecen la discriminación de un sistema educativo que a través del idioma español les impone una concepción del mundo ajena a ellos, al tiempo en que insiste en marchitar su expresión náhuatl.

Escasez de agua y educación centrista constituyen los dos grandes lastres para el desarrollo de las comunidades indígenas en este municipio, el de mayor índice de pobreza en Veracruz, y hasta hace poco el primero en marginación según el Banco Mundial. Ya en el bienio 2006-2007 las proyecciones de ese organismo ubicaban a Tehuipango como el tercer y cuarto lugares en la pobreza extrema de todo el país, respectivamente.

Desde que el sol surge entre las lomas de esta región de las grandes montañas, las mujeres indígenas acarrean agua de los cerros por caminos a largas distancias, mientras que sus hombres, indígenas también, trabajan de sol a sol en extraerle frutos a la sierra, en donde pican piedra –la materia prima más abundante de la zona– y cortan leña.

Mientras las estadísticas oficiales consideran que Tehuipango ya salió del primer lugar en la lista de pobreza extrema en todo el país, sus habitantes ignoran la nueva clasificación y siguen viviendo en la misma situación que hace 20, 40 y 60 años.

Pero la información oficial que difunden las dependencias federales sobre ese municipio es falsa o, al menos, inexacta; por ejemplo su hidrografía, en donde según el sitio electrónico del programa microrregiones señala que a este municipio “lo riega el rio Moyoteampa, tributario del Tonto, que a su vez es afluente del Papaloapan”, pero en la vida real lo único que fluye en Tehuipango es la ansiedad de los comuneros por conseguir agua.

Ahuacatla es la comunidad más apartada del municipio. Se llega ahí por la nueva carretera de piedra y grava que se construyó con recursos del Ramo 33 que el gobierno federal destina a municipios para obras de infraestructura. El café que cultivan algunos de los habitantes de ese poblado que integran 22 casas, no puede venderse porque los precios son tan bajos que es preferible utilizarlo para autoconsumo, pues de lo contrario serían más las pérdidas que las ganancias.

Una pequeña choza funge como centro de salud. Las paredes de tabla dejan el paso abierto a la luz y al calor, y unos coloridos carteles, con propaganda de la Secretaría de Salud, sirven para cubrir el viento que quiere colarse. Nadie lee los anuncios, porque todos analfabetas.

“Hay que cambiar el techo, porque ya se cuela toda el agua”, advierte el joven mientras una fila de mujeres indígenas espera sentada. No son pacientes en espera de consulta. Van a limpiar la habitación y los alrededores como una de las faenas a que están obligadas para mantener los 320 pesos por cada niño que les da el programa Oportunidades.

El joven responsable del centro está desesperado. No tiene medicinas que curen a los comuneros; ni siquiera antigripales para los niños o antirreumáticos para las ancianas. Nada, ni un analgésico. Tampoco hay estetoscopio, ni un manómetro y jamás han tenido un registro de la salud de los habitantes la comunidad. Los anaqueles de madera están vacíos.

“Como soy auxiliar, no sé qué hacer con los pacientes. El problema es que no tengo medicamentos. Nos hacen falta muchos medicamentos, para el dolor. Se llama ácido acetil salicílico. Son unas tabletas; también les doy paracetamol tabletas y para los niños albendazol en pastillas o solución si tienen lombrices, todo eso nos hace falta”.

Angustiado, con voz al borde del llanto, explica que “no me han pagado desde hace siete meses, mañana voy hablar con los doctores”. Su salario proviene de lo que le aportan las familias de Ahuacatla; pero éstas no tienen dinero, aunque formalmente la casa de salud, que pertenece al municipio de la sierra de Zongolica, debería de hacer cargo del pago. Los doctores llegan a esa zona cada mes, se avisa por radio y las mujeres se hacen cargo de la limpieza.

En educación, la llegada de la maestra es alertada por los niños cuando la ven por el camino que conecta con la cabecera municipal. Otras veces los maestros de la escuela de Axchupico se ofrecen a darle un “aventón” y la traen en automóvil. Pero este día le tocó caminar y cruzar montañas y veredas de una orografía accidentada.

Rezago con dolo

La misma toponimia en náhuatl traduce a Tehuipango como un “lugar de piedras encimadas” o un “sitio del paso transparente”. Alude claramente a la muralla de piedras casi impenetrable que constituyen las montañas que propios y extraños deben salvar para adentrarse en este apartado territorio.

Fundado en el siglo XVI, tuvo hasta 1831 una municipalidad en educación básica. Hacia 1995 tenía 15 mil 844 habitantes y un índice anual de nacimientos de 619, con una tasa de 106 defunciones por año y un alto grado de marginación y carencia de obras de infraestructura. Este municipio siempre había sido gobernado por el PRI, hasta el año 2000, cuando la ola azul del foxismo le dio el triunfo a un candidato panista; pero la situación de miseria extrema para la población continúa igual.

El triunfo de Acción Nacional no se refrendó en 2005 y Leoncio Macuixtle se convirtió en el primer alcalde postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). A unos meses de concluir su gestión, explica cómo amplió la red de caminos a la comunidad más lejana del municipio, a costa de rechazar el presupuesto que le hizo una constructora.

“Se trataba de hacer un camino de terracería hasta Ahuacatla”, y a Macuixtle le pareció excesiva la cotización de la empresa (4 millones de pesos), pues apenas disponía de 4.5 millones para atender a todas las comunidades de su municipio.

Como tenía a su favor la experiencia de haber sido trabajador de la construcción en la ciudad de México, viajó a ésta para solicitar información a la Secretaría de Comunicación y Transportes sobre el costo de construcción de la carretera, pero fue infructuoso porque nadie tuvo tiempo de atenderlo y muchos menos proporcionarle los datos que necesitaba.

El alcalde perredista obtuvo información de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, en donde confirmó que la empresa constructora había cuadruplicado el costo estimado de la carretera. Al final, el camino de la cabecera municipal hasta Ahuacatla y Tolapa costó sólo 1.5 millones de pesos.

Ese rezago en las vías de comunicación, escuelas y centros de salud es reflejo del menosprecio gubernamental a las comunidades indígenas de las grandes montañas de Veracruz.

Para transitar los 40 kilómetros que separan a Tehuipango de Orizaba, se tiene que transitar por más de una hora en automóvil a través de un largo y sinuoso camino.

En contraste, en las zonas de desarrollo regional que interesan a empresarios y gobiernos, se realizan magníficos proyectos de ingeniería civil que logran reducir las dificultades geológicas. Como la pobreza no es atractiva, el Plan Puebla Panamá tiene un trazo que sí contempla su paso por el puerto de Veracruz, distante a unas horas de las comunidades pobres de Tehuipango, el municipio que colinda con otras poblaciones pobres como Mixtla, Eloxitlan, Astacinga y Texhuacán, todos en el riquísimo estado costero.

Aún así, los indígenas de las comunidades de Xopilapa, Tzacuala, Tehuipango, Xiutempa y Tepeica, Zacatlaixco, Xaltepec y Ahuacatla esperan mejores caminos y nuevas negociaciones con Puebla para garantizar la prórroga del convenio que les garantice agua para sus casas.

Carrera contra el tiempo

El profesor Macuixtle quiere concluir varios planes de desarrollo comunitario, económico y sustentable, como la explotación turística de la zona arqueológica de Tepantipa. En noviembre del 2006, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó la existencia de vestigios prehispánicos, equiparables a los de El Tajín. Fernando Miranda, arqueólogo del INAH, anunció su intención de iniciar la restauración de este sitio.

El alcalde saliente insiste en instalar una trituradora de piedra en el municipio y crear fuentes de empleo en la región. Con la piedra, dice, podemos construir caminos y viviendas que urgen en esta población náhuatl. También proyecta instalar una purificadora de agua con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, y recursos del rubro “Desarrollo Regional”.

Para evitar el éxodo temporal hacia Tezonapa, en la temporada del corte de caña, tienen en marcha proyectos productivos como el vivero forestal en Duraznojotla, el de producción casera de nopal y el del cultivo de alcatraz y gladiola para abastecer a las numerosas mayordomías de las localidades; otros más como el de ecoturismo, quizás no se consolidarán y estarán al arbitrio del sucesor de Macuixtle, probablemente el aspirante de Acción Nacional, partido que ha invertido sumas valiosas en la actual campaña.

Mujer productiva

Crescencia es una joven indígena de la comunidad de Ticoma, una de las más pobres del municipio. Aunque no habla castellano, su hospitalidad la lleva a abrir las puertas de su casa y exhibe con orgullo el producto de su trabajo diario. La vivienda es de piso de tierra, y techo, paredes y tapanco de madera. Adentro hay una cama en donde juegan los dos pequeños hijos de Crescencia, quienes este día comerán frijoles, tortillas y té de canela que ya despide su aromático olor desde el fogón.

Los enfermeros del centro de salud que visitan la localidad cada dos meses, recomendaron a las madres indígenas no dar de beber café a los pequeños: puede irritarles el estómago y no los nutre.

En un extremo del cuarto de la casa están dos máquinas marca Singer. Sobre una de ellas reposan las prendas con colores brillantes y variados que la indígena nahua cosió en días pasados: un delantal, una falda, un pantalón al que le zurció el dobladillo y retazos de telas con los que confeccionará algunos vestidos.

Es la aventajada alumna de un curso de costura que impartió el ayuntamiento. Lo que más orgullo le da a esta sonriente mujer es un vestido de tela satinada de color rosa con pespuntes y encajes. Está destinado para una niña. No lo usará su pequeña hija, sino otra, cuya madre lo comprará a Crescencia y ella contribuirá así al gasto familiar.

Monopolio y cacicazgo

Otro proyecto productivo de los habitantes de Tehuipango es la Sociedad Cooperativa de Transporte. En esa empresa comunitaria han invertido grandes esperanzas los lugareños que apuestan, en principio, a tener un medio propio y más barato de transporte desde Orizaba hasta ese marginado municipio.

La meta de estos choferes de camionetas es romper el monopolio del transporte que desde hace años mantiene la empresa Adelas (Autobuses de la Sierra), propiedad de un cacique de la región.

Miembros de la cooperativa narran que varios de sus choferes han sido enviados a la cárcel por el cacique. ¿Su delito? “Les inventan cosas, pero la principal es que son piratas”, comenta un habitante de Tehuipango. Los autobuses color naranja de Adelas circulan por caminos de terracería que comunican a estos con Orizaba y Zongolica.

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Educación para niños indígenas Sierra de Zongolica, Veracruz. Son maestras. “Nuestros niños no son tontos ni atrasados: ocurre que los textos sólo hablan de ciudades y aquí hay piedra, sierra y veredas, no edificios. Nada se relaciona con la vida de estos chiquillos nahuatl-parlantes”, explica Rosa María, profesora de todos los niveles de educación básica en la comunidad de Ahuacatla, la más apartada del municipio de Tehuipango. Sentados frente a la pantalla que proyecta uno de los programas didácticos de Enciclomedia, dos niños de la escuela de Apotzinga aprenden cómo proteger al medio ambiente. El profesor lee en voz alta los ejercicios que, a más de 600 kilómetros de distancia y con una colosal brecha tecnológica, elaboró un comité educativo que nunca visitó esa comunidad, y desconoce los problemas que representa la aplicación de ese método didáctico. “Correlaciona el impacto”, “explica la fórmula de condensación”, leen los alumnos. Enseguida buscan el significado de las palabras en sus gastados diccionarios. A los estrategas de la Secretaría de Educación Pública se les olvidó que los pueblos indígenas de México no hablan ni leen español. Uno de los pequeños no encontró en su diccionario el vocablo “correlaciona”. Se quedará sin saber su significado. El otro sí lo encontró, pero ahora no sólo debe saber qué es “condensación”, sino qué tiene que ver esa palabra con su vida en Tehuipango. En el municipio hay una escuela de Educación Especial, porque los niños “no nos captan”, dice una maestra. Añade que 20 por ciento de los alumnos tiene algún problema de aprendizaje. Por el contrario, la profesora Rosa detalla: “Yo me quedo con ellos más tarde, cuando terminan las clases, para ayudarlos”. Otra docente de Conafe asegura que “nuestros niños no tienen ningún retraso. Son tan inteligentes y capaces como los de otros municipios o estados del país. Lo que sucede es que los contenidos de los libros no tienen nada que ver con su realidad diaria ni con su entorno”. Igual defensa a la capacidad de los niños indígenas de las comunidades de este marginado municipio hace un joven de 22 años, que ya es profesor, y que con gran cariño se dirige a sus alumnos en náhuatl. “Estos niños son quizás más competentes que nosotros. Caminan solos o guiando a un hermano menor durante horas, evitando el peligro de caer por una barranca o esquivando animales peligrosos. Lo que ocurre es que el sistema educativo, con programas elaborados por quienes viven en grandes ciudades, olvida a los niños indígenas. No les interesan.

El clavel negro de Asa Faringer y Ulf Hultberg inaugura el Festival de Cine de Monterrey

Filmar sobre el golpe de Estado en Chile, “fue como ver fantasmas”

La cinta se enfoca en Harald Edelstam, embajador sueco en Chile y en el fatídico 11 de septiembre

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El clavel negro, donde Daniel Giménez Cacho interpreta a un militar chileno. El filme, que es una coproducción México-Suecia-Dinamarca, será estrenado en nuestro país el 28 de septiembre con 30 copias, y el 11 de septiembre –efeméride del golpe militar–, en Europa" height="133" width="200">

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Fotograma de El clavel negro, donde Daniel Giménez Cacho interpreta a un militar chileno. El filme, que es una coproducción México-Suecia-Dinamarca, será estrenado en nuestro país el 28 de septiembre con 30 copias, y el 11 de septiembre –efeméride del golpe militar–, en Europa

Monterrey, NL, 12 de agosto. Con mil 350 películas seleccionadas procedentes de 81 países, el pasado sábado fue inaugurado el tercer Festival de Cine de Monterrey, que abrió con la proyección de la película El clavel negro (The Black Pimpernel), en el Aula Magna del Colegio Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, coproducción México-Suecia-Dinamarca, dirigida por Asa Faringer y Ulf Hultberg, quienes al final de la proyección recibieron una ovación del público que abarrotó el foro.

El clavel negro trae de nuevo al cine el histórico episodio del golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973, con una línea de exposición diferente: se enfoca en Harald Edelstam, embajador sueco en Chile, quien salvó de la tortura, la desaparición o la muerte a mil 300 personas, la gran mayoría chilenos. Fue un nuevo Schindler.

Personas del público entrevistadas al final de la función expusieron que la cinta causa miedo, pues –comentaron– la etapa de las dictaduras aparentemente cerrada puede abrirse en cualquier momento en los países latinoamericanos.

Estudiantes del CCC

Basada en una historia real, la pareja (profesional y en la vida) Asa-Ulf se afirma en entrevista como viajera y buscadora de historias que, simplemente, deben contarse para que las nuevas generaciones no las olviden. Para Ulf, en América Latina todos los países tienen héroes, lo cual no ocurre en Suecia. “Tienen a San Martín, a Miguel Hidalgo, al Che Guevara, etcétera, pero nosotros no. No obstante, Harald Edelstam sí es un héroe, pues arriesgó su vida en momentos muy difíciles, donde las garantías eran nulas”.

Para Asa, “el embajador es un símbolo del coraje civil, pues entró en una circunstancia muy difícil, sintió con su propio corazón, e hizo cosas, actuó, que es lo que hace falta en nuestros días. Luchó por que se respetara a la gente, a las víctimas del golpe militar.

“Para nosotros esta película es resultado de muchos, y el hecho de verla hoy en pantalla, en este festival, es muy importante, más porque yo estudié en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Es una manera de devolver a México algo de lo que me dio. Durante el golpe militar en Chile, México tuvo un perfil, una diplomacia, una actitud muy importante. Colaboró con la embajada sueca.

“El golpe militar fue tan cruel… Sobre todo porque la gente era tan inocente; estaban ahí trabajando y de hecho confiaban en el militar. Después del 11 de septiembre todo cambió”, expresó Asa Faringer.

AL, un pésimo cuento

Ulf Hultberg agrega: “yo he trabajado en América Latina sobre todo desde 1973; he hecho muchas películas en México y algunas en China, India, Vietnam y en Africa. El cine me ha permitido tender puentes entre los continentes. Ahora es más difícil hacer esto. Muchos de los periodistas que vivieron sucesos durante la etapa militar ya se retiraron, otros están en Miami y otras ciudades de Estado Unidos. Falta la retroalimentación.

“Muchas organizaciones sociales y humanitarias se fueron. Salinas de Gortari aseguró que México ya no era un país subdesarrollado; los guionistas de cine dijeron que América Latina en historias es un pésimo cuento, pero, para mí no es así, y hoy vemos que muchos de los países tienen gobiernos de izquierda.

“Hay que informar sobre lo que pasa, pero con otras maneras, pues los documentales tienen sus límites, llegan a un público muy reducido. La ficción abarca más. Con películas como La hija del Puma, sobre el conflicto armado en Guatemala –filmada en Chiapas–, también Amor de la calle, sobre una prostituta mexicana, llegamos a un público más grande.

“En nuestro caso, Harald Edelstam representa a nuestro continente. Manejó la diplomacia al ciento por ciento. Era carismático y como hombre oía su corazón. Escucha y hace lo que una persona que se considere como tal debe hacer. No obedeció a las autoridades ni pidió permiso, so riesgo de su vida. En Uruguay saben quien fue Harald, pero no tanto en Suecia, a pesar de todo su coraje civil”.

Asa: “Según Amnistía Internacional, Harald es la persona que ha salvado más vidas en la historia”.

Efeméride trágica

El clavel negro fue filmada en locaciones reales, donde ocurrieron los hechos. La producción consiguió los permisos para grabar en el Estadio Nacional, donde los militares concentraron a miles para torturarlos, desaparecerlos o matarlos. “Todos los chilenos que colaboraron tienen un familiar, amigo o conocido desaparecido o asesinado por la dictadura militar. Filmar en el Estadio Nacional fue como ver fantasmas”, comentó Ulf.

La película será estrenada en México el 28 de septiembre con 30 copias; el 11 de septiembre, efeméride del golpe militar, en Suecia, y en una fecha aún por precisar en Chile, “donde esperamos que sea un suceso”.

A la premier en esta ciudad regia, asistieron familiares de un militar chileno que salvó la vida a 25 uruguayos y a otros de sus connacionales. Fue muerto por traición de un tiro a la altura de la garganta. Es interpretado por Daniel Giménez Cacho. Otros roles son interpretados por Kate del Castillo, quien comentó que después de esta cinta su concepto de lo que es un gobierno militar ha cambiado radicalmente.

Para Carsten Norgaard, actor danés, quien hizo el papel de un burócrata, El clavel negro hará recordar a las nuevas generaciones que los militares están ahí y en cualquier momento pueden regresar. “Las consecuencias ya las sabemos; hay que recordar lo que pasó en Chile. Vean la película”.

Por remordimiento, Felipe Calderón se va de vacaciones cada 15 días, afirma

Fustiga López Obrador a políticos que una vez elegidos se divorcian del pueblo

Culmina el tabasqueño gira por los 118 municipios de Chiapas; lleva 685 en el país

FABIOLA MARTINEZ

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 12 de agosto. Andrés Manuel López Obrador criticó a los políticos "mercenarios y fantoches" que se olvidan del pueblo una vez que consiguen un puesto público o de elección popular.

Creo que hay una epidemia entre los políticos de izquierda porque -dijo- una vez que se vuelven diputados o senadores se divorcian del pueblo. Dejan el morral para irse de paseo, a "convenciones" a Brasil o a París.

No vamos a avanzar, advirtió, si continúa divorciada la clase política de los sentimientos del pueblo, o si los ministros ganan medio millón de pesos al mes. México requiere políticos sencillos, con un programa de austeridad republicana.

El tabasqueño también fustigó a los integrantes del Poder Judicial que, reiteró, se dejaron sobornar con 70 millones de dólares para olvidarse de la investigación en torno del chino-mexicano Zhenli Ye Gon, quien afirma haber recibido, el año pasado, 205 millones de dólares, presuntamente pertenecientes al Partido Acción Nacional.

"Ahora, con el caso de Zhenli hasta sobornaron a los jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte. Es lamentable que eso esté sucediendo en nuestro país. Allí, donde debiera haber rectitud ocurre eso, de ahí que, al diablo con sus instituciones", expresó al cierre de la gira por los 118 municipios de esta entidad.

En la capital chiapaneca pronunció un discurso en el cual criticó, además, a Felipe Calderón, quien, aseveró, se va cada 15 días de vacaciones, "porque todavía está con su problema de remordimiento".

Ante unos 3 mil simpatizantes, el "presidente legítimo" no contó con la presencia de Jaime Valls (hijo del ministro de la Suprema Corte, Sergio Valls), quien ahora es candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por una coalición formada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo, Convergencia y Verde Ecologista de México. Valls fue tesorero cuando el actual gobernador, Juan Sabines, ocupaba ese puesto.

"¡Viva el presidente de los pobres!"

El sábado, en Suchiapa, recibió el apoyo de varios miles de simpatizantes convocados por la estructura local del PRD.

"¡Viva el presidente de los pobres!", gritó una mujer, puño en alto, antes de ingresar al lugar del encuentro.

El galerón resultó insuficiente para dar cabida a toda la gente que quería escuchar o mirar a López Obrador. Cientos llegaron antes y se aferraban a alguna de las sillas de plástico dispuestas, pero otros no tuvieron más remedio que quedarse afuera, donde los organizadores se lamentaron por no haber programado el mitin en la plaza central.

El calor sofocaba de por sí, pero las láminas metálicas del techo convirtieron el lugar en un verdadero sauna.

Era la noche del sábado. Para entonces, el político tabasqueño todavía no llegaba; seguía avanzando, junto con unas 300 personas, por la calle principal de Suchiapa, ayuntamiento gobernado actualmente por el Partido Revolucionario Institucional, cuya cabecera tiene unos 5 mil habitantes.

El recorrido por los 118 municipios de Chiapas ha sido calificado por los lopezobradoristas como un éxito.

Esta entidad se pintó por primera vez de amarillo en la elección federal del 2 de julio pasado. Los chiapanecos dieron al entonces candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos 125 mil votos arriba del PRI y 350 mil de ventaja respecto del PAN.

Poco más de un año después, López Obrador está otra vez de gira, aunque ahora es para emitir un mensaje acerca de lo que en todo tiempo califica como "nuestro movimiento" para transformar la vida pública de México, bandera del "gobierno legítimo" que encabeza.

Ahí están otra vez, y de vez en vez, los tumultos, como si todavía fuera la campaña presidencial; a eso suena -o más- porque el "presidente legítimo" se propone recorrer, uno a uno, en un plazo de dos años, los casi 2 mil 500 municipios de México, incluidos los de Oaxaca que se rigen por usos y costumbres.

Hasta ayer, la imperturbable gira había llegado al ayuntamiento número 685.

También parece campaña política por el rigor en la organización, en la disciplina del equipo de seguridad y logística dirigida por Nicolás Mollinedo, el famoso Nico, acompañante permanente de López Obrador.

Tinte de campaña política, además, por la estructura del equipo que recorre miles de kilómetros por tierra; ahí van, a veces con sus camisas blancas, con símbolo del "gobierno legítimo" estampado, los de la "avanzada" y los de "reacción", quienes no dudan en transitar los caminos de terracería las curvas peligrosas de la sierra a gran velocidad o rebasando frenéticamente, con tal de llegar a tiempo al siguiente mitin programado.

El "presidente legítimo" estuvo ya -por conducto de cinco visitas, casi una por mes- en los ayuntamientos ubicados en la selva, costa, centro, altos, montaña y cañada. Y, con ello, esta entidad del sureste se suma a la lista de los estados concluidos: Yucatán, Zacatecas y Sinaloa.

Sin embargo, el trecho todavía es largo. El político tabasqueño tiene planeado concluir su recorrido en diciembre de 2008.

"No voy a cambiar ni voy a dejar trozos de dignidad en el camino; tengo 30 años en este movimiento por la transformación del país. Arriba los de abajo y abajo los privilegiados", dice a cada rato a sus simpatizantes.

Este domingo regresó a la ciudad de México para preparar la gira número 30, contadas de enero a la fecha. Esta vez será por la región norte de Veracruz. Seguirán Puebla y Michoacán.

Destaca los casos de detenidos en Oaxaca y Atenco

Llamado mundial de AI contra abusos en México

Alerta a sus delegados sobre el sistema nacional de justicia

EMIR OLIVARES ALONSO (ENVIADO)

Yautepec, Mor., 12 de agosto. Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado a sus delegados en todo el mundo para que exijan que las autoridades mexicanas investiguen a fondo las "detenciones arbitrarias" y los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos contra activistas de los movimientos sociales de Oaxaca y San Salvador Atenco, estado de México.

Durante la 28 Reunión del Consejo Internacional de AI, efectuada en esta ciudad, en el que participaron más de 400 delegados -provenientes de 70 países- del organismo de derechos humanos más importante a escala global, se informó mediante un documento sobre los casos de Germán Mendoza Nube (parapléjico) y Ramiro Aragón, ambos detenidos en Oaxaca; de José Gregorio Arnulfo Pacheco (quien padece una enfermedad degenerativa que lo tiene en silla de ruedas), Bárbara Italia Méndez (quien fue violada sexualmente por policías) y Pedro Alvarado Delgado, aprehendidos por los hechos en San Salvador Atenco, y del indígena Ricardo Ucán Ceca, aprehendido en Yucatán acusado de asesinato y a quien no se le proporcionó intérprete durante el proceso judicial en su contra.

En sus llamamientos, AI exhorta a sus delegados a exigir a las autoridades mexicanas investigaciones "imparciales, exhaustivas y sin demora" sobre las detenciones y agresiones contra los activistas.

"Los siguientes casos de llamamiento ilustran la constante de violaciones a derechos humanos cometidas dentro del sistema de justicia penal y de seguridad pública en México", señala AI a sus delegados en el documento, y los remite al informe que presentó recientemente sobre el sistema de justicia penal mexicano.

AI subrayó que "en el sistema mexicano de justicia penal y de seguridad pública es común el uso de la tortura y los malos tratos durante la detención y para extraer una 'confesión'. A la mayoría de los presuntos delincuentes se les niega el acceso a la asistencia y representación letrada adecuada en el momento de la detención, cuando más peligro corren de sufrir tortura e intimidación.

"Las autoridades -continúa el informe- desestiman o ignoran de forma sistemática las denuncias de malos tratos bajo custodia y, cuando hay denuncias de tortura o malos tratos, la carga de la prueba recae sobre la víctima (...). Las personas sospechosas de haber cometido un delito a menudo son consideradas culpables hasta que se demuestra su inocencia", señaló AI. Lo cual va contra la presunción de inocencia, dijo.

Por ello, el organismo internacional exhortó a sus delegados a pronunciarse por que en estos casos se desarrollen las investigaciones correspondientes por los actos de tortura, violencia física, sicológica y sexual (el caso de las mujeres atenquenses), para que los responsables sean sancionados conforme a derecho.

Asimismo, AI recomienda que a todos los agraviados se les repare el daño infligido conforme a la normativa internacional en derechos humanos, además de que expresen su preocupación por los actos de tortura, malos tratos, agresiones sexuales y procesamientos "aparentemente infundado" contra éstos y otros activistas en el país.