Radicalizará el EPR acciones

El comandante “Nico”, del EPR, advierte que, frente a la cerrazón y autoritarismo del gobierno de Felipe Calderón, la guerrilla realizará acciones “de mayores dimensiones”, hasta que sean liberados sus compañeros desaparecidos

José Réyez

“Somos un grupo armado que tiene como objetivo la justicia social y sólo al cumplirlo depondremos las armas sin ningún condicionante”, dice el comandante “Nico”, del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), encargado de la zona Occidente de México, en entrevista concedida a Contralínea el pasado 2 de agosto.

El representante del grupo guerrillero, que, según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional tiene presencia en más de 10 estados, advierte que pasaron de la propaganda a las acciones armadas. “Llegamos a una coordinación de respuesta activa, ante la negativa del gobierno de Felipe Calderón de entregar a nuestros desaparecidos, vivos o muertos”.

“Nico” señala que el EPR tomó la decisión de “realizar acciones de mayores dimensiones y atacar sectores estratégicos, lo cual no se debe tomar como terrorismo, sino como una lucha legítima por nuestros hermanos desaparecidos.

“Si el gobierno de Felipe Calderón se niega reiteradamente a negociar y liberar a nuestros presos políticos, debería considerar que nadie se levanta en armas por motu proprio y que siempre existe una razón primordial: la justicia social y el beneficio de los más pobres”.

De acuerdo con el insurgente, en términos técnicos y de infraestructura, el EPR cuenta con suficientes elementos adscritos a su movimiento que tienen una extensa preparación. “El gobierno ha afirmado que es imposible detectar cuándo será el siguiente ataque. La respuesta es muy clara: nuestros presos políticos”.

Los operativos del EPR conciernen al estado de privación de los derechos humanos en el país, atiende a una expresión de repudio ante los presos políticos y es el resultado del cero diálogo existente con el gobierno, indica.

“Sabemos que capturar a presos políticos no es nuevo en el país, y que el gobierno de Felipe Calderón sigue la política de un régimen autoritario que impide otra opción”. El representante guerrillero expresa que las acciones llevadas a cabo no son un atentado contra la nación, sino un llamado de atención al gobierno federal que hace oídos sordos a sus demandas.

“¿A quién tenemos que recurrir para que nos entreguen a nuestros desaparecidos? O será que ya ni siquiera están en esa calidad, puesto que pueden estar muertos. Éste sería el peor error cometido por esta administración, ya que nuestras raíces se encuentran en todos y cada uno de los compañeros de lucha.”

El comandante eperrista describe que el gobierno de Calderón es de él: no refleja nada a los demás, el pueblo claramente no le importa, y deja que los ricos, por el contrario, tengan más y más recursos, en detrimento de los pobres.

Decimos como organización que los blancos de ataque no son más que un grito desesperado, para que los integrantes del gobierno federal se hagan responsables de lo que está aconteciendo.

Subraya cómo ha fallado la estrategia neoliberal. “Algo está pasando y no lo quieren ver. El presidente Felipe Calderón es producto de un fraude electoral orquestado por las cúpulas de poder. Y aunque no estábamos de acuerdo con ciertas políticas de Andrés Manuel López Obrador, reconocemos que la existencia de éste no es más que un fotomontaje de la realidad que quieren que se vea en el extranjero, y que nosotros somos una célula a la que pueden catalogar de terroristas”.

“Nico” explica que el PDPR-EPR es el reflejo de ese México que no está de acuerdo con la desigualdad social, de este país olvidado que nadie quiere ver porque duele, y duele mucho. “Pero aquí estamos, siendo parte de una sociedad que vamos a defender aunque nos cueste la vida”.

Agrega que la actual lucha es por la liberación de todos los presos políticos en el país y por que el gobierno de Felipe Calderón, con todos los funcionarios que actúan de manera impune, dejen de hacerlo, por el bien de México.

“Nico” señala que la respuesta del gobierno de Calderón, de endurecer su lucha contra nosotros, lastima y hiere los sentimientos más profundos del movimiento, sobre todo los de un país que sólo puede estar en paz, basado en el respeto de los derechos humanos fundamentales.

Sostiene que, con base en los resultados, ni la guerra de baja intensidad, ni la de confrontación mortal han sido efectivas para el gobierno de Felipe Calderón. Son, por el contrario, una seria amenaza para la población, generada por el propio Estado.

“La contrapropaganda del Estado se basa en nuestro desprestigio, de una célula que ahora adquiere nueva fuerza de guerrilla, o de ejército. Cuán preocupado está el presidente Calderón, que no se ha tomado la molestia de mirar a los mas pobres y marginados”, dice.

El comandante reclama la presentación con vida y la libertad de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el pasado 25 de mayo, por órdenes del general Juan Alfredo Oropeza Garnica, titular de la Región Militar de Ixcotel, Oaxaca.

“Estamos seguros de que el gobierno los tiene, aunque dice una cosa y hace otra”, afirma el comandante. Desde la detención de sus militantes, el EPR inició una Campaña nacional de hostigamiento, con explosiones en los ductos de Petróleos Mexicanos en Querétaro y Guanajuato, los días 5 y 10 de junio. El 28 de julio volaron parte de una cárcel en construcción en Chiapa de Corzo, Chiapas, mientras que el 1 de agosto pasado hicieron estallar un petardo en el centro comercial Plaza del Valle de la capital oaxaqueña.

Sobre estas acciones, la Procuraduría General de la República inició la averiguación previa OAXAP/270/07, por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional advirtieron redoblar esfuerzos para detectar células del EPR en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal.

Sobre las actividades de hostigamiento del ERP, el comandante “Nico” señala que el gobierno mexicano “ha querido confundir nuestra actividad con actos ‘terroristas’ que buscan violentar el estado de derecho”.

“No somos terroristas –dice–, somos un movimiento revolucionario y en toda revolución hay armas. Hemos sido provistos de todos nuestros aditamentos por el mismo pueblo y hemos sido armados por y para el pueblo, porque el México del rezago es el que pide clemencia ante tanta ignominia. Ya basta de tanta opresión, del país de los mega ricos y de los mega pobres.”

El comandante asegura que la sociedad civil puede estar tranquila, ya que el movimiento no es contra ella. Por el contrario, detalla, reivindica su posición como trabajadores, padres de familia, hijos, y les da la oportunidad para del letargo en el que se encuentra.

Insiste en que su organización está consciente de los alcances reales de sus operaciones y afirma que “vamos a liberar al México reprimido. Llamamos a las expresiones populares, políticas y revolucionarias a dar una lucha honesta, basada en principios de igualdad. Vamos a impedir que las cárceles se llenen de presos políticos y de conciencia y liberar a los ya existentes. Lo que puede ser peor son los desaparecidos eternos, que son los muertos sin la certeza de que lo estén”.

Respecto a sus operativos, el militante del EPR dice que la transformación que requiere México no está a cambio del mejor postor. “Todas las instancias se han agotado. Hemos tratado de dialogar con los diversos gobiernos, sin siquiera reconocer que algo está sucediendo y que por tanto es la razón por la que estamos en armas”.

Sin bajas

El EPR no había realizado acciones militares desde 1996, cuando atacaron de forma coordinada en Michoacán, Guerrero, estado de México, Hidalgo, Oaxaca y Aguascalientes.

Ahora, la captura de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo –éste último identificado como fundador y líder del Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres, grupo fundador del PDPR-EPR– pone en riesgo la estructura de ésta organización y en particular sus comités y células distribuidas en la zona sur y centro del país.

Sobre las suposiciones de que, con la captura de sus compañeros, se ha desmembrado al grupo, el comandante “Nico” asevera que “esto es una afirmación totalmente falsa. Nos hemos reagrupado y reorganizado, y a cuenta de nuestra efectividad es que no hay más compañeros secuestrados-desaparecidos”.

Describe que para el EPR es refutable la posibilidad de riesgo como estructura partidaria, y que ambas cuestiones, tanto la política como la armada, conviven armoniosamente y no existe una crisis interna.

“Basándonos en las incursiones a los ductos de Pemex, así como la acción en la cárcel de Chiapa de Corzo, Chiapas, son expresiones de que esto va en serio”, destaca. El insurgente explica que el gobierno lo habría tomado como un hecho aislado, no consumado, “sin que se le diera un buen cause al mensaje que el EPR quería mandar de que liberasen a los compañeros a como diera lugar, y que el gobierno negociara”.

Reitera que, sin una estructura militar, las acciones no habrían sido posibles, y sin una estructura política, el mensaje habría sido ambiguo y poco entendible. “Tenemos brazos independientes, lo que nos permite tener una organización bastante flexible, que nos ha permitido seguir adelante con el firme propósito de que la sociedad civil nos respalde, consciente de que la realidad que acontece en el país es de todos, no de unos cuantos”.

Por tanto, refiere, los ataques de esta magnitud, donde se violentan nuestros derechos humanos, es sin duda, lo que mueve ahora al EPR.

Ideario político

La defensa de los derechos de los pobres y de los indígenas, la no explotación de recursos no renovables son algunos de los principios que rigen la labor del EPR, explica “Nico”.

Advierte que los funcionarios del gobierno federal sólo ven a las clases que gozan sobre la base del poder político y económico, los trabajadores no existen, y tratan en la imagen pública de asumir un papel responsable, sin que esto sea realidad.

El comandante asegura que han crecido en la clandestinidad y que el propio gobierno de Calderón se ha dado cuenta de que el movimiento se reaviva, simplemente con el hecho de secuestrar a compañeros defensores de las causas sociales.

Externa que los tiempos pueden marcar una pauta para el resurgimiento masivo del movimiento, producto de los acontecimientos y la desigualdad, “aunque esperamos emerger en algún momento de la clandestinidad a la que nos han acorralado a éste y otros movimientos”.

Sobre el planteamiento político del EPR de guerra popular prolongada, el líder guerrillero dice que su aplicación es una opción de tiempos políticos y no de espacios. “La guerra popular prolongada se da guardando un bajo perfil y sólo mostrando algunos destellos; puede ser una opción cuando el gobierno es ciento por ciento opresor, como lo ha demostrado Felipe Calderón”.

Añade que entre sus estrategias está la de resistir. “Otra de ellas es, mediante estos cursos que nos permitan guardar discrecionalidad y que sabemos que son empresas responsables, aludir a los asistentes para informarles cómo funciona realmente el movimiento, de todas las organizaciones afines. Demostramos una vez mas que nuestro compromiso es con México”.

Narcoguerrilla

Nico señala que el EPR y la narcoguerrilla latinoamericana –sobre todo la colombiana, con la que se le ha vinculado recientemente– no tienen nada en común. “Somos una organización para el bien social, no para generar un mal mediante el consumo de sustancias adictivas. No estamos a favor del uso de sustancias tóxicas y por lo tanto no existe ni la remota, por tentadora que sea la oferta, posibilidad de arreglo con cualquier grupo. En cuyo caso habría que investigar si no es un invento de las propias autoridades de Colombia. En lo que respecta a México podría ser otro invento del gobierno”.

Arguye que el EPR no tiene ningún nexo con grupos que no sean mexicanos y defiendan las causas sociales de nuestro país. “Es amplia la actividad que aquí realizamos para distraernos; es nuestro deber saber el estado de esas organizaciones, sabiendo que contribuyen al fortalecimiento de su planta trabajadora y campesina. Desconocemos cualquier relación de alguno de nuestros agremiados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”.

Respecto a los procesos político-electorales, como forma de lucha para acceder al activismo del EPR, precisa que la confluencia de miles de personas en un acto político como el votar puede funcionar sólo en el caso de que el gobierno esté atento a lo que le sucede a su alrededor, pero si es insensible y está enajenado con su propio poder, es imposible que movilizaciones de tipo electoral puedan, por sí mismas, generar un cambio en el país.

“Nico” considera que el EPR es la expresión más congruente ante la ignominia e imposibilidad de diálogo consciente y abierto. Solamente en extrema urgencia, en donde los grandes intereses económicos se vean afectados, sería la única opción que vemos viable para que haya ese cambio, dice.

“Entendemos el papel de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pero aún así, los resultados hablan por sí solos. La estrategia es conjunta con toda la sociedad. Sabemos que los intereses de muchos poderosos son trastocados con el ‘país en crisis permanente’. No se trata de una guerra indefinida, por el contrario, los resultados de nuestras acciones buscan mayor adhesión por parte de la población.”

Destaca que se debe seguir muy de cerca los errores que va cometiendo el gobierno federal, exigir que se nos devuelva a nuestros compañeros presos políticos y secuestrados, y que asuma cada quien su responsabilidad de los hechos.

El comandante eperrista considera que la vida es lo más importante. “¿Qué podemos esperar de un gobierno que no asume su responsabilidad y no respeta la vida? Nada, lo que requiere el pueblo es que uno de los actores tome en sus manos las riendas del país. Podemos generalizar las acciones a tal grado que haya un reconocimiento oficial, pero sabemos que costaría mucho, tanto a la sociedad como para las cúpulas del poder”.

El guerrillero explica que la consolidación de un partido político es uno de sus objetivos, siempre y cuando las demandas sociales se vean cumplidas. “Sin exigencias sociales realizadas, no vemos necesidad de crear un partido político abierto. Porque, para llegar a esto, quiere decir que México ya cambió totalmente”.

Agrega que, “si fuera cierta esta utopía, depondríamos de inmediato las armas, previa amnistía, porque si alguien ha creado y sembrado un clima de incertidumbre social son las cúpulas de poder. El comandante “Nico” advierte que las acciones del EPR no cesarán, hasta que se les dé un espacio abierto al diálogo y sin restricción alguna.

Teme el ejército actuar a fondo contra el EPR

Al abandonar la inteligencia militar y el seguimiento puntual a los grupos subversivos, la guerrilla se ha fortalecido en los últimos siete años: el EPR se localiza en media docena de estados, con armamento y equipo sofisticado equiparable al que utilizan las fuerzas castrenses, reconoce un grupo de generales del Ejército Mexicano. “Seguimos con más saturación de misiones, con poco personal, temor a actuar a fondo y un dislocamiento en los servicios de inteligencia”, dicen, al tiempo que buscan criminalizar la lucha social

Alejandro Vázquez

Experto en lucha antisubversiva, en control de disturbios y seguridad interior, con una carrera de décadas en el Ejército, el general en retiro se lleva la mano a la barbilla y a la pregunta de qué está ocurriendo con los grupos armados en estos momentos, y si el EPR es o no peligroso, responde con gravedad, pero directo:

“Lo que pasa es que no le estamos midiendo el agua a los camotes; en pocas palabras, estamos operando casi desde cero, retomando la labor de inteligencia militar que sobre estos temas se dejó de hacer el sexenio pasado y ahorita está cabrón saber exactamente el tamaño y los alcances de esta gente”.

Estamos pagando las consecuencias de haber convertido toda la agenda de seguridad en una agenda de lucha contra el narcotráfico, que además tampoco dio los resultados esperados, añade.

“La guerrilla no se quedó quieta, siguió actuando, ocultándose, preparándose, y se les fue perdiendo el seguimiento que había”.

–¿Por qué?

–Porque ya no se hizo.

–¿Por qué?

–Ya no se ordenó.

–Sí, pero ¿por qué?

–Porque todo se volvió el narco, la acción del narco, la delincuencia organizada, los “ajustes de cuentas”, los “levantones”, los zetas, el Golfo, Sinaloa, los capos. Nos pusieron esa agenda, nos ordenaron luchar contra ese enemigo y lo demás fue quedando de lado, dice el general, anónimo en la declaración por razones de sobra.

Minutos antes de las 10 de la noche, el general, de traje gris, llega al lugar tras desechar dos sitios en la zona norte de la ciudad. Una discreta escolta lo acompaña. El saludo amable y la conversación sobre cualquier cosa dura unos instantes. “Vamos al grano. Aquí es mejor, es más tranquilo y todos estamos mas relajaditos”, dice el militar mientras le deja a su escolta sus dos celulares.

Quince minutos después llega el segundo divisionario, también vestido de civil y escoltado. Igual de certero en el objetivo de la reunión.

El otro militar llega mucho más tarde, casi al final del encuentro. Apurado, apenado, pero igualmente valioso en su conocimiento de lo que ocurre.

Las mesas del lugar se vacían. Sólo quedan cuatro o cinco comensales, pero la voz de los militares sigue siendo discreta.

El primero de los generales –tal vez con más experiencia– responde las primeras preguntas.

–¿El EPR es o no rival de cuidado?

–No lo sabemos. En lucha frontal, no; pero, como guerrilla, son muy violentos: están dispuestos a todo y saben por dónde van, tienen gente, armas, dinero y apoyo.

Toma la hoja de la libreta y con letra manuscrita, clara, explica con gráficas y cuadros lo que llama la “primera gran verdad” sobre la zozobra de la inteligencia mexicana y sus ausencias y extravíos desde finales del sexenio de Ernesto Zedillo, la administración de Fox y lo que va de este gobierno. Habla de las etapas históricas en la lucha armada y menciona tres fases en su desarrollo: la insurrección, la lucha armada y la revuelta popular.

–¿Se perdió tiempo?, ¿qué ocurrió con la inteligencia del Ejército?, ¿en dónde estamos?

–Hablamos de finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, con el surgimiento de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria del maestro Genaro Vázquez Rojas; de luchas magisteriales y de la guerrilla de Lucio Cabañas, en Guerrero, pero también del contexto internacional, de Cuba y de Rusia y de los comunistas y su influencia en el continente para atajar al capitalismo y su ideología.

–Pero eso es el pasado, general. De eso no queda nada. El Ejército y la policía, la Federal de Seguridad, la Secreta, acabaron con todos o al menos con los más importantes.

–Sí queda gente, y a esos se les daba seguimiento en 1980, cuando vimos que venía ya en camino el EZLN.

“Esto no se acabó. Esta gente sigue accionando. Es el EPR que sobrevivió por generaciones y se reorganizó. Fueron Partido de los Pobres, Procup, Brigada de Ajusticiamiento, y más tarde EPR. Ahora son divisiones y nuevos grupos que operan no sólo en Oaxaca y Guerrero, sino en otros estados.

–¿El sureste?, ¿dominan el sureste?

–Allí siempre han estado. Ahora, tenemos elementos para señalar que se mueven en Sonora, Chihuahua, Monterrey, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Morelos, algunos más en Nayarit y otros en Aguascalientes. Eso está comprobado. Andan muy activos.

Ahora hay dos generales sentados a la mesa. El segundo entiende al detalle la plática en marcha y tras el saludo se suma para apoyar lo dicho. Agrega el asunto del narcotráfico como línea de explicación y consumo popular y mediático, para meter en un mismo costal la violencia de los cárteles de la droga, la de la guerrilla eperrista, ciertos secuestros, los asaltos a camionetas de valores en el Distrito Federal, el boyante tráfico de armas y explosivos.

El recién llegado agrega que se dejó de hacer la inteligencia fina y básica de antes, al avanzar el sexenio de Fox. Repite que todo se centró en el narcotráfico. Añade que, a la par de la saturación de misiones y de operativos antidroga, en el Ejército se dio también el paulatino desmantelamiento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Sus principales mandos fueron removidos poco a poco y colocados en sitios en los que aparentemente se les daba un nuevo rol en la lucha contra el crimen organizado. Se les envió a diversos sitios a intentar organizar agendas y planes a largo plazo para aplicar políticas anticrimen.

Nada extraordinario ocurrió y las labores de inteligencia quedaron en manos de inexpertos. Se dio, además, una lucha entre instancias como la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Federal Preventiva a nivel de mandos, en coordinaciones operativas y en racionalidad y amplitud de funciones, dicen los generales.

Los grupos armados percibieron las irregularidades y aceleraron algunas decisiones. Otras se dieron de acuerdo con los tiempos políticos y con sus calendarios de acción, explican.

La rebelión que viene

Hay un engaño en todo esto, aseguran los generales. “Ese engaño se le ha hecho a los dos últimos presidentes de la República al ocultarles información, negarles otra y exagerar u omitir datos vitales, para que el máximo comandante tenga una visión real de las cosas y pueda decidir”.

El trabajo de inteligencia se fue pervirtiendo. Los reportes y el acopio de información comenzaron a reducirse a un sólo tema como causa y efecto: el crimen organizado. Ése era el responsable de todo y en esa lógica se desglosaban todos los informes y reportes de incidencia delictiva en el país, coinciden los militares.

“Todo lo encausaron al narcotráfico y así creyeron que iban a resolver las cosas; pero estas acciones revelan, por la forma de ejecutarlas, la lucha de esta gente. Muchas de las acciones que siempre se le terminan atribuyendo al narco fueron en realidad operaciones de la guerrilla”.

–¿Como cuáles?

–La famosa incursión de comandos de dizque sicarios en Sonora, la balacera que desataron, la persecución, el paso por los retenes de la PFP. Todo eso fue asunto de guerrilla, no de ajustes de cuentas.

“Esa gente tardó varias semanas en meter de madrugada las camionetas y las armas. Fue una operación hormiga y nadie se dio cuenta. No es cierto eso de que le fueron a quitar las armas a la PFP. Sencillamente entraron sin que nadie se diera cuenta. Además, la camioneta hummer que se usó en esas acciones fue robada a un joven que la estaba vendiendo en Puebla. Lo balearon para quitarle la camioneta y a los 12 días aparece en Sonora.

–¿Qué más?

–Los asaltos a camionetas de valores. Ése que se hizo aquí en el Distrito Federal cruzando un camión para tapar la llegada de las patrullas y luego la balacera. Fueron ellos, el EPR, sus comandos. Son operaciones muy elaboradas: la delincuencia común no actúa así, no tienen ese nivel. Los atracos como esos son para hacerse de recursos, para que la gente que opera aquí tenga manera de seguir adelante y no haya necesidad de que les envíen dinero que se pueda rastrear.

–¿Son muchos casos?.

–Están aquí y allá. Las ejecuciones de comandantes en Michoacán, en particular la del coronel que fue emboscado, fue también una operación de eperristas que se sintieron descubiertos.

“Y otras más, la de Acapulco. Lo de Guerrero, cuando un comando entró a las oficinas de la policía ministerial a ejecutar a un comandante, a un agente del Ministerio Público y a dos secretarias, fue también cosa del EPR.

“Los narcos no andan por ahí con camaritas grabando lo que hacen. La guerrilla sí. Es parte de su manera de hacer propaganda, de llevar un control de lo que hacen y también para corregir errores. Es guerrilla, no narcos”.

Los militares dicen que para los estrategas de la actual guerrilla mexicana las dos primeras etapas de la ruta crítica de la liberación nacional ya se cumplieron: la insurrección y la lucha armada.

“Ahora, según esta gente, lo que sigue o lo que debería seguir es la fase de la revuelta popular. Parece que en eso andan, que ése es el objetivo y en eso trabajan, en crear las condiciones o en empujarlas para que se den esos escenarios de desestabilización”, dice el primero de los generales.

Otro agrega que al Ejército se le ordenó, desde sus altos mandos, en el sexenio anterior, no actuar, no meterse para nada en el conflicto de Oaxaca, aun a pesar de que se tenía conocimiento de la presencia del EPR y de otros grupos en la zona.

“Se tuvo conocimiento de la presencia de células de este grupo a poco más de un kilómetro de la zona militar en la capital oaxaqueña, pero la orden era clara y así se hizo. No se envió gente a las calles, no se pusieron retenes ni hubo cateos. Ésas fueron las órdenes del general Clemente Vega: no meterse, no manchar de nuevo al Ejército ni hacer nada que se reflejara en la población civil. Ése fue el gran temor de los mandos, que se dieran escenarios de represión de los que fueran responsables las fuerzas armadas, coinciden los generales. Se supo que anduvieron por el centro de la ciudad y la orden también fue no hacer nada, no intervenir.

“De ahí para acá se dejó de investigar, de tener el control sobre información sensible y vital para la seguridad”, indica el primero de los militares.

–¿Y cómo ha respondido la inteligencia militar ante estos retos y complicaciones?, ¿se ha reestructurado, hay nuevas instancias, reasignaciones?, ¿siguen existiendo instancias como el CIAN (Centro de Inteligencia Antinarcóticos), la sección segunda (Inteligencia Militar), o la sección séptima (Operaciones Contra el Narcotráfico)? –la pregunta, aunque seria, termina por arrancarles sonrisas a los generales. Uno y otro se turna para responder, como si el momento hubiera estado ensayado–.

–No. Nada ha cambiado. Los militares somos todavía muy cuadrados. Tanto así que, como comandantes, limitamos mucho a los Grupos de Información Sensible (GIS), no los soltamos y muchos acaban espantados pensando, “no, mejor no te metas a fondo porque te vayan a detener y yo luego qué digo, cómo justifico que tú”.

Un par de minutos antes de la medianoche, como en cuento de hadas, una revelación ilumina las mesas vacías. “La verdad es que, en la actualidad, los mandos tienen miedo de actuar, hay muchas dudas”.

–¿Y la tecnología, no les ayuda?

–Sí, pero es muy costosa y muchos la utilizan para otras cosas.

Al final de la noche el diagnóstico es claro y muy poco alentador. Los militares resumen que se debe regresar a las raíces de problemas como el de la guerrilla en México y revisar a sus líderes, porque esta gente casi siempre recorre el mismo camino dos o tres veces y no cambian sus hábitos fundamentales. Son las mismas personas y van a acabar haciendo lo mismo que saben hacer.

“Si hoy iniciamos este esfuerzo, en un año tendremos las bases para comenzar a actuar y tomar el control para prevenir y que no se den escenarios de alto riesgo e inestabilidad. Por lo pronto –dicen los generales– seguimos reaccionando y calculando quiénes son, cuántos son, adónde van a atacar, cómo le haremos para defendernos. Seguimos con más saturación de misiones, con poco personal, temor a actuar a fondo y un dislocamiento en los servicios de inteligencia.”

Desaparecidos políticos, herida social

Los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia quedaron impunes, señalan familiares de desaparecidos políticos. Exfuncionarios de la Femospp admiten que esa fiscalía obstaculizó el esclarecimiento de los casos

Mauricio Laguna

Investigaciones y documentos oficiales acreditan que de 1965 a 1985, militares, jefes policiacos, agentes de diversas corporaciones y autoridades locales y federales violaron los derechos humanos de cientos de personas detenidas ilegalmente.

Pese a las evidencias, el gobierno federal no tiene interés en resolver esta cicatriz social, coinciden Martha y Alicia de los Ríos Merino, del Comité de Madres de desaparecidos políticos de Chihuahua; Blanca Hernández, de la Fundación Diego Lucero; Graciela Mijares, de la Unidad Obrera y Socialista; Antonio Hernández Fernández, exmilitante del Partido de los Pobres, y Julio Mata y Tita Radilla, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Políticos en México (Afadem).

Los familiares de los detenidos-desaparecidos de las décadas de 1970 y 1980 señalan que de los 532 casos turnados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) en enero de 2002, sólo seis han sido consignados.

Se trata de los expedientes que acreditan la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra, en Nuevo León; Ignacio Arturo Salas Obregón, en Aguascalientes; Jacobo Nájera Hernández, en Guerrero; José Barrón Caldera, en Sinaloa; Bernardo Reyes Félix, en Guerrero, e Ignacio Olivares Torres, en Jalisco.

No obstante, dicen, sólo se aclaró el paradero de tres desaparecidos: del hijo de Lucio Antonio Gallangos Vargas (vivo), de Alejandro Arroyo Cabañas y de Carlos Francisco Castañeda de la Fuente. Mientras que de las 11 órdenes de aprehensión giradas en contra de los implicados, sólo fueron ejecutadas dos. Los exagentes Miguel Nazar Haro, Wilfrido Castro Contreras y Juventino Romero Cisneros fueron detenidos por unos meses.

“A pesar de que ahora contamos con leyes más estrictas, éstas se aplican desigualmente. Los cuerpos represivos y las elites de las décadas de 1970 y 1980 siguen recibiendo un trato diferenciado en los ministerios públicos y juzgados y eso les permite gozar de impunidad. Tal es el caso de Luis Echeverría Álvarez, quien fue eximido del delito de genocidio”, asegura Julio Mata.

Pruebas documentales

Documentos oficiales de la extinta Dirección Federal de Seguridad –archivados en la Procuraduría General de la República, la CNDH y el Archivo General de la Nación (AGN)– comprueban la ilegalidad de los cateos y las detenciones realizadas por las autoridades, durante casi 20 años, en la República mexicana.

Constancias, testimonios y fichas sinalépticas describen que, en innumerables ocasiones, agentes policiacos allanaron y registraron domicilios de particulares. Las autoridades buscaban capturarlos por su actividad política, considerada subversiva.

A raíz del cierre de la Femospp, ocurrido el pasado 15 de abril, queda un registro de 566 expedientes de desapariciones forzosas, 800 casos denunciados y listas donde se consignan los más de 3 mil 200 muertos en diversos casos de genocidio, como la masacre del 2 de octubre de 1968, los hechos del 10 de junio de 1971 y la represión en el estado de Guerrero.

Graciela Mijares –esposa de Ignacio Salas Obregón, líder e ideólogo de la extinta Liga Comunista 23 de Septiembre, desaparecido en abril de 1974– considera que México carece de leyes acordes con las convenciones internacionales. Indica que las autoridades judiciales aún no admiten que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad y que esto impide juzgar a los responsables.

Para Alicia de los Ríos, hija de la guerrillera homónima desaparecida en 1978, la CNDH no ha rendido cuentas sobre el trabajo de las desapariciones forzadas. Acusa que esa institución “es cómplice y forma parte del esquema de impunidad”.

De los Ríos asegura que la Femospp tuvo los elementos suficientes para incriminar a Miguel Nazar Haro en la detención, tortura y desaparición de Jesús Piedra Ibarra, de Arturo Salas Obregón y de su madre.

“Nazar Haro, Javier García Paniagua y Luis de la Barreda Moreno, exdirectores de la Dirección Federal de Seguridad, intervinieron directa o indirectamente en cientos de desapariciones”, insiste la abogada.

Obstáculo institucional

José Luis Moreno Borbolla y Alberto López Limón, exintegrantes de la Comisión Histórica de la Femospp, explican que en la desaparición forzada los autores procuran no dejar evidencia de su actuar, en especial de las privaciones y detenciones ilegales. No obstante, en 275 casos se demostró esta práctica.

“El trabajo del exfiscal Ignacio Carrillo Prieto fue pobre. Él realizó una continua obstrucción a los esfuerzos de familiares y amigos por conocer la verdad de los hechos”, afirman.

Los exfuncionarios reconocen que la fiscalía violó el artículo 5 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual indica que el ocultamiento de los cuerpos, la obstaculización de las diligencias de exhumación y la negativa de proporcionar información constituyen un trato cruel, inhumano y degradante.

Las víctimas tienen el derecho a solicitar a las autoridades gubernamentales que investiguen la violación de derechos fundamentales, para el establecimiento de la verdad histórica y de la verdad jurídica, que permita identificar a los responsables.

Denuncian que, en 2002, la Femospp obtuvo un presupuesto superior a 32 millones de pesos, duplicado en 2003. Para 2004, la Femospp llegó a manejar un presupuesto de 100 millones de pesos, sin considerar los recursos destinados a gastos de investigación en materia de seguridad nacional. No obstante, sus resultados fueron nulos.

La organización internacional Human Rights Watch señaló que el trabajo de la Femospp fue decepcionante: cientos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante esa época quedaron impunes.

Gallegos Nájera, exmilitante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, destaca que los 25 miembros de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales –que tiene presencia en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Morelos, Estado de México y Distrito Federal– están trabajando en la integración de varias demandas penales contra el exfiscal Ignacio Carrillo Prieto, que serán turnadas en septiembre próximo.

Desaparición forzada, política de gobierno

Para las organizaciones de derechos humanos y organismos de familiares de desaparecidos políticos en México, la práctica de la detención y desaparición forzada se inició en 1965. Al igual que en otros países latinoamericanos, se trató de una política de Estado donde el ejército, cuerpos policiacos e instituciones tenían el objetivo de eliminar a la oposición, en especial a las organizaciones político-militares de izquierda.

La Liga Comunista 23 de Septiembre, el Movimiento de Acción Revolucionaria, el Partido de los Pobres, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, el Frente Estudiantil Revolucionario, el Frente Urbano Zapatista, Comandos Armados del Pueblo, Vanguardia Armada del Pueblo, Fuerzas de Liberación Nacional y las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, son algunas de las agrupaciones extintas durante la guerra sucia.

Los trabajos elaborados por la Femospp concluyen que existían elementos para fincar responsabilidad por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, genocidio, homicidio, ejecuciones extrajudiciales y autoría intelectual de delitos de lesa humanidad a Luis Echeverría Álvarez, Hermenegildo Cuenca Díaz, Pedro Ojeda Paullada, Rubén Figueroa Figueroa, Luis de la Barreda Moreno, Mario Moya Palencia, Fernando Gutiérrez Barrios y Francisco Quirós Hermosillo.

Los familiares de desaparecidos acusan como responsables a Jesús Reyes Heroles –quien fuera secretario de Gobernación de 1976 a 1979–, Enrique Olivares Santana, Javier García Paniagua, Miguel Nazar Haro, el general Miguel Ángel Godínez, Mario Arturo Acosta Chaparro, Esteban Guzmán Salgado, Isidro Galeana, Sergio Bustos, Miguel Galindo Camacho, Filiberto de la Garza, Raúl Mendiolea Cerecero, Wilfredo Castro Contreras y Alejandro Straffon Arteaga.

Diversos informes de derechos humanos señalan que la mayor persecución contra la disidencia política y contra los grupos denominados guerrilleros sucedió durante la administración federal de José López Portillo y Pacheco (1976-1982). El número de desaparecidos políticos en dicha administración ascendió a 277.

Los gobiernos estatales y federales implicados en la guerra sucia han sido denunciados ante PGR, Secretaría de Gobernación, Amnistía Internacional, Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias con sede en Ginebra, Suiza.

La lucha por la presentación de los desaparecidos ha sido permanente. Huelgas de hambre, plantones, marchas, entrevistas directas con funcionarios del gobierno federal, han sido algunas de las estrategias empleadas desde la administración de Luis Echeverría Álvarez, dicen Julio Mata y Tita Radilla.

Coicoyán, el inframundo

En el municipio más pobre del país, las enfermedades curables y el cáncer socavan la vida de sus habitantes. Contrario a la promesa de erradicar la miseria que hizo el expresidente Vicente Fox, los indígenas de Coicoyán de las Flores subsisten abandonados, sin caminos ni atención médica

Erika Ramírez / David Cilia, fotos / enviados

Coicoyán de las Flores, Oaxaca. Bernardino Pineda Ortiz apenas había cumplido 12 años cuando los médicos del Hospital General de Oaxaca Aurelio Valdivieso lo desahuciaron, después de extraerle un tumor cerebral. El niño quedó imposibilitado de todas sus facultades y con los músculos de sus extremidades atrofiados. Volvió a ser un bebé, dice Valeria Ortiz, su madre.

Hace seis años, comenzó a sufrir dolores de cabeza que se agudizaron poco a poco. En la comunidad de El Jicaral, la más alejada de la cabecera municipal, no hubo médico que le atendiera ni diagnosticara el mal que le aquejaba.

Sus padres –indígenas nu’saavi o mixtecos que sobreviven de la agricultura de autoconsumo, como la mayoría de la población de esta región– no sabían cómo calmar sus dolencias y carecían de recursos económicos para llevarlo a la clínica más cercana, ubicada en el distrito de Juxtlahuaca.

El profesor de Bernardino exigió apoyo a los delegados de la Secretaría de Desarrollo Social para trasladarlo. Durante el recorrido, iniciaron las crisis convulsivas y las “autoridades” decidieron llevarlo a la capital del estado.

Los progenitores de Bernardino apenas entendían que su hijo estaba enfermo de gravedad. Ellos no hablan español y, aunque Oaxaca es uno de los estados con más hablantes de lengua indígena (2 millones, según estima el Consejo Nacional de Población), en el hospital no hubo un traductor que les explicara la magnitud del problema.

En el expediente 273961 quedó asentado que ingresó el 30 de septiembre de 2000 con una tumoración endocraneana, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Después de varias complicaciones postoperatorias y dos meses de permanecer internado, fue dado de alta con un cáncer avanzado que no lo hacía “candidato” a tratamiento de quimioterapia o radioterapia.

Desde ese año, para la familia Pineda Ortiz se han intensificado todos los problemas que acarrean la falta de asistencia médica y la miseria, pues ellos viven en el municipio más pobre del país, sin esperanzas de mejorar su calidad de vida y cambiar las condiciones de salud de su hijo.

Un estudio elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México revela que Coicoyán de la Flores tiene un índice desarrollo humano de 0.4455, similar al de las naciones del África subsahariana.

En esta población, enclavada en la sierra mixteca, se acaban las fuerzas y las ganas de vivir pues, los padres de Bernardino, desesperados, ya no encuentran la forma de salir adelante. Ella ocupa la mayor parte del tiempo en los cuidados de su hijo y en ocasiones cría algunos pollos para vender. Él apenas gana 50 pesos diarios, sólo cuando hay trabajo en la limpia de milpa.

Viven en una pequeña choza de adobe con techo de lámina en la ladera de la serranía, junto con tres de sus hijos, hacinados como casi todos los pobladores de la región. Ahí, con una precaria alimentación y sin atención médica, Bernardino cumplió la mayoría de edad.

“Ya no quedó como antes, pasa todo el tiempo como un bebé, no se mueve nada”, dice Valeria Ortiz mientras lo hidrata y acomoda en el camastro de madera vieja. El cuerpo de Bernardino se descubre pálido, extenuado y desnudo. “No hay más qué hacer, sólo esperar”, dice la mujer indígena.

En ésta, como en otras rancherías del municipio, enfermar es sentencia de muerte. No hay clínica ni médico que haga valer el “derecho a la salud” de todos los mexicanos. Emiliano Pineda López, exagente municipal de El Jicaral y uno de los pocos pobladores que hablan español, asegura que “la gente de aquí vive en total abandono”.

“Queremos un médico que permanezca en la comunidad. Siempre mandamos nuestra solicitud a Oaxaca pero el gobierno no nos hace caso. Dicen que no hay dinero para pagarle al personal, por eso es que tenemos una casa de salud sin doctor”, expresa, indignado.

A lo lejos, muestra un cuarto construido hace un par de años, pintado de blanco y con la palabra “Salud” resaltada en verde y azul. “De qué nos sirve si permanece cerrado”, exclama el lugareño.

Tierra Colorada

Los pasos de Anegleto Santiago son lentos y tortuosos para su avanzada edad. Apenas se sostiene con un palo de madera y camina sin rumbo. Duerme donde le caiga la noche pues el hombre ha perdido la noción del tiempo. Es indigente en el municipio más pobre del país.

El frío comienza y la lluvia amenaza con caer pronto. Anegleto no porta nada que lo proteja: usa un huarache de hule, una camisa desgastada y un pantalón de mezclilla viejo. Reposa sentado sobre la tierra. No puede más, soba sus pies heridos. Desde hace más de diez años iniciaron las molestias y la hinchazón que le hacen caminar con dificultad. No sabe qué es lo que tiene.

Gregorio López Morelos, agente municipal de Tierra Colorada, le saluda y eso basta para que el anciano comience a rezar sus males. Abatido, muestra las costras y protuberancias que se han formado en su pie derecho. El izquierdo no está mejor. Sus ojos también se han quedado con la “vista nublada”.

El indígena nu’saavi pasa el tiempo solo: su esposa murió hace algunos años y sus hijos decidieron emigrar el norte en busca de mejores condiciones de vida. Come lo que la gente le invita: yerbas, maíz o frijol. No hay más que ofrecerle. Tampoco cuenta con ningún apoyo gubernamental y mucho menos con servicio médico.

En la mixteca oaxaqueña “hay mucha gente enferma”, dice el agente municipal. Aquí, el atraso y la marginación se evidencian en sus pobladores: descalzos, escuálidos y enfermos.

Las brigadas de salud que envía cada mes el gobierno estatal no han sido suficientes para erradicar los padecimientos en las rancherías de este municipio. Los niños sufren de enfermedades curables como vómitos, diarreas, infecciones en las vías respiratorias. Las mujeres parturientas ponen en peligro su propia vida y la de sus hijos, porque no son atendidas a tiempo. La clínica de esta comunidad también permanece cerrada, reclama López Morelos.

En la Sierra Madre Sur, sus pobladores crecen y envejecen desprotegidos, lejos de todo. No hay fuentes de trabajo y en la primera oportunidad que se tiene, los hombres se van al norte. “A veces se pierden en la línea fronteriza. No se vuelve a saber de ellos, las familias se descomponen”, dice Gregorio López.

Los campos de Chihuahua, Sinaloa, Ensenada y Florida, Estados Unidos, son destino de cientos de jóvenes y niños, que cuando regresan lo hacen para brindar algún servicio a la comunidad porque no renuncian a sus raíces.

Familias enteras han quedado divididas en espera de que llegue el día de Todos los Santos para ver quién regresa. Pero no en todos los casos se corre con esa suerte. “Es triste, porque hay quienes se van y abandonan a sus hijos. Aquí hay muchos huérfanos”, lamenta el agente municipal, quien también ha tenido que ir a trabajar en la pizca de chile, jitomate o pepino.

El pueblo de Tierra Colorada es considerado como una de las comunidades más viejas del municipio, donde habitan aproximadamente mil 200 personas en situación de extrema pobreza. Los programas gubernamentales como Oportunidades y Procampo no cubren ni siquiera al 50 por ciento de la población que los necesita. Del Seguro Popular no saben cómo funciona, sólo conocieron a los encargados de su afiliación, que llegaron a tomarles la foto y sus huellas dactilares hace un par de años.

Promesas incumplidas

En julio de 2005, el expresidente Vicente Fox visitó a los dos municipios más pobres de México: Metlatónoc, Guerrero, y Coicoyán de las Flores, Oaxaca. El arribo del mandatario, acompañado de su esposa Marta Sahagún y otros funcionarios, así como del gobernador Ulises Ruiz, fue espectacular.

Un helicóptero aterrizó en la cancha de básquetbol de la cabecera municipal, lo que evitó que el ejecutivo federal conociera los agrestes caminos que llevan a la marginación.

En el acto oficial se ordenó a los secretarios de Salud, Julio Frenk Mora; de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota; y de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, así como a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, agilizar la entrega de todos los programas de combate a la pobreza.

Fox Quesada aseguró a los pobladores de Coicoyán que, para 2006, el ciento por ciento de la población contaría con el Seguro Popular. Esto significaba que 50 mil familias de la región podrían acceder a medicinas, hospitalización, cirugía y otros servicios, “sin costo alguno”. Fox Quesada también ordenó la construcción de más escuelas y la ampliación del padrón de Oportunidades. Nada de eso llegó.

Para el mismo año en que se había garantizado la atención médica a la población, Albina Romero Nájera fue diagnosticada con cáncer en la matriz. La mujer de 45 años asistió, casi por suerte, al Hospital General de Oaxaca, donde le localizaron un tumor en el útero. En una segunda consulta le pidieron que regresara en otra ocasión, porque “no había especialista que la atendiera”.

Pero “ella es pobre y ya no tuvo cómo regresar otra vez al hospital”, agrega Sebastián Romero Ramírez, agente de Llano Encino Amarillo. Porque aquí, el transporte es escaso y cobra de 800 a mil pesos para llegar a la capital, cantidad imposible de pagar.

Sebastián Romero traduce al español las palabras casi inaudibles de Albina. “Sólo quiere vivir un poco más, para seguir cuidando de las tres hijas que quedan con ella”. Por lapsos cortos de tiempo mitiga los dolores en la parte baja de su abdomen, cadera y espalda, con un antiinflamatorio común, utilizado para controlar la fiebre, cólicos menstruales, calambres u otros dolores “suaves”.

Además, dice la mujer, la gente del hospital “me trató como a un animalito al que no le hacían caso. Hacían como que no veían nada, los doctores”. Ella sentía morir. Fue hasta que una persona que hablaba mixteco exigió que la atendieran y le inyectaron un calmante, que sólo le duró un par de horas.

La indígena nu’saavi es madre de cinco jóvenes que emigraron. Les ha perdido el rastro. A veces, cuando la gente regresa de los campos de Ensenada, “le dice que sus hijos se han vuelto malos, que son unos cholos y que se han olvidado de ella”, cuenta.

Santiago Tilapa

“Aquí no se hace nada de la vida. No hay trabajo. No hay nada”, espeta Hilario Flores Tenorio, padre de Leonel, un niño sordomudo que a sus 11 años de edad se esfuerza por aprender a leer y escribir.

El niño indígena no cuenta con educación especial y nunca se le ha realizado un estudio médico para saber si es candidato a utilizar un aparato auditivo o si tiene esperanza de elevar su calidad de vida. Su familia apenas tiene recursos para subsistir; se mantiene de tortilla, frijoles y, a veces, arroz. La leche y la carne para los pequeños de este municipio son alimentos que se consumen una vez al mes, sólo si es posible.

Leonel, sus seis hermanos y sus padres viven en una de las viviendas más alejadas y escondidas de la comunidad de Santiago Tilapa, a más de una hora de camino en época de lluvias, porque la brecha que llega hasta ellos se enloda y el río que la atraviesa, crece.

Todos los días Hilario y Leonel suben juntos a la agencia municipal; el niño asiste a la primaria y el padre desempeña el cargo de síndico, un puesto no remunerado, pues es un mandato de sus usos y costumbres servir al pueblo. La escuela Dzanhuindanda, donde aprende el pequeño, es la única en Santiago Tilapa. Ahí estudian aproximadamente 225 niños de nivel básico que no cuentan con materiales didácticos suficientes.

Florina Sánchez Cruz, directora de nivel preescolar, habla del abandono en que están los estudiantes y las escuelas de la zona. “Aquí todos son muy pobres. Los pequeños carecen de becas y desayunos escolares. Asisten a clases con un alimento precario: frijoles, salsa y tortillas, porque ya no hay más alimentación. No hay otra cosa que les nutra”, lamenta.

Los niños tienen que estudiar en aulas en mal estado, con vidrios rotos y láminas por la que se filtra el agua. Los mesabancos no alcanzan y los dos salones que construyó el gobierno del estado, hace dos años y sólo en esta comunidad, no son suficientes.

“Nosotros nos quedamos sin recursos para trabajar con ellos y lo único que les pueden mandar sus padres es un cuaderno y un lápiz, pero no contamos con más”, dice la profesora, enfadada.

Es así como la enfermedad, el abandono, la incomunicación y el analfabetismo hacen de Coicoyán de las Flores –o “lugar donde se canta y se baila”– la región más pobre del país, donde las promesas gubernamenales nunca llegan a cumplirse.

Intercambio de pullas entre Presidente y gobernador

En Veracruz, competencia entre gobiernos por entrega de ayuda

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Dean" height="137" width="200">

Dean&producer=Notimex',650,600); return false;" title="Mostrar la imagen ampliada">

El presidente Felipe Calderón entrega un catre y cobijas a una de las pobladoras de Veracruz afectadas por el paso del huracán Dean Foto: Notimex

Tecolutla, Ver., 23 de agosto. A 10 días de las elecciones en esta entidad, el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Fidel Herrera Beltrán entraron en competencia por entregar apoyos a los damnificados que dejó el huracán Dean.

Los ríos se desbordaron en Veracruz y la guerra prelectoral también. Durante su gira por la entidad, el propio Calderón advirtió que la ayuda debía repartirse sin ''manipulación política''.

El mensaje tenía un claro destinatario. A unos pasos de él se encontraba el gobernador priísta Fidel Herrera, cuyo partido fue acusado por vecinos de este municipio costero de entregar despensas a cambio de votos.

El paso del meteoro por Veracruz dejó miles de damnificados y cosechas destruidas, y también se convirtió, para partidos políticos y gobiernos, en una oportunidad de oro de sacar provecho, ya que el 2 de septiembre se elegirá a 212 presidentes municipales y 50 diputados locales.

Desde la reunión de evaluación, Herrera Beltrán y Calderón intercambiaron pullas. El primero dijo que la recuperación de sembradíos no dependía del dinero del gobierno, ya que se había contratado un seguro, y el segundo lo felicitó, porque así, dijo, ya no se desviarían recursos de la Federación.

Juntos fueron a Poza Rica. En el gimnasio Miguel Hidalgo el Presidente fue recibido por un grupo de lugareños que se quejaban de la falta de ayuda de las autoridades federales. ''Felipe, no tenemos agua ni luz''. ''El Plan DN-III no sirve''.

Y como si se tratara de un mitin político, se dio una guerra de porras. A los gritos de ''¡Felipe, Felipe!'', otros respondían con ''¡Fideel, Fideel!''

En medio, la titular de Protección Civil, Laura Gurza, mostró que no es experta en esta lides, porque insistentemente se quejaba del calor, lo que provocó que una mujer la reconviniera: ''M'hijita, si tienes calor salte de aquí''.

Así como había personas con camisetas rojas del PRI, otras llevaban prendas con logotipos del Partido Acción Nacional incluso se acercaron a saludar a Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Los funcionarios del gobierno federal intentaban exhibir al gobernador. Desde temprano deslizaron a la prensa que lo habían obligado a quitar su propaganda, y luego la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Beatriz Zavala, dijo en corto que se habían repartido despensas en bolsas rojas, aunque luego el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, explicó que no se habían recibido denuncias, pero se evitaría cualquier uso político de la ayuda.

En Tecolutla, Calderón posó para la fotografía entregando cobertores y catres, y luego conversó con especial interés con una mujer de apellido Hernández Ochoa que le soltó: ''No queremos partidos, porque aquí se andan comprando los votos con las despensas y no se vale que anden lucrando con el dolor ajeno''.

''Totalmente de acuerdo. Tiene que ser totalmente parejo y sin distinción de partidos'', le respondió el michoacano mientras volteaba a ver al gobernador, que se aproximaba para prometer ayuda a la gente.

Los legisladores del blanquiazul analizarán con detalle el documento para hacerle adiciones

Diputados de AN consideran aceptables las propuestas del PRI sobre reforma fiscal

Aumentan en el partido tricolor las voces en contra de respaldar el aumento a la gasolina

ENRIQUE MENDEZ YROBERTO GARDUÑO

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados consideró aceptables las propuestas del Revolucionario Institucional (PRI) sobre la reforma fiscal, pero refirió que en los próximos días analizará con detalle el documento aprobado en la reunión plenaria del tricolor para hacerle algunas adiciones, aunque no sustanciales.

El diputado panista Manuel Minjares, quien recibió el documento de manos del presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, el pasado miércoles, dijo que continúa el análisis en su grupo parlamentario para fijar una postura lo más pronto posible.

Posible rechazo priísta a avalar el gravamen

Sin embargo, fuentes de Acción Nacional expresaron su preocupación porque Estefan Chidiac les ha planteado la posibilidad de que la diputación priísta decida, ante las críticas, no avalar el impuesto especial de 5 por ciento al litro de gasolina.

Por otra parte, en la diputación priísta se incrementan las voces en contra del resolutivo de respaldar dicho gravamen a los combustibles. El diputado José Murat aseguró que un sector del PRI de ninguna manera aceptará un impuesto de ese tipo, porque además de ser inflacionario impactaría de manera directa en el consumo familiar.

Dijo que durante la plenaria priísta en Querétaro no hubo ningún acuerdo en materia de aplicarle otro impuesto a la gasolina ya que un grupo importante de diputados está en contra de ello: "El grupo parlamentario no aprobó ningún aumento a la gasolina, ni otro tipo de impuestos, eso viene de la propuesta del PAN y está en revisión.

"En lo personal no avalo ninguna declaración en ese sentido, porque no fue materia de la discusión en la reunión del grupo parlamentario. Se trató sólo de la opinión de algunos. Tampoco es la postura de algunos senadores del Revolucionario Institucional, con los que hablé, ni de Beatriz Paredes, dirigente nacional del partido"

Propone la AMDA suprimir la tenencia vehicular

Por otra parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), José Gómez Báez, propuso a la Comisión de Hacienda suprimir el cobro de la tenencia a cambio de cobrar un impuesto de 55 centavos por litro en el precio de gasolina, y ya no de 35 centavos como se planteó.

"Lo que nosotros pretendemos es suprimir la tenencia y que el monto total que se pagaba se vaya a la gasolina, de tal manera que sea uniforme para todo mundo y genere un repunte tecnológico; que busquen autos con menor consumo de gasolina y contaminen menos. Ello también simplifica la recaudación al volverla más sencilla y se termina con la evasión".

En entrevista, luego de reunirse con integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gómez Báez explicó que el impuesto de las gasolinas permitiría captar aproximadamente 24 mil millones de pesos, en lugar de 22 mil millones que se cobran anualmente por la tenencia vehicular.

El rector de la UNAM critica que no se cuente con proyectos que beneficien el desarrollo

Sin educación, salud y seguridad ¿para qué queremos Estado?: De la Fuente

En el año 2000 éramos la novena economía mundial y ahora somos la decimoquinta, señala

EMIR OLIVARES ALONSO

El Colegio de México entregó ayer un reconocimiento al rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. En la gráfica lo acompaña Pablo Latapí Foto: Jesús Villaseca

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente, criticó la labor de las autoridades mexicanas al no contar con proyectos que beneficien el desarrollo del país: "Me pregunto una y otra vez: ¿dónde está el Estado mexicano, dónde ha estado?, si éste no va a asumir sus responsabilidades en educación, salud y seguridad, ¿para qué queremos un Estado?".

Ante los argumentos oficiales de que la economía mexicana avanza, De la Fuente refutó: "Durante los últimos años venimos escuchando una y otra vez que la economía mexicana venía creciendo al 3 por ciento, al 3.2, que ahí veníamos, pues sí, nada más que en el año 2000 éramos la novena economía (mundial) y ahora somos la decimoquinta".

Al recibir la escultura Sémina Mottum, máximo reconocimiento otorgado por El Colegio de México, De la Fuente subrayó que en el ámbito educativo, en México, el nivel superior está limitado por un discurso oficial que no se traduce en apoyos económicos, lo que refleja falta de compromiso:

"¿Es o no prioritaria la educación en México?; si es prioritaria, ¿dónde están los compromisos expresados cabalmente en términos de recursos y presupuestos? No se puede pensar que vamos avanzando cuando en realidad no lo hacemos, porque son avances relativos", aseveró.

Durante su participación en el seminario La educación que tenemos y la que requerimos, el rector de la máxima casa de estudios indicó que cuatro son los ejes "centrales" para analizar el presente y futuro de las universidades en México: cobertura, calidad, financiamiento y pertinencia.

En ese sentido indicó que tras los recientes reconocimientos internacionales, la UNAM es una muestra de que las dos primeras pueden conjugarse, por lo que refirió que un verdadero proyecto de Estado sería que en 10 años al menos media docena de universidades públicas mexicanas estuvieran entre las 100 mejores del mundo.

"Atrás quedó el mito de que las universidades masivas eran de mala calidad y las pequeñas eran de buena calidad, o que las universidades públicas eran de mala calidad y las privadas de buena; no es cierto, no hay un solo dato que lo sustente".

En México, la cobertura en educación universitaria es "inequitativa e insuficiente", pues tres de cada 10 jóvenes tienen acceso a ese nivel. "La verdad de las cosas es que tener una cobertura de un 23 o 24 por ciento -y no peleo por una décima, a lo mejor al rato nos dice (el subsecretario) Rodolfo Tuirán que ya estamos en 25 por ciento- da lo mismo. El problema es que menos de siete jóvenes en edad de tener acceso a la educación superior en México acceden a ella, y desde luego esto nos lleva a la pregunta: ¿Y dónde están? Si no están en el sistema educativo una mala noticia es que muchos de estos jóvenes forman parte de estos migrantes que el país expulsa año tras año".

Sobre el ámbito cualitativo, De la Fuente subrayó que de nada serviría tener cantidad sin calidad; en ese sentido criticó la labor de algunas instituciones privadas que fungen más como negocio que como verdaderas universidades, pues el reto "doble" para México, consideró, es tener muchas escuelas de educación superior de buena calidad.

Por ello hizo un llamado a contar de manera urgente con más universidades masivas de buena calidad, porque sólo con ello México podrá salir del rezago educativo en el que se encuentra.

En cuanto al financiamiento, De la Fuente expresó que las asimetrías con instituciones de países desarrollados "son verdaderamente impresionantes", pues en universidades de Estados Unidos o Europa además de generar sus propios recursos, reciben dinero de sus estados, y pese a ello están preocupadas.

Citó el informe de la secretaria de Educación estadunidense, Margaret Spellings, quien reveló que el año pasado Estados Unidos únicamente graduó 80 mil ingenieros, en comparación con los 350 mil graduados en la India y los 600 mil de China. "La preocupación está en todas las latitudes, está en Asia, en Europa, en los consorcios comerciales; y en mi país; honradamente la veo más limitada a la retórica oficial que a los programas específicos".

Finalmente, dijo que el cuarto eje para ese nivel educativo tiene que ver con la pertinencia de lo que se enseña, en el sentido de si se están o no formando los recursos humanos que se requieren en la coyuntura actual; en torno a la situación de las universidades mexicanas, "salvo contadas excepciones", consideró que se continúan formando los cuadros tradicionales, lo que nos deja a la zaga.

Sin embargo, acotó que reducir la pertinencia a las necesidades del mercado sería "un error gravísimo", porque si se permitiera, los mercados impondrían la agenda educativa. "La educación es uno de los últimos diques que no se han sometido dócilmente a las leyes del lucro mayor. México necesita aquí por supuesto ingenieros, científicos, nuevas carreras cada vez más sustentadas en desarrollos tecnológicos; pero sigo pensando que a lado de ellos México sigue necesitando filósofos, poetas, directores de teatro y científicos sociales", disciplinas que requieren urgentemente un renovado apoyo en el contexto nacional.

Ante esta serie de críticas, Roldofo Tuirán, subsecretario de Educación Superior de la SEP, reconoció como certeras las palabras del rector, pues el presupuesto en la materia es insuficiente para elevar la cobertura en ese nivel educativo, ya que actualmente sólo 25 por ciento de los jóvenes accede a ese nivel y para incrementarlo a 45 por ciento para el año 2020 se requeriría invertir tres veces más de lo que actualmente se invierte.

Tuvo que regresar a escuchar quejas de perjudicados

Enfrenta Calderón protesta en Hidalgo

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Pobladores de Tulancingo, Hidalgo, afectados por los recientes aguaceros, bloquean el paso de camionetas del convoy presidencial, en protesta por la falta de atención de autoridades estatales y federales Foto: Carlos Camacho

Tulancingo, Hgo., 23 de agosto. ''¡De aquí nadie se mueve y nadie se va!'', gritaba un hombre, altavoz en mano, mientras cientos de vecinos afectados por el paso del huracán Dean impedían el paso de cuatro camionetas del convoy presidencial.

Los pobladores estaban molestos porque el presidente Felipe Calderón y el gobernador de Hidalgo, Miguel Angel Osorio Chong, junto con sus respectivas comitivas, pasaron de largo a bordo de vehículos blindados y ya no escucharon las peticiones de ayuda de los habitantes de la colonia Santa Cecilia.

El michoacano y el priísta Osorio Chong iban de regreso de una reunión de evaluación de daños, en la cual no pudieron presumir saldo blanco, porque fallecieron una niña y su madre y ocurrieron graves inundaciones, sobre todo en los municipios de Tulancingo y Cuautepec, que fueron los dos puntos de la gira.

De ahí se trasladaron juntos al barrio Tepeyac; sin embargo, cuando cruzaban la colonia Santa Cecilia cientos de habitantes intentaron interponerse en su camino.

''¡Párense, den la cara!'', gritaban los vecinos y manoteban cerca de las camionetas que, a toda velocidad, lograron traspasar el cerco.

No fue el caso de los vehículos que trasladaban a los reporteros y a elementos del Estado Mayor Presidencial. La gente se acercó furiosa a recriminar la falta de atención y comenzó a golpear los cristales y a gritar ''¡abran, abran!''

Al darse cuenta de que en esos automóviles no iban los funcionarios, se arremolinaron y se quejaron. ''El Presidente pasó corriendo y ni siquiera se detuvo a escucharnos'', explicaba una mujer, y otra lloraba porque no habían recibido despensas y sus casas seguían inundadas.

Las lluvias afectaron por igual casas de nivel medio y una unidad habitacional construida del Fovissste, donde la mayoría de los habitantes son maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La gente decía que nadie los había auxiliado y sólo cuando se supo que iba a pasar por ahí el Presidente comenzaron a llegar algunos trascabos, pero ya era tarde, pues habían perdido sus pertenencias.

A unos pasos, Héctor Espinosa se quejaba: ''Esperamos al Presidente desde las siete de la mañana, pero cobardemente jaló el vehículo y se fue. Ni siquiera nos dió la cara''.

Ante la molestia de la gente, los reporteros tuvieron que ser llevados en operación hormiga a otra calle, donde abordaron un camión militar para acudir a presenciar, apenas por unos minutos, el recorrido que realizó Calderón por la colonia Tepeyac, éste sí controlado mediante cordones de seguridad que evitaron que los ánimos se desbordaran.

No fue el único incidente en que se vieron involucrados la prensa y el EMP. En Tulancingo, un helicóptero de la Marina perdió potencia, al parecer a causa de sobrecupo, y bajó forzadamente en un alfalfar, quedando a varios metros de los otros helicópteros. El aparato resultó averiado y fue sustituido por otro de la Fuerza Aérea Mexicana.

''Nos volvieron a fallar''

Minutos después de la retención de las camionetas, ambos mandatarios tuvieron que regresar a ofrecer ayuda a los inconformes. El gobernador ya había hecho gestiones para tranquilizarlos, por lo que, a su llegada, él y Calderón pudieron caminar en medio de una valla.

Osorio Chong argumentó que no se habían detenido porque primero quisieron verificar la situación de otras colonias y les pidió que recibieran al presidente ''como lo sabemos hacer los hidalguenses''. Se escucharon algunos aplausos.

Colocado en medio de la muchedumbre, Calderón dio la palabra a un representante vecinal, quien pidió brigadas de salud, despensas, cobijas, el desazolve de la presa La Esperanza y ayuda sin lucro político. ''Estamos llenos de coraje de que nos volvieron a fallar'', decía su pliego petitorio.

Después de escuchar la retahíla de peticiones, el michoacano se comprometió a ayudar al límite de sus posibilidades e incluso declaró que comprende el escepticismo de los habitantes.

Al grito de ''¡hagan la valla para que salgan, con calma y respeto!'', los inconformes dejaron que Calderón avanzara hacia su camioneta.

Un hombre y una mujer alcanzaron a exclamar: ''¡Dejen pasar al espurio!''

Preocupa la situación en Basora; confianza en que el ejército de GB mantenga el orden

El gobierno de Irak se debilitará en los próximos meses: inteligencia de EU

La empresa estadunidense Textron admite que pagó sobornos al régimen de Hussein

AFP, REUTERS

Washington, 23 de agosto. Un nuevo informe de la inteligencia estadunidense advirtió este jueves que el gobierno del primer ministro iraquí, Nuri Maliki, "se debilitará" en los próximos meses. El documento se conoció en el contexto de recientes críticas hechas por el presidente George W. Bush, en el sentido de que la administración de Irak no está dando resultados, si bien ayer el mandatario estadunidense aseguró que el premier Maliki "es un buen tipo y lo apoyo".

La comunidad de inteligencia evalúa que "el gobierno iraquí será más precario en los próximos seis meses debido a las críticas de otros miembros de la coalición" de gobierno, hegemonizada por los chiítas, así como de partidos sunitas y kurdos, según el informe. Partes del dcoumento fueron divulgadas luego que el director nacional de Inteligencia decidió desclasificarlos.

Los intentos de Maliki para terminar con las divisiones sectarias y étnicas han fallado: 17 ministros de 37 han renunciado o han decidido boicotear el gabinete.

La evaluación añade que a menos que haya un "cambio fundamental en factores que dirigen los desarrollos de la política y seguridad", los compromisos políticos para una "seguridad sostenida, un progreso político de largo plazo y un desarrollo económico no es probable que aparezcan".

En febrero, una evaluación de inteligencia advirtió que aún si la violencia cedía, los líderes iraquíes serían "fuertemente presionados" para lograr una reconciliación política en 12 o 18 meses. Desde principio de año Estados Unidos ha enviado 30 mil soldados adicionales, pero Maliki no ha logrado aprobar legislaciones que ayuden a la reconciliación entre sunitas y chiítas.

La Casa Blanca estimó que el informe muestra que la estrategia de Washington permitió mejorar la situación en Irak, pero advierte que aún habrá que enfrentar "duros desafíos" en ese país.

El jueves, el vocero del Pentágono, Geoff Morrell, señaló que su país está preocupado por la situación de seguridad en Basora, sur de Irak, pero confía en que el ejército británico "haga todos los esfuerzos por mantener la ley y el orden en ese lugar". Los británicos disponen de 5 mil 500 soldados en la región, pero la mayoría se encuentra en el aereopuerto de Basora para entrenar a la 10 división iraquí. Un pequeño contingente británico se encuentra en el Palacio de Basora, pero deberá retirarse de ese lugar en las próximas semanas. El gobierno británico prevé retirar a 500 soldados de ahí antes de fin de año.

Por último, la empresa estadunidense Textron reconoció que tres de sus filiales pagaron sobornos en Irak, por lo que aceptó este jueves pagar 4 mil 65 millones de dólares para evitar demandas, informó el departamento de Justicia estadunidense.

Entre 2000 y 2003 empleados de David Brown Transmission, David Brown Engrenage y David Brown Guinard Pumps, todas filiales de Textron, entregaron 600 mil dólares al gobierno de Saddam Hussein por contratos en el contexto del programa de la Organización de Naciones Unidas Petróleo por alimentos.

SIN Justicia Social no hay Democracia Integral”

• Escrito por testaferreira
• 23 Agosto 2007

1. En este Mes de la Solidaridad los chilenos hemos sido testigos de un debate nacional sobre la equidad. Nos urge enfrentar como sociedad este apremiante tema de fondo.

2. En el reciente conflicto en Codelco, fue posible alcanzar acuerdos mediante el contacto directo entre las partes involucradas, pese a la complejidad del tema y a los obstáculos existentes. Estos acuerdos se lograron gracias a la ayuda que prestó el Obispo de Rancagua, con su disponibilidad permanente para facilitar el diálogo.

3. Como consecuencia de ese hecho y de las demandas crecientes de organizaciones de trabajadores, diversos sectores del país han acogido positivamente el llamado que ha hecho el Presidente de la Conferencia Episcopal a asumir la deuda pendiente, en cuanto a una mejor distribución de la riqueza, y la compensación ética y digna del trabajo humano.

4. Interpelados por el Evangelio, por la doctrina social de la Iglesia y por el testimonio de nuestros santos y mártires, abordamos estas materias desde la misión de pastores que nos ha sido confiada. Lo hacemos porque a la conciencia cristiana de Chile no le puede resultar indiferente el sufrimiento de tantos hombres y mujeres -trabajadores, jubilados, pensionados y montepiados-, que no logran vivir con dignidad si no acceden a un ingreso que permita a una familia satisfacer sus necesidades básicas acordes con la naturaleza de quienes son hijos de Dios.

5. Creemos que las decisiones económicas y las políticas públicas deben estar siempre motivadas por el bien de las personas, considerando de un modo privilegiado a los más vulnerables, a los más pobres. No podemos resignarnos a aceptar la inequidad y la injusticia social como datos de la realidad. No podemos separar la ética de la vida ni de la economía.

6. Es por ello que consideramos imprescindible lograr acuerdos consensuados entre el gobierno y la oposición en favor de la equidad, de modo que las políticas públicas y los emprendimientos del sector privado promuevan la creación de empleo, especialmente en los sectores más necesitados, e impulsen la productividad. También es necesario llegar a un acuerdo nacional que dé a la educación de calidad la prioridad que se merece. Sin estas medidas en el orden laboral y educacional no lograremos reducir substancialmente las brechas de ingreso que existen en nuestra sociedad.

7. Agradecemos sinceramente a todas las personas e instituciones que han acogido nuestro llamado a promover la justicia y la equidad con buena disposición y búsqueda de propuestas. Ante la proximidad del Bicentenario, no quisiéramos que esta voluntad quedara archivada como una más entre las buenas intenciones. Por eso, sentimos nuestro deber, como Obispos de la Iglesia Católica, perseverar en nuestro empeño de invitar a la sociedad a dar nuevos pasos en este camino.

8. Hacemos un llamado al diálogo nacional que incluya todas las miradas que busquen el progreso de nuestro país y de las familias más pobres, para acercar posiciones y lograr acuerdos entre los actores con mayor responsabilidad por el bien común, y de esta manera, puedan impulsar las medidas que conduzcan a una patria con mayor justicia social. De nuestra parte, siempre estaremos dispuestos a motivar dicho diálogo y a facilitarlo. Invitamos a comprometerse en él a los católicos y a las personas de buena voluntad que sirven en el mundo laboral, político, académico, científico y comunicacional.

9. Tal como expresábamos en nuestra declaración del 18 de julio pasado, necesitamos “escucharnos y abrirnos a buscar soluciones que integren los distintos puntos de vista, para resolver los dramáticos problemas de pobreza y trabajo precario”. Creemos en el diálogo y por eso hacemos este llamado. Nuestra Iglesia está dispuesta a colaborar en él, cumpliendo así el encargo que recibió de Jesucristo y por el cual nos juzgará un día. (cfr. Mt 25, 31ss).

10. “Sin justicia social no puede existir democracia integral”, nos decía san Alberto Hurtado, cuya fiesta recordamos este 18 de agosto, Día de la Solidaridad. Que su testimonio inspire el diálogo y que éste produzca abundante fruto. Todo ello se lo encomendamos a la protección de María Reina, Madre de Jesús, cuyo reino no tendrá fin.

EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE

- Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua
Presidente

- Gonzalo Duarte García de Cortázar
Obispo de Valparaíso
Vicepresidente

- Francisco Javier Errázuriz Ossa
Cardenal Arzobispo de Santiago

- Ricardo Ezzati Andrello
Arzobispo de Concepción

-Cristián Contreras Villarroel
Obispo Auxiliar de Santiago
Secretario General

Santiago de Chile, 22 de agosto de 2007.

Fuente: www.iglesia.cl