Recursos públicos para el Centro Fox

El Centro Fox, que construyen el expresidente y su esposa Marta Sahagún en su rancho de San Cristóbal, Guanajuato, emplea a personal administrativo que en el sexenio pasado laboró en la residencia oficial de Los Pinos y que ahora le cuesta al erario 3.5 millones de pesos por año; mientras que efectivos del Estado Mayor Presidencial también son utilizados para resguardar esas instalaciones privadas que, según el PRD en el estado, servirán de sede operativa y de capacitación ideológica para un nuevo partido de ultraderecha

Yenise Tinoco / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

San Cristóbal, Guanajuato. Al menos 17 personas que laboran en las oficinas del Centro Fox cobran sus salarios con cargo a la Presidencia de la República, lo que representa un gasto anual del presupuesto federal por 3 millones 523 mil pesos, sin contar sueldos y haberes que perciben miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) que día y noche vigilan las instalaciones privadas y cuyo gasto el gobierno se niega a proporcionar.

Al final de un camino empedrado, entre casas humildes, la mayoría con pisos de tierra, en la comunidad de San Cristóbal en San Francisco del Rincón, Guanajuato, Vicente Fox construye, con una inversión millonaria, el centro que tiene por nombre su apellido. Financiado –asegura el expresidente– sólo con recursos de la iniciativa privada.

Donde estaban las caballerizas del rancho de la familia Fox, habitado por la madre del exmandatario hasta la muerte de ésta y hoy por su hermana Mercedes, Fox construye un megaproyecto que, según dice, será un espacio para el ejercicio académico, aunque durante su gestión como presidente de la República invitó a los mexicanos a no leer ni informarse.

Vestido con camisa azul a cuadros, pantalón café y zapatos lustrosos, el ranchero Fox camina entre la tierra, trabes, cemento, ladrillos y una treintena de trabajadores que no le dejan de silbar, mientras él recorre las instalaciones del centro, que en diciembre será inaugurado con la presencia del expresidente estadunidense Bill Clinton.

Protegido en todo momento por su jefe de escolta del EMP, el expresidente pierde su mirada en la media hectárea donde se construirá el centro y, al observar la presencia de un fotógrafo, señala con la mano lo que será la biblioteca del Centro Fox y que ahora es sólo un gran hoyo de más de 20 metros de profundidad, donde dice que concentrará los más de 4 millones de “documentos históricos” acumulados durante su mandato.

Indica escuetamente que el centro estará listo en diciembre, “y si no, ya saben”, advierte a sus acompañantes. Hasta ahora, el expresidente se ha negado a informar sobre el origen de los recursos que son utilizados para construir la biblioteca y el museo que llevan su apellido, y sólo asegura que es la iniciativa privada la que aporta el dinero para la obra.

Ana Teresa Jiménez, directora de marketing y comunicación del Centro Fox, explica que está financiado por importantes empresarios mexicanos, quienes a través de un patronato proveen de recursos a Vicente Fox para la construcción y administración del megaproyecto. Asegura que no se usan recursos públicos.

“Hay un patronato del que ahora no está permitido dar a conocer los nombres de sus miembros, pero en un futuro se informará”, y respecto a los recursos públicos que se pudieran estar utilizando en la construcción y logística del Centro, Jiménez agrega: “No hay nada, ningún recurso público”.

El 30 de mayo pasado, el periódico local a.m. dio a conocer la existencia de una asociación civil integrada por 45 empresarios que auspicia el centro: Carlos Slim, presidente de Grupo Carso; Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez, de Televisa; Ricardo Salinas, de Tv Azteca; Federico Sada González, de Grupo Vitro; Lorenzo Zambrano, de Cemex; Juan Diego Gutiérrez Cortina, de Gutsa; Olegario Vázquez Raña, de Grupo Ángeles; Roberto Hernández, de Banamex, y Sergio Díaz, de Bardhal.

También hay exfuncionarios del gabinete foxista: Pedro Cerisola, Ramón Muñoz, Javier Usabiaga. El consejo de vigilancia está constituido por Arturo Sánchez de la Peña (que junto con su papá, Roberto Alcántara, es dueño de Grupo Estrella Blanca), Amparo Espinoza Rugarcia (hija del banquero Manuel Espinoza Iglesias) y el matrimonio integrado por José Pintado Rivero (expresidente de la Asociación de Banqueros) y Beatriz Sánchez Navarro de Pintado.

Sueldos con cargo al erario

Por dos decretos presidenciales del 25 de noviembre de 1976 y 31 de marzo de 1987, que sustentan las pensiones de los expresidentes mexicanos, la hacienda pública está obligada a pagar hasta 103 personas al servicio de cada uno de los cinco exmandatarios: 25 administrativos y 78 del EMP (Contralínea 78).

A través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Contralínea pidió a la Presidencia en tres ocasiones el nombre y salario de las personas que trabajan con Vicente Fox. Recibió tres respuestas diferentes, tanto de nombres como de montos percibidos.

Se solicitó la ubicación de donde laboran dichas personas y coincidió la dirección y teléfonos con los de la oficina del Centro Fox y Vamos México, situada en carretera León-Cuerámaro, San Francisco del Rincón, kilómetro 13, Guanajuato.

De acuerdo con la información proporcionada, el personal administrativo que labora en el Centro Fox representa un gasto mensual de casi 300 mil pesos.

En la solicitud 02100000

84907, donde se pedía información de los sueldos de los miembros del EMP, el IFAI respondió que está reservada de conformidad con el artículo 13 fracción I de la Ley.

En una petición posterior donde sólo se pide el monto que se destina para cubrir los haberes de los miembros del EMP que brindan seguridad al exmandatario, la Unidad de Enlace de Presidencia indicó: “Los elementos asignados para la seguridad del expresidente Vicente Fox tienen grados que oscilan de cabo hasta teniente coronel, cuyos sueldos y percepciones pueden ser consultados en los tabuladores de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la página electrónica www.sedena.gob.mx”.

Sin embargo, en el escrito no se precisa qué cantidad de elementos tienen a cargo la seguridad de Fox ni número por rango, lo que impide tener un aproximado sobre los recursos que se destinan para pagar al personal de seguridad del expresidente.

Algunos de ellos, a decir del personal de la oficina del exmandatario, están encargados de vigilar las instalaciones donde se construye el Centro Fox. Además, según el documento, “la seguridad que proporciona el EMP es para el expresidente Vicente Fox; sin embargo, de acuerdo con la evaluación de riesgo, la seguridad en ocasiones se extiende a su esposa o a sus hijos”.

Candil de la calle

San Cristóbal es una comunidad que se ubica a 15 minutos del municipio de León, con una población de apenas 2 mil habitantes. Sólo su calle principal, que es la que lleva al rancho de la familia Fox, está empedrada, a las demás calles no les llegó el beneficio de que su hijo pródigo fuera jefe del Ejecutivo, y siguen sin pavimentar.

La comunidad cuenta con una escuela frente a la iglesia, que fue remozada al igual que el atrio y el rancho propiedad de los Fox en 2001 con recursos públicos estatales, cuando George Bush, en visita no oficial, se hospedó en la casa de la entonces familia presidencial.

Es ahí donde Fox construye un centro multidisciplinario, donde se trabajará –dice Teresa Jiménez– en cuatro ejes rectores: análisis e investigación donde se harán estudios sobre democracia y libertad en Latinoamérica, consultoría, área de estudio sobre democracia, libertad, liderazgo, equidad de género, transparencia, combate a la pobreza, políticas públicas y economía.

Los otros dos ejes son: información y documentación, donde habrá títulos y documentos con las áreas de especialización del centro y de la gestión gubernamental 2000-2006, cultura y museografía con exposiciones permanentes y temporales.

Ana Teresa Jiménez señala que la prioridad en la investigación en el centro serán los temas sociales: “durante el gobierno de Vicente eran las cuestiones sociales las que movían todas las políticas públicas”.

José Ramón Rodríguez Gómez, secretario de la Comisión de Participación Ciudadana y Gestión Social del Congreso local, señala que el dinero que se invierte en el Centro Fox debería traer beneficios a los más necesitados, que a lo largo de casi dos décadas de gobiernos panistas en Guanajuato han estado en el olvido.

“Es una burla que Fox pretenda investigar sobre temas que en el estado y con los gobiernos emanados de su partido se han agudizado. Existe una alta deserción escolar, Guanajuato es el lugar 24 en analfabetismo y el 26 en rezago educativo, uno de los niveles más altos de rezago para cubrir la matricula en medio superior.

“La entidad paso de ser el tercer lugar en expulsión de mano de obra a Estados Unidos, a el primer lugar, por arriba de Zacatecas y Michoacán. Guanajuato es el estado donde más niños se van a buscar el sueño americano. El gobierno panista ha privilegiado a los empresarios, no a la gente”, dice el legislador.

Rodríguez Gómez indica que Guanajuato poco se ha beneficiado con los gobiernos de Vicente Fox, primero como gobernador y después como presidente de la República. “Ahora pretende trabajar para el mundo entero, cuando no lo hizo en su tiempo por su país, y menos por su estado”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social de Guanajuato, en el estado más de 750 mil personas viven en pobreza extrema (la población asciende a 4 millones 500 mil). Alrededor de mil comunidades –aproximadamente 5 mil habitantes– no cuentan con servicios básicos de salud.

Juan Carlos López Rodriguez, secretario de Desarrollo Social y Humano, dice que 523 mil 124 personas no tienen Seguro Popular, porque no cuentan con un empleo. Además de que 3 mil familias en la entidad no cuentan con el programa Oportunidades y viven en pobreza extrema.

En 2005, Vicente Fox y el entonces secretario de Salud, Éctor Jaime Ramírez, levantaron bandera blanca en el estado, es decir, era la primera entidad que daba ciento por ciento la cobertura de salud en el país.

Rodríguez Gómez dice que resulta indignante que Fox pretenda aportar a la transparencia y democracia mundial, cuando él y toda su familia filial y política están envueltos en denuncias de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

El diputado, también integrante de la Comisión de Hacienda, señala que están atentos ante cualquier desvío de recursos públicos, ya sean estatales o municipales, “sobre todo del gobierno del estado que pudieran ser aportados”. Y agrega que de ser necesario se presentará una denuncia formal para que se investigue sobre el origen de los recursos que financian tan costosa obra.

Sede de capacitación del Partido Humanista

José Luis Barbosa, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), comenta que el Centro Fox se puede convertir en la sede operativa y de capacitación ideológica de la nueva institución política de ultraderecha, que llevara el nombre de Partido Humanista.

El nuevo partido –dice Barbosa–, creado por Fernando Rivera Barroso y Elías Villegas, entre otras personalidades, del Partido Acción Nacional, tendrá una fuerte carga ideológica pero con suficientes recursos para desarrollar una línea de acción como la que se pretende realizar en el Centro Fox.

El líder perredista menciona que en el estado la relación del gobernador, Juan Manuel Oliva, con Elías Villegas y Vicente Fox es muy estrecha, “y esto no está aislado del Centro Fox”. Además, existe la vinculación y cercanía con los recursos públicos estatales y municipales.

Ley del ISSSTE para expresidentes

Samuel Aguilar Solís, secretario de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, sostiene que los expresidentes y los demás funcionarios del Estado deben de estar bajo el régimen de pensiones de la nueva Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dice que las prestaciones que hoy tienen los expresidentes funcionaron cuando había un presidencialismo omnipresente. Pero que es el momento en que se haga un alto al dispendio de recursos.

“Las prestaciones se tienen que regular con la Ley del ISSSTE, porque los expresidentes son servidores del Estado. En este nuevo México se necesita un marco jurídico apropiado, y es que no es correcto mantener este tipo de privilegios cuando el pueblo tiene necesidades”, dice el legislador.

Aguilar Solís menciona que no sólo se tienen que limitar las pensiones económicas, sino también los salarios, a cargo del erario, del personal administrativo y militar al servicio de los expresidentes, además de no seguir manteniendo oficinas de lujo, pues “ellos ya no tienen ningún tipo de función pública”.

CNDH, poder inescrutable

En contravención de la Ley Federal de Transparencia, la CNDH oculta y desaparece expedientes de investigación cerrados, como el de la anciana Ernestina Asencio Rosario, víctima sexual de militares. Especialistas en derecho a la información señalan como ilegal esta actitud y advierten que el equipo de Soberanes no rinde cuentas a nadie

Yenise Tinoco

Con el argumento de evitar exponer la vida privada de los quejosos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) oculta y desaparece expedientes de investigación, señalan investigadores.

Miguel Sarre acusa que la Comisión niega en forma sistemática el acceso a sus investigaciones. El catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) dice que la función más importante de la CNDH es la atención de las quejas; por ello, considera necesaria la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación externa.

Por su parte, la organización Fundar asegura que la institución encabezada por José Luis Soberanes tiene prácticas viciadas en el manejo de la información, pues no realiza versiones públicas de documentos que contienen información reservada o confidencial; niega a los quejosos el acceso a su propio expediente; notifica la inexistencia de información cuando ésta, por ley, debe que existir, y entrega información distinta, incompleta o incongruente en relación con lo solicitado.

Creada el 6 de junio de 1990 por decreto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, la CNDH tiene la encomienda de proteger los derechos humanos de los mexicanos. No obstante, John Ackerman, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destaca que esto no ha sucedido.

Salinas de Gortari creó esta instancia para legitimarse; pues, ante la inminente firma del Tratado de Libre Comercio, las críticas a nivel internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos en México no le venían bien, indica el investigador.

El especialista en el tema de transparencia sostiene que es muy complicado acceder a información en la CNDH, ya que utilizan todo tipo de estrategias evasivas para demorar la entrega de datos o sólo proporciona información parcial.

Para Miguel Sarre, la CNDH debe ser el abogado de las personas que requieren apoyo para enfrentar el poder arbitrario del Estado o los actos retardados de la administración pública.

El también director del Programa Atalaya del ITAM señala que, aun con la publicación del informe que la CNDH presenta al Congreso de la Unión, hay una gran opacidad sobre el mayor número de quejas. Precisa que el 98 por ciento de éstas no derivan en recomendación. Aunque aclara que la ley establece otras salidas, dice que es importante saber por qué no procedieron las denuncias.

De 1997 a la fecha, la CNDH ha emitido mil 856 recomendaciones a las distintas dependencias federales. Sarre advierte que la opacidad en estas investigaciones alienta una actuación discrecional.

“Es natural: a nadie le gusta los controles. Las personas llegan hasta donde encuentran límites. Por eso hay que ver hasta dónde funcionan los mecanismos para hacer efectiva la transparencia”.

El investigador explica que existen mecanismos de control externos como el Poder Legislativo, pero aclara que los diputados, ante la falta de claridad, han mostrado desinterés en el tema de la CNDH. Agrega que, en cuanto a los mecanismos internos, estos no tienen la intencionalidad de funcionar.

Desleal, la CNDH

En 2003, Miguel Sarre pidió copia de todos los expedientes concluidos en enero de ese año. La CNDH fijó un costo de 93 pesos por copia testada. El investigador no sólo se negó a pagar varios miles de pesos sino que apeló el cobro excesivo ante distintas instancias judiciales. Ganó cuando el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, cuando la sentencia, favorable al académico, estaba a punto de ser resuelta, la CNDH ofreció entregar la información y la Corte sobreseyó el caso. Al final, Sarre se encontró con otra negativa: con el argumento de haber agotado el plazo marcado por la ley, la Comisión dijo no tener disponible la información disponible.

“A nosotros nunca se nos notificó la fecha para recoger los expedientes. No nos dieron nada. Puede explicarse que la Comisión litigue sus casos y tenga posturas discrepantes, pero que actúe deslealmente, rebasando los límites, como un abogado chicanero, es algo que mina la necesaria autoridad moral que debería de tener un órgano de esa naturaleza”, se queja.

Sarre refiere que, con esa acción, lo único que consiguió la CNDH fue que la Corte cerrara el juicio y no declarara inconstitucional el reglamento de la Comisión, creado antes de que se aprobara la Ley de Transparencia. Ante esto, añade, lo único que queda es el proceso judicial; “pero, yo no voy a denunciar penalmente a funcionarios de la Comisión”.

El catedrático asegura contar con elementos jurídicos para ganar el caso, pero destaca que, dentro de las circunstancias actuales, cuando hay un acercamiento entre el gobierno federal y la CNDH, la denuncia tendría pocas posibilidades de prosperar.

Para John Ackerman, la actitud de Soberanes revela un “acuerdo de caballeros” entre el presidente de la CNDH y Felipe Calderón; mientras que Miguel Sarre señala una actitud poco crítica ante la nueva administración federal.

Como ejemplo, el especialista en derechos humanos refiere el nulo pronunciamiento de la Comisión respecto de la reforma constitucional en materia de procuración de justicia y seguridad pública, propuesta por Felipe Calderón, que autoriza intervenciones telefónicas y espionaje, así como elevar a rango constitucional el arraigo y las órdenes de cateo.

Miguel Sarre señala que la Comisión se ha convertido en un poder inescrutable, en donde la “triste” paradoja es que se deja a la vista de todos la perversión de las instituciones. Así, dice, “quien debe proteger se convierte en violador y no hay ante quien acudir”.

Indica que al no entregar versiones públicas de los expedientes que investiga, la Comisión hace suponer que hay muchos casos ocultos, como el de la sierra de Zongolica, donde falleció la anciana Ernestina Asencio Rosario, presuntamente violada por militares en marzo pasado.

Sin competencia alguna, la CNDH declaró que la indígena náhuatl de 73 años no fue víctima de violación sexual tumultuaria. La institución supuestamente encargada de procurar los derechos humanos de los mexicanos determinó, a través de un comunicado de prensa, que su muerte fue a causa de un problema digestivo de úlcera gástrica.

El investigador del ITAM y director del programa Atalaya puntualiza que “no sabemos lo que está pasando, sospechamos el contexto, las contradicciones. Las declaraciones de los médicos nos hacen pensar que hubo una violación, pero, como no podemos revisar el caso una vez cerrado, pensamos que puede haber muchos otros. Nos hace pensar que están ocultando cosas”.

El catedrático urge la participación de los legisladores para saber qué es lo que está pasando en la Comisión, pues ésta no es coto de poder del ombudsman en turno ni es patrimonio de una institución.

Sobre la militarización del país, John Ackerman asegura que la respuesta de José Luis Soberanes Fernández es muy tibia: los retenes de efectivos del Ejército Mexicano violan el derecho de libre tránsito de los ciudadanos.

Regulación

Para John Ackerman, una práctica que inhibe al peticionario de la CNDH, es que la institución de Soberanes pide obligatoriamente la dirección física para recibir notificaciones, cosa que no obliga la Ley.

“Si das nada más tu correo electrónico para recibir información, el caso se cierra automáticamente. Esto es una clara estrategia para impedir la transparencia en la información.”

A decir de Ackerman, el proceso de revisión interna no tiene ninguna autonomía, pues la misma CNDH es la que revisa en primera y segunda instancia sus propias respuestas. El investigador de la UNAM refiere que en la Comisión se ha creado una cultura de opacidad y que ese temor a la crítica “fomenta más la sospecha”.

El catedrático, quien se ha dedicado a estudiar el padrón de las recomendaciones de la CNDH, concluye que éstas dan “bandazos muy fuertes. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República era una dependencia que recibía muchas recomendaciones y por un tiempo esto se modificó. Sin embargo, el año pasado, cuando Soberanes entró en conflicto con el procurador Cabeza de Vaca se registró un aumento en las recomendaciones para esa institución”.

Sostiene que han ocurrido situaciones similares en el ISSSTE y el IMSS, a las cuales se les han hecho un número significativo de recomendaciones, sobre todo a la última, cuando Santiago Levy estaba a cargo.

“Pareciera que hay una cuestión muy personalista por parte de Soberanes. La cantidad de recomendaciones depende de las relaciones que haya podido construir, personales o políticas, con el secretario de Estado correspondiente. Como no podemos tener el expediente, no sabemos cómo llevan los procesos, ellos sólo dicen que hicieron las acciones de seguimiento mandadas por la ley.”

Cobros excesivos

Graciela Rodríguez, investigadora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, reconoce la obligación de la CNDH sobre la protección de datos personales en sus documentos, pero esto se salva con las versiones públicas, indica.

Miguel Sarre pidió a la Comisión seis expedientes por los cuales le querían cobrar 580 mil pesos. En el caso de Fundar, por acceder a dos expedientes cobraban 90 mil pesos. Rodríguez considera que los cobros son un obstáculo para el derecho de acceso a la información y lo más grave es que se trata de una práctica de la CNDH, institución cuya atribución es proteger los derechos humanos. El derecho a la información es un derecho humano, acusa.

Rezago en la sierra zapoteca

Marginados, casi 3 mil indígenas sobreviven con enfermedades crónicas, analfabetismo y desempleo. Enclavado en la sierra zapoteca se encuentra el sexto municipio más pobre del país, según revela un estudio elaborado por la ONU

Erika Ramírez / David Cilia, fotos / enviados

Santa Lucía Miahuatlán, Oaxaca. Elena mece su cuerpo para aplacar el frío, acerca sus manos a los leños de ocote y las frota continuamente, tose, se estremece: una punzada ataca su cabeza. La mujer zapoteca dice que ya “le agarró la tida”.

Se protege del crudo clima con un vestido hecho con retazos de diversas telas y un suéter viejo y remendado, que le quedaría a un niño. Sus pies desnudos tocan la tierra húmeda; ella carraspea. Elena Pérez Mendoza no encuentra la cura para su mal.

Con voz débil, casi inaudible, reza sus padecimientos a Filiberto Hernández, regidor de salud en la cabecera municipal. La mujer de 67 años enfermó en junio pasado. Una tos constante lastima su garganta, dolores agudos de cabeza, estómago y un aire gélido que recorre por el interior de su cuerpo son las molestias que no la dejan; los indígenas de la región llaman “tida” a esta dolencia y parece que ningún medicamento le hace efecto.

En la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de su comunidad, le recetaron antibiótico y antinflamatorios para mitigar los síntomas. Sin embargo, sus condiciones de vida no le permiten recuperar la salud.

Delgada, de piel marchita y cabellos encanecidos, Elena habita en una choza que tiene el piso de tierra, construida con varas de caña seca, plástico, desechos de cartón y lámina. No hay, siquiera, adobe que resguarde un poco el calor ni techo que evite la humedad.

Su esposo, Tiburcio Hernández, es jornalero. Trabaja dos veces por semana, cuando los “patrones” del distrito más cercano (Miahuatlán) lo contratan para la limpia de milpa. A sus casi 70 años es difícil ser productivo y por eso alcanza a reunir, apenas, 100 pesos a la semana para cubrir las necesidades de su familia.

Elena y Tiburcio fueron abandonados hace varios años por sus tres hijos y ahora cuidan de dos nietos que quedaron en la orfandad. Filiberto Hernández dice que la pareja de ancianos conforma la familia más pobre de la región. Su milpa no rinde para todo el año, no tienen ningún apoyo gubernamental ni documentos oficiales que les permita acceder a ellos, mucho menos suficientes recursos económicos para subsistir.

Ellos viven en la cabecera municipal de Santa Lucía Miahuatlán, a una hora de camino del distrito que lleva el mismo nombre –donde la urbanización está casi al ciento por ciento–, pero su miseria no permite que alcancen a recibir algún beneficio del desarrollo.

Vivir en esta región rodeada de montes es sinónimo de marginación. Aquí, los niños mueren por desnutrición, las mujeres padecen de anemia crónica y los ancianos quedan en el olvido.

Un estudio, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, revela que Santa Lucía Miahuatlán, Oaxaca, es el sexto municipio más pobre del país.

El documento de la ONU, elaborado en 2006, indica que el índice de desarrollo humano de la región es de 0.4833, lo que significa que en el pueblo hay niveles de pobreza similares a los de África del Sur.

Además de éste –ubicado en uno de los ramales de cordillera de la Sierra Madre del Sur–, otras mil 884 jurisdicciones de todo el país se encuentran en escenarios similares de precariedad, pues tienen una “elevada población rural, considerables rezagos en educación y salud y un bajo ingreso económico”.

El informe asevera que “en estos municipios es urgente la atención social y la inversión pública y privada, así como la dotación [de] infraestructura en materia de salud, educación, agua, drenaje y carreteras que permitan tener comunicados a los municipios” (Contralínea, 72).

La Cofradía

Más allá de la cabecera municipal, a una hora de camino en camioneta de redilas y a casi dos de andar a pie, como llegan casi todos los pobladores, se encuentra la ranchería más abandonada de la zona zapoteca, La Cofradía.

Durante el día, la comunidad parece un pueblo fantasma, sólo se alcanzan a ver algunas mujeres que trabajan la tierra para poder, un año después, cosechar algo. Hombres y niños han salido a buscar trabajo, se alquilan como ayudantes de albañil o jornaleros en el distrito. Si bien les va, llegan hasta la capital del estado para ganar unos cuantos pesos más.

En esta localidad, la única construcción firme que se sustenta con varillas, tabiques y cemento, es la iglesia. La casa de salud apenas la empiezan a levantar, no se sabe cuándo terminarán la obra. Todo depende de cómo vayan llegando las aportaciones de la gente que se fue a trabajar al norte del país o a Estados Unidos, de los recursos que entregue el municipio y del tiempo que tengan los hombres para hacer la mezcla y levantar los muros.

Agustín permanece sobre la tierra, arrastra dos camionetas de plástico que son sus únicos juguetes. Para el niño, que tiene cinco años, es día de descanso. En jueves, su madre se da licencia de no salir a buscar empleo para trabajar en su milpa.

Elena Reyes es una mujer que no rebasa los 25 años, carece de estudios básicos, no habla español y su modo de vida depende de que consiga colocarse como trabajadora doméstica o labriega en parcelas ajenas. Ella es madre soltera y Agustín es su pequeño ayudante.

Madre e hijo parten todos los días de La Cofradía apenas sale el sol. Si es posible (pues no siempre tienen dinero para pagar el pasaje), suben a la camioneta de redilas que lleva por montones a otros campesinos, los destinos son: el pueblo, la urbe y la capital, según se tenga para pagar el pasaje, que cuesta 15 pesos mínimo.

Filiberto Hernández, regidor de salud del municipio, traduce al español las palabras tímidas de Elena. Para ella, lo único importante es poder tener una vivienda. “Aquí nos hace falta una casa porque no tenemos dinero para hacerla”, dice.

La mujer indígena vive en un cuarto de adobe con piso de tierra y techo de lámina. Ahí duermen: su pequeño, su madre y un hermano, que no tienen más pertenencias que dos camastros, una grabadora y algo de ropa. Todas las familias de esta localidad pasan así sus días.

Escuálido, descalzo, con apenas una playera corroída y un pants que le queda corto, Agustín sigue en su juego, imita el ruido de las camionetas que a diario lo llevan a trabajar, junto a su madre. Él debió iniciar este año la educación preescolar, “pero no se puede porque siempre anda con su mamá, ya sabe limpiar la milpa”, argumenta Filiberto.

El pequeño, como casi todos los de la región, no tiene más alimento que el maíz, el frijol y las yerbas. Su rostro está lleno de jiotes y su estatura es la de un niño menor a la de su edad. “Comemos lo mismo que todo el pueblo, por eso la gente ya no quiere vivir aquí. Todo está triste”, lamenta Elena. No hay leche ni carne, tampoco verduras que pudieran nutrir un poco más a las personas de este municipio.

Para llegar a esta comunidad es necesario recorrer un largo camino de terracería, que en temporada de lluvias se enloda y ocasiona que los vehículos, que en otras temporadas bajan a la ranchería, eviten el camino. Todo se paraliza.

El abandono

En Santa Lucía Miahuatlán, morir por desnutrición no es extraño. La mayoría de la población se encuentra en ese estado de salud y los niños son los más afectados. Luis Chávez Sánchez, el único doctor que brinda atención en la zona, dice que las estadísticas poblacionales no son nada alentadoras.

El informe que emite la clínica rural del IMSS, elaborado en diciembre pasado, señala que existen 106 niños menores de cinco años con problemas alimenticios: 96 con desnutrición leve y 10 moderados.

Un año antes, en ese centro de salud fue atendido un pequeño de seis meses de edad en un estado crítico de extenuación. “Ni siquiera estaba registrado, no tenía nombre y mucho menos se le habían aplicado las primeras vacunas”, explica el médico.

El bebé llegó con el peso de un niño recién nacido: tres kilos, cuando el ideal era de seis. “Estaba marasmático: delgadito, con el vientre abultado y el tórax raquítico. Su cabeza era grande, los ojos hundidos y con lesiones en las comisuras labiales por falta de vitaminas. Las extremidades mostraban sus huesos, eran muy delgadas, parecían hilos. La madre prefirió dejarlo morir porque había otros niños que atender”.

El paradero del cadáver se ignora, “parece que fue enterrado en la clandestinidad. Lo triste de todo esto es que cuando hay un niño así, los hermanos tienen el mismo problema, hay una cadena de desnutrición. Aquí la gente come frijoles, tortilla, salsa y café, no más”.

Además de los problemas de inanición, evidente en los pobladores, las enfermedades respiratorias prevalecen todo el año. Enclavada en la sierra zapoteca, esta jurisdicción tiene un clima frío permanentemente que provoca neumonías, gripes y otros males respiratorios “leves”.

En 2006, las infecciones pectorales agudas ocuparon el primer lugar en la lista de padecimientos, se registraron 316 casos. Chávez Sánchez explica que, además de las inclemencias del tiempo, los habitantes de esta zona padecen de estas complicaciones porque las condiciones de vivienda no les permiten evitar la enfermedad.

“Nosotros hemos analizado y vemos que las personas viven en un cuarto, donde se cocina, se duerme y se come. Las chozas, generalmente, tienen entrada de aire por el techo, porque no están bien selladas, y aquí hace mucho frío. Las personas están expuestas a los cambios bruscos y al hacinamiento; hay familias de ocho integrantes que ocupan un solo cuarto y todos se contagian”, explica el médico.

El encargado de la clínica rural desde hace tres años lamenta que en las rancherías no haya más médicos, “hay casas de salud que son atendidas por las asistentes rurales, pero estas personas lo único que saben hacer es vacunar y dar pastillas para dolores leves”.

El desasosiego

Ismael lava algunas prendas en un lavadero improvisado. Tiene 12 años y comienza a hacerse cargo de las labores domésticas porque Claudia, su madre, está enferma. Cayó en cama hace algunos meses por una anemia aguda que la mantuvo durante una semana en el hospital del distrito. Cuando regresó a casa, su estado de salud no había mejorado.

Su estómago no resistió más: mareos, vómitos y el desfallecimiento fueron los síntomas de alerta que la remitieron a una clínica de segundo nivel, pues la que hay en su comunidad sólo brinda atención preventiva.

Llegó al hospital de Miahuatlán sin aliento, los médicos la estabilizaron y le pidieron que se hiciera estudios para saber qué pasaba con ella. Los primeros, en donde se detectó la anemia, costaron mil 400 pesos. Pidieron que se hicieran más análisis en un laboratorio particular, pero costaban 3 mil pesos y no fue posible realizarlos.

Claudia Florencia pasa sus manos por el rostro, como si sintiera desesperación, habla lento y bajito desde el portal de su cocina: “Mejor me regresé a mi casa porque ya no me alcanzaba. Todavía no me siento bien. Estoy agotada, débil, sin fuerzas para trabajar”, dice en zapoteco.

La mujer de 30 años es madre de Ismael y Severino, dos niños que a sus 12 y seis años comienzan a asumir responsabilidades mayores. El más grande llegó al sexto grado de primaria, le gustan las letras y se siente orgulloso de que el año anterior obtuvo una calificación de 7.2 en el promedio anual.

En las paredes de su casa cuelgan algunas cartulinas con dibujos alusivos a la extinción de especies animales y la dieta básica para una buena alimentación: cereales, frutas, verduras y proteína animal. Él y su familia carecen de todo esto.

“Yo quiero ser campesino y albañil como mi papá”, dice el pequeño que este año terminará con los estudios de educación básica y no sabe si seguirá la escuela. Lo que más le gusta hacer es dibujar y comer plátanos y carne, “pero aquí no hay”, por el contrario, asiste a la escuela con el estómago vacío, si acaso con un “trago” de té de canela u hojas de naranjo. Después de clases ya comerá frijoles y tortilla.

El reporte de salud en el municipio señala que en 2006 la anemia ocupó el tercer lugar entre las enfermedades que más afectaron a los pobladores, 46 casos requirieron atención de segundo nivel, y después de ésta, hubo 41 enfermos de gastritis y 38 con diarrea.

El atraso

El médico rural, que ha recorrido diversas poblaciones de la sierra y la costa oaxaqueña, hace un diagnóstico de la situación en la que sobreviven los pobladores de Santa Lucía Miahuatlán y dice que “uno de los obstáculos más grandes es el idioma, ya que cuando vienen los empleados gubernamentales a repartir los apoyos de Oportunidades (el único que llega a casi el 50 por ciento de los habitantes) no pueden comunicarse, la gente no entiende.

“El problema es que los técnicos no hablan la lengua. Si quieren traer más programas es necesario que los bajen en zapoteco y haya un seguimiento de ellos”, dice.

Luis Chávez Sánchez informa que entre los atrasos de la población, que cuenta con casi 3 mil habitantes, la educación es el más lamentable. “Hay 517 analfabetas de más de 12 años, con primaria incompleta 372, secundaria incompleta 308 y al nivel medio superior sólo han llegado 18 estudiantes”.

Aquí se acaban los sueños de seguir estudiando apenas se aprende a leer y escribir. Después de ello, la gente quiere salir a Sinaloa, Baja California o Estados Unidos: “se corrió la voz de que el bienestar estaba en el norte y familias enteras han emigrado. Es paradójico que tan cerca del desarrollo, la comunidad esté sumida en el atraso”, exclama.

Hace cuatro años, Contralínea visitó el municipio de Santa Lucía Miahuatlán, ahí vivía la familia Santiago Hernández, en una casa de adobe, en lo alto del monte: tres niñas con rasgos visibles de desnutrición y sus padres. Ahora se sabe que Mauro, el padre, decidió partir a Sinaloa hace dos años y llevó con él a sus hijas y esposa. No corrió con suerte, porque la más pequeña, Carmelita, enfermó. Se intoxicó con los químicos que se riegan en los sembradíos de jitomate, cuenta Filiberto Hernández, regidor de salud en la cabecera municipal.

Desaprueba PT la reforma fiscal

‘Sacudirá a los pobres’

Ana Laura De la Luz /El Mundo de Córdoba

México 15 de septiembre, 2007

El Partido del Trabajo en Córdoba se manifestó en contra de la aprobación de la reforma fiscal, pues asegura que “sacudirá” a los más pobres.

“No apoyamos, ni apoyaremos a ninguna reforma que sube el precio de gasolina porque eso repercute en la economía de los más vulnerables”, enfatizó Andrés Gómez Ojeda, líder municipal del PT.

Abundó que “lo ocurrido” el 13 de septiembre en la Cámara de diputados no lo avala su partido y por el contrario, recriminó la defensa que el PRI y el PAN adoptaron para la defensa de la reforma. “Ellos dicen que pretenden fortalecer las finanzas de la paraestatal y aumentar las reservas petroleras del país, pero queda claro que su actitud es de una política antipopular neoliberal que aterroriza y perjudicará a los mexicanos”.

No dudó en pronosticar aumentos a productos de primera necesidad a partir del 2008, una vez que entre en vi- gor la reforma fiscal aprobada. “Ya es costumbre de los gobiernos neoliberales de resolver la crisis fiscal del Estado mexicano, con descargar en la espalda de los trabajadores el costo de la reforma hacendaría, habría que preguntarle a Mauricio Duck por qué votó a favor?”.

Es prematuro el llamado de Sierra: PRD

Dice dirigente que los partidos deben analizarse antes de pensar integrar una alianza de izquierda

Ana Laura De la Luz /El Mundo de Córdoba

México 15 de septiembre, 2007

La dirigencia del PRD en Córdoba, calificó de “prematuro” el llamado a la alianza del FAP (Frente Amplio Progresista), del ex aspirante de Convergencia a la diputación, José Sierra Silva.

Alberto Delgado Lezama, presidente del CEM del PRD aseveró que antes de pensar en unidad, propone un autoanálisis a los partidos de izquierda que no lograron figurar en la contienda electoral pasada. “Las próximas elecciones serán en el 2009 y yo creo más bien que cada partido debe hacer un balance de los resultados electorales que tuvieron, resolver sus problemas y después ver qué harán para fortalecerse”, aseveró.

Lo anterior, al enfatizar que los líderes estatales del Partido del Trabajo, Convergencia e incluso del PRD y PAN, son cuestionados entre su propia militancia por la actuación que tuvieron el 2 de septiembre. “Es prematura la convocatoria de Sierra, además el FAP es a nivel nacional y en cada estaasí

do tiene sus particularidades”, dijo. Delgado Lezama no descartó coaliciones futuras con Convergencia y PT, pero enfatizó que lo primero será trabajar en recuperarse y corregirse internamente.

En el caso del PRD dijo que esperan el pleno del consejo estatal para analizar qué les sucedió. “Habrá cambios y por la manera en que se está manifestando la gente en el estado el balance no le favorece e Rogelio Franco, pues perdió fuertes bastiones”, concluyó.

Denuncian reclusorio por contaminanción

09/15/07 en Amatlán , Ver.- por: REDACCION Comunidades de Amatlán reclaman por pragrama de saneamiento Más de 150 familas se ven afectadas por aguas negra de Cereso que desembocan en rios de uso humano ::::

Miembros de la Agrupación de Mujeres y Hombres Trabajando en Espacios Sociales (Amhates) denunciaron que cientos de familias de las congregaciones de Trapiche Viejo, Guadalupe la Patrona y La Toma, del municipio de Amatlán de los Reyes, se ven afectadas por las descargas que emite el Centro de Rehabilitación Social que opera en ese municipio, ya que sus aguas residuales son vertidas en el arroyo Acatlancillo, que conecta con el arroyo La Palma, de donde toman el agua los pobladores de la región. Los miembros de Amhates pidieron la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (Sedesma) para que ponga atención en ese problema, así como a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) para que haga los estudios para demostrar la contaminación existente y que se proceda a aplicar programas de saneamiento, así como gestionar con las autoridades del reclusorio. Los representantes de Amhates informaron que las comunidades de Amatlán de los Reyes se ven afectadas porque no sólo son las aguas negras lo que contamina las aguas de esos arroyos, sino que además depositan desechos sólidos que se van quedando en las orillas del arroyo y provocan olores desagradables, así como enfermedades. La preocupación es más fuerte en la comunidad Guadalupe la Patrona, pues los habitantes utilizan el agua del arroyo Acatlancillo para bañarse y para la preparación de sus alimentos. Las autoridades del Penal, sin embargo, aseguran tener pruebas que demuestran que las aguas de esos arroyos están libres de contaminación por aguas residuales. El Director de Prevención y Readaptación Social, Cirilo Rincón Aguilar, se comprometió a demostrar ese dicho, pero los habitantes de esas comunidades prefieren que sea personal de CAEV o Sedesma el que haga los estudios necesarios, para que se demuestre si están o no contaminadas esas aguas.

Mayancean a la diputada del PAN

Renuncia Karina González a su militancia en Acción Nacional Ofrece PRI “garantías” a quienes decidan sumarse, señala Escayola Niega Beatriz Paredes que Granier compre diputados con dinero del erario Buscan tener mayoría calificada para imponer a consejeros: Juan Fócil La corrupción y ambición llamó a Karina, afirman diputados del PRD Desobedece Granier con compra de Karina el mandato de la Constitución:De la Vega

Festejando su nueva burla a la voluntad popular Carmen Escayola, Karina González, Víctor Sarracino, Amalín Yabur y la también traidora Delia Montejo (Foto: Pericles)

J. MARTIN PRETELIN

La diputada Karina González Balcázar renunció ayer, de manera "irrevocable", al cargo de coordinadora parlamentaria del PAN y a su militancia panista con el argumento de que se sintió "vigilada y sometida" a un "incesante escrutinio" por parte de la dirigencia estatal y de su compañero de bancada, José Antonio de la Vega Asmitia, actitud que "no es más que una toma de posición política más acorde a los intereses de otro partido político, que a los de una oposición madura y responsable".

Al mismo tiempo y en presencia del coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, José del Carmen Escayola Camacho, solicitó su incorporación a las filas de ese partido, con lo que se convirtió en la diputada número 20 de esa bancada.

Acusó al dirigente estatal del PAN, Gonzalo Fócil Pérez, de haberle prohibido que criticara a los diputados del PRD, Rafael Acosta León y Oscar Cantón Zetina, e incluso le llegó a tronar los dedos.

Arropada por sus nuevos compañeros de partido y en un ambiente festivo, amenizado por los priistas que fueron acarreados hasta el salón de un hotel de esta ciudad, González Balcázar dio lectura a la carta renuncia, con fecha de ayer, que dirigió al presidente estatal del PAN.

En ella, dijo que decidió irse por dignidad, debido a que en el PAN pretendieron "imponerme una línea política que no deja margen de valoración a las decisiones que la fracción pueda tomar en el marco de la Junta de Coordinación Política".

Esa pretensión, sostuvo, va en contra de los principios de doctrina de Acción Nacional, por lo que resolvió "no someterme a disposiciones autoritarias que mucho dañan a la institución partidaria" como es el PAN.

Desde temprana hora se anunció que otro diputado de oposición iba a renunciar para sumarse a las filas del PRI. Se creyó que se trataba de otro legislador del PRD y surgieron las especulaciones en torno de quién pudiera tratarse.

Tiempo después, se anunció que a las once de la mañana iba a realizarse una rueda de prensa y que ahí se sabría la identidad del renunciante. Abordado por los reporteros, Escayola Camacho no quiso adelantar el nombre. "Espérense, va a ser una sorpresa", dijo.

Poco a poco el salón donde se realizó la conferencia de prensa, se fue llenando de priistas acarreados ex profeso. Fue un escenario similar al que se le brindó a Delia María Montejo de Dios cuando siguió los pasos de Roselia López y José David Ascencio Arellano, "por dos millones de razones".

Ayer, la priista reciclada ocupaba un asiento en el extremo derecho de la primera fila. Su cara era de aburrimiento. Esta vez no era ella la aplaudida, la festejada. Otra mujer la que acaparaba las miradas, los reflectores, la que vivió su momento de gloria efímera.

Sin embargo, Karina no tuvo la suerte de su ahora compañera de partido. Su rueda de prensa no se organizó en un hotel de cinco estrellas como lo es el Camino Real, sino en uno de cuatro, como lo es el Cencalli.

Poco después de las once de la mañana, Karina González bajó al salón donde se realizó la conferencia acompañada de Escayola Camacho. A partir de ese momento, todo era regocijo entre los priistas. Habían sumado a una más a sus filas.

La ex panista es la tercera mujer que se pasa al PRI en menos de nueve meses. Antes lo hicieron Roselia López López y Montejo de Dios. Y es la cuarta que abandona las filas de la oposición para sumarse al oficialismo.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa de un locutor oficioso, la nueva priista rechazó que haya decidido renunciar al PAN por dinero, porque "soy una mujer de principios y de criterio".

No soy una mujer a la que le truenen los dedos, que le impongan cuestiones, siempre me he manejado con criterio y de manera objetiva, por eso no puedo permitir, de ninguna manera, que un dirigente autoritario, intente manejarme en el sentido de sus preferencias políticas, dijo.

Acusó a Fócil Pérez de no haber buscado la conciliación y creer que el PAN "es de su propiedad y que los diputados somos sus trabajadores". Enseguida denunció que hubo hacia ella "una constante presión para que dejara de decir lo que yo creo y bajo ninguna circunstancia me puedo someter a un líder autoritario".

Según ella, las presiones a las que fue sometida fueron en muchos sentidos, "desde tronadas de dedos" hasta la orden de que no se presentara a las reuniones de la Junta de Coordinación Política y que no declarara en contra de diputados perredistas y "cosas por el estilo", por lo que "no puedo permitir que se avasalle mi dignidad".

Luego, afirmó que ella no le debe la diputación local al extinto dirigente estatal Francisco Macossay González, su primo hermano, que ella se ganó por méritos ese cargo de representación popular.

Atrás quedaron las críticas que Karina González hizo a Escayola Camacho a quien responsabilizó de la parálisis legislativa. También las acusaciones a sus ahora compañeros José Francisco Custodio Gómez y Roselia López López, por haberse opuesto a que se le entregara la medalla al mérito por la defensa del medio ambiente a un investigador de la UJAT.

Ayer todo era camaradería, sonrisas de oreja a oreja, apapachos y palabras de bienvenida para su nueva compañera de fracción.

Incurrieron en anomalías en registro de candidatos a ediles, asegura el CEN

El PRD suspende derechos a 2 diputados electos y dos ex delegados en Oaxaca

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Oaxaca, Oax., 14 de septiembre. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD suspendió los derechos partidistas de los diputados electos Amador Jara Cruz y Rosendo Serrano Toledo, dirigentes de las corrientes Unión Campesina Democrática y Nueva Izquierda, así como a los ex representantes del partido ante el consejo general del Instituto Estatal Electoral, Antonio Álvarez Martínez y Horacio Antonio Mendoza, por incurrir en irregularidades en el registro de candidatos a alcaldes.

La secretaria de Equidad y Género del PRD nacional, Otilia Galindo García, informó que la decisión fue tomada por el pleno del CEN, encabezado por el presidente, Leonel Cota Montaño, el pasado miércoles, en la ciudad de México, con el argumento de que dichas anomalías constituyen “una traición para el partido”.

Explicó que los legisladores electos y los ex representantes perredistas ante el órgano electoral registraron a miembros de sus corrientes como candidatos a las presidencias municipales, en vez de inscribir a los surgidos de las contiendas internas efectuadas en varios municipios de Oaxaca.

De estos últimos destacan Santa María Huatulco, San Pedro Pochutla, Loma Bonita, Ciudad Ixtepec, San Juan Bautista Valle Nacional, Santa María Jacatepec y Juchitán de Zaragoza.

“Secuestraron la información de los procedimientos internos a la dirección estatal (del PRD) y al gabinete electoral de la dirigencia nacional para poder registrar a candidatos de sus organizaciones”, señaló Galindo García.

Destacó que la actitud de los diputados electos y de los ex representantes ante el consejo general del Instituto Estatal Electoral “fue considerada” por la dirección nacional como “un juego político para beneficiar al gobierno del estado. “Tal parece que registraron candidatos a modo para que el PRI gane las elecciones” señaló.

La secretaria de Equidad y Género del PRD agregó que el CEN suspendió los derechos partidistas a los legisladores electos y ex representantes ante el órgano electoral “en vías de su expulsión”, mientras las instancias internas agotan los procedimientos requeridos. “Lo que hicieron no sólo fue una violación a los estatutos, sino una traición”, concluyó.

El presidente exige a trasnacionales dejar de oponerse a cambios y cumplir compromisos

Petroleras tienen sus días contados en Bolivia, advierte Evo Morales

Tomará “medidas radicales” si siguen usando en su contra a líderes sindicales o cívicos, afirma

Reunión el lunes de todas las fuerzas políticas para intentar salvar del fracaso a la Constituyente

Rosa Rojas (Corresponsal)

Hugo Chávez y Evo Morales dialogan en la planta acerera de Puerto Ordaz, el pasado domingo durante la visita del presidente boliviano a Venezuela Foto: Reuters

La Paz, 14 de septiembre. El presidente boliviano, Evo Morales, advirtió a algunas trasnacionales petroleras, “con mucha dignidad, fuerza y valentía”, que no cederá a los “chantajes” y que “si continúan utilizando a dirigentes, ya sean sindicales o cívicos, para oponerse a los cambios y evitar cumplir sus compromisos, tienen su tiempo limitado en el país”.

Al hablar anoche durante la sesión de honor del Concejo Municipal de Cochabamba por el 197 aniversario del grito libertario dado en esa ciudad, no identificó a las trasnacionales aludidas, pero apuntó que de continuar con ese tipo de actividades asumirá “medidas radicales” en su contra.

“No tengo miedo”, apuntó al referirse a las medidas que podría dictar su gobierno contra las petroleras que financian las movilizaciones para generar un ambiente de confrontación en el país.

Añadió que “Bolivia, por más que sea un país pobre, tiene la obligación de hacer respetar las normas y su dignidad”.

Ésta es la segunda ocasión, en menos de un mes, en que Morales o altos funcionarios advierten de la injerencia externa de las trasnacionales en asuntos bolivianos.

El gobierno enfrenta diversos movimientos sociales que están trabando algunos de sus principales proyectos, como refundar el país mediante la Asamblea Constituyente, la cual está paralizada desde hace un mes por la demanda de capitalidad plena para Sucre (el traslado a esa ciudad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con sede actual en La Paz), cuya directiva acordó un receso de otro mes, hasta el 8 de octubre, a raíz de los conflictos y la violencia desatada en Sucre por este asunto.

Prefecto retira renuncia

A raíz de esos problemas, el prefecto (gobernador) del departamento de Chuquisaca, David Sánchez, aliado del partido Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, presentó su renuncia.

Morales no la aceptó y le pidió que reconsiderara, debido a que Sánchez fue electo por voto popular. Esta tarde el prefecto retiró su renuncia, gesto que el mandatario saludó reconociendo la honestidad y capacidad de trabajo del reincorporado dirigente chuquisaqueño.

Además, Morales subrayó que su gobierno continuará apostando por el diálogo en la resolución del “conflicto birregional” Chuquisaca-La Paz, por la capitalidad.

En rueda de prensa, el mandatario insistió en que el gobierno nacional hará lo que decidan los dos departamentos una vez que se pongan de acuerdo para resolver ese conflicto, que tiene sus raíces históricas en el siglo XIX.

Subrayó que varias veces el gobierno buscó que hubiera diálogo para resolver la controversia, pero no fue posible, y aseveró que es muy “sospechoso” que algunos dirigentes cívicos entraran en ese tema de la capitalidad, que “a partir de ese momento se convierte en tema netamente político”.

El próximo lunes, en La Paz se realizará un diálogo en que participarán el gobierno y todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y en la Constituyente, para buscar salvar a esta instancia de un inminente fracaso.

Paralelamente, ese día se reunirán en Santa Cruz los dirigentes del Comité Interinstitucional de Chuquisaca con el cardenal Julio Terrazas Sandoval, a quien han solicitado mediar en el conflicto.

En su discurso en Cochabamba, Morales dijo que está cumpliendo los compromisos que hizo en su campaña electoral y citó como ejemplo la nacionalización de los hidrocarburos, la recuperación por parte del Estado de las refinerías que estaban en manos de la brasileña Petrobras.

Mencionó que cuando dichas plantas estaban en poder de Petrobras, refinaban 22 mil 800 barriles por día. Sin embargo, a dos meses de haber pasado a manos del Estado boliviano, se refinan 25 mil 400 barriles por día, es decir, 2 mil 600 más.

En otro orden de cosas, los cinco magistrados del Tribunal Constitucional recibieron la notificación de que hay tres nuevas solicitudes de juicio de responsabilidades en su contra por la presunta comisión de “prevaricato”, presentadas ante el Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados.

Recién la semana pasada cuatro de esos magistrados fueron reinstalados en su cargo luego de que el Senado los absolviera de una acusación similar, promovida por el gobierno de Morales.

René Martínez, presidente del Comité del Ministerio Público, afirmó que en estos nuevos casos el Ejecutivo “nada tiene que ver”, sino que los afectados son la Prefectura de Potosí y dos ciudadanos de la ciudad de Cochabamba.

Desde Washington, mientras tanto, la agencia Reuters informó que fuentes del gobierno estadunidense que pidieron el anonimato aseguraron que Washington prevé la eliminación de sanciones contra La Paz derivadas del combate a la producción y tráfico de drogas.

Según la versión, Estados Unidos constató que Bolivia hizo lo suficiente para no ser incluida en la lista de países que han “fallado manifiestamente” en el cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en acuerdos internacionales antinarcóticos.

La decisión será divulgada oficialmente el próximo lunes. Si Bolivia estuviera en la lista, Estados Unidos podría cortar la cooperación para combatir el narcotráfico, así como los fondos destinados para otros rubros.

En fechas recientes, funcionarios del gobierno de Bolivia, incluido el vicepresidente Alvaro Linera, denunciaron que la cooperación de Estados Unidos destinada al renglón “humanitario” ha sido empleada para patrocinar a grupos opositores al gobierno de Evo Morales, particularmente a las llamadas organizaciones cívicas que rechazan la redacción de una nueva Constitución.

El mexiquense Peña Nieto encabeza la intentona; cabildearán senadores en congresos locales

Conspira CIRT con gobernadores para detener la reforma electoral

Empresarios de radio y tv se quejan ante la CNDH por violación al derecho a la información

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Los coordinadores de PRI, PRD y PAN en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Navarrete y Santiago Creel, respectivamente, luego de la votación de la reforma electoral en San Lázaro Foto: José Carlo González

La embestida de los dos mayores consorcios televisivos y de las grandes cadenas de radio contra la reforma electoral se enfoca ahora hacia la presión de los gobernadores, con el propósito de impedir que sea aprobada en las legislaturas locales.

El tema se discutió en las plenarias de los grupos parlamentarios del PRI y el PRD, y buena parte de los legisladores advirtió que es evidente que los empresarios de la radio y la televisión intentan configurar una “conspiración de los gobernadores”, encabezada por el mexiquense Enrique Peña Nieto, uno de los principales “clientes” de los medios electrónicos.

En respuesta al ataque frontal de los poderosos empresarios, que ayer presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que le piden declarar la reforma electoral como violatoria de la libertad de expresión y de información, PRI, PRD y PAN en el Senado decidieron ir a los estados para explicar a los legisladores locales el contenido y alcance de esa modificación constitucional.

El coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, declaró ayer que se trata de un método “poco usual” en el proceso legislativo, pero la coyuntura actual lo amerita. Reveló que acudirá personalmente a dialogar con los diputados de los congresos locales y los gobernadores, acompañado por la dirigencia nacional del PRD, que encabeza Leonel Cota, a fin de contrarrestar la campaña mediática que busca detener esa reforma.

“Creo que los legisladores locales tienen derecho a conocer directamente de los senadores las razones y el contenido de la reforma, la más importante de los últimos tiempos”, agregó Navarrete.

La decisión fue suscrita también por el priísta Manlio Fabio Beltrones y el panista Santiago Creel Miranda, quienes afirmaron que si es necesario acudirán directamente a las 31 legislaturas de los estados, que a partir del lunes comenzarán a recibir la minuta aprobada ayer en la Cámara de Diputados.

Los empresarios de medios no pudieron evitar que el Congreso federal avalara esa reforma, que echa abajo un negocio de miles de millones de pesos con recursos públicos –vía la compra de propaganda durante las elecciones–, por lo que ahora enfocan el chantaje a los congresos locales, comentó el perredista Graco Ramírez.

Además del despliegue promocional que el gobernador del estado de México tiene en espacios informativos y de variedades de Televisa (ayer estuvo durante varios minutos en el programa Hoy), una señal de que está aliado con los concesionarios de los medios electrónicos fue que ayer, durante el debate de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, una legisladora del PRI del estado de México se negó a subir a tribuna para fijar la postura de su bancada, por indicaciones de Peña Nieto, según aseguró a sus compañeros de bancada.

En tanto, la dirigencia nacional del PRI pidió explicaciones al gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, por la postura expresada en una entrevista a la que Televisa dio amplia difusión en su noticiero estelar del jueves por la noche, en la que se pronuncia por una mayor consulta en torno a la reforma electoral.

La versión del hidalguense es que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Sin embargo, el asunto preocupa a las tres principales fuerzas políticas en el Senado –también el gobernador perredista de Michoacán, Lázaro Cárdenas, manifestó en las pantallas de Televisa una postura que no fue de respaldo a la legislación.

El acuerdo es que los perredistas se entrevistarán con diputados de cinco congresos, los priístas con otros cinco y los panistas con siete, debido a que se requiere el voto de 17 legislaturas locales para que la reforma concluya su proceso constitucional.

El poder mediático, dispuesto a todo

Sin embargo, el poder mediático está dispuesto a todo, comentó el senador perredista Ricardo Monreal, luego de que se conoció en Xicoténcatl que ayer mismo la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) presentó una queja ante la CNDH, en la que pide al ombudsman nacional, José Luis Soberanes, que declare que la reforma electoral es violatoria de la libertad de expresión.

En el documento, que llevó a la CNDH el operador de Televisa Javier Tejado Dondé, los empresarios invocan la legislación; tratados internacionales como el Pacto de San José, y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU para sostener que las modificaciones a la Constitución votadas por el Congreso de la Unión vulneran el derecho a la información y la labor de los periodistas.

Sostienen que la prohibición a partidos, personas morales y físicas para contratar propaganda política en los medios electrónicos, así como el impedimento de difundir campañas sucias o negras “es violatoria de la libertad de expresión, porque restringe que los ciudadanos manifiesten libremente sus opiniones”.

Piden a Soberanes que recuerde que “es obligación del Estado garantizar que en el país se ejerza el derecho de información y libertad de expresión”.