sábado, octubre 6
Ante investigadores, cuestiona el crecimiento que se ha tenido en los 15 años recientes
La actual, una de las etapas más mediocres del país, dice Ebrard
Demanda definir el estatus jurídico-político del DF o no saldrá adelante a mediano plazo
La falta de una definición clara sobre el rol y la naturaleza de la ciudad de México y su relación con las esferas federales ha conducido a la capital a dedicarse a contener los efectos de las medidas económicas que se toman a nivel nacional, “en una de las etapas más mediocres, en términos económicos y sociales, de la historia del país durante los 15 años recientes, con una tasa de crecimiento de entre 2 y 3 por ciento”.
Por ello, advirtió el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, una discusión sobre la reforma del Estado sin incluir al Distrito Federal será incompleta e insuficiente y de continuar así, en el mediano plazo la ciudad no podrá salir adelante.
Al inaugurar el congreso de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM) Los retos de la democracia local, en el Palacio de la Autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el mandatario dijo que al Distrito Federal a veces se le trata como entidad federativa, otras como un “gobierno supralocal” y desde el punto de vista político se ha utilizado dicha indefinición para someterlo a un estatus en materia presupuestal y fiscal “bastante extraña y cada vez menos ventajosa para la ciudad”.
Muestra de ello, apuntó, son las recientes modificaciones fiscales que disminuirán las participaciones federales en alrededor de 3 mil millones de pesos en los años por venir, monto que puede cambiar dependiendo de las características que tenga la evolución presupuestal.
Este, señaló, “es uno de los últimos casos que tuvimos de una tendencia y de un problema de fondo que tiene que ver con la negativa de llegar a un acuerdo definitivo sobre la naturaleza institucional de la ciudad y su relación con el gobierno federal, tendencia de varios años, pero que se ha consolidado, yo diría de 1997 (año del primer gobierno electo en el Distrito Federal) para acá, de una manera muy clara y acompañada de una desinversión federal en áreas tan importantes para la ciudad como agua, drenaje y transporte”.
Resaltó que tal vez el Distrito Federal es el único caso en el mundo, de una ciudad del peso que tiene la de México, donde las inversiones en los rubros citados se realizan con recursos propios.
“Esa es la situación en la que estamos y por eso nosotros insistimos en que se debe resolver la actual situación porque, evidentemente, la ciudad a mediano plazo no va a poder salir adelante si sigue así”, alertó.
En el acto, realizado en el Paraninfo del Palacio de la Autonomía, escenario que Ebrard consideró el mejor sitio para hablar sobre el papel de los gobiernos municipales, indígenas y delegacionales en la superación de la pobreza y la desigualdad social, temas que se abordarán durante el congreso, insistió en su tesis de que la mayor inversión se tiene que hacer en desarrollo humano, porque de lo contrario el país tendrá menos posibilidades de crecimiento.
Así, expuso, su administración ha debido corregir los efectos negativos de la política federal en aspectos como la educación de nivel medio superior y superior, invirtiendo alrededor de 4 mil millones de pesos para ampliar la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la red de preparatorias del Instituto de Educación Media Superior, así como los programas de apoyo a estudiantes de bachillerato.
Lo mismo, adelantó, tendrá que hacer el gobierno de la ciudad en materia de salud, ante el desmantelamiento de las instituciones de seguridad social, el IMSS y de manera particular el ISSSTE. “Tenemos un decenio para crear la infraestructura de atención hospitalaria especializada que ya no va atener el Seguro Social porque el gobierno federal está resuelto a no invertir en ello”, apuntó.
Refirió que el gobierno de la ciudad atiende a más de 42 por ciento de los capitalinos que carece de servicios de seguridad social y deberá atender además a los derechohabientes del IMSS y el ISSSTE, especialmente de este último, “es lo que me dicen los trabajadores al servicio del gobierno de la ciudad”, que no están atendiendo en especialidades como oncología, cardiovasculares, crónico-degenerativas, entre otras.
“Lo mismo podemos ver en otras políticas que se están adoptando, que están muy focalizadas y que tienen como lógica administrar la desigualdad extrema, y por consiguiente, bajo ese razonamiento, la ciudad de México no requiere de una gran inversión y lo mismo ocurre con otros instrumentos de la denominada política social”, advirtió.
EL PSOE SIRVE A LOS INTERESES IMPERIALISTAS
Ese recurso “es nuestro”, responde el presidente Rafael Correa a trasnacionales del ramo
Para Ecuador, 99% de los ingresos extraordinarios por venta de petróleo
Con la ganancia adicional de 840 mdd anuales se reducirá el año próximo la contratación de créditos
Rechaza el mandatario que la medida sea “confiscatoria”, como afirmó un ex ministro del sector
Quito, 5 de octubre. Un día después de haber anunciado que Ecuador se quedará con 99 por ciento de los ingresos extraordinarios derivados de la venta de petróleo, el presidente de este país, Rafael Correa, rechazó este viernes que la medida sea “confiscatoria” –como señaló un representante de empresas privadas trasnacionales– porque, sostuvo, el petróleo de este país sudamericano “es nuestro”.
La acción del gobierno de Correa representará un ingreso adicional para el Estado ecuatoriano de 70 millones de dólares mensuales (o alrededor de 840 millones anuales), de acuerdo con el ministro de Energía, Galo Chiriboga, quien junto con el ministro de Economía, Fausto Ortiz, explicaron el impacto de la resolución en la relación con las compañías y las finanzas públicas.
Con los ingresos petroleros nuevos, la administración pública ecuatoriana podrá reducir el año próximo la contratación de créditos con organismos internacionales o la colocación de bonos de deuda en los mercados de valores del mundo, calculados en mil 913 millones de dólares, dijo Ortiz.
Hasta antes de la medida gubernamental, las empresas petroleras y el Estado ecuatoriano repartían a la mitad los ingresos adicionales por la venta de petróleo.
Principal fuente de financiamiento
El crudo, que en 2006 generó 6 mil 934 millones de dólares, es el principal producto de exportación de Ecuador y una de las mayores fuentes de financiamiento público en este país, que se prepara para retornar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que abandonó en 1992.
Entre las 15 entidades extranjeras que trabajan en los campos petrolíferos del país andino se hallan Petrobras, de Brasil; Andes Petroleum, de China; Perenc, de Francia, y Repsol-YPF, un consorcio hispano-argentino.
“Durante años, ciertas empresas petroleras han tenido rentabilidad de 200 y 300 por ciento y algunas ni siquiera han pagado impuestos”, advirtió Correa el pasado viernes por la noche, al dar a conocer la medida de su gobierno, al que accedió en enero pasado después de derrotar en las urnas al empresario más rico del país, Álvaro Noboa, el principal exportador de plátanos.
El partido político del presidente, Alianza País, ganó la mayoría absoluta en las elecciones celebradas el domingo pasado para elegir a los 130 integrantes de una Asamblea Constituyente con plenos poderes, según proyecciones y los primeros conteos oficiales.
Con la determinación sobre los ingresos petroleros adicionales, Correa busca sacar ventaja de las ganancias que en los últimos años ha generado la elevación del precio del petróleo, que ha bordeado los 80 dólares el barril.
La primera reacción de las empresas trasnacionales al anuncio del presidente Rafael Correa provino del ex ministro de Petróleos del país, Fernando Santos, quien es ahora un allegado a las compañías privadas extranjeras.
“Ante el derecho internacional, un impuesto de más de 60 por ciento de la diferencia o utilidad es confiscatorio. Como son compañías extranjeras a las que se aplica esta ley, van con justo derecho a reclamar aquí y afuera”, dijo Santos a la prensa.
Repsol-YPF, por medio de un portavoz en Madrid, consideró que el efecto para la compañía “será relativamente menor”, debido que la producción de la empresa en Ecuador representa alrededor de uno por ciento del total del grupo, que a finales del semestre llegó a 1.08 millones de barriles al día.
El consorcio hispano-argentino extrae 15 mil barriles diarios de los pozos ecuatorianos.
Mutismo brasileño
Otras empresas evitaron hacer comentarios sobre el asunto. El presidente de la estatal Petrobras, Sergio Gabrielli, argumentó que no se pronunciará mientras no reciba “noticia alguna del gobierno de Ecuador. Lo vimos en la prensa y no voy a comentar nada que sea de la prensa”.
El canciller brasileño, Celso Amorim, quien realizó el jueves y el viernes pasados una visita a Ecuador, dijo que “Petrobras está interesada” en discutir con funcionarios del gobierno ecuatoriano los términos adecuados.
Petrobras explota unos 35 mil de los 506 mil barriles extraídos diariamente de la Amazonia.
El 10 de octubre pasado, el presidente Correa anunció que renegociará el contrato con Petrobras después de detectar un “error” en la concesión de un yacimiento que esa trasnacional explota conjuntamente con la empresa estatal petrolera de Ecuador.
La empresa brasileña está bajo investigación por haber transferido 40 por ciento de sus acciones a la japonesa Teikoku Oil, sin autorización oficial, y por la explotación irregular del campo Palo Azul, en la provincia amazónica de Orellana, en el sureste del país.
Un informe preliminar del gobierno sugirió la anulación del contrato con la compañía aduciendo las mismas irregularidades que condujeron a la cancelación del convenio con la estadunidense Occidental Petroleum (Oxy), en 2006, por violar la ley.
Hacia la renegociación
Ecuador es el quinto productor sudamericano de crudo con un promedio de 536 mil barriles diarios en 2006 (46.2 por ciento a cargo de la estatal Petroecuador y el resto de las compañías extranjeras), de los cuales exportó 374 mil 128 barriles diarios para obtener un ingreso por ventas de 6 mil 934 millones de dólares.
Chiriboga descartó que las medidas anunciadas el jueves pasado impliquen una nacionalización del sector y dijo que “si esto va a causar problemas a las empresas, vamos a modificar y busquemos otro tipo de contrato que podría ser la prestación de servicios, el cual, de acuerdo con las condiciones del mercado, es el más adecuado para la coyuntura”.
De su lado, el mandatario ecuatoriano dijo este viernes que la decisión no afecta a la rentabilidad de las empresas y ratificó la disposición de su gobierno de renegociar los contratos, pero fue enfático al señalar que la medida de su administración sólo prevé la reducción de las ganancias por ventas extraordinarias.
“¿De qué confiscación pueden hablar si el petróleo es nuestro?”, puntualizó el gobernante.
LOS GOBIERNOS DE IZQUIERDA SIEMPRE CON EL PUEBLO
Ese recurso “es nuestro”, responde el presidente Rafael Correa a trasnacionales del ramo
Para Ecuador, 99% de los ingresos extraordinarios por venta de petróleo
Con la ganancia adicional de 840 mdd anuales se reducirá el año próximo la contratación de créditos
Rechaza el mandatario que la medida sea “confiscatoria”, como afirmó un ex ministro del sector
Quito, 5 de octubre. Un día después de haber anunciado que Ecuador se quedará con 99 por ciento de los ingresos extraordinarios derivados de la venta de petróleo, el presidente de este país, Rafael Correa, rechazó este viernes que la medida sea “confiscatoria” –como señaló un representante de empresas privadas trasnacionales– porque, sostuvo, el petróleo de este país sudamericano “es nuestro”.
La acción del gobierno de Correa representará un ingreso adicional para el Estado ecuatoriano de 70 millones de dólares mensuales (o alrededor de 840 millones anuales), de acuerdo con el ministro de Energía, Galo Chiriboga, quien junto con el ministro de Economía, Fausto Ortiz, explicaron el impacto de la resolución en la relación con las compañías y las finanzas públicas.
Con los ingresos petroleros nuevos, la administración pública ecuatoriana podrá reducir el año próximo la contratación de créditos con organismos internacionales o la colocación de bonos de deuda en los mercados de valores del mundo, calculados en mil 913 millones de dólares, dijo Ortiz.
Hasta antes de la medida gubernamental, las empresas petroleras y el Estado ecuatoriano repartían a la mitad los ingresos adicionales por la venta de petróleo.
Principal fuente de financiamiento
El crudo, que en 2006 generó 6 mil 934 millones de dólares, es el principal producto de exportación de Ecuador y una de las mayores fuentes de financiamiento público en este país, que se prepara para retornar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que abandonó en 1992.
Entre las 15 entidades extranjeras que trabajan en los campos petrolíferos del país andino se hallan Petrobras, de Brasil; Andes Petroleum, de China; Perenc, de Francia, y Repsol-YPF, un consorcio hispano-argentino.
“Durante años, ciertas empresas petroleras han tenido rentabilidad de 200 y 300 por ciento y algunas ni siquiera han pagado impuestos”, advirtió Correa el pasado viernes por la noche, al dar a conocer la medida de su gobierno, al que accedió en enero pasado después de derrotar en las urnas al empresario más rico del país, Álvaro Noboa, el principal exportador de plátanos.
El partido político del presidente, Alianza País, ganó la mayoría absoluta en las elecciones celebradas el domingo pasado para elegir a los 130 integrantes de una Asamblea Constituyente con plenos poderes, según proyecciones y los primeros conteos oficiales.
Con la determinación sobre los ingresos petroleros adicionales, Correa busca sacar ventaja de las ganancias que en los últimos años ha generado la elevación del precio del petróleo, que ha bordeado los 80 dólares el barril.
La primera reacción de las empresas trasnacionales al anuncio del presidente Rafael Correa provino del ex ministro de Petróleos del país, Fernando Santos, quien es ahora un allegado a las compañías privadas extranjeras.
“Ante el derecho internacional, un impuesto de más de 60 por ciento de la diferencia o utilidad es confiscatorio. Como son compañías extranjeras a las que se aplica esta ley, van con justo derecho a reclamar aquí y afuera”, dijo Santos a la prensa.
Repsol-YPF, por medio de un portavoz en Madrid, consideró que el efecto para la compañía “será relativamente menor”, debido que la producción de la empresa en Ecuador representa alrededor de uno por ciento del total del grupo, que a finales del semestre llegó a 1.08 millones de barriles al día.
El consorcio hispano-argentino extrae 15 mil barriles diarios de los pozos ecuatorianos.
Mutismo brasileño
Otras empresas evitaron hacer comentarios sobre el asunto. El presidente de la estatal Petrobras, Sergio Gabrielli, argumentó que no se pronunciará mientras no reciba “noticia alguna del gobierno de Ecuador. Lo vimos en la prensa y no voy a comentar nada que sea de la prensa”.
El canciller brasileño, Celso Amorim, quien realizó el jueves y el viernes pasados una visita a Ecuador, dijo que “Petrobras está interesada” en discutir con funcionarios del gobierno ecuatoriano los términos adecuados.
Petrobras explota unos 35 mil de los 506 mil barriles extraídos diariamente de la Amazonia.
El 10 de octubre pasado, el presidente Correa anunció que renegociará el contrato con Petrobras después de detectar un “error” en la concesión de un yacimiento que esa trasnacional explota conjuntamente con la empresa estatal petrolera de Ecuador.
La empresa brasileña está bajo investigación por haber transferido 40 por ciento de sus acciones a la japonesa Teikoku Oil, sin autorización oficial, y por la explotación irregular del campo Palo Azul, en la provincia amazónica de Orellana, en el sureste del país.
Un informe preliminar del gobierno sugirió la anulación del contrato con la compañía aduciendo las mismas irregularidades que condujeron a la cancelación del convenio con la estadunidense Occidental Petroleum (Oxy), en 2006, por violar la ley.
Hacia la renegociación
Ecuador es el quinto productor sudamericano de crudo con un promedio de 536 mil barriles diarios en 2006 (46.2 por ciento a cargo de la estatal Petroecuador y el resto de las compañías extranjeras), de los cuales exportó 374 mil 128 barriles diarios para obtener un ingreso por ventas de 6 mil 934 millones de dólares.
Chiriboga descartó que las medidas anunciadas el jueves pasado impliquen una nacionalización del sector y dijo que “si esto va a causar problemas a las empresas, vamos a modificar y busquemos otro tipo de contrato que podría ser la prestación de servicios, el cual, de acuerdo con las condiciones del mercado, es el más adecuado para la coyuntura”.
De su lado, el mandatario ecuatoriano dijo este viernes que la decisión no afecta a la rentabilidad de las empresas y ratificó la disposición de su gobierno de renegociar los contratos, pero fue enfático al señalar que la medida de su administración sólo prevé la reducción de las ganancias por ventas extraordinarias.
“¿De qué confiscación pueden hablar si el petróleo es nuestro?”, puntualizó el gobernante.
