Tiene aviones con 50 años de antigüedad; “me subo, pero no sé si llegaré”: Galván

Las comunicaciones del Ejército están atadas a Telmex y satélites privados

“Si quieren nos espían”, dice el secretario de la Defensa a legisladores

Les pide enviar la paquetería electoral de 2006 al Archivo General de la Nación para no distraer efectivos

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Las deficiencias en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son de tal grado, que el general Guillermo Galván Galván reconoció ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que las fuerzas armadas dependen para sus comunicaciones de Teléfonos de México (Telmex) y de los satélites privados.

Legisladores priístas y perredistas informaron que, inclusive, el general secretario de la Defensa resaltó: “Si quieren, nos espían”. Sobre la obsolescencia de los aviones, el jefe militar afirmó que hay algunos con antigüedad de hasta 50 años y que él sube a las naves, pero no sabe si llegará a su destino.

Diputados que asistieron el viernes pasado a un desayuno y reunión de trabajo con el secretario informaron que Galván también les solicitó gestionar que toda la paquetería utilizada en las elecciones presidenciales de 2006 se transfiera al Archivo General de la Nación, debido a que el Ejército debió asignar mil 310 soldados y oficiales, así como 40 vehículos para el resguardo de la papelería.

“Por favor, hagan algo para que nos liberen esos efectivos”, pidió a los asistentes al encuentro en el Campo Militar Número Uno, mismo que se inició a las nueve de la mañana y concluyó casi a la una de la tarde.

Y es que, informaron los legisladores consultados por este diario, el titular de la Sedena explicó que actualmente las fuerzas armadas se integran por 181 mil 356 efectivos, apenas 0.16 por ciento de la población nacional, y la custodia de la paquetería implica distraer elementos que deberían cumplir con otras tareas.

Como informó ayer La Jornada, el secretario solicitó a la Comisión de Defensa una ampliación de 32 mil millones de pesos a su presupuesto, debido a que aeronaves, vehículos y armamento son obsoletos y lo mejor de su equipamiento es el que se presenta en el desfile militar del 16 de septiembre.

Durante la reunión, abundaron los legisladores, el titular de la Defensa les explicó que la flota de la Fuerza Aérea Mexicana consta de aviones con antigüedades de entre 4 y 50 años. En ese momento les reveló que cuando él viaja en esas naves no sabe si llegará a su destino. Informó que los aviones Lockheed T-33, que el año pasado cumplieron 45 años de operatividad, ya fueron dados de baja, y resaltó que los Northrop F-5, que fueron adquiridos en 1982, están a punto de cumplir su vida útil.

En ese contexto indicó que entre 2008 y 2012 el Estado mexicano requiere comprar 16 aviones F-16, en flotillas de cuatro, para lo cual se requeriría una inversión inicial de mil 600 millones de pesos. También planeó la adquisición de artillería antiaérea.

En su exposición, Galván Galván dijo que se requiere modernizar el núcleo terrestre de las fuerzas armadas, porque todos los camiones, vehículos pesados y Hummers están obsoletos.

Inclusive, reveló que el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo, constituido por decreto presidencial de mayo pasado para combatir la delincuencia organizada o en situaciones “y actos que atenten contra la seguridad de la nación”, aún no está integrado. Para ello, explicó, se necesitaría invertir mil 600 millones de pesos más.

Uno de los aspectos que preocuparon a los diputados –como se informó ayer– fue la poca operatividad de los radares, los cuales sólo funcionan tres horas al día. Al respecto, los legisladores señalaron que la frase expresada por el general fue: “Si detectamos algo, bien; si no, tenemos que apechugar”. Por ello solicitó a la comisión gestionar ante la Comisión de Presupuesto destinar una partida especial de 6 mil 722 millones de pesos para la compra de radares.

El general secretario también se refirió a las tareas de combate al narcotráfico que les ha asignado el Ejecutivo. En este caso dijo que los militares hacen “hasta lo imposible” en sus 412 puestos de control en todo el país.

Los resultados en este año: decomisos de 150 toneladas de mariguana, casi 14 toneladas de cocaína –incluida la que se aseguró en Tampico–, así como 66 kilogramos de heroína. El general Galván les explicó que en el punto de revisión carretero de Benjamín Hill, ubicado 120 kilómetros al norte de Hermosillo, Sonora, la Defensa construye un puesto de control moderno, que contará con equipo de rayos gamma para detectar cargamentos ocultos de droga.

Ramírez Acuña: debe revisarse la situación, pero también hay que fortalecer la seguridad

Los retenes, sin sustento constitucional, advierte el ombudsman a Gobernación

Fabiola Martínez

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanas (CNDH), José Luis Soberanes, advirtió –ante el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña– que los retenes militares en diferentes puntos del país no tienen sustento en la Constitución.

Lo anterior, subrayó, aun cuando las leyes prevén la participación militar en tareas de seguridad pública, siempre y cuando medie una solicitud expresa y en auxilio de las autoridades civiles, pero “nunca de manera unilateral e independiente”.

Durante la inauguración del primer Foro de Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, el ombudsman dijo que la CNDH ha recibido “numerosas quejas” por la existencia de retenes y las restricciones que al derecho de tránsito ocasionan. Reiteró también que la inseguridad pública ha aumentado en 20 años.

“Los retenes que instalan diversas instituciones policiales, e incluso elementos del Ejército, no tienen sustento en la Constitución”, insistió Soberanes.

En respuesta, el secretario Ramírez Acuña admitió que los retenes son prácticas que tienen que ser revisadas, “para efecto de poder estar dentro de los marcos constitucionales y, al mismo tiempo, garantizar a la propia población la seguridad en torno de sus calles, carreteras y comunidades”.

Recordemos, agregó el funcionario en entrevista posterior, que hay espacios en los que se retienen muchas armas que posteriormente iban a generar otro tipo de delincuencia.

“Sin embargo, se está consciente, y es una tarea que tenemos que hacer todos los ámbitos de gobierno para poder estar dentro de los marcos constitucionales y garantizar la seguridad”, expresó el responsable de la política interior.

En el foro, organizado por la Secretaría de Gobernación, fue notoria la ausencia de representantes de organizaciones civiles como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez o la Red Todos los Derechos para Todos, por citar algunos nombres de importantes grupos no gubernamentales.

No obstante, al final, activistas denunciaron frente al funcionario la falta de atención –al menos en los discursos emitidos ayer– a problemáticas particulares como la discriminación de que son objeto la población homosexual o los discapacitados.

La convocatoria, señalaron funcionarios de la dependencia, fue abierta y al final “participó el que quiso”. El salón del encuentro fue ocupado básicamente por funcionarios públicos de los gobiernos federal y algunos estatales, así como por el representante en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, y enviados de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Destacó también la presencia del general Jaime Antonio López Portillo, director de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de legisladores.

Ante ellos, el titular de la CNDH expuso –por más de media hora– diversas propuestas relacionadas con la seguridad pública, el sistema de justicia penal y problemas tales como la violencia de género, los agravios a periodistas, la tortura, las detenciones arbitrarias y la migración, entre otros.

“El derecho a la seguridad pública al inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón y, hasta el día de hoy, sigue siendo un problema de gran preocupación para la sociedad mexicana y (…) constituye un pendiente por resolver por el gobierno mexicano”, puntualizó.

Sobre el primer punto Soberanes advirtió que el flagelo de la inseguridad pública lesiona los derechos de los mexicanos y citó que entre 1980 y 2000 ha aumentado 122 por ciento, de acuerdo con estimaciones oficiales. Este fenómeno se caracteriza –dijo– por el aumento de la violencia y de las lesiones en contra de las víctimas.

En torno a la reforma al sistema de justicia penal, el ombudsman consideró que éste debe superar diversos resabios de autoritarismo que permanecen en el marco jurídico vigente y le impiden operar de manera adecuada, en especial por las facultades inquisitorias del Ministerio Público.

En su exposición también defendió la labor que realizan los organismos públicos de protección de los derechos humanos, la cual “no se sostiene en el número de recomendaciones que emitan”, sino en la eficacia de su trabajo en favor de las demandas de la sociedad y de las personas a las que se les ha negado el reconocimiento y goce de sus garantías fundamentales.

Por ello propuso que el plan nacional de derechos humanos que se impulse desde la esfera gubernamental asuma con total determinación posturas que garanticen esas garantías.

En su mensaje, el secretario Ramírez Acuña admitió que es prioritaria la protección de todos los ciudadanos, sin ningún distingo.

Ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se instruye al titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos para coordinar los trabajos de la elaboración del anteproyecto Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, responsabilidad del Ejecutivo federal, así como la integración de grupos de trabajo formados por la sociedad civil y especialistas para la realización de esta tarea.

El pasado martes habían pedido intervención del TLA para frenar daño a pozos en Morelos

Mueren en accidente activistas que exigían cierre de una gasolinera

ONG solicitan mediación del organismo del agua para que se indaguen causas del percance en Jalisco

Matilde Pérez y Angélica Enciso

El asesor legal del Frente por la Defensa del Agua, Jonathan González Suárez, y Silvia Espinosa de Jesús, vecina de Manantiales de Cuautla y fundadora de dicho movimiento, fallecieron el pasado martes en un accidente automovilístico en el tramo Amatitlán-Tequila de la carretera libre Guadalajara-Tepic. Un día antes expusieron ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) el riesgo de contaminación del pozo El Calvario por la operación de la gasolinera Milenium 3000, localizada en Cuautla, Morelos.

Antes de empezar la audiencia pública de ayer, el presidente del jurado del TLA, Phillippe Texier, pidió un minuto de silencio a las personas reunidas en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara, donde se lleva a cabo la cuarta sesión del organismo internacional, y expresó sus condolencias por la muerte de los activistas.

Integrantes de diversas organizaciones sociales y ambientalistas presentes en la audiencia solicitaron al TLA que medie ante las autoridades correspondientes para que se investigue el accidente, en el cual también resultó lesionado Noé Neri Gutiérrez, quien conducía el vehículo en el momento del percance y quien fue presentado ante el Ministerio Público de Tequila.

En un documento que entregaron al jurado y al presidente del organismo latinoamericano, Javier Bogantes Díaz, afirman tener dudas sobre el accidente y pidieron que el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, nombre un fiscal especial para “el pleno esclarecimiento de los hechos y finque responsabilidades”.

El siniestro ocurrió a la salida del poblado Amatitlán, donde fueron embestidos de frente por una camioneta, cuyo chofer se dio a la fuga. De acuerdo con versiones de residentes del pueblo que atestiguaron el hecho, mostraba síntomas de ir drogado o ebrio. Los cuerpos de González Suárez y de Espinosa fueron trasladados ayer a Cuernavaca, Morelos.

Silvia Espinosa era “el alma” del movimiento

El movimiento en contra de la gasolinera, del cual Silvia Espinosa “era el alma”, lleva alrededor de seis años y la planta opera a pesar de que hay juicios en su contra que aún no han sido resueltos. La activista muerta fue una de las constructoras de este movimiento, junto con Ari Rosado.

Mientras diversos abogados ambientalistas dieron la espalda a esta lucha, Jonathan González fue un litigante que, “por su simpatía por estos movimientos”, desde hace casi dos años empezó a hacerse cargo de la defensa. Pedro León Corral, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, dijo que participó con él en diversas luchas emprendidas por obreros y campesinos, entre ellas la defensa de los bosques de la Sierra de Manantlán, Jalisco, y de Guanajuato.

El lunes, ante el jurado del TLA, ambos detallaron las irregularidades legales en que incurrió el propietario de la gasolinera y la omisión de las autoridades federales, estatales y municipales. Incluso –afirmaron–, elementos de la policía de Morelos y del municipio de Cuautla han protegido a Rafael Anguiano Orozco, propietario de Milenium 3000, quien es originario de Atotonilco el Alto, Jalisco.

En su participación ante el TLA, Silvia Espinosa –con voz entrecortada por el llanto– sostuvo que Anguiano Orozco y sus abogados habían acusado de “mentirosos y corruptos” a los colonos, e incluso habían iniciado un proceso de despojo contra Margarita Rosado Palomo, presidenta de la asociación, y Noé Neri Gutiérrez, quienes tuvieron que solicitaron un ampo para no ser encarcelados.

“Defender el agua no es un delito, pero al parecer para las autoridades del estado y del municipio, sí, porque las demandas de la empresa han prosperado, pero no las de los colonos, a pesar de que hemos presentado documentos oficiales que sustentan diversas irregularidades”, subrayó.

Pone en riesgo la gobernabilidad de la ALDF, afirman; exigen al PRD nacional intervenir

Acusan perredistas a Círigo de tener acuerdos con Gobernación y el PAN-DF

Raúl Llanos y Gabriela Romero

La confrontación dentro del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) llegó ayer a su punto más álgido luego de que el G-14, integrado por los diputados de Izquierda Democrática Nacional (IDN), Unidad y Renovación (Unyr) e Izquierda Social, acusaron a su coordinador, Víctor Hugo Círigo, de tener acuerdos con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y con la dirigente del PAN capitalino, Mariana Gómez del Campo, por lo cual no sólo amagaron con desconocerlo en su cargo, sino que pidieron la intervención de la dirigencia nacional y estatal del Sol Azteca para atender este asunto.

Este nuevo capítulo de la disputa entre los legisladores del G-14 y Nueva Izquierda (NI), encabezada por Círigo, se dio durante la reunión que tuvieron ayer 32 de los 34 integrantes de esa fracción, convocada exclusivamente para nombrar al sucesor del director general de Comunicación Social de la ALDF.

Sin embargo, para los del G-14 esa “convocatoria unilateral” –pues “sólo la avalaron los de NI”– fue la gota que derramó el vaso, y decidieron externar ahí su inconformidad con lo que calificaron como una “conducta dictatorial” y de “traición al partido”, por parte de Víctor Hugo Círigo, a quien de paso exigieron “transparencia” en el manejo del presupuesto de la Asamblea Legislativa durante este año, pues no ha informado el destino de los casi mil millones de pesos que tiene asignado este órgano de gobierno.

Entrevistados luego de esa reunión, integrantes del G-14 expresaron que a partir de la próxima semana realizarán acciones de protesta, desde marchar a la sede del PRD nacional y local, hasta “denunciar ante los capitalinos la intención de NI de afectar a su partido, a la Asamblea y al proyecto de izquierda del gobierno de Marcelo Ebrard”.

Inclusive, después de la “encerrona” perredista, el G-14 ofreció una conferencia de prensa, en la que no aceptaron preguntas. Leyeron un documento en donde acusan a Víctor Hugo Círigo de “tomar acuerdos a espaldas de los diputados del PRD” y de que con sus “decisiones unilaterales (…) pone en riesgo la gobernabilidad” de la ALDF.

En el texto también le formulan siete preguntas, entre ellas: ¿a qué acuerdos ha llegado con el PAN desde la coordinación del grupo parlamentario?, ¿cuáles son los compromisos que tiene con el secretario de Gobernación del gobierno espurio?, ¿cuáles son los acuerdos entre Círigo, René Arce y Mariana Gómez del Campo, dirigente del PAN-DF? y ¿cómo afectarán esos acuerdos el presupuesto del Gobierno del Distrito Federal?

Agustín Guerrero, Edgar Torres, Avelino Méndez, Tomás Pliego y Humberto Morgan coincidieron, por separado, que esas mismas críticas se las formularon en la reunión de la fracción a Círigo, pero éste nunca respondió ni desmintió esos acuerdos con “la derecha”, por lo que “el que calla, otorga”.

Al respecto, Isaías Villa, integrante de NI, manifestó que ni Círigo ni la gente de su corriente contestó a las acusaciones porque son “provocaciones, infundios y faltos de prueba”.

De hecho, Guerrero añadió que por la tarde, en la reunión de la Comisión de Gobierno, dejó en claro que el G-14 valora el desconocimiento de Círigo como su coordinador, que contrastó con la postura de su compañera de bancada, Leticia Quezada, quien ayer mismo lo desconoció públicamente.