Madrid, 30 de octubre. El presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, y dos dirigentes del Partido Socialista de Euskadi serán procesados bajo el cargo de “desobediencia”, por haber mantenido reuniones con dirigentes de la ilegalizada coalición de izquierda nacionalista Batasuna en el contexto de las negociaciones del fallido proceso de pacificación del histórico conflicto en el País Vasco.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dictó la apertura de juicio oral contra Ibarretxe, el líder de los socialistas, Patxi López, y su secretario de organización, Rodolfo Ares, además de cinco dirigentes de Bastauna, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, Rufino Etxebarría y Olatz Dañobeitia, hoy en prisión, en acatamiento a la demanda presentada por las organizaciones Foro de Ermua y Dignidad y Justicia.
El juicio pretende dictaminar si las reuniones de abril y julio de 2006 y de enero de 2007 entre Ibarretxe y los líderes de Batasuna constituyen un delito de “desobediencia”, al considerar el alto tribunal que existen “indicios” de voluntad de “reiteración en el delito”.
El objetivo de los encuentros era profundizar en el proceso de paz abierto en el contexto del alto del fuego permanente decretado en marzo de 2006 por la organización armada vasca ETA, y que rompió con el atentado de diciembre pasado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, en que murieron dos personas.
El juez del TSJPV Roberto Sáiz, que instruye la causa, señaló que los hechos pueden ser “constitutivos de delito de desobediencia”, tipificado en el artículo 556 del Código Penal, ya que las reuniones se produjeron a pesar de que Batasuna, el partido político de Arnaldo Otegi, fue ilegalizado por el Tribunal Supremo en marzo de 2003 debido a sus vínculos con ETA, con lo cual podrían haber perpetrado un crimen con penas de entre un año y tres de prisión.
El Ministerio Fiscal solicitó el archivo de esta causa bajo el argumento de que no hay otra acusación pública que pueda ejercer acción penal contra los acusados, y que no basta la sola acusación popular para la apertura del juicio oral.
El magistrado desestimó el argumento del fiscal de que en el proceso no se dan “los requisitos objetivos ni subjetivos”, y trasladó la resolución al Ministerio Fiscal para que formule escrito de acusación o lo que estime procedente, además de que señaló como órgano competente para el fallo a la Sala de lo Penal del TSJPV. Los acusados tienen ahora 10 días para presentar sus escritos de defensa, pero contra el auto del juez no cabe recurso.
El gobierno vasco criticó la decisión y consideró que la apertura del juicio a Ibarretxe “supone abrir un juicio contra la sociedad vasca y su voluntad mayoritaria de alcanzar la paz”, de acuerdo con la portavoz del gobierno regional, Miren Azcárate.
Añadió que “enjuiciar por la vía penal una actuación política es un fraude constitucional”, por lo que tildó la medida de fruto del “impulso político”, en alusión a la estrategia del derechista Partido Popular y de los jueces y órganos judiciales conservadores contra el proceso de paz, en general, y contra el gobierno vasco, en particular, por la presentación de su plan soberanista.
