martes, noviembre 20

Oceanografía, negocios al alza

El gobierno de Felipe Calderón otorga cinco contratos por más de 6 mil 500 millones de pesos a Oceanografía, la empresa investigada por supuesto tráfico de influencias en Pemex; este monto supera las contrataciones hechas en los últimos tres años de la administración foxista. Con un nuevo amigo en la Presidencia –Juan Camilo Mouriño–, la compañía también logra que se congele un expediente por fraude fiscal en su contra

Nancy Flores

En los primeros 10 meses del gobierno de Felipe Calderón, Oceanografía registra una cifra récord en sus negocios con Petróleos Mexicanos. De enero a septiembre, la empresa de Amado Yáñez Osuna obtiene cinco contratos que suman 6 mil 556 millones 529 mil pesos, revela información oficial de Pemex Exploración y Producción (PEP).

Dicho monto es 289 por ciento mayor al alcanzado en el último año de la administración de Vicente Fox, cuando la compañía facturó 2 mil 268 millones 258 mil pesos. Es también 229 por ciento superior al de 2005, ejercicio en el que obtuvo contratos por 2 mil 852 millones 884 mil pesos. Más aún, en 2004 sólo signó un convenio con la subsidiaria por 118 millones 880 mil pesos, que representa el 1.7 por ciento de la cifra total registrada en este sexenio.

Las 15 contrataciones a favor de Oceanografía, hechas en los últimos tres años de la pasada administración, ascienden en total a 5 mil 240 millones 22 mil pesos, es decir, mil 316 millones 506 mil pesos menos que los contratos de 2007.

Auspiciados por Carlos Morales Gil, quien asumió la dirección de PEP en diciembre de 2004, los recientes negocios se dan a pesar de las indagatorias que siguen la Auditoría Superior de la Federación , la Secretaría de la Función Pública y una comisión especial en la Cámara de Diputados.

Las líneas de investigación pretenden demostrar tráfico de influencias y corrupción, y se enfocan en la relación de Yáñez Osuna con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún. No obstante, omiten averiguar los nuevos vínculos del empresario con el gabinete calderonista.

Y es que Oceanografía tiene un nuevo amigo. El 29 de enero pasado Miguel Badillo documentó el lazo del propietario de Oceanografía con el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República : “Amado Yáñez asegura que su gran amistad con Juan Camilo Mouriño le permitirá avanzar más en los negocios con la empresa petrolera del Estado”.

Según la columna Oficio de Papel, la relación entre el joven empresario y el hombre más cercano al presidente Calderón inició por intermediación de Leonardo Oleavarrieta, secretario particular de Yáñez Osuna y amigo de Mouriño desde la infancia.

La cercanía con el actual gabinete gubernamental va más allá: en su calidad de secretario de Energía en el sexenio pasado, Felipe Calderón inauguró las nuevas oficinas de Oceanografía ubicadas en Ciudad del Carmen, Campeche.

Nuevos contratos

Desde que Carlos Morales Gil llegó a la dirección de PEP, dicha subsidiaria ha otorgado 19 contratos –que suman 11 mil 677 millones 671 mil pesos– a la empresa de Amado Yáñez Osuna. De éstos, 14 se signaron durante la administración de Luis Ramírez Corzo, exdirector general de Pemex, y el resto en la actual, aún encabezada por Jesús Reyes Heroles.

En el actual gobierno, su primer contrato se identifica con el folio 428216969. Mismo que se signa el 18 de enero, por 277 millones 693 mil pesos, y tiene como fin dar “servicio de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, terminación y reparación con apoyo de un barco procesador, paquete I”.

Diecinueve días después, el 6 de febrero, Oceanografía firma el convenio 428217803, por mil 20 millones 873 mil pesos. Éste tiene por objeto la “construcción de obras complementarias en plataformas marinas y adecuación de las instalaciones existentes, con apoyo de una embarcación de posicionamiento dinámico con equipo y personal especializado”.

El tercer contrato, para el “fletamento a tiempo de lancha estable (una) para el transporte de personal, materiales y equipo ligero en el Golfo de México”, se pacta el 2 de mayo, por 69 millones 204 mil pesos.

Por el monto involucrado, el convenio más importante es el 428237849, rubricado el 20 de septiembre por 4 mil 902 millones 777 mil 273 pesos. Su objetivo es el “montaje de equipos y estructuras diversas”, así como “adecuaciones estructurales y servicios de apoyo a la operación en las instalaciones de PEP en la zona económica exclusiva de los Estados Unidos Mexicanos en el Golfo de México”, descubre el portal de transparencia de PEP.

Un día después, la sociedad anónima firma el contrato 420877804, por 285 millones 980 mil pesos, destinado a la “construcción de un oleogasoducto” que va de la plataforma Atún-D a la plataforma Bagre-A, indican los informes de la subsidiaria.

Investigaciones pendientes

Además de los contratos, otro beneficio de las nuevas relaciones de Yáñez Osuna con altos funcionarios de la administración calderonista es la suspensión de una investigación por defraudación fiscal.

Aunque la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, demostró que Oceanografía evadió el pago de impuestos por 200 millones de pesos, el expediente en poder de la Procuraduría General de la República permanece en la congeladora, indican fuentes confidenciales.

Agregan que hasta la fecha las autoridades federales omiten indagar operaciones que podrían constituir otros ilícitos: la compra de diésel, energético con el que operan las embarcaciones de Yáñez Osuna; el origen del dinero con el que se adquieren los barcos que Pemex renta con posterioridad.

Otro capítulo que destacan es la recurrencia en los incumplimientos de contratos y la ausencia de sanciones o multas muy por debajo de las pérdidas, por lo que presumen complicidades con funcionarios de la paraestatal. Tal es el caso, denuncian, de la dilación y las irregularidades que presentan las obras relacionadas con el convenio 412425828.

De acuerdo con el portal de transparencia de la subsidiaria, éste involucra mil 470 millones 982 mil pesos, data del 20 de mayo de 2005 y tiene por objeto la “procura y construcción de un gasoducto de 36 por 56 kilómetros de plataforma de enlace litoral al complejo Pol-A”.

Aunque el plazo para entregar los trabajos se venció el 26 de enero de 2006, a la fecha –indican las fuentes– éstos no han sido concluidos. Tras 21 meses de retrasos, PEP apenas ha fijado multas por 12 millones de dólares en contra de Oceanografía.

Según los informantes, con el fin de comprobar la capacidad de la línea que transportará petróleo, al concluir el tendido del gasoducto se efectuó una prueba hidrostática con la que se detectó una fuga que impide su buen funcionamiento.

Pese a las demoras, Pemex Exploración y Producción no sólo no ha rescindido este trabajo a Oceanografía sino que le asigna nuevos. De 2003 a la fecha, la empresa de Yáñez Osuna ha obtenido 33 convenios en PEP, que suman 13 mil 394 millones 887 mil 602 pesos, de los cuales el 48 por ciento corresponde a los cinco que obtuvo en los primeros meses de la administración de Felipe Calderón.

Para este trabajo periodístico se solicitó entrevista con el director de PEP, Morales Gil, a quien se le pidió explicar las millonarias contrataciones que ha asignado a Oceanografía. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Oceanografía, negocios al alza

El gobierno de Felipe Calderón otorga cinco contratos por más de 6 mil 500 millones de pesos a Oceanografía, la empresa investigada por supuesto tráfico de influencias en Pemex; este monto supera las contrataciones hechas en los últimos tres años de la administración foxista. Con un nuevo amigo en la Presidencia –Juan Camilo Mouriño–, la compañía también logra que se congele un expediente por fraude fiscal en su contra

Nancy Flores

En los primeros 10 meses del gobierno de Felipe Calderón, Oceanografía registra una cifra récord en sus negocios con Petróleos Mexicanos. De enero a septiembre, la empresa de Amado Yáñez Osuna obtiene cinco contratos que suman 6 mil 556 millones 529 mil pesos, revela información oficial de Pemex Exploración y Producción (PEP).

Dicho monto es 289 por ciento mayor al alcanzado en el último año de la administración de Vicente Fox, cuando la compañía facturó 2 mil 268 millones 258 mil pesos. Es también 229 por ciento superior al de 2005, ejercicio en el que obtuvo contratos por 2 mil 852 millones 884 mil pesos. Más aún, en 2004 sólo signó un convenio con la subsidiaria por 118 millones 880 mil pesos, que representa el 1.7 por ciento de la cifra total registrada en este sexenio.

Las 15 contrataciones a favor de Oceanografía, hechas en los últimos tres años de la pasada administración, ascienden en total a 5 mil 240 millones 22 mil pesos, es decir, mil 316 millones 506 mil pesos menos que los contratos de 2007.

Auspiciados por Carlos Morales Gil, quien asumió la dirección de PEP en diciembre de 2004, los recientes negocios se dan a pesar de las indagatorias que siguen la Auditoría Superior de la Federación , la Secretaría de la Función Pública y una comisión especial en la Cámara de Diputados.

Las líneas de investigación pretenden demostrar tráfico de influencias y corrupción, y se enfocan en la relación de Yáñez Osuna con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún. No obstante, omiten averiguar los nuevos vínculos del empresario con el gabinete calderonista.

Y es que Oceanografía tiene un nuevo amigo. El 29 de enero pasado Miguel Badillo documentó el lazo del propietario de Oceanografía con el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República : “Amado Yáñez asegura que su gran amistad con Juan Camilo Mouriño le permitirá avanzar más en los negocios con la empresa petrolera del Estado”.

Según la columna Oficio de Papel, la relación entre el joven empresario y el hombre más cercano al presidente Calderón inició por intermediación de Leonardo Oleavarrieta, secretario particular de Yáñez Osuna y amigo de Mouriño desde la infancia.

La cercanía con el actual gabinete gubernamental va más allá: en su calidad de secretario de Energía en el sexenio pasado, Felipe Calderón inauguró las nuevas oficinas de Oceanografía ubicadas en Ciudad del Carmen, Campeche.

Nuevos contratos

Desde que Carlos Morales Gil llegó a la dirección de PEP, dicha subsidiaria ha otorgado 19 contratos –que suman 11 mil 677 millones 671 mil pesos– a la empresa de Amado Yáñez Osuna. De éstos, 14 se signaron durante la administración de Luis Ramírez Corzo, exdirector general de Pemex, y el resto en la actual, aún encabezada por Jesús Reyes Heroles.

En el actual gobierno, su primer contrato se identifica con el folio 428216969. Mismo que se signa el 18 de enero, por 277 millones 693 mil pesos, y tiene como fin dar “servicio de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, terminación y reparación con apoyo de un barco procesador, paquete I”.

Diecinueve días después, el 6 de febrero, Oceanografía firma el convenio 428217803, por mil 20 millones 873 mil pesos. Éste tiene por objeto la “construcción de obras complementarias en plataformas marinas y adecuación de las instalaciones existentes, con apoyo de una embarcación de posicionamiento dinámico con equipo y personal especializado”.

El tercer contrato, para el “fletamento a tiempo de lancha estable (una) para el transporte de personal, materiales y equipo ligero en el Golfo de México”, se pacta el 2 de mayo, por 69 millones 204 mil pesos.

Por el monto involucrado, el convenio más importante es el 428237849, rubricado el 20 de septiembre por 4 mil 902 millones 777 mil 273 pesos. Su objetivo es el “montaje de equipos y estructuras diversas”, así como “adecuaciones estructurales y servicios de apoyo a la operación en las instalaciones de PEP en la zona económica exclusiva de los Estados Unidos Mexicanos en el Golfo de México”, descubre el portal de transparencia de PEP.

Un día después, la sociedad anónima firma el contrato 420877804, por 285 millones 980 mil pesos, destinado a la “construcción de un oleogasoducto” que va de la plataforma Atún-D a la plataforma Bagre-A, indican los informes de la subsidiaria.

Investigaciones pendientes

Además de los contratos, otro beneficio de las nuevas relaciones de Yáñez Osuna con altos funcionarios de la administración calderonista es la suspensión de una investigación por defraudación fiscal.

Aunque la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, demostró que Oceanografía evadió el pago de impuestos por 200 millones de pesos, el expediente en poder de la Procuraduría General de la República permanece en la congeladora, indican fuentes confidenciales.

Agregan que hasta la fecha las autoridades federales omiten indagar operaciones que podrían constituir otros ilícitos: la compra de diésel, energético con el que operan las embarcaciones de Yáñez Osuna; el origen del dinero con el que se adquieren los barcos que Pemex renta con posterioridad.

Otro capítulo que destacan es la recurrencia en los incumplimientos de contratos y la ausencia de sanciones o multas muy por debajo de las pérdidas, por lo que presumen complicidades con funcionarios de la paraestatal. Tal es el caso, denuncian, de la dilación y las irregularidades que presentan las obras relacionadas con el convenio 412425828.

De acuerdo con el portal de transparencia de la subsidiaria, éste involucra mil 470 millones 982 mil pesos, data del 20 de mayo de 2005 y tiene por objeto la “procura y construcción de un gasoducto de 36 por 56 kilómetros de plataforma de enlace litoral al complejo Pol-A”.

Aunque el plazo para entregar los trabajos se venció el 26 de enero de 2006, a la fecha –indican las fuentes– éstos no han sido concluidos. Tras 21 meses de retrasos, PEP apenas ha fijado multas por 12 millones de dólares en contra de Oceanografía.

Según los informantes, con el fin de comprobar la capacidad de la línea que transportará petróleo, al concluir el tendido del gasoducto se efectuó una prueba hidrostática con la que se detectó una fuga que impide su buen funcionamiento.

Pese a las demoras, Pemex Exploración y Producción no sólo no ha rescindido este trabajo a Oceanografía sino que le asigna nuevos. De 2003 a la fecha, la empresa de Yáñez Osuna ha obtenido 33 convenios en PEP, que suman 13 mil 394 millones 887 mil 602 pesos, de los cuales el 48 por ciento corresponde a los cinco que obtuvo en los primeros meses de la administración de Felipe Calderón.

Para este trabajo periodístico se solicitó entrevista con el director de PEP, Morales Gil, a quien se le pidió explicar las millonarias contrataciones que ha asignado a Oceanografía. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Tráfico de influencias en Pemex Refinación

Pemex Refinación adjudica un contrato directo por 53 millones de pesos a Arrendadora Ocean Mexicana (AOM), empresa investigada por supuesta corrupción: según indagatorias, en complicidad con el exdirector de Finanzas de la paraestatal, Suárez Coppel, su propietario Antonio Juan Marcos Issa –exasesor de Montemayor Seguy y Muñoz Leos– creó una red de tráfico de influencias. De 2005 a la fecha, AOM ha firmado convenios con la paraestatal por más de 2 mil 300 millones de pesos

Nancy Flores

Aun con investigaciones abiertas en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por supuestos hechos de corrupción, Petróleos Mexicanos favorece a Arrendadora Ocean Mexicana con dos contratos: uno por adjudicación directa por más de 53 millones de pesos y otro por licitación que supera los 265 millones de pesos.

Función Pública y la Auditoría indagan una supuesta red de corrupción y tráfico de influencias establecida entre altos funcionarios y exfuncionarios de Pemex –como el exdirector corporativo de Finanzas, Juan José Suárez Coppel– y Antonio Juan Marcos Issa, presidente de Blue Marine Technology Group, del cual depende Arrendadora Ocean Mexicana y la empresa Subtec.

El vínculo entre el ahora empresario y los servidores públicos data del sexenio de Ernesto Zedillo y continúa en la gestión de Vicente Fox: Juan Marcos Issa se desempeñó como coordinador de asesores de los exdirectores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos. De acuerdo con información de la paraestatal, la percepción mensual del exfuncionario ascendía a 172 mil 226 pesos al mes.

A inicios de la administración de Felipe Calderón, trabajadores de la paraestatal más importante de México alertaron que Juan Marcos Issa cabildeaba con el actual director, Jesús Reyes Heroles, este estratégico cargo (Fortuna 49). Aunque no lo consiguió, sus negocios en la petrolera siguen prósperos.

En el sexenio calderonista AOM ya firmó dos contratos, uno de ellos por adjudicación directa, con Pemex Refinación, por un total de 318 millones 941 mil 131 pesos. Aunque estos convenios no se encuentran bajo investigación, sobresale la relación entre el presidente de Arrendadora Ocean Mexicana y el actual director de la subsidiaria, Antonio Ceballos Soberanis. Como coordinador de asesores de Muñoz Leos, Juan Marcos Issa trabajó muy cercano al ahora titular de Refinación y entonces director corporativo de Operaciones de la paraestatal.

En dos años, las filiales del grupo Blue Marine se han adjudicado 2 mil 394 millones 971 mil pesos provenientes de las arcas de Petróleos Mexicanos: mientras que AOM ha signado 12 convenios con Refinación, que suman mil 874 millones 52 mil pesos; Subtec ha obtenido tres contratos en Pemex Exploración y Producción por 520 millones 919 mil pesos.

Nuevos convenios

El 28 de junio pasado, sin mediar licitación, la administración de José Antonio Ceballos Soberanis, en Pemex Refinación, adjudicó a AOM el contrato 4600011955, que tiene por objetivo el fletamento de un buque tanque. Por éste, la filial pagará 53 millones 482 mil 729 pesos, indica el portal de transparencia de la petrolera.

Dicho monto difiere del reportado en Compranet, sistema electrónico de contrataciones gubernamentales que depende de la SFP , donde la misma adjudicación directa se registra por sólo 4 millones 955 mil 500 pesos.

Además, en septiembre Pemex Refinación declaró a Arrendadora Ocean Mexicana como la ganadora de la licitación nacional 18575107-045-07, que según Compranet asciende a 265 millones 458 mil 402 pesos. Destinado al transporte marítimo, el nuevo convenio aún no se registra en el portal de obligaciones de transparencia de la subsidiaria.

La red de corrupción y algunos incumplimientos de contratos no son las únicas líneas que siguen la ASF y la SFP. Las instancias también investigan a las compañías AOM, Subtec, Ocean Mexicana y Blue Marine –propiedad de Juan Marcos Issa y su yerno Juan Reynoso Durand– por la supuesta relación de éstas con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, quienes también habrían gestionado contratos a favor de Oceanografía.

Esta última empresa, propiedad de Amado Yáñez Osuna, y el consorcio encabezado por Juan Marcos Issa incluso se han asociado en los negocios que mantienen con la petrolera mexicana. Así lo revela el juicio mercantil 709/2004, interpuesto el 26 de agosto de 2004 por Oceanografía en contra de Subtec, a la que le exigía el pago de 7 millones 653 mil 563 dólares.

A decir de Oceanografía, dicho monto se derivaba de la contraprestación generada por su participación en el contrato 418813817, signado en sociedad con Fondex Explorations y Subtec. Esta última empresa, encargada de la administración de ese convenio, es señalada como responsable de quedarse con el dinero (Fortuna 50).

Otro nexo entre la compañía de Yáñez Osuna y el grupo Blue Marine es el director corporativo del último, Manuel Mayoral Piana, detalla la revista Proceso. La publicación indica que éste no sólo es apoderado legal de Blue Marine Technology Group sino también de la empresa Oceanografía.

La relación Grupo

De acuerdo con una indagatoria identificada con el folio JGD56X781 –atribuida por distintos medios de comunicación a la SFP , y de la que se tiene copia–, Arrendadora Ocean Mexicana se constituyó el 21 de agosto de 2001, con un capital de 50 mil pesos, cuando Juan Marcos Issa aún era titular de la Coordinación de Asesores de la Dirección General de Petróleos Mexicanos.

La estructura accionaria de AOM, según el documento, se compone de la siguiente manera: Blue Marine Technology, S.A. de C.V., 49 mil 996 acciones; Antonio Juan Marcos Issa, dos; Juan Reynoso Durand, una; Alfredo Reynoso Durand, una.

Los operadores

Además de la relación con el actual director de Pemex Refinación, Ceballos Soberanis, los vínculos de Juan Marcos Issa también alcanzan a exfuncionarios de esa filial, como el exdirector y actual senador Juan Bueno Torio y el exsubdirector de Almacenamiento y Distribución Pedro Carlos Gómez Flores.

No obstante, según la investigación JGD56X781, el vínculo fundamental para los negocios de Blue Marine Technology con Pemex es el exdirector de Finanzas de Pemex Corporativo, Juan José Suárez Coppel, a quien identifica como cabeza de “la organización criminal”.

La indagatoria presume lo anterior, luego de dar seguimiento a los registros de las llamadas telefónicas del director general del grupo Blue Marine, Juan Reynoso Durand (0445554380988), con Jaime Suárez Coppel (0445554528376), hermano del entonces director de Finanzas de Pemex, y Pedro Carlos Gómez Flores (55687603).

El expediente también incluye la intervención ilegal de las comunicaciones electrónicas entre Juan Marcos Issa (marcoss@hotmail.com), Juan Reynoso Durand (jrd1_marine@yahoo.com), Juan José Suárez Coppel (jsuarezcoppel@yahoo.com) y su hermano Jaime (coppeline@gmail.com o coppelin@gmail.com), y Pedro Carlos Gómez Flores (pecagof@yahoo.com).

Los correos electrónicos

De acuerdo con la indagatoria, supuestamente realizada por la SFP , el intercambio de correos electrónicos “entre los líderes de la organización” –Juan Marcos Issa, Juan Reynoso Durand y Juan José Suárez Coppel– tuvo por objetivo “determinar montos y establecer líneas de operación entre los operadores”.

Por ejemplo, el 13 de noviembre de 2005 Juan Reynoso Durand le escribe a Jaime Suárez Coppel, hermano del exfuncionario respecto de una transferencia monetaria. “En esta cuenta puedes hacer el depósito: 45979-569, del Valley Regional Bank Houston, Tx”.

Según el expediente, el 26 de diciembre le da un segundo número de cuenta bancaria, pero sin identificar la institución financiera. “Éste es mi número de cuenta, 4015874896. Es del banco que tú ya sabes. No está a mi nombre, está a nombre de la persona que te mandé”. Dos meses después, el 23 de febrero, Jaime Suárez Coppel confirma una transferencia financiera a favor de Reynoso Durand. “Ya está el depósito. Mándame a tu hermano”.

Las negociaciones entre los empresarios y los funcionarios públicos se daban en distintas vías, según descubre la indagatoria. El 19 de diciembre de 2005, Juan Marcos Issa remite a Suárez Coppel el siguiente mensaje: “Eso espero, que mandes un pavo bueno”. Dos días más tarde el empresario le detalla que “regresando de vacaciones te lo mando por el conducto que ya sabes”.

Del mismo remitente a destinatario, el 20 de febrero del año pasado se registró el siguiente mensaje: “Cuándo me mandas los papeles, que ya te estás tardando”. Ocho días después, el empresario extiende una invitación al entonces director de Finanzas de la paraestatal, “vamos a comer para cuadrar todo”. No obstante, el 15 de marzo le pregunta si “se hace o no el negocio”.

En esos días, el 8 de abril, Jaime Suárez Coppel también se comunica con Reynoso Durand. “Hay que tomar medidas precautorias. Mándame el expediente, lo checo y se lo doy a mi hermano”. El 9 de mayo Durand es informado por la misma vía que “el disco que me enviaste estaba mal grabado y, de lo otro, hasta después de las elecciones”.

Para el 31 de mayo, Juan José Suárez Coppel dice a Juan Marcos Issa: “Ya me debes 50, pero está bien, te hago una transferencia”. Según la información del portal de transparencia de Pemex Refinación, el 13 de julio del año pasado AOM signó el contrato 4600010633, por 44 millones 127 mil pesos. Se trató de una adjudicación directa para el fletamento de un buque tanque.

El monto de este convenio, al igual que la mayoría, difiere del reportado a Compranet, de apenas 4 millones 57 mil pesos. Según los datos del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales, de 2005 a la fecha Arrendadora Ocean Mexicana ha participado en cinco licitaciones públicas y ha obtenido cuatro adjudicaciones directas, que suman mil 784 millones 533 mil pesos.

No obstante, el portal de transparencia de Pemex Refinación revela que son 11 contrataciones por mil 608 millones 594 mil pesos, de las cuales cinco son por adjudicación directa y el resto por licitaciones públicas; sin que se haya registrado aún la última licitación que involucra al menos 265 millones 458 mil pesos, según Compranet. La diferencia entre lo reportado en el portal de transparencia y Compranet supera los 100 millones de pesos.

Para la realización de este trabajo se solicitó una entrevista con el titular de Pemex Refinación, Ceballos Soberanis, y con el director de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Contratos de Arrendadora Ocean Mexicana en Pemex Refinación

(cifras en pesos)

Contrato

Procedimiento

Objetivo

Fecha

Monto (portal transparencia)

Monto (Compranet)

No reportado

Licitación púb.
Nacional

Transporte marítimo

18/09/07

No reportado

265,458,402.10

4600011955

Adjudicación directa

Fletamento buque tanque

28/06/07

53,482,729.3

4,955,500.00

4600010633

Adjudicación directa

Fletamento buque tanque

13/07/06

44,127,341.25

4,057,500.00

4600009467

Licitación púb. internacional

Fletamento buque tanque

18/01/06

120,658,017.24

127,586,520.00

4600009453

Licitación púb. internacional

Transportación de refinados vía marítima

29/12/05

116,568,866.88

125,156,800.00

4500185985

Adjudicación directa

Transportación de refinados vía marítima

02/12/05

4,948,435.80

No reportado

4500176478 y modificatorio

Adjudicación directa

Transportación de refinados vía marítima

11/10/05

24,742,179.00
4,948,435.80

2,310,000.00

4500161526

Licitación púb. Nacional

Distribución productos petrolíferos

21/06/05

78,875,067.60

No reportado

4500161528

Licitación púb. Nacional

Distribución productos petrolíferos

21/06/05

78,875,067.60

No reportado

4500161525

Licitación púb. Nacional

Distribución productos petrolíferos

25/05/05

502,828,555.95

624,559,250.00

4500161527

Licitación púb. Nacional

Distribución productos petrolíferos

24/05/05

502,828,555.95

624,559,250.00

4500155808 y modificatorio

Adjudicación directa

Distribución productos petrolíferos

01/04/05

63,092,556.45
12,618,511.29

5,890,500.00




TOTAL

1,608,594,320.1

1,784,533,722.1

Contratos de Subtec en Pemex Exploración y Producción

(cifras en pesos)

Contrato

Procedimiento

Objetivo

Fecha

Monto (portal de transparencia)

Monto (Compranet)

428236867

Invitación a tres personas

Estudio geotécnico en Maloob-DL3

22/09/06

10,434,608.44

10,519,875.63

418236900
y modificatorio

Licitación púb. internacional

Levantamientos geofísicos y geotécnicos campaña 2006

06/01/06

135,157,915.24

9,222,475.00

133,376,980.57

418813817
y modificatorio

Licitación púb. internacional

Levantamientos geofísicos y geotécnicos campaña 2003

25/04/03

364,723,020.84

1,381,071.00

No reportado




TOTAL

520,919,090.52

143,896,856.2

Fuerzas castrenses, en busca de “terroristas”

Desde la llegada de Calderón a la Presidencia –entre acusaciones de fraude electoral–, el jefe del Ejecutivo ha mantenido a decenas de miles de efectivos castrenses en la búsqueda de “terroristas” y “saboteadores”. Los programas contra el “terrorismo”, efectuados sigilosamente a diferencia de los realizados contra el narcotráfico, incluyen también al Cisen y al INM y estarían dirigidos contra las guerrillas

Zósimo Camacho

Una cuarta parte de los efectivos del Ejército Mexicano y una tercera de los de la Marina Nacional están en las calles “con el propósito de prevenir y disuadir actos de terrorismo y sabotaje”. De acuerdo con datos del apartado Seguridad Nacional del Primer Informe de Gobierno, durante los primeros seis meses de este año 45 mil 85 militares y 19 mil 718 marinos participaban permanentemente en la “protección y vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales” contra los actos de “terroristas”.

En total, 64 mil 803 efectivos castrenses patrullan el territorio mexicano adscritos a programas independientes a los que se realizan contra el narcotráfico (llamados Operativos Conjuntos) y tienen como objetivo la persecución de “terroristas” y “saboteadores”.

Aunque los programas de “vigilancia y protección del territorio” se han desarrollado desde los años posteriores a la revolución mexicana, en 2000 –al inicio del sexenio de Vicente Fox– apenas 19 mil 781 elementos del Ejército participaban en ellos. Al final del sexenio, 37 mil 253 militares y 14 mil 14 marinos ya eran parte de estos operativos.

Calderón ordenó que durante los primeros seis meses de este año se incrementaran en 20.5 y en 40.7 por ciento los números de militares y marinos, respectivamente, adscritos a los operativos y programas de “vigilancia” y que explícitamente se incluyera como “propósito” la “prevención y disuasión” de actos “terroristas”.

Del Primer Informe de Gobierno se desprende que la administración de Calderón ha colocado como prioridad, en materia de seguridad nacional, el combate al “terrorismo”, término que endilgaría a las guerrillas y movimientos sociales que actúan en el país.

Así, en materia de “adiestramiento”, las fuerzas armadas también fueron capacitadas para librar guerras “irregulares”, pues la Secretaría de Marina (Semar) “llevó a cabo la ‘Operación Foca’ en Isla Socorro, Colima, y en San Luis Carpizo, Campeche, con el propósito de incrementar el nivel de entrenamiento de las Fuerzas Especiales en acciones contra el terrorismo”. Además, se informa que se desarrolló la “Operación Pelotón Comando”, en Puerto Chiapas, Chiapas, “para elevar el nivel de adiestramiento sobre técnicas y tácticas de unidades tipo comando”.

En el mismo apartado de Seguridad Nacional se destaca el decreto de creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal o “grupo especial del Ejército y Fuerza Aérea”, publicado el 4 de mayo pasado. En el documento se abunda en que dicho cuerpo castrense “tiene como misión apoyar a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, en tareas de restauración del orden y seguridad de la nación”.

A tono con el discurso “antiterrorista” estadunidense, adoptado por las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, señala que el Instituto Nacional de Migración, la Sedena , la Semar y la Secretaría de Seguridad Pública refuerzan la vigilancia de las fronteras para combatir el tráfico de armas y personas y el “terrorismo”.

Agrega que se “perfecciona lo que será el Programa para la Frontera Sur ”, el cual tendrá como uno de los objetivos principales garantizar la seguridad para los habitantes y “el turismo extranjero”.

Además, se han firmado con el gobierno de Belice los protocolos para la Coordinación Bilateral de Alerta y Respuesta Temprana (Cobart) “para hacer frente a las amenazas terroristas”.

Por su parte, la Semar “ha participado activamente en el Grupo de Trabajo de Protección Marítima Trilateral EU-Canadá-México, para la adopción de medidas de seguridad, cuyo objetivo principal es estandarizar procedimientos y enfoques para la protección marítima y la respuesta a desastres”.

Además, durante los primeros seis meses de este año el Cisen coordinó “dependencias y organismos” (sin que en el Informe se especifique de qué entidades se trata) para combatir las acciones que ponen en riesgo la seguridad nacional. Tampoco señala con precisión en qué consistieron las “acciones disuasivas y correctivas al tráfico de armas, municiones y explosivos” emprendidas ni la “atención” a las “actividades de grupos subversivos en México”.

Para José Luis Piñeyro, maestro en sociología por la Universidad de Roma e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, el enfoque de la política de seguridad nacional del gobierno de Calderón sigue siendo “restrictivo y está orientado al control interno”.

El especialista lamenta que se dejen fuera de la seguridad nacional las amenazas a la soberanía, la lucha contra la pobreza y la crisis de agua potable que estallará en los próximos años.

“Tampoco sabemos qué se está haciendo para frenar la deforestación, que supera las 600 mil hectáreas por año. Agua, alimentación y aire no aparecen en la agenda de riesgos del país.”

Piñeyro atribuye la incorporación de la lucha contra el “terrorismo” a la política de seguridad nacional –y el desdén para los temas de soberanía y prevención de desastres naturales– a que “en los últimos años ha habido una creciente conflictividad social y política”.

Agrega que el gobierno de Calderón está más al pendiente de la oposición política, “y de la población en general”, que de la pobreza, la desnutrición, el cambio climático y la falta de empleos.

Por su parte, Adriana González Carrillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República , considera que la incorporación del “terrorismo” a la agenda de seguridad nacional “es consecuencia de la atención que el gobierno de la República está poniendo a una nueva situación nacional e internacional”.

La legisladora, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional, rechaza que el gobierno de Felipe Calderón se subordine al de Estados Unidos. “No. Con absoluto respeto a la soberanía de México se están encontrando caminos para enfrentar un problema que perjudica a las sociedades mexicana y estadunidense”.

Abandona gobierno a emigrantes

El gobierno de Felipe Calderón redujo considerablemente los recursos destinados al apoyo de migrantes mexicanos y suprimió la atención a los detenidos portadores de VIH/SIDA y tuberculosis en la frontera con Estados Unidos

Nydia Egremy

La asistencia jurídica urgente a los mexicanos en el extranjero, así como la atención a repatriados y visitas a centros de detención migratoria, son los programas de ayuda a emigrantes que el gobierno redujo para este año, mientras que el apoyo a mexicanos con VIH/SIDA, simplemente desapareció del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio de 2007. Esa limitación de recursos orilla a los mexicanos en Estados Unidos a sufrir detenciones, maltrato o condenas a muerte por el sistema judicial de aquel país, estiman especialistas.

La asesoría y apoyos materiales que no llegarán a los mexicanos en Estados Unidos por esa decisión gubernamental son el Programa de Atención a Migrantes Detenidos por Vigilantes de la Frontera , que no recibió fondos para este año, en contraste con los 14.1 millones de pesos (mdp) que ejerció el año pasado; los programas de Atención a Repatriados y Visitas a Centros de Detención Migratoria (15 mdp en 2006) y el de Apoyo a Migrantes Mexicanos con VIH/SIDA y tuberculosis (30 mdp el año anterior). Ninguno se consideró en el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 2007.

Los programas cuyos montos económicos se redujeron sustantivamente son el de Asesoría Jurídica Urgente para Mexicanos en el Extranjero, que en 2006 ejerció 45 millones de pesos y en 2007 sólo recibió 7 mdp. El de Defensa de Condenados a Muerte, que en 2006 recibió 15 mdp y este año sólo recibió 6 mdp; igual ocurrió con el de Repatriación a Personas Vulnerables, 15 mdp en 2006 y sólo 5.4 mdp en 2007. Este recorte también alcanzó al Programa de Consulado Móvil y Consulado sobre Ruedas, que en 2006 ejerció 25 mdp y bajó a 17.4 mdp para 2007.

De esa manera, el primer presupuesto de la administración de Felipe Calderón, cuyo monto estimado es de 2.26 billones de pesos, es decir casi 208 mil millones de dólares para 2007, sólo destinó mil 672 millones de pesos para financiar programas de atención a los emigrantes. El contraste entre esa suma y los casi 24 mil millones de dólares que los mexicanos en la Unión Americana enviaron a sus familias en México como remesas es enorme, señala el diputado emigrante por el Partido de la Revolución Democrática , José Jacques Medina.

Esa suma representa unos 152 millones de dólares, que equivalen al 0.6 por ciento de lo que ingresa al país por concepto de remesas, dice Jacques Medina, quien desde que se aprobó la medida, en diciembre pasado, rechazó esa reducción presupuestaria. Esa cantidad “está por debajo de lo que requerimos en 62 por ciento”, expresó al tiempo en que reiteró que la tendencia a la baja en esos programas se mantiene desde el PEF de 2006.

En contraste, Andrés Bermúdez, diputado emigrante por el partido Acción Nacional (PAN), respondió de esta manera a la medida: “Sí, se necesitan más recursos para algunos programas y se van a obtener, pero hay que entender que se trata de una cuestión política”. Bermúdez y Jacques Medina integran la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, cuya presidencia detenta el PAN.

El escenario antes descrito le sugiere a Javier Urbano, especialista de la Universidad Iberoamericana (UIA) en temas migratorios, que se trata de una “ineptitud absoluta; porque los encargados de los temas de la protección migratoria no tienen ni la más remota idea de lo que significa”. El académico subraya que, hasta ahora, el tema de la protección consular se ha abordado como un fin, no como una herramienta que debiera complementarse con la capacitación y asistencia de las comunidades de emigrantes mexicanos en Estados Unidos.

Agrega que no sólo se trata de asignar más recursos a la protección consular: “Ese es un discurso bastante atrasado. Se debe considerar la forma de aumentar las capacidades de la protección migratoria y cambiar los principios de ese concepto, que es muy limitado y reduce la responsabilidad de los burócratas de la diplomacia”. El investigador propone ampliar la visión de la asistencia consular sin limitarse sólo a la protección.

En su opinión, visión del gobierno mexicano es: “proteger es suficiente”; sin embargo, mientras que las zonas de asentamiento de emigrantes han cambiado, la ubicación de los consulados mexicanos permanece igual: “Eso me sugiere dos cosas: una, que muchos cónsules están nada más de turismo, y dos, que quienes realmente trabajan, de verdad hacen verdaderos apostolados”.

Para ser más eficaces, Urbano Reyes propone ampliar la cobertura de los consulados mexicanos. “Que tengan alcance en ciudades intermedias, como un consulado móvil permanente, donde no se mueva la oficina pero sí los funcionarios y que permanentemente estén presentes en rangos de tiempo”. Aunque parece claro que los recursos económicos sí interesan, “antes hay que ver para qué fines se destinan. Se debe trabajar para definir un aumento en los gastos de protección consular, pero también para aumentar su eficacia”.

El catedrático lamenta que la administración pública –“ésta y las anteriores”– se acerca poco a quienes trabajan en temas de migración. Esa lejanía da por resultado medidas que se adoptan “por sentires o por contentillo, y eso provoca irritación en quienes trabajamos los temas de migración, pues observamos políticas sumamente limitadas”, que van a contracorriente de las medidas que se deben adoptar por la importancia de los temas.

Sin diálogo

“Seguimos anquilosados en el esquema de los consulados tradicionales y no somos capaces de percibir que se está desviando y modificando el flujo migratorio hacia regiones en donde antes no veíamos a un solo mexicano. Tenemos que modificar la cartografía de la ubicación de los consulados”, destaca Ventura. Esa transformación contribuirá a elevar la eficacia de una gran parte de los funcionarios de consulados móviles.

Otra limitante en la protección consular es la falta de una política de vinculación con las comunidades de emigrantes. “Es preocupante porque no hemos logrado hacernos de un buen mecanismo de comunicación con ellas, y algunas han adquirido poder político”, señala el investigador, quien sugiere que esas agrupaciones serían gestoras e intermediarias de la asistencia de los consulados. Un ejemplo sería con las agrupaciones de indocumentados, que son los más vulnerables, y cuyas necesidades conocen bien las comunidades organizadas.

Subraya que tampoco se tiene una percepción real del valor de la comunidad ya organizada. Es decir, cómo pueden contribuir los clubes de zacatecanos, de oaxaqueños, o de poblanos a ampliar el trabajo consular hacia otros mexicanos en Estados Unidos. De qué manera ellos pueden ayudar a transformar la actividad de protección en una herramienta de asistencia.

Para Alejandro Anaya, coordinador del área de Estudios Internacionales de la UIA , se debe conocer la justificación del gobierno para la disminución en esa ayuda. “Es preciso conocer los recursos del Estado y, para medir su nivel de compromiso, sí se puede exigir la progresividad de los recursos disponibles, como plantean los lineamientos internacionales en materia de derechos económicos y sociales”.

Si el Estado carece de recursos, “no se le puede exigir mucho –plantea–; sin embargo, si no hay progresividad en la ayuda y, en cambio, hay regresión en los recursos para ese rubro habría que señalarlo y criticarlo muy fuertemente”.

Según Anaya, hay que tener cuidado al identificar los 24 mil millones de dólares que envían los emigrantes a México como recursos del país. “Ese dinero no pasa por sus manos, sino que se va a las familias, aunque cabe preguntarse: ¿cuánto ingresa al gobierno en términos de impuestos de esos 24 mil millones? Y de eso, ¿cuánto dedica éste a los emigrantes?

Se podría argumentar –indica– que la mayoría de ese ingreso va al consumo, que en muchos casos implica un Impuesto al Valor Agregado (IVA). Si gran parte del consumo se dedica a bienes, ampliación de viviendas, equipos electrodomésticos, éste generaría impuestos, aunque es difícil medirlo, porque también se va para alimentos y medicinas que no tienen IVA.

Desde el 9 de octubre, Contralínea buscó conocer la versión de la cancillería sobre este recorte presupuestal, sin embargo, no obtuvo respuesta.

Los cinco cubanos

La política anticastrista de Bush se ensaña contra cinco cubanos a quienes llama “espías” y “delincuentes”. En la isla son llamados “héroes” y son ejemplo de dignidad y convicción. El castigo “ejemplar” del gobierno estadunidense contra los agentes cubanos se extiende contra sus familias, quienes sólo pueden visitarlos cada 18 meses. Amnistía Internacional exhorta que se expidan visados humanitarios para dos esposas, quienes durante nueve años han intentado sin éxito visitar a sus presos

Yenise Tinoco / David Cilia, fotos / enviados

La Habana , Cuba. Un departamento en el segundo piso de un edificio viejo, con una fachada desgastada por la humedad y la salinidad que guarda el ambiente en la capital del país, es el hogar de una de las cinco familias que desde hace más de nueve años luchan contra la “justicia” estadunidense.

Es la familia de Ramón Labañino, uno de los cinco presos cubanos en Estados Unidos acusados de espionaje y de atentar contra la seguridad nacional del país norteamericano. Tras la culminación de un juicio parcial, realizado en Miami, Labañino fue sentenciado a cadena perpetua en una cárcel de Texas, donde es visitado una vez cada año y medio por su esposa e hijas.

Ramón Labañino, Gerardo Hernández, Antonio Guerra, Fernando González y René González fueron detenidos el 12 de septiembre de 1998 en la ciudad de Miami, adonde habían llegado entre 1990 y 1992. Algunos, con su familia; otros, solos. Su misión: infiltrarse en organizaciones anticastristas, con el fin de que el gobierno cubano conociera y pudiera adelantarse a los planes de éstas contra la Isla.

Una escalera angosta y un pasillo oscuro llevan a la puerta del departamento 201, donde una mujer joven, de cabello rubio y tez clara, abre tímidamente la puerta; es Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón, quien vive en el lugar desde hace más de 15 años sólo con sus dos hijas, Lizbeth y Laura.

Con la vista extraviada en un ventilador, que mitiga el calor de 32 grados centígrados, Elizabeth refresca su frente con un paño húmedo. Entonces comienza a recordar los días en que su esposo le dijo que iba a trabajar en una misión diplomática a España. Ramón había recibido la encomienda, del gobierno cubano, de infiltrarse en organizaciones antirrevolucionarias en Miami.

Sola y embarazada de su primera hija –Laura, hoy de 14 años–, a la que Ramón no conoció sino hasta que la niña cumplió su primer año, trató de seguir su vida como hasta antes de que partiera su esposo, ajena a la realidad que vivía él, como un supuesto disidente cubano en Estados Unidos.

Fue hasta el momento de la detención cuando un compañero de Ramón, en el Ministerio, le dijo dónde se encontraba en realidad su marido y qué era lo que hacía. Ramón, junto con otra decena de cubanos, había sido detenido por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Miami, donde vivía desde su salida de Cuba en 1992.

“Ahí Ramón se descubrió para mí como otra persona. Yo no tenía exacta magnitud de lo que él estaba haciendo. Estaba resignada a que mi esposo por su trabajo estuviera mucho tiempo fuera de la casa y regresara sólo unos días de vacaciones, habíamos adaptado nuestra vida a eso. Pero saber que estaba preso y no tener idea de cuándo regresaría lo cambio todo”, dice.

Elizabeth comenta que desde el momento de la detención “los cinco”, como son llamados en Cuba, fueron llevados a celdas de castigo. Los estadunidenses violaron sus propias leyes que señalan que un detenido sólo puede ser puesto en aislamiento por espacio de 90 días y después de encontrarlo culpable de una falta dentro de la prisión.

“Nuestros familiares fueron llevados de las casas, donde los detuvieron, directo al aislamiento y así los mantuvieron por 17 meses. No existe otro preso en Estados Unidos que haya estado en esas condiciones. Y salieron del aislamiento un mes antes de que iniciara el juicio donde, pese a todas las pruebas presentadas, fueron encontrados culpables”, dice.

Juicio parcial

En mayo de 2005, el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria emitió una opinión en la que se determinaba que Estados Unidos no garantizó a “los cinco” un juicio justo. Misma que basada en información proporcionada por las familias de los presos, y expresa preocupación por la jurisdicción donde se había celebrado el juicio.

Además, condena el uso de pruebas clasificadas y la reclusión de los acusados en régimen de aislamiento durante meses antes del juicio, lo que dificultó el acceso a las pruebas y la comunicación de los inculpados con sus abogados.

Al respecto, también un tribunal de apelación en Estados Unidos, en agosto de 2005, anuló la sentencia condenatoria de “los cinco”. Y ordenó la realización de un nuevo juicio por considerarse que la hostilidad contra los cubanos partidarios de Castro imperante en Miami había sido perjudicial para los acusados.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en Atlanta, revocó la decisión el 9 de agosto de 2006 por considerar que no había muestras de tal perjuicio en la selección del jurado.

Desde el momento de la detención y hasta el inicio del juicio –dos años después de su arresto–, la prensa local en Miami llevó a cabo una campaña de desprestigio y desinformación entorno a “los cinco”. Miami, que se ubica a 145 kilómetros de la Isla , concentra el mayor número de disidentes cubanos (70 mil), los cuales, en su mayoría, son radicales anticastristas.

Familiares y abogados de los acusados (designados por el gobierno estadunidense) solicitaron a la jueza, Joan Lenard, cambiar de sede por considerar que en aquella ciudad no se tendría un juicio imparcial, pero no obtuvieron una respuesta positiva.

El cambio de sede, explica Elizabeth, es un proceso que ocurre a diario en Estados Unidos. Pero en el caso de ellos –agrega– no se accedió a la petición. Al final, fueron encontrados culpables de todos los cargos, incluso en aquellos casos donde la fiscalía retiró la acusación, como ocurrió con Gerardo, quien en un principio era acusado de homicidio en primer grado.

Niegan visas a esposas

En 2007, Amnistía Internacional exhorta una vez más a las autoridades estadunidenses a que revisen detenidamente su decisión de no conceder visados temporales a las esposas de René, Olga, y de Gerardo, Adriana.

El gobierno estadunidense ha rechazado las solicitudes de visado temporal de ambas mujeres, aduciendo razones relacionadas con “terrorismo”, “espionaje”, “seguridad nacional” e incluso “emigración”. Sin embargo, ninguna de las dos ha sido acusada jamás de tales delitos, ni tampoco sus esposos acusados ni declarados culpables de terrorismo.

En el caso de Adriana, esposa de Gerardo, desde hace más de nueve años se tiene que conformar con hablar por teléfono con él. El gobierno de Estados Unidos le ha negado en nueve ocasiones la visa para entrar al país.

Sola, sin hijos, Adriana dedfiende la inocencia de su esposo y de los otros cuatro cubanos. Ella pide un visado humanitario que le brinde la oportunidad de ver de nueva cuenta a Gerardo, a quien las visitas en la prisión le escasean, ya que sólo tiene por familiares a una hermana, Isabel, y a su madre enferma, quien se ve impedida de salir de Cuba.

Isabel comenta que ante la enfermedad y “avanzada edad” de su madre, cada día se le dificulta más realizar visitas en la prisión. Por eso, agrega, luchamos porque mi cuñada pueda acudir a verlo, “yo no puedo, tengo que cuidar a mi madre”.

Violación de derechos humanos

Elizabeth Palmeiro menciona que de los 17 meses que los prisioneros estuvieron en aislamiento, seis de éstos fueron en incomunicación total: cada uno en una celda.

“Ramón me dice en las cartas que en esa época pensaba que iba a perder la capacidad del habla y del oído, porque nadie le hablaba, nadie le decía nada, era el silencio total.

“Además, mi esposo tenía otra identidad cuando lo detuvieron; él era Luis Medina. Eso provocó que durante 27 meses no tuviera contacto conmigo, él estaba clandestino en Estados Unidos”.

Con dos hijas de uno y cinco años, Elizabeth tuvo que enfrentar el encierro de su marido y convertirse en padre y madre. “Las niñas no sabían nada, ni la más grande; yo les escribía cartas en la computadora de parte de él, las imprimía y les decía: ‘papá les escribió una carta’. Ramón no podía escribir en un principio por el aislamiento. La vida nos cambió completamente en ese momento”.

Por primera vez durante la entrevista, a Elizabeth se le quiebra la voz: “Vivo triste, pero no puedo darle mucho tiempo a la tristeza y al dolor que siento, que es muy grande. Ramón hace 15 años no está en la casa, pero una se adapta y crea mecanismos para no destruirse y trata de mantener la vida como si él estuviera. Pero sola, al cerrar esa puerta, la realidad es otra”.

Con la voz aún entrecortada, Elizabeth cuenta que al enterarse de la detención de Ramón lloró por más de 22 días, con una mezcla de dolor y orgullo. Dolor porque sabía que era terrible el futuro que venía; orgullo porque descubrió qué era lo que hacía su esposo.

“A partir de ese día lo quería más, se me convirtió en un gigante, era una persona que había sido capaz de sacrificar tantas cosas. No es fácil que alguien deje la posibilidad de ver nacer y crecer a sus hijas, de compartir con ellas, de vivir conmigo. Por la situación en la que está, lo vemos y convivimos con él muy poco”.

En el caso de los “familiares afortunados”, dice, visitan una vez cada año y medio a sus parientes. Ella ha ido a verlo seis veces en nueve años; en cinco ocasiones, con las niñas. El gobierno estadunidense expide la visa por 30 días y las visitas son sólo los fines de semana.

Elizabeth comenta que su hija más pequeña –Lizbeth, hoy de 10 años– conoció a Ramón en la prisión, cuando ésta tenía cinco años y Laura lo dejó de ver cuando tenía la misma edad, y lo volvió a ver a los nueve años, es decir, ambas han convivido con su padre en la cárcel, donde las caricias están permitidas sólo en la bienvenida y despedida del penal.

El chantaje

El 12 de septiembre de 1998, cuando Olga Salanueva presenció la detención de su esposo, René González, ninguno de los dos imaginó que el ensañamiento contra ellos y sus hijas apenas comenzaba. A ella, el gobierno de Estados Unidos le ha negado en ocho ocasiones la visa; por lo cual su hija –Ivette–, menor de edad, no conoció a su padre hasta enero del año pasado, que realizó el viaje con su hermana mayor, hoy de 22 años y estudiante de psicología.

René González, piloto de aviación, era instructor de vuelo antes del arresto. En Miami, donde radicaba con su esposa y dos hijas desde 1991, estaba infiltrado en Hermanos al Rescate, organización dedicada a “rescatar balseros cubanos en aguas internacionales”, que dirige José Basulto, quien participó en la invasión de Bahía de Cochinos, en Cuba.

Roberto Hernández, hermano de René, comenta que tanto él como su hermano son estadunidenses por nacimiento, de padres cubanos, quienes después del ataque a playa Girón decidieron regresar a vivir a Cuba con sus dos hijos, en ese tiempo de uno y dos años de edad.

Al momento del arresto, menciona Roberto, el gobierno de Estados Unidos le propone un acuerdo a René: si él se declara culpable de conspirar contra el país, no lo llevan juicio, le prometen una condena corta y el estatus migratorio de su esposa (de origen cubano) se ajustaría al de él. René no aceptó.

Olga estuvo con sus dos hijas en territorio estadunidense sin ningún problema de 1998 a agosto de 2000. Un mes antes del inicio del juicio, el 1 de agosto, le volvieron a proponer el mismo trato a René. Él volvió a rechazarlo.

El 15 de agosto de 2000, Olga es arrestada y llevada a la prisión donde se encontraba René, para que éste la viera; por tercera ocasión le ofrecen negociar con él la permanencia de su esposa e hijas en el país. Ante la negativa, tres meses después, ella es deportada a Cuba, en compañía de su hija mayor –Irma –. Ivette, ciudadana estadunidense, viajó aparte en compañía de su abuela paterna rumbo a la Isla.

EU sabía de “los cinco”

Roberto menciona que Estados Unidos sabía que “los cinco” estaban en territorio estadunidense. “La hipocresía está en que esos hombres están trabajando en Estados Unidos, buscando información sobre acciones delictivas que de alguna manera Cuba se las hacía llegar a los norteamericanos vía indirecta. Los mismos cinco levantaban un teléfono público y denunciaban alguna acción delictiva, que se fueran a realizar contra la Isla ”, dice.

Sin embargo, agrega, en 1998 Estados Unidos decide detener a los cinco y llevar acabo uno de los juicios más largos de la historia de aquel país. Duró siete meses e involucró a 74 testigos; la defensa mandó llamar tres generales, un almirante y un asesor del presidente.

“Presentaron el caso como si fueran cinco espías; no obstante, el concepto de espionaje tiene que ver con seguridad nacional, no se aplica a personas que buscan información sobre grupos privados. Los generales que la defensa llamó a declarar dijeron que no habían, en la información incautada, datos relacionados con la defensa nacional de Estados Unidos”, explica Roberto.

La oposición puede hacerlo con apoyo del extranjero y de algunos medios, dice

Alerta embajador de Venezuela en EU sobre otro intento golpista en su país

Reitera ex ministro de Defensa que las reformas chavistas son “un fraude constituyente”

Para callar a Hugo Chávez “hace falta más de un rey”, sostiene Adolfo Pérez Esquivel

Afp y Dpa

Washington, 19 de noviembre. El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Bernardo Álvarez, advirtió hoy sobre el riesgo de que la oposición al presidente Hugo Chávez intente organizar un nuevo golpe de Estado, animada por medios de información y apoyo del extranjero.

Álvarez hizo esta señal de alerta al responder en un foro académico las declaraciones del ex ministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, quien hoy reiteró su planteamiento hecho hace dos semanas contrario a la reforma constitucional impulsada por Chávez porque, declaró el ex aliado de Chávez, representa un “golpe de Estado encubierto”.

El diplomático participó en un debate organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CEEI), con sede en Washington, en el que el tema central fue el referendo del 2 de diciembre próximo, en el que los venezolanos deberán aprobar o rechazar 69 adiciones y modificaciones al texto constitucional vigente desde 1999.

Algunos de los cambios propuestos darán paso a la creación de comunas y comunidades, dos nuevos niveles de gobierno por debajo del gobierno federal, los estados y los municipios que tomarán decisiones directas sobre problemas locales y recibirán fondos para financiar su desarrollo. La reforma plantea nuevas formas de propiedad social y establece la relección indefinida del presidente.

Sobre este proyecto, Baduel reiteró su postura en una entrevista publicada este lunes por el diario Folha de Brasil. “Es un fraude constituyente porque no es una revisión de algunas normas, sino una transformación del Estado”, dijo Baduel, ministro de Defensa hasta julio pasado, cuando pasó a retiro.

Pero en Washington, Álvarez hizo notar que los cambios en Venezuela y otros países sudamericanos “no han sido por accidente”.

En el debate también salió a flote el reciente altercado de Chávez con el rey Juan Carlos de España, pero Álvarez dijo que las posiciones de los dos países quedaron claras y no hay interés en “una escalada”.

Sobre este punto, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980, afirmó que para callar a Chávez “hace falta más de un rey” y apoyó las quejas del mandatario por la complicidad del ex presidente del gobierno español José María Aznar, en el golpe de abril de 2002, que sacó al mandatario del palacio de Miraflores durante 48 horas.

Señaló además que empresas españolas como Repsol, Iberia y Telefónica “no están jugando limpio allá (en América Latina). Entiendo que quieran ganar dinero, pero también deben respetar a los pueblos contribuir a su desarrollo económico”.

“Es un hecho sin precedente, pues casi no se hizo publicidad”, afirma Luis Mandoki

En tres días, más de 100 mil han visto el documental Fraude: México 2006

Arturo Cruz Bárcenas

Luis Mandoki y Federico Arreola, director y productor, respectivamente, de la película Fraude: México 2006, informaron ayer, en conferencia de prensa, que en tres días (del viernes al domingo pasados), “pese a más de mil irregularidades reportadas”, el documental fue visto por 100 mil personas, lo cual es “en un hecho sin precedente, pues prácticamente no se hizo publicidad”.

El realizador Mandoki añadió que lo anterior rebasó todas sus expectativas: “estoy feliz por lo que está pasando; estamos en el top cinco”.

Arreola dijo que al segundo consorcio con más pantallas en México, MMCinemas (MMC), se le retirarán las 28 copias de la película que se le entregaron, pues no las exhibieron adecuadamente ni pasaron el espot. “Recurrimos a exhibidores independientes. MMCinemas tiene mucha presencia en Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Guadalajara, Tepic y Durango, por ejemplo.”

Arreola expuso que ayer habló con el director de MMC, René Martínez, a quien preguntó si lo mencionado tenía relación con el vínculo fuerte entre MMC y el periódico Milenio, del grupo Multimedios, que a su vez tiene un nexo estrecho con el grupo Televisa.

“Su respuesta fue que no, que ya vendió Multimedios a inversionistas extranjeros. Lo que dijo no podemos afirmarlo, pero es una empresa que hasta hace un año o menos era operada por Milenio que, repito, tiene relaciones muy estrechas con Televisa y reportó un nivel de espectadores, respecto de las demás cadenas, ridículamente bajo. Sólo en esa cadena no nos exhibieron los tráileres, no pusieron nunca los carteles, y aún hoy, cuando supuestamente estamos ahí, no aparecemos en la marquesina.

“En los medios de comunicación de esa empresa no hemos recibido ninguna difusión y las críticas, si no todas, sí las más injustas, han venido de ese grupo; inclusive de muy mal gusto, pero decidimos que no podíamos discriminar y que esto es un asunto comercial; nunca lo hemos tomado como político. ¿Por qué hacen eso? Pregunte a ellos.”

En el Distrito Federal, Fraude: México 2006 está en segundo lugar en taquilla, detrás de Mundo mágico, en tres días de exhibición. “Creemos que todos los problemas son superables”, agregó.

Mandoki se manifestó gratamente sorprendido porque la gente aplaude al final de la proyección, en zonas desde Santa Fe y Polanco hasta el sur de la ciudad, sin importar la filiación partidista; al final leen todos los créditos.

“Los comentarios son que la película les abrió los ojos. Un grupo de priístas y panistas dijeron que era un cinta fuerte, pero muy divertida, porque nunca habían visto tantos comentarios chistosos de la gente. En Guadalajara, ante un público no pejista, un muchacho se levantó y dijo que era apolítico y me agradeció haber hecho una película importante.”

Arreola añadió que con los 100 mil espectadores han recaudado unos 4 millones de pesos. Lamentó que la cinta ya se venda en la piratería –“son perredistas, estoy seguro, los que la vendieron el pasado domingo en el Zócalo”–, y afirmó que aún no hay fecha para lanzar el dvd. “Éste incluirá más escenas. Muchas de las pruebas que no vienen en la película las añadiremos en el dvd”, comentó.

A la pregunta de si hay una guerra sucia contra Fraude..., Mandoki optó por manifestar que, en general, los comentarios en la prensa han sido positivos. Como cineasta, dijo que “lo que estamos viendo aquí y en el mundo es que el documental está cobrando un interés tremendo; ya no es la película que se exhibe en las cinetecas con dos copias. Por lo mismo, desde antes, Multimedios había dicho: éste es un documental.

“O sea, aparte de estar descalificando a esta película, me parece un crimen que estén descalificando al documental en general, cuando se ha probado que películas como la de Al Gore, Una verdad incómoda, o Fahrenheit o Columbine, de Moore, muestran que la gente ya está en otro nivel y que le interesa también la realidad, no sólo la ficción”.

Abundaron en casos de personas que después de ver la cinta se dijeron ya con los ojos abiertos y que ven los hechos de las elecciones de 2006 con otra óptica.

Dijo Arreola: “sí, hemos reforzado la idea del eslogan de Fraude. México 2006: la democracia no se ve en la televisión”. Mandoki expresó: “La tele no está hablando de esto. En ningún espacio nos han invitado”.

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