lunes, diciembre 10

La “sugerencia” de Beltrones
Jenaro Villamil

Para amarrar los votos del PT y de Convergencia en la aprobación de la reforma electoral, el líder del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, “sugirió” al senador perredista Carlos Navarrete la fusión, en un solo organismo político, de los partidos agrupados en el Frente Amplio Progresista. Proceso recogió en el Senado información que apuntala esta versión. Pero el perredista no supo manejar la situación, lo que provocó la división entre los legisladores de su partido. Por eso, Andrés Manuel López Obrador acusa a sus compañeros de partido de “hacerle el juego” al binomio PAN-PRI.

En el último tramo de la reforma electoral, las diferencias entre los legisladores perredistas que apoyan la redacción del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en especial los integrantes de Nueva Izquierda, conocidos como Los Chuchos, y los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, derivaron en un enfrentamiento público que augura un reacomodo de fuerzas al interior del PRD y del Frente Amplio Progresista (FAP).

En menos de una semana, esas disputas se ventilaron públicamente y escalaron a tal grado que del descontento del PT y de Convergencia ante las nuevas reglas para la formación de coaliciones se pasó a un enfrentamiento entre López Obrador, quien apoyó a sus dos aliados en el FAP, y la corriente Nueva Izquierda, cuyos integrantes apoyaron las reformas al Cofipe y propusieron que el FAP se fusione en un solo partido.

Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD e integrante de la corriente de Los Chuchos, fue quien propuso el miércoles 5, el mismo día que el Senado votó la nueva ley electoral, que los tres partidos del FAP se fusionaran en un nuevo organismo y que éste fuera encabezado por López Obrador.

Versiones internas del Senado confirmaron a Proceso que la propuesta de la fusión le fue sugerida a Navarrete por Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI y principal negociador de la reforma electoral, en un último intento por evitar el voto en contra del PT y Convergencia. Sin embargo, Navarrete no la consultó previamente con los principales implicados: los propios integrantes del FAP.

Las respuestas de los partidos y del propio López Obrador a la propuesta de Navarrete fueron inmediatas: “Es una ocurrencia”, dijo Dante Delgado, coordinador de Convergencia, una “cortina de humo”. Y se lanzó contra los legisladores del PRD que votaron a favor de la reforma electoral.

López Obrador fue más directo: “No renunciaré al PRD ni formaré otro partido”, advirtió, y destacó que no puede dirigir otro partido porque su compromiso es como “presidente legítimo”. Pero aprovechó una ronda de entrevistas para deslindarse de la reforma electoral y acusar a los legisladores del PRD de “hacerle el juego” al binomio PAN-PRI.

En medio de este debate, Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial y fundador del PRD, desestimó la propuesta de la fusión, tal como la presentó Navarrete, y subrayó que su partido no puede desaparecer.

“Ficción noticiosa”

Para Porfirio Muñoz Ledo, expresidente nacional del PRD y consejero en el Senado para la reforma del Estado, “se están confundiendo tres problemas distintos: la discusión de subordinar a los partidos emergentes mediante la supresión de las coaliciones; la propuesta de última hora de abrir el régimen de fusiones, que es buena, y la intencionalidad política de quienes promueven la fusión”

En entrevista con Proceso, asegura que le parece extraño que “la misma voz que atacó las coaliciones proponga ahora la fusión”. Y resume, irónico: “Lo que resulta paradójico es que el mismo personaje que cortó a la novia, ahora le ofrece casa, aunque no sabemos si la dejará pasar de la cocina.”

El también asesor de López Obrador califica de “ficción noticiosa” el debate sobre la supuesta desaparición del PRD. Y explica que “lo que está en el debate es el futuro de la izquierda y de las coaliciones”.

En contraste, el senador Arturo Núñez, uno de los redactores de la reforma del Cofipe, afirma que la nueva ley electoral sí hace más flexibles las reglas para formar alianzas y coaliciones, pero admite que “el tema de disputa es cómo deben aparecer en la boleta”, ya que el dictamen aprobado por el Senado ordena que sea a través de emblemas separados.

Y el senador Ricardo Monreal, así como los legisladores del PT y Convergencia, propusieron que los partidos coaligados y no la ley electoral sean los que definan si basta un solo emblema o son necesarios los logotipos de los partidos. Núñez indica que esta posibilidad era la mejor, pero fue rechazada por PRI, PAN y PRD.

“Los tres grandes se movieron en la llamada cláusula de vida eterna. Para mí es una aberración y es anticonstitucional porque el voto ciudadano es intransferible”, dice Núñez en entrevista con Proceso.

De acuerdo con el dictamen del Cofipe, en las coaliciones se “tomará” de la votación de los partidos el porcentaje de votos necesario para que cada uno de los coaligados mantenga el registro. Es decir, los partidos más grandes “transferirán” votos a los de menor tamaño.

Muñoz Ledo considera que esa es una “cláusula jíbara” porque, arguye, perpetúa la “satelización y la subordinación de los partidos emergentes”. Y describe el panorama de los intereses de cada partido: “el PAN se ha opuesto siempre a las coaliciones. El PRI prefiere que no las haya, pero es más pragmático. Es a un sector del PRD al que le interesaba que no hubiera coaliciones”.

“Han confundido lo que para la izquierda han significado las coaliciones. Se ha tratado siempre de un proyecto de nación. Además, es una falacia pensar que se puede saber cuántos votos tiene cada partido coaligado porque siempre depende del candidato al que apoyen”, advierte Muñoz Ledo, impulsor de la coalición del Frente Democrático Nacional que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y que apoyó también a Vicente Fox en 2000 y a López Obrador en 2006.

Y agrega: “Los votos son de los ciudadanos y no de los partidos. No están tomando en cuenta que muchos ciudadanos votan por el candidato”.

“¿Por qué lo hicieron?”, se pregunta Muñoz Ledo. Y él mismo responde: “Porque los promotores de esto no quieren depender de ningún candidato fuerte. Están suponiendo que ellos son el eje del mundo. Se olvidan que las coaliciones se hacen en torno a candidatos y a proyectos comunes de cambio. Todo cambio histórico supone coaliciones”.

Los reproches de López Obrador

Las diferencias entre el sector del PRD que negoció la reforma electoral y López Obrador se agudizaron la víspera de la última asamblea informativa de la Convención Nacional Democrática, realizada en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 18 de noviembre.

En una reunión previa, realizada en sus oficinas de la calle de San Luis Potosí, en la colonia Roma, López Obrador le reprochó a Jesús Ortega, entonces coordinador del FAP, que buscara la dirigencia nacional del PRD y al mismo se reuniera con Juan Camilo Mouriño, el operador de Felipe Calderón.

Testigos de aquella reunión, en la que estuvieron los coordinadores legislativos del PRD en la Cámara de Diputados y en el Senado, recuerdan que López Obrador les reclamó por haber recibir recursos de Los Pinos para negociar posiciones políticas a cambio de la reforma electoral y del presupuesto. Ortega negó que hubiera alguna traición.

El 19 de noviembre se rompieron las pláticas en el seno del grupo plural que negociaba la redacción del nuevo Cofipe, entre los partidos pequeños (PT, Convergencia, Partido Verde) y los tres grandes (PAN, PRI y PRD).

Arturo Núñez recuerda que el motivo de distanciamiento fue la propuesta de la “cláusula de la vida eterna”.

“Hubo un apagón, un interregno en el seno de las negociaciones”, precisa Núñez, uno de los principales redactores del grupo plural. Recuerda que el tema de las coaliciones ya no dependió de la mecánica de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), la instancia formada para crear los consensos necesarios en torno de la reforma de Estado, de la cual depende la reforma electoral.

“PT y Convergencia presionaron mucho a Andrés Manuel y éste decidió enviar una carta para llamar a votar en contra de la reforma electoral”, asegura Núñez.

Casi al mismo tiempo, Jesús Ortega anunció que dejaba de coordinar el FAP, argumentando que su candidatura a la dirigencia del PRD no le permitía continuar con aquella labor.

A su vez, Porfirio Muñoz Ledo precisa que durante la discusión del Cofipe “hubo un engaño”. Del seno de la CENCA se sacó un texto “encorchetado” que incluía un capítulo de coaliciones muy distinto al aprobado, que preveía que los partidos coaligados figuraran en un solo emblema.

–¿Quién redactó entonces el texto final? –se le pregunta.

–Es un misterio. Creemos que fue Jorge Alcocer. Lo cierto es que fue un proyecto que trabajaron los partidos fuera de la CENCA.

Contra la simulación

El lunes 3, López Obrador dio a conocer una carta pública a los coordinadores del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, y en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, en la que exhorta a votar en contra de la reforma electoral a la cual calificó de “maniobra antidemocrática”.

“Considero que sería un acto de simulación votar a favor en lo general y hacerlo en contra en lo particular para seguir cubriendo las apariencias”, decía López Obrador al final de su misiva.

Dos días después, la sesión para discutir y aprobar en lo general y en lo particular las reformas al Cofipe estuvo dominada por los reproches del PT y de Convergencia al PRD. Siete senadores perredistas (Rosalinda López, María Rojo, Rosario Ibarra, Ricardo Monreal, Yeidckol Polevnsky, Salomón Jara y Lázaro Mazón) votaron contra la ley, al igual que otros nueve del PT y de Convergencia.

Alejandro González Yáñez, del PT, afirmó en tribuna que “pretenden castigar a los partidos emergentes, a los que somos leales a Andrés Manuel López Obrador. Es el supuesto pecado que hemos cometido y estamos dispuestos a pagarlo”.

En respuesta a los reclamos de los partidos emergentes, a nombre del PRI, Pedro Joaquín Coldwell declaró que ya era tiempo de que “sobrevivan las fuerzas que consigan cuando menos 1% de la votación”. E ironizó con uno de los lemas de la coalición que defendió el triunfo de López Obrador en 2006: “Quienes estamos a favor de un esquema de coaliciones queremos que efectivamente se cuente voto por voto y casilla por casilla, pero también partido por partido y candidato por candidato”.

El senador perredista Ricardo Monreal, quien propuso desde el 30 de noviembre dejar abierta la posibilidad de que los partidos coaligados mantuvieran un emblema único, dependiendo del convenio de coalición, afirmó que el régimen de coaliciones aprobado “tendrá efectos perniciosos estructurales” sobre la vida pública del país. Acusó la existencia de una “coalición de facto”, formada por el PAN, PRI y un sector del PRD que decidió acabar con las coaliciones de jure.

En tribuna, Arturo Núñez argumentó en contra del PT y Convergencia señalando que el texto del nuevo Cofipe sí hacía más flexible el régimen de coaliciones porque ya no era necesario presentar una declaración de principios, programa de acción y estatutos, porque no se trataba de una fusión.

Sin embargo, Núñez votó en contra del ordenamiento que indicaba que los partidos coaligados deben aparecer con emblemas separados en la boleta. “No le hubiera costado nada a los partidos grandes dejar abiertas las dos opciones. Prefirieron la ruta del enfrentamiento”, dice Núñez a Proceso.

En la discusión en lo particular, el senador Graco Ramírez propuso una adición al artículo 100, relativo a las fusiones de partidos, para aclarar cómo se distribuirán las prerrogativas y los tiempos en radio y televisión. El PRI apoyó esta modificación a cambio de que se incluyera un transitorio para que esta norma se aplicara hasta después de 2009. La bancada del PAN también la respaldó.

El CCE y AMLO

A la rebelión de López Obrador contra la reforma electoral se sumó el rechazo del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex, los mismos organismos que financiaron spots de guerra sucia contra el tabasqueño.

El jueves 6 ambos organismos anunciaron que buscarán ampararse contra la reforma por la supuesta violación a sus derechos de libertad de expresión, ya que no podrán comprar tiempo-aire en radio y televisión para promover o criticar a algún candidato.

Esa situación sorprendió al coordinador de la bancada panista en el Senado, Santiago Creel Miranda, quien expresó: “El Consejo Coordinador Empresarial unido a López Obrador para tratar de echar abajo la reforma electoral… Es algo realmente sorprendente”.

Sin embargo, afirmó que la posición del CCE es “aberrante” porque no existe posibilidad de amparo contra ninguna reforma constitucional, menos aún si ésta es de índole electoral. “Hasta un estudiante de primer año de derecho sabe perfectamente que no se puede pedir amparo contra la Constitución”, puntualizó.

El viernes 7 un juez federal rechazó el amparo, pero Creel ofreció entablar un diálogo con los empresarios para explicarles la mecánica de la reforma. Pero el diálogo se abrió ese mismo día, cuando diputados del PAN comenzaron a ventilar la posibilidad de que el Cofipe permitiera al IFE comprar espacios en radio y televisión. De manera paralela, un grupo de 40 legisladores del PRD cercanos a López Obrador afirmaron que votarán en contra de la reforma electoral por el asunto de las coaliciones.
BAJO RESERVA
Periodistas EL UNIVERSAL
10 de diciembre de 2007

EPR activa cuatro células para continuar sabotajes

Los estrategas militares del Ejército Popular Revolucionario (EPR) activaron cuatro células para continuar con sus acciones de sabotaje en demanda de la aparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Las oficinas del gobierno federal dedicadas a la inteligencia detectaron el domingo 2 de diciembre la movilización del grupo guerrillero, nos informan.

Las autoridades federales desconocían si el EPR preparaba un ataque simultáneo o se trataba de señuelos para distraer la atención de los servicios de inteligencia. Nos explican que, finalmente, el gobierno de Felipe Calderón logró desactivar una célula en Yucatán. Pero la alerta no se ha detenido, porque los eperristas han establecido un patrón: atacan el día 10 del mes.

En otro terreno, el del activismo social, Nadín Reyes, hija de Edmundo, uno de los supuestos dirigentes del EPR desaparecidos, realiza una gira por Europa para denunciar violaciones a los derechos humanos en territorio mexicano. Ella estuvo por varios días en el País Vasco, cuna del grupo terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Fue presentada como representante del Comité de Familiares Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”.

El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, tiene en la bóveda el caso Vicente Fox. Hace algunas semanas, el Ministerio Público federal abrió una averiguación por una denuncia presentada por el senador perredista Ricardo Monreal, que lo señala de ser presunto responsable de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Sin embargo, hay señales de que el tema permanece estático, nos cuentan.

Bajo el argumento de la secrecía, el equipo de don Eduardo no ha dado informes de cuántas personas han acudido a rendir declaración; vaya, no se sabe si las pesquisas siguen vivas. Sólo se conoce de la comparecencia de Lino Korrodi, quien detonó el escándalo del nuevo estilo de vida de la pareja Fox-Sahagún. Exhiben una riqueza “cínica y descarada”, dijo a este diario el 18 de septiembre.

Alejandro Encinas, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del PRD, mostró sus barajas frente a sus adversarios de Nueva Izquierda, que impulsa a Jesús Ortega para la dirección del partido. En todas sus cartas aparece el ex candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.

Don Alejandro abrió su página electrónica (alejandroencinas.org.mx), que según Los Chuchos viola el acuerdo para la contienda interna. En las ligas aparecen todas las páginas web dedicadas al tabasqueño: Gobierno Legítimo de México, Convención Nacional Democrática, Sendero del Peje y Radio AMLO. ¿Queda alguna duda sobre de qué lado masca la iguana?, se preguntan algunos integrantes de Nueva Izquierda.

Hay muchas historias de los damnificados en Tabasco. El gobernador Andrés Granier no fue la excepción. Es la propia familia del funcionario priísta la que cuenta la historia: perdió el negocio que creó su padre hace más de 40 años y también extravió su título, que le permitió ser el químico más conocido en el estado.

Antes de incursionar en la política, don Andrés se tituló de químico farmacobiólogo. El documento enmarcado, así como fotos de sus hijos y otros recuerdos familiares, pararon en las aguas del río Grijalva. Estaban en el negocio que había fundado su padre, a las orillas del afluente, dicen los familiares del mandatario.

Débil seguridad ante amenazas del EPR
Silvia Otero
El Universal

Lunes 10 de diciembre de 2007

La Sedena autorizó sólo 34 elementos más de los que tenía asignados en 2006 para vigilar las instalaciones estratégicas del país, pese a los atentados perpetrados por el EPR en ductos de Pemex

silvia.otero@eluniversal.com.mx

A pesar de los actos de sabotaje perpetrados meses atrás por el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (EPR) en ductos de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional destinó sólo 34 elementos más de los que tenía asignados en 2006, para las tareas de vigilancia de las instalaciones estratégicas del país.

En informes de labores de esa dependencia federal se detalla que el año pasado se desplegaron 2 mil 313 soldados, en promedio mensual, para la seguridad de 126 sedes de la infraestructura clave que existe en el país.

El reporte más reciente de la Sedena —que incluye las actividades del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2007— indica que 2 mil 347 elementos en promedio al mes fueron asignados para la vigilancia de 131 instalaciones “indispensables para la operación general del país”.

Eso implica que en el último año se amplió la seguridad a cinco instalaciones más, pero la cifra de elementos del Ejército comisionados, equivale a 17 militares en promedio que vigilan cada uno de los 131 puntos estratégicos, en los que opera infraestructura de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, Luz y Fuerza del Centro, Caminos y Puentes Federales, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Telecomunicaciones de México, entre otras.

El EPR atentó contra instalaciones de Pemex en los estados de Querétaro, Guanajuato, Veracruz y Tlaxcala, el 5 y el 10 de julio, así como el 10 de septiembre pasados.

De hecho, Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció, el 13 de julio pasado, que “tenemos un mapeo cuidadoso y pormenorizado de los grupos (subversivos), y esto no puede derivarse en la pretensión de tener la capacidad de adivinar exactamente dónde van a golpear”.

A partir de los ataques eperristas, el gobierno federal aseguró que se reforzaron las instalaciones estratégicas del país, aunque el último informe de la Secretaría de la Defensa Nacional establece que en la llamada operación Centinela II sólo se asignaron a esta tarea 2 mil 347 elementos (34 más que el año pasado), quienes recorrieron 209 mil 688 kilómetros, de los que 183 mil 834 fueron vía terrestre y 25 mil 854 vía aérea.

El operativo, señala el documento, busca garantizar la seguridad en las instalaciones “que por su ubicación geográfica y función son indispensables para la operación general del país, por ser consideradas centros de decisión político-financieros o formar parte de la estructura básica del desarrollo nacional y elementos fundamentales en la planta productiva del país”.

En estas tareas también participa la Marina Armada de México, que además de contar con la base Ixtoc Alfa, que representa la primera base antiterrorista del país, para garantizar la seguridad de 360 pozos y plataformas petroleras en la sonda de Campeche, despliega cada mes a alrededor de mil 82 elementos de los agrupamientos de Infantería de Marina de Seguridad a fin de vigilar la termoeléctrica de Laguna Verde, así como las refinerías de Coatzacoalcos y Salina Cruz, entre otras.

Marta llegó pobre; salió llena de joyas
Jorge Ramos Pérez
El Universal

Lunes 10 de diciembre de 2007

Afirmó tener al menos $827 mil en gemas al final del sexenio

jorge.ramos@eluniversal.com.mx

Marta Sahagún Jiménez, llegó al gobierno como la vocera de Los Pinos, y salió como Marta Sahagún de Fox, con un lote de joyas adquiridas duerante el mandato presidencial de Vicente Fox.

De acuerdo con la declaración patrimonial de la esposa del ex presidente —a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL—, Marta no contaba con ninguna propiedad en joyas en 2001, pero al término de la gestión de su pareja, Vicente Fox reportó 827 mil pesos en “joyas e implementos agrícolas” de ella.

Un recorrido por los principales centros joyeros de la avenida Presidente Masaryk, de la ciudad de México, permitió un cálculo del costo de algunas joyas; estimaron que el mínimo valor de un collar de perlas negras y blancas sería de 10 mil dólares hasta un máximo de 20 mil dólares.

En otros casos, las joyas varían en precios de mil 800 dólares o hasta pulseras de menos de mil pesos; los expertos explicaron que no es fácil calcular el precio de una joya en fotografía, sino que es necesario tenerla enfrente.

Víctor Valencia (PRI), presidente de la comisión legislativa que indaga el presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente Fox, dijo que “en el caso de la señora Marta Fox, su declaración patrimonial hasta lástima da, ya nomás falta que soliciten la creación de un fideicomiso para conseguirle recursos porque ni siquiera llegaba su capital en lo que declara a los 3 millones de pesos, cuando todos sabemos que es una cantidad mucho mayor nada más con lo que trae puesto”.

Según lo que la vocera de Fox reportó a la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Secretaría de la Función Pública (SFP), contaba con un terreno de 400 metros cuadrados y 350 metros de construcción, con un valor de 1.5 millones de pesos.

Además, un local en Celaya de 350 metros cuadrados y mil de construcción, de 3 millones de pesos, así como un rancho en la carretera Panamericana de Celaya de 100 mil 822 metros cuadrados y mil metros de construcción, con valor de 10 millones de pesos.

Según la declaración, la casa y el local de Celaya fueron heredados y son de ella desde el 20 de abril de 1999, mientras que el terreno es de su propiedad desde 12 de noviembre de 1973.

En las declaraciones de Fox de 2004 a 2006 aparece una casa a nombre de Sahagún, comprada en 2005, así como una “huerta” también de ella, con la acotación de que le pertenece desde 1993, aunque en la declaración que ella presentó no aparecía dicha “huerta”, o al menos no con ese nombre ni con esa fecha de propiedad.

Estas propiedades aparecieron después como parte de lo declarado por el ex presidente Fox en 2002, como cónyuges.

Las tres cuentas bancarias reportadas por Sahagún también coinciden, sólo que la que tenía un millón 500 mil pesos, en depósito a plazos, al llegar al gobierno en 2000, pasó a un millón 560 mil pesos, y que al cotejar con lo declarado por Fox, incluso subió hasta 2 millones 803 mil 78 pesos en el año 2004.

Sahagún también reportó una cuenta de cheques por 29 mil 800 pesos, y otro depósito a plazos por 426 mil pesos.

Al comparar los datos con lo que informó Fox en 2003, la cuenta de 426 mil pesos se elevó a 427 mil pesos.

La ex vocera presidencial envió el 7 de marzo de 2006, antes de que concluyera Fox su mandato, una carta firmada como Marta Sahagún de Fox, al entonces secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, en la que le pide que haga pública su declaración patrimonial.

“Me permito manifestarle mi autorización para que en los términos que estime pertinentes, se haga del conocimiento público la información contenida en las declaraciones de situación patrimonial que, en su momento, presenté a esa secretaría”, expuso Sahagún.

Hace apenas dos semanas, los legisladores de la comisión legislativa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Fox dudaban que existiera la declaración patrimonial de la ex primera dama.

La SFP entregó a los legisladores copia certificada de las tres declaraciones patrimoniales de Sahagún, la que hizo por iniciar labor en el gobierno federal, la actualización a la que están obligados todos los funcionarios públicos y la de su retiro, pues el 2 de julio de 2001 se casó con el Presidente y debió renunciar a la vocería.

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