domingo, enero 27

AVISO IMPORTANTE

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¡PATRIA ES HUMANIDAD!

miércoles, enero 16

CARTA DE UN GUERRILLERO EN PRISIÓN

Señores ABP:

Compatriotas, ante todo mi saludo bolivariano a ustedes y sus lectores.

De alguna manera los presos de diversas celdas, hemos tenido acceso a algunas noticias relacionadas con la liberación unilateral de Clara Rojas y Consuelo González decidida por nuestra organización. Hemos percibido el despliegue noticioso, sobre todo el que hacen los medios de la oligarquía colombiana. Mi estancia en la cárcel no tiene mucho tiempo y por eso he conocido también la manera diferente, sin sesgo, como la de los medios venezolanos y la ABP se refieren al tema del conflicto colombiano y especialmente al respecto del intercambio humanitario con el contraste en mi mente, aclarando que la derecha venezolana a través de sus medios maneja los mismos argumentos que la derecha colombiana. Quería hacer algunas consideraciones y preguntas que podrían ayudar a dar un manejo más justo de la comunicación, sobre todo en el lenguaje de los medios más sensatos.

1. Nosotros también estamos prisioneros; muchos hemos llegado aquí luego de capturas que violan los procedimientos judiciales del mismo Estado burgués (se podría decir que fuimos secuestrados ¿o no?)

2. Una cantidad enorme, para mí indefinible, de presos en las cárceles de Colombia son víctimas de la mal llamada seguridad democrática, gente que fue capturada en las tristemente celebres redadas masivas y que hoy padecen el peso del venal y corrompido sistema penal acusatorio. Muchos dirigentes populares en nuestras filas ahora son acusados de ser guerrilleros y terroristas.

3. ¿Quien puede hablar por los prisioneros, o secuestrados que tienen en sus cárceles pestilentes, hacinadas, y represivas el Estado colombiano?

4. ¿Por qué los que están en las manos de las FARC son secuestrados y no prisioneros? ¿Nosotros que somos?

5. ¿Por qué nosotros somos terroristas y se nos quita el carácter político y solo se nos deja en algunos casos la opción de salir si acudimos a la abominable traición, a la delación…a esa farsa que llaman reinserción…o al destierro en un remoto país de ultramar?

6. Nosotros debemos soportar que nuestras familias no puedan reivindicarnos, levantar sus voces por nuestra libertad como si pueden los familiares de quienes están en manos de nuestra organización. Entonces, quienes piden gestos de paz a la guerrilla, deberían levantar la voz por nuestra liberación tan en alto como se levanta a favor de aquellos que están presos en las montañas. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? ¿Qué diferencia hay entre Mendieta y demás militares presos en la selva con nosotros que estamos sin el aire de la montaña? ¿Qué diferencia hay entre la respetable Ingrid y nuestra querida guerrillera Sonia o una de nuestras dirigentes del partido privadas de la libertad?

7. No me alargo más, se que esencialmente la diferencia que marca el carácter de unos y otros prisioneros es su carácter de clase. Se que la oligarquía y su ejército, apoyados por el imperio están de un lado y nosotros con nuestro sueño bolivariano estamos en el lado opuesto. Pero quienes pretendan neutralidad o no tomar partido…o simplemente informar con equilibrio o algo mucho mejor…aportarle a la paz, hablen con equilibrio y convicción de la existencia de una guerra, de la perversidad del terrorismo de Estado que ha obligado a la resistencia armada…de la necesidad que también nosotros salgamos de las cárceles y los nuestros que han sido extraditados de manera infame regresen. Abramos caminos de paz con sensatez, con sensatez.

Fraternalmente,

Miguel.

Psta: excúsenme no identificarme con mi nombre de bautizo, pero creo que tengo el derecho de no hacer más dura la sobre vivencia de mi familia y mi estancia en esta prisión.
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

Aclaremos, señores del gobierno ilegítimo de Calderón, porque parece que no entienden o no quieren entender a pesar de las evidencias que contradicen cuanto declaran:

Nuestra campaña de hostigamiento iniciada el 5 de julio del año pasado, no es contra el pueblo de México –como dolosamente manifiesta el Sr. Francisco Ramírez Acuña a través de la Dirección General de comunicación Social, el día 7 de diciembre de 2007 en su Boletín No. 331-07/12/2007, está dirigida contra su gobierno para efectivamente 1) denunciar la desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos por sus agentes federales y por extensión de José Francisco Paredes Ruiz; 2) exigir su presentación con vida y en libertad; 3) para que cese la impunidad con la que su gobierno haciendo “uso legítimo de la fuerza” viola constantemente los derechos humanos de luchadores sociales; y 4) para que por medio de una Ley de amnistía se liberen a todas y todos los presos políticos y de conciencia del país.

Felipe Calderón Hinojosa está desarrollando la guerra sucia en contra del pueblo organizado de México, (por si no le habían informado) desde el momento en que cerró la posibilidad de que Luis Echeverría Alvarez fuera juzgado por su responsabilidad y autoría de los crímenes cometidos por el ejército en contra del movimiento estudiantil de 1968, el halconazo contra jóvenes estudiantes el 10 de junio de 1971 y la guerra sucia en contra de guerrilleros durante su sexenio; desde el momento en que dio libertad a Arturo Acosta Chaparro, asesino señalado por familiares de sus víctimas y autor de cientos de desapariciones forzadas en el estado de Guerrero en contra de guerrilleros del Partido de los Pobres y sus familiares. Siendo así, todos los gobiernos hasta el actual son cómplices del genocida de Echeverría, solapándole la impunidad.

La guerra sucia no es un eufemismo, constituye un componente activo de la Guerra de Baja Intensidad que su gobierno ha venido desarrollando, desde el momento en que cobija con la impunidad a los gobernadores del estado de México, Puebla, Chiapas, Guerrero y Oaxaca y en contubernio con la vergonzante Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde que ésta no sienta jurisprudencia y no combate frontal y decididamente la violación a los derechos humanos de una periodista, escritora y defensora de los derechos humanos y a la pederastia, permitiendo el contubernio entre “autoridades”, funcionarios y empresarios corruptos y degenerados que degradan la vida de nuestro pueblo y sobre todo se ceban en la inocencia de nuestras niñas y niños, destruyendo su futuro; desde que se tardó en “analizar y estudiar” si ampliaba la investigación de la brutal represión en Oaxaca.

Basta con una sola violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano, en cualquier rincón de la patria, basta con una sola desaparición forzada para que “su” gobierno quede consignado en la historia como un gobierno que no respeta los Derechos Humanos de su pueblo, ni su voluntad, ni la democracia, ni la justicia, o ¿Cuántas violaciones a los Derechos Humanos y de qué magnitud habrían que acumularse para ser consideradas como tales y la SCJN las considere graves?

¿Cómo habría que llamar a quienes les son violados sus derechos humanos?, ¿No es Lydia Cacho Ribeiro una víctima de la injusticia propiciada por la misma SCJN?, ¿No son víctimas Flavio Sosa Villavicencio de la APPO y sus hermanos, ni David Vega Zamarripa e Hilario Vega Zamarrita, dirigentes de la sección 49 de la refinería de Cadereyta, desaparecidos el 6 y 7 de Mayo; ni José Francisco Paredes Ruiz, ex preso político que perteneció al Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) desaparecido el 26 de septiembre en Morelia, Mich.; ni quienes fueron detenidos con “rudeza innecesaria” por haber pertenecido al PROCUP-PDLP? Todas las mencionadas violaciones a los Derechos Humanos han ocurrido en el incipiente sexenio del Sr. Felipe Calderón Hinojosa para no mencionar las ocurridas con Vicente Fox y nos “cuadre el argumento”, constituyen parte de la instrumentación de la guerra sucia y no es sólo contra nuestro partido, esencialmente es contra todo el pueblo organizado.

¿Llaman “recuperar el estado de derecho” a la salida del ejército de sus cuarteles para realizar una actividad no indicada por nuestra Carta Magna?, ¿”recuperar el estado de derecho” a que el ejército continúe entrenando y arme a grupos paramilitares sobre todo en el estado de Chiapas? ¿No está militarizado Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Veracruz por nombrar sólo unos estados?

¿No es una política criminal deliberada del gobierno federal la reforma al sistema judicial entregada en marzo a la Cámara legislativa por Felipe Calderón?, ¿Quieren decir que lo que suceda como resultado de las funciones que han obligado al ejército a realizar seguirán siendo tipificados como “incidentes” y quien seguirá sufriendo sus aberrantes acciones es nuestro pueblo como sucede hoy con el asesinato de un joven en un reten militar en Michoacán?

La reforma judicial que FCH propuso ha sido impugnada por renombrados defensores de los Derechos Humanos, respetables juristas, prestigiadas Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, no sólo por nuestro PDPR-EPR y ha sido desenmascarada como un grave retroceso en el respeto a los Derechos Humanos. ¿No han leído los informes de AI, la CIDH, la CEJIL todavía?, ¿No han analizado sesudamente y entre líneas los periódicos nacionales últimamente?

“Por desgracia en México”... quienes no tienen “una cultura de legalidad más arraigada” son las instituciones como la AFI, la PFP, la SIEDO, la SSP o la PGR, SEDENA, la SRA, la Secretaría del Medio Ambiente quienes amparadas por las leyes –faltaba más- violentan su tan cacareado estado de derecho.

El estado de derecho actual, es un estado de derecho que preserva los intereses del capital, veamos: ¿Cuántos logros alcanzados en el pasado no han sido anulados por las actuales reformas a la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE?, sólo por nombrar las más representativas. ¿A quiénes benefician esas reformas?, todo acto de represión se presenta como un deber de Estado.

La Ley contra la delincuencia organizada del actual estado de derecho, es una ley que incluye la protesta social en la categoría de delincuencia organizada, como consecuencia los luchadores sociales son tratados como delincuentes del crimen organizado, porque los delitos que se les imputan son delitos del fuero común tratando de desvirtuar su participación en la protesta social, y el Estado usa la violencia legitimizado por esta ley, -nada de represión- no sólo en contra de ellos sino en contra de su familia y amigos, su “entorno” como se dice en los manuales de la GBI. Luego toda protesta social vista desde su estado de derecho viola las leyes a menos que se conduzcan por el estrecho margen de la movilización pacífica y la resistencia pasiva que nos ha llevado a la actual situación.

No habría criminalización de la protesta social si el Estado, el gobierno de FCH en el “uso legítimo de la fuerza” reformara las leyes en función de los intereses del pueblo de México y no de los intereses de la oligarquía nacional y extranjera.

Su propuesta de reforma judicial lo único que intenta es legalizar todas las violaciones que se continúan cometiendo, sobre todo en contra de los luchadores sociales, al criminalizar la protesta social anula de facto los derechos plasmados en nuestra Constitución al intentar legitimar acciones policíaco-militares que violan flagrantemente los derechos constitucionales.

Insistiremos las veces que sea necesario para señalar que nosotros no somos parte de la delincuencia organizada, somos revolucionarios, luchadores sociales que ante la actitud irracional de este gobierno que continuamente está violando nuestros derechos nos da el legítimo derecho de las acciones de autodefensa. Es del conocimiento de nuestro pueblo y de pueblos hermanos que somos una fuerza insurgente beligerante y como tal nos acogemos a los Tratados de Ginebra. Quienes en la Cámara de Diputados y Senadores del partido que sean que aprueben la reforma judicial propuesta por Calderón que criminaliza la protesta, la lucha social y los actos de autodefensa deben asumir la responsabilidad de las consecuencias derivadas de sus actos. En lugar de aprobar aberraciones deberían de promulgar inmediatamente la amnistía general para la libertad de todas y todos los presos políticos del país.

Decir que en el gobierno de FCH “no se persigue ni se perseguirá a ningún activista social por serlo”, es una falacia, tanto es que existen cientos de presos políticos, y hasta esta fecha la desaparición de más de 28 ciudadanos en el estado de Guerrero, la de Francisco Paredes Ruiz y la de los hermanos Vega Zamarripa además de la de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, siendo éstas últimas las que dieron lugar a nuestra Campaña de hostigamiento como una acción de autodefensa para tratar de evitar que se reedite la guerra sucia de los setenta y para intentar que no haya más impunidad.

Los actos represivos de este gobierno sobran y los más recientes son: el arresto de más de 20 simpatizantes de la APPO en la conmemoración de una año en “la victoria de todos los santos” cuando replegaron a la PFP; la detención de Juan Murguía Franco dirigente del Barzón Auténtico de Sonora y Alfonso Chaparro, dirigente de choferes de Hermosillo; el desalojo violento de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa por demandar 75 plazas y la permanencia de la licenciatura en educación básica; la incursión militar en el municipio de Metlatonoc en el pueblo de Juanacatlán, en la montaña alta, Gro. En la que detuvieron a dos pastores e intentaron catear las casas; el permanente acoso paramilitar a las bases zapatistas; la agresión hacia Mariana Villa Real, colaboradora en las áreas del jurídico y educación del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila; las agresiones contra el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y la reciente incursión policíaca- militar contra los huelguistas de Cananea, bajo el auspicio de la corrupta Junta de Conciliación y Arbitraje.

La condena que recibieron Ignacio del Valle y sus compañeros de 67 años de cárcel –mucho mayores que se las de delincuentes del crimen organizado- es también un elemento de la GBI ya que castiga sin piedad la organización y protesta social para sentar un precedente e intentar paralizar la protesta popular.
La detención-desaparición, la tortura y las violaciones ejercidas en contra de las personas detenidas en Oaxaca, así como su envío a prisiones tan alejadas de su ciudad de origen es un elemento más de la guerra sucia, así como la ya mencionada reforma judicial que de ser aprobada viene a legalizar los abusos que durante este gobierno se les ha dado continuidad. ¿Cuál invento?, sólo hemos estado describiendo una realidad represiva que afecta no sólo a nuestro partido, sino a organizaciones sindicales, obreras, campesinas, indígenas, populares en general a todo ciudadano que se atreve a organizarse y protestar.

Guerra sucia también es la censura de la que está siendo objeto la periodista Carmen Aristegui a quien saludamos solidariamente a quien le decimos que ya tampoco escuchamos la W.

Señores del gobierno de Felipe Calderón, tenemos la certidumbre de que nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos-desparecidos por agentes federales, si supiéramos los nombres de quiénes realizaron esta acción y supiéramos exactamente dónde los tienen, ustedes ya no estarían en el gobierno y si responsabilizamos tanto a funcionaros federales como estatales de Oaxaca, como Ulises Ruiz Ortiz –exageradamente protegido por Felipe Calderón Hinojosa quienes a pesar de sus diferencias se unen en cuanto se trata de salvaguardar sus intereses políticos y económicos en santa cruzada para reprimir al pueblo- es porque son parte del Estado mexicano, responsables de la política que desarrollan y responsables de las actividades de sus fuerzas militares y policíacas. No es necesario que se manchen las manos ni que den una orden expresa, las violaciones a los Derechos Humanos del pueblo mexicano obedecen a una estrategia que se supone es dictada por Felipe Calderón Hinojosa o en su defecto por los poderes fácticos que existen por encima de él.

Por lo que preguntamos: ¿Quién gobierna en México?, ¿El gobierno legalmente constituido pero no legítimo o los poderes fácticos que impusieron a Felipe Calderón Hinojosa? Porque si FCH es presidente de la República “haiga sido como haiga sido” le falta tomar realmente dediciones a favor del pueblo, “haiga sido como haiga sido”, debe presentar ya a nuestros compañeros Edmundo y Gabriel, a Francisco, David e Hilario, “haiga sido como haiga sido”.

¿Cómo confiar en un Francisco Javier Ramírez Acuña? cuando se ampara en el Estado de Derecho para decir que “...Esa es razón suficiente para que el Gobierno Federal investigue la presunta desaparición de las dos personas de esa organización.” Cuando siendo gobernador de Jalisco, ordenó la represión, tortura, vejación y violación contra los jóvenes altermundistas extranjeros diciendo que eran chilangos los que habían “alterado el orden”, así como también, a periodistas nacionales y extranjeros demostrando de esta manera su inclinación a la violación de los Derechos Humanos.

No le importó que fueran jóvenes, no le importó si eran hombres o mujeres, tampoco le importó que fueran inocentes completamente ajenos a la protesta que se estaba dando, sólo prevaleció su compromiso con su supuesto estado de derecho. ¿Quién no nos dice que hoy sea cómplice de la detención-desaparición de nuestros compañeros y trate de curarse en salud?, como lo hacen el PAN y el PRI al negar la existencia de presos políticos y de conciencia en nuestro país, luego ¿Qué posibilidad real existe de que diputados y senadores del PAN y PRI aprueben una Ley de Amnistía General, como es la exigencia popular? Señores, sean consecuentes con su actitud y digan claramente a que intereses están defendiendo y por lo tanto representan.

Cada Ley que aprueba o no el Poder legislativo tiene una incidencia concreta en nuestro pueblo, numéricamente la mayoría la hacen el PRI y el PAN luego, ¿Aprobarían una Ley de Amnistía General cuando ni siquiera –según su Boletín- existen?

No vale que FRA niegue que nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos por agentes de la AFI y decir que nosotros mismos no sabemos qué pasó con ellos, tratando de contrainformar a la opinión pública, eso no es más que la aplicación -precisamente- de la guerra sucia, como parte de la instrumentación de la guerra de baja intensidad para tratar de eludir su responsabilidad en este crimen de lesa humanidad.

Que haya respondido como lo hizo, aprovechando la cobertura de los medios a la publicación de un “último comunicado” nuestro, lo retrata de cuerpo entero al considerar que ya no iba a haber respuesta de nuestra parte, ordenando una campaña mediática para que su supuesta verdad quedara como la última impresión pública.

En primer lugar nuestra demanda que es la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros no está siendo atendida, están tratando de darle curso dentro de su estado de derecho para responsabilizar a quién sabe quién, ya que ustedes sí saben dónde están nuestros compañeros y quienes los detuvieron, o ¿es que no acudieron a la PGJ del Estado de Oaxaca e interrogado a los funcionarios en turno a partir del 25 de mayo, en donde encontrarían a más de un testigo?

En segundo, la guerra sucia sí existe, los hechos que hoy señalamos insistentemente para que no lo omitan o lo olviden, son:

Dos de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos-desparecidos por sus agentes federales el 25 de mayo, lo que dio lugar a nuestra Campaña de Hostigamiento; en esas mismas fechas también fueron detenidos-desaparecidos Gilberto Romero Vázquez, Baltasar López Pita y Rafael Ramírez Bautista en el estado de Guerrero y Roberto Paredes Nieto del Estado de México; después de participar el 23 de septiembre en la conmemoración del Asalto al Cuartel Madera, el 26 de septiembre desaparecieron a otro luchador social Francisco Paredes Ruiz y posteriormente desaparecieron a David e Hilario Vega Zamarripa, luchadores sociales también; los más de 28 desaparecidos en el estado de Guerrero que no es sólo responsabilidad estatal, por lo que ustedes iniciaron una ofensiva contra los luchadores sociales sin imaginarse que en esta ocasión sí tendrían una respuesta de autodefensa de nuestra parte.

Tercero, qué autoridad moral tiene el gobierno federal de decir que nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario debiera suspender su campaña de hostigamiento si su pecado es haberse impuesto mediante un fraude de origen para continuar gobernando con la política neoliberal en contra del pueblo mexicano a través del autoritarismo y la militarización del país, producto de una tendencia fascista.

Si es real que “... El Gobierno Federal tiene un compromiso con la sociedad de otorgar seguridad a todos los mexicanos y de darle plena vigencia al Estado de Derecho.”

¡Que empiece ya!

Primero, que presente a nuestros dos compañeros detenidos-desaparecidos así como a todos los luchadores sociales que también están detenidos desparecidos.

Segundo, ponga en libertad a todas las presas y presos políticos y de conciencia del país cuya existencia niegan en su definición aún a contrapelo de los informes de Organismos nacionales e internacionales defensores de los Derechos Humanos y organizaciones populares. Presos políticos que no deberían de estar en penales de exterminio de máxima seguridad, sería bueno que pasaran a otro tipo de cárceles donde tuvieran la oportunidad de seguir desarrollando sus virtudes creativas, como un paso previo a la ley de amnistía general en un gesto de capacidad política del actual gobierno.

Tercero, que cumpla con las demandas expuestas en el comunicado de nuestro partido emitido el 18 de septiembre de 2007 y ratificadas en el comunicado del 2 de octubre de 2007.

Para terminar comunicamos a nuestro pueblo que al accionar en cualquier lugar de la República mexicana, momentos antes el gobierno sabrá de nuestra acción para evitar pérdidas humanas ya que si las existieran serían responsabilidad del gobierno.

Recuerden para que tengan en cuenta la moral del revolucionario, aunque sus supuestos principios no lo conciban, es la prudencia y la cordura. Pero que también éstas tienen límites las cuales al no presentar a nuestros compañeros son ustedes los que nos obligan a realizar más acciones de autodefensa. Reiteramos ¿Hasta cuándo tenemos que esperar o soportar…? porque entre nuestro pueblo, militantes y combatientes ya existe una firme determinación de no esperar más tiempo con tanta impunidad, ¿Cómo se atreven con tanto cinismo afirmar que nuestro PDPR-EPR se quede con las manos cruzadas mientras nuestros compañeros siguen siendo torturados y no son presentados, y hasta estos días se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad con la desaparición actual del dirigente indígena Lauro Juárez en el estado de Oaxaca?, es a usted Sr. FRA y su gobierno a quienes no les “cuadran” los hechos.

Hoy apoyamos decididamente y de una manera enérgica a nuestro pueblo que se atreva a rechazar ese acto criminal contra el campo mexicano por medio del TLCAN, y este pueblo sabrá responder y necesita responder a los actos violentos de este gobierno de acuerdo a su capacidad y creatividad ante la embestida gubernamental. ¡A luchar por todos los medios por la cancelación del TLCAN!, es el momento de la unidad y de impulsar todas las formas de lucha sin importar nuestra propia vida al enfrentar estos hechos perversos y antipopulares.

Aprovechamos, con motivo de un nuevo año para enviar un caluroso abrazo fraterno a todos nuestros camaradas militantes y combatientes que cada día hacen un esfuerzo ya sea en las montañas o en las ciudades dando continuidad a su preparación político militar para responder adecuadamente ante cualquier represión.

Donde quiera que se encuentren Edmundo y Gabriel tengan la convicción que no descansaremos hasta tenerlos de regreso y seguiremos luchando porque jamás exista una desaparición forzada.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 44
República Mexicana, a 15 de enero de 2008.

Desplazados por el hambre

Me’phaa, nu’saavi y nahuas abandonan por decenas de miles La Montaña de Guerrero. Andrajosas, familias enteras cargan con su patrimonio –sacos de maíz, petates y bolsas de harapos– y dejan cientos de pueblos desolados. Es el inicio de un humillante viaje de más de 2 mil kilómetros que los llevará, como peones acasillados, a las plantaciones de empresas trasnacionales. Su destino son campos de concentración, capataces, guardias blancas y tiendas de raya

Zósimo Camacho / Julio César Hernández, fotos / enviados

La Angostura, Sinaloa. Estela Santiago, de siete años, se desencaja pequeñas espinas. Observa los puntos rojos de sus manos y continúa, descalza, arrastrando un bote entre los surcos de este “campo 3” de la empresa Agrícola Exportadora de Vegetales. Vino con su familia y con todo su pueblo a contratarse como cortadora de pepino por una jornada de seis de la mañana a 5:30 de la tarde. Sale de su galera cuando aún el sol no se ha levantado por el horizonte y regresa cuando la luz se ha disipado por completo.

“¡Catorce!” –número que le asignaron en la cuadrilla–, grita cada que llega a la tina donde vacía el bote de 15 kilos de pepinos. Al final del día, la apuntadora consignará el número de botes llenados, acarreados y vaciados por Estela durante la jornada: 58.

Iván, de 10 años, se ríe de ella: él logró hacer 72. Los niños –la mayoría de los jornaleros– se agolpan alrededor de la apuntadora para que les diga sus marcas. Compiten entre ellos, como un juego, por ver quién logra el mayor número de puntos.

Es el primer día de trabajo de un grupo de me’phaa que llegó de La Montaña de Guerrero, luego de un éxodo iniciado cinco días antes que dejó escuela sin niños, casas sin personas, iglesia sin feligreses.

De acuerdo con cifras del Programa de Atención al Jornalero, de la Secretaría de Desarrollo Social, abandonaron La Montaña de Guerrero 15 mil personas. Sin embrago, cifras del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, señalan que son arriba de 20 mil las que dejaron la zona.

Montaña de Guerrero

Hombres, mujeres con infantes a la espalda, niños, viejos, salen de sus casas con bolsas de plástico repletas de ropa. Antes de que amanezca comienzan a trasladar su “equipaje”. Amontonan sus pertenencias en la única calle por la que puede ingresar una camioneta con redilas a este barrio de Guadalupe, Santa María Tonayac, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Petates, costales de maíz, cobijas, garrafones, sillas, bolsas con tortillas de maíz tostadas, refrescos, cervezas y algunas frutas son casi todo el patrimonio de las familias. Con todo se van. Dejan cuartos de adobe vacíos y corrales con algún animal que será “cuidado” por los que se quedan: el comisario, el suplente, los dos capitanes, las mujeres de cada uno de ellos y cuatro niños.

No hay despedidas efusivas. Antes de trepar a la camioneta, quienes se van y quienes aún se quedan se miran a los ojos por algunos segundos. No hay palabras ni gestos. Los rostros, duros, inexpresivos.

La última cuadrilla, la que encabeza Enrique Mauricio, comienza a salir de la comunidad la madrugada del 16 de diciembre de 2007. En dos viajes de dos Nissan, se trasladan 45 mayores de 14 años, 13 infantes “de pecho a cinco años”, y 15 de seis a 13 años. A las 10 de la mañana sale la última camioneta. Nadie los despide. Ellos tampoco vuelven la mirada atrás. Presuroso, el vehículo se pierde, a lo lejos, en una curva de la vereda. La nube de polvo se desvanece. En el pueblo, sólo el viento.

Estela, de ocho años, e Iván, de 10, se aferran a los tubulares. Sus madres –con hijos amarrados a la espalda– les ordenan que no jueguen y se sostengan con fuerza. La camioneta baja dando tumbos por un camino terregoso de más de 10 kilómetros hasta encontrarse con la carretera Tlapa-Metlatónoc, aún sin concluir. Veinte kilómetros los separan de la ciudad montañera, donde ya los esperan los otros miembros de la cuadrilla y en la que se encontrarán con el enganchador o contratista.

En la plaza del pueblo sólo quedaron los rastros de la última fiesta que celebraron juntos los 500 habitantes de la comunidad: la de la virgen de Guadalupe. Frente a la iglesia y la comisaría quedaron restos de un pequeño castillo pirotécnico, cenizas, basura de cuetes quemados y latas de cerveza pisoteadas. En cualquier dirección, el horizonte es el mismo: la cadena montañosa de color café; trabazón de cerros adustos y trágicos en los que crecen esporádicamente matorrales espinosos y árboles enanos.

—El pueblo emigra porque aquí no hay nada qué hacer –dice de manera entrecortada el comisario Andrés Martínez Villegas.

—Sí semos campesinos. Sembramos maíz, frijol y calabaza; pero la cosecha que sacamos en octubre ya se nos acaba. Si nos quedamos, de dónde vamos a sacar la lana pa’ vivir. No nos podemos quedar. Si nos enfermamos qué hacemos. No tenemos pa’ pagar dotor y aquí no hay. Dios no nos va a avisar cuándo vamos a enfermar.

El barrio emigra en grupos o cuadrillas, quienes nombran a un mayordomo para que los represente. El último grupo que partiría está encabezado por Enrique Mauricio Guzmán: de 54 años, es orador en me’phaa y entre los suyos, pero parco y desconfiado con los mestizos, a quienes les habla con sentencias entrecortadas y responde con monosílabos.

Como el de todos, su talante es desarrapado, y su semblante, desaliñado. No baja la cabeza aunque, a regañadientes, acepte –no tiene otra opción– las condiciones del contratista o enganchador, los representantes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los choferes, los encargados de proporcionar alimentos durante el traslado, la trabajadora social, el administrador, el capataz, la tienda de raya.

Los montañeros emigran pensando en su colectividad, su pueblo. Antes que pensar en mejorar la situación de su núcleo familiar o de cada uno de ellos, piensan en lo que necesita la comunidad. Semanas previas a la partida “hacen reuniones” para decidir para qué deben “hacer cooperaciones”.

—Aquí no tenemos agua –había explicado Enrique antes de salir–. Hay que ir por ella hasta Lindavista (aproximadamente a 3 kilómetros). Apenas nos cooperamos para hacer un tanque. Ya habíamos hecho uno, pero se rajó y se sale el agua. Ahora volvimos a cooperar para hacer otro y ya lo tenemos; pero no alcanzó la lana para comprar tubos y bomba. Nomás nos alcanzó para comprar manguera, pero ésa se troza donde hay pedregal y no alcanza a llegar hasta acá el agua. Ahora que salimos vamos a juntar la lana a ver si alcanza. El otro año, con la cooperación, hicimos aula para escuela.

—Quién hace la cooperación.

—Nosotros mismos: el pueblo.

—¿El gobierno no los ha ayudado?

—¡No, qué va a ayudar! Sí queremos un gobierno que apoye, pero luego no podemos esperar. Por qué cree que salimos. ¿Por puro gusto? ¿Nomás a sufrir donde nos tratan mal y nos dan de comer cosas que nos hacen mal a la panza? ¿Y a tomar agua sucia? No, si aquí hubiera apoyo para sacar producto, la gente no sale. Pero aquí no tenemos qué comer. Nomás engañan: cuando el gobierno anda de candidato, todo va a hacer. Y ya que está arriba, no nos dejan ni llegar a la puerta.

Enrique Mauricio agrega que también se cooperan, cada año, para festejar a la virgen de Guadalupe. “Compramos velas, flores, castillos y todo lo que necesita uno para ponerle al santito”.

Apenas dos días antes el viento llevaba por las calles el bullicio de los dos salones de clase. Edith Pacheco Salazar, de 27 años, y Verónica Muñoz Ramírez, de 25, son maestras del grupo de primero a segundo grado de primaria y de tercero a quinto, respectivamente. No hablan la lengua de los niños y se auxilian de algunos de ellos para que traduzcan las clases a sus compañeros.

En las vísperas de que casi todas las familias partieran, reconocen que la escuela se quedará sin alumnos.

—Todos van a emigrar y se van a llevar a sus hijos –dice Edith–. Nos vamos a quedar con uno o dos niños por grupo. No más. Y así vamos a seguir trabajando hasta el retorno de todos los demás.

Con el contratista

Santos Mauricio –me’phaa que, a decir de los indígenas, “se pasó del lado de los patrones”– se pasea, permanentemente sofocado y sudoroso, por el río Jale de la cabecera de Tlapa de Comonfort. Gordo, moreno, de 1.65 metros de altura, calza botas de piel de avestruz, viste camisas desabotonadas y constantemente se lleva una mano a la cabeza para acomodarse su sombrero tejano de fieltro. Es el representante de la empresa Agrícola Exportadora de Vegetales. Cada cuadrilla que lleve a Sinaloa le hará ganar semanalmente 2 mil pesos. “Y sin hacer nada”, según sus propias palabras.

En uno de los puestos de comida que bordean el cauce, Santos le fija a Enrique las condiciones de la empresa y lo que “ofrece”: 135 pesos por jornada de ocho horas; galeras con luz eléctrica y baños; además, el pago del transporte en el que llegaron de su comunidad (450 pesos por viaje) y el costo del traslado en autobús de Tlapa a La Angostura, Sinaloa, donde se encuentran los campos de la agrícola, a 20 kilómetros de Guamúchil.

Santos asegura que el viaje le cuesta a la empresa 22 mil pesos. Adicionalmente, se compromete al pago de las comidas durante el trayecto; para ello, dice, la empresa dispone de 2 mil 400 pesos. No hay contrato escrito. Todo es de palabra.

Mientras, infantes juegan junto a los hilos de aguas negras del río y, a veces, con ellos; las jóvenes madres amamantan a sus bebés sentadas en la tierra y junto a pilas de desechos; los hombres vigilan sus bolsas, cajas, sillas y petates enrollados esparcidos en el suelo. Escuchan, a alto volumen, la selección de un puesto de discos compactos: chilenas y kimituvis en lengua nu’saavi.

Además de la cuadrilla del barrio de Guadalupe, otros tres grupos me’phaa aguardan en el Jale. Quienes mayoritariamente emigran son niños. Alrededor de cada pareja de adultos, se observan entre tres y cinco menores de 10 años.

Luego de un día de espera bajo el sol, la cuadrilla se traslada a la Unidad de Servicios Integrales (USI), a cargo del Programa Regional de Atención a Jornaleros Agrícolas, dependiente de la delegación estatal de la Sedesol.

Una muchedumbre con bultos camina atropelladamente en la USI. Ahí las familias se registran a cambio de una despensa con un valor de 200 pesos. El módulo cuenta con comedor, sanitarios, dormitorios, regaderas y consultorio médico. El doctor no se encuentra porque, se explica, “enfermó”.

En todo el proceso de “contratación” es la única presencia gubernamental. Y la participación de la Sedesol se reduce a registrar el número de personas que emigran, aunque los datos tampoco son precisos porque hay quienes no pasan a registrarse a la USI. Los jornaleros enfrentan, solos, a los patrones.

Además de la entrega de despensas, Daniel Catalán Estrada, representante regional del programa, se encarga personalmente de registrar a los emigrantes en la lista de un seguro en caso de fallecimiento. A cambio de cinco pesos, que se depositan en el Fondo de Previsión Social administrado por la Sedesol, los familiares se hacen acreedores a 10 mil pesos en caso de muerte del trabajador.

El funcionario señala que, de septiembre y hasta la mitad de diciembre, han salido aproximadamente 2 mil 100 familias de La Montaña y han consumido la totalidad de despensas previstas para 2007.

—Van a quedar fuera unas 500 familias más –reconoce.

Catalán Estrada admite que a las autoridades de los tres niveles de gobierno les “falta voluntad” mejorar las condiciones de los jornaleros en el proceso de migración.

“Recientemente se acordó que el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecería aquí un módulo para revisar todas las condiciones tanto para jornaleros, contratistas y enganchadores. Hay que saber, por ejemplo, si el contratista está reconocido o no por la empresa; cómo promete llevar al jornalero; verificar si hay contrato o no. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se comprometió a corroborar en qué condiciones están los autobuses; y la Policía Federal Preventiva, que en el trayecto los jornaleros no tengan ningún problema.”

Catalán se refiere a los acuerdos alcanzados el 29 de noviembre de 2007 en la “Reunión de trabajo para tender asuntos relacionados con la problemática de los jornaleros agrícolas”, en la que participaron, por la federación, funcionarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social; además, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios y la Policía Federal Preventiva. Y, por el estado, entre otras dependencias, la Secretaría de Asuntos Indígenas. Nada se cumplió.

Las familias de la cuadrilla de Barrio de Guadalupe no recibieron despensa de parte de la Sedesol. El autobús no llegó y debieron extender sus petates en los pasillos y comedor de la USI. Decidieron no utilizar los dormitorios y pernoctaron envueltos en cobijas.

Morir en La Montaña o en el surco

Desganado, el grupo de desnutridos que encabeza Enrique Mauricio aborda el autobús que envió Agrícola Exportadora de Vegetales, propiedad de Porfirio Gerardo Ríos y su hijo Gerardo. Han esperado el transporte, todo el día 16, tumbados junto a los lavaderos de la USI. Con fastidio, suben lentamente sus pertenencias.

La mayoría de los niños han enfermado del estómago; pero entre todos, destaca Maricela, de tres años de edad y con desnutrición severa. La infante padece de vómito, flemas y fiebre. Su madre sostiene su cuerpo desguanzado y, casi a hurtadillas, se asoma a su rostro amarillo, cadavérico y ojeroso.

—La niña no se puede ir. Lo que necesita es estar internada –dicen en la USI.

Los padres se niegan a dejarla. No tienen con quién. Y tampoco pueden quedarse. Se busca la intervención del mayordomo.

—Enrique, ésa niña no se puede ir. Se les puede morir en el camino.

—Que vaya. De por sí, si se queda aquí, se va a morir de hambre.

El viaje

Los niños, desganados, se asoman por las ventanillas mientras sale de Tlapa el autobús, un humeante y viejo Dina, modelo 1973, con placas 814RBI, de carrocería parchada y llantas gastadas. Sólo le funciona un faro y es de luz alta.

Los choferes Jorge Castelán y Luis Arturo Montenegro “regañan” a los indios por “viajar hasta con la gallina”. A lo largo del viaje, cuando les soliciten detener el autobús para ir al baño, los bajarán en llanos, a veces yermos. Hombres, mujeres y niños harapientos, descalzos, correrán buscando matorrales. Y cuando el autobús pase por una gasolinera, los empleados, presurosos, cerrarán las puertas de los baños.

Al interior del autobús, cada par de asientos está reservado para una familia. Los padres acomodarán entre ellos a dos o tres hijos; los demás viajarán tirados en el pasillo, entre costales de maíz, botes y cajas. Algunos adultos también tendrán que ir de pie: han preferido colocar sus pertenencias en las butacas.

—Así como ves este autobús, está rebueno –dice Luis Arturo Montenegro mientras se ataja el sol con una mano, a falta de visera–. Tiene televisión; ¡pero para éstos, no!

Mientras lava el parabrisas, apenas disimuladamente avienta chorros de agua contra “esa gente”.

El autobús, siempre por carretera libre, se enfilará hacia Puebla y, luego hacia Cuautla, Morelos. En Juquilita los choferes anuncian que van a cenar. Después de cinco horas de viaje, los jornaleros bajan del autobús. No compran nada: ya no tienen dinero. Las madres, pálidas, ofrecen sus pechos a los infantes.

Antes de ingresar a la ciudad de México, el autobús se detiene por una hora y media. Jorge Castelán espera que sea de madrugada antes de ingresar al Distrito Federal, “porque si no, las patrullas nos ponen una chinga”.

Durante las primeras horas del 17, los jornaleros rodearán la capital del país. Casi clandestinos salen de la ciudad y les amanece en Querétaro.

Antes de las 10 de la mañana llegan al restaurante El Sabino, en Pénjamo, Guanajuato. El lugar, modesto, sirve frijoles con trozos de carne, chiles y tortillas. Para los choferes, carne asada. El costo del desayuno, costeado por la agrícola fue, supuestamente, de mil 200 pesos. Mientras esperan la reanudación del viaje, las mujeres cambian pañales a sus hijos y limpian de pulgas y piojos a sus infantes.

La siguiente comida será hasta las 9:30 de la noche, en el restaurante El Ceboruco a las afueras de Ixtlán del Río, Nayarit, luego de haber dejado Guadalajara y los cerros verdes de agaves. En el local, sucio, maloliente, con baños nauseabundos, demorarán la atención por más de dos horas, pues privilegian a los que pagan en efectivo que a los jornaleros. La segunda y última comida prometida por la empresa, supuestamente, también tuvo un valor de mil 200 pesos.

Luego de más de mil 400 kilómetros recorridos, los jornaleros llegan a Sinaloa. La primera medida de las autoridades es someterlos a una “revisión fitosanitaria” y, alrededor de las tres de la mañana del día 18, son bajados del autobús. “No pueden pasar fruta”, les dicen y tienen que dejar mandarinas, naranjas y plátanos. “Son las disposiciones que tenemos en el estado”, señalan con parquedad ante los reclamos.

Amanece en Mazatlán. Niños vomitan en bolsas de plástico que son lanzadas por las ventanillas del autobús. Los choferes advierten que no habrá más pausas “ni para ir al baño” hasta la llegada a las galeras.

Noventa kilómetros después de Culiacán y 20 antes de Guamúchil, el autobús entra a un camino terregoso. Ha llegado a los campos de Agrícola Exportadora de Vegetales. Luego de 44 horas de traslado y más de 2 mil kilómetros recorridos, los me’phaa de La Montaña de Guerrero llegan a su lugar de trabajo.

Las galeras

El alambrado que bordea las galeras es usado como tendederos de ropa de las cuadrillas que previamente han llegado. La nave se compone de 144 cuartos de tres por cuatro metros divididos por láminas galvanizadas. Como en su comunidad de La Montaña, el piso del que será su hogar durante los próximos cuatro meses tiene piso de tierra y no hay agua potable. Reciben sus cuartos sucios y deben contener el aliento mientras los asean. “Gozan”, como dice el administrador, de una conexión eléctrica y una bombilla.

Se encuentran con que “por detalles”, según el administrador de la empresa, Óscar Carrillo, los trabajadores no ganarán los 135 pesos prometidos por una jornada de ocho horas, sino 90 pesos. Si insisten en ganar los 135, deberán laborar 10 horas y media. La hora de comida se ha transformado en media hora y sólo comen dos veces al día. Ellos costean todo y deben comprarlo en la tienda, donde aproximadamente les cuesta 30 por ciento más caro que en cualquier otro lugar.

Si los jornaleros no están de acuerdo, antes de irse deberán pagar a la empresa “lo que ya le deben: los gastos del traslado”. Pero si se endeudan en la tienda, la única del campo, tendrán que saldar también la cuenta con “los abarrotes”.

Las denuncias se multiplican: mazatecos, triquis, mazahuas, nu’saavi, me’phaa y mestizos de Guerrero, Oaxaca y Morelos dicen que las 450 personas que, hasta el momento, son concentradas ahí no tienen agua potable. Se bañan en el agua estancada de una zanja y beben sólo la que pueden comprar en la “tienda de raya”, como le llaman. Todos coinciden en que se les dijo que ganarían 135 pesos por una jornada de ocho horas; pero que al llegar se encontraron con que les pagan sólo 90.

—Se les mencionó que no es exactamente 135 pesos; pero esos son detalles –dice, molesto, Óscar Carrillo–. Se dicen engañados, pero son argumentos de la gente para tratar de sacar cosas.

Aunque no firman contrato, asegura que en esta empresa tienen garantizados todos los derechos que la ley señala.

—Tienen las condiciones de trabajo normal y las condiciones de vivienda, que consideramos que no son de las mejores, pero están en lo normal. Ellos tratan de confundir, de engañar, sacarle jugo a esta situación –dice sin poder contener las muecas de desprecio. Enseguida, agrega:

“Si ellos se fugan de un lugar y se van a otro, no hay problema. Eso lo podemos coordinar nosotros con el otro patrón. Ésas son las reglas.”

—¿Tienen algún mecanismo para que no se “fuguen”, como dice usted?

—Por más cercado que tengas aquí, se te pueden fugar. Pero esto es nada más a raíz de gente que anda incomodando a la gente.

—Las personas señalan que la tienda es muy cara.

—Estamos supervisando la tienda para que no se abuse de esa gente.

—De quién es la tienda.

—Eh… De un hermano… de un compadre –dice con el rostro tenso–. Pero muy independientemente de que sea de ellos, no estamos para tolerar eso.

—Le llaman tienda de raya.

—Nada qué ver. Aquí la gente tiene la libertad de comprar donde le convenga.

—Pero es la única.

—No, enseguida hay tres más para allá. Aquí, a 15 o 20 kilómetros están los supermercados grandes. Y la tienda les está dando un servicio de crédito.

—Ha de haber varios endeudados…

—Es muy posible. Desgraciadamente siempre pasa.

—¿Cuentan con seguridad privada?

—Se anda en trámites para meter seguridad privada para darle tranquilidad a la gente. Aquí luego se rompe la tranquilidad por ellos mismos, por costumbres de sus pueblos, es por costumbres de ellos.

Los me’phaa provenientes de los pueblos de Juquila y Aguadulce, también de La Montaña de Guerrero, no estuvieron de acuerdo con ganar 90 pesos diarios y se van del lugar. Sus comunidades juntaron 17 mil pesos para que los dejaran salir. El resto lo pagaron con trabajo que la agrícola no les retribuyó.

El sol se ha ido. Enrique y su cuadrilla aguardan fuera de las galeras. Esperan que el olor nauseabundo se disipe.

—Allá en el pueblo no hay agua. Y aquí es igual. Nos tenemos que bañar en un caño. ¿Y ya viste cómo está el cuarto? A poco es cuarto de Sinaloa. Ni mi cuarto de La Montaña está así. Y luego nos engañan. ¿No que iban a pagar 135? Y nos tratan así, nomás porque semos indígenas –concluye, abatido, a más de 2 mil kilómetros de su casa y luego de 44 horas de camino–.

México, espejo del narcotráfico colombiano

La víspera en que México emprenda la Iniciativa Mérida, en Colombia se cuestiona el éxito de la estrategia que hace siete años lanzó ese país con apoyo de Estados Unidos en pos de un objetivo similar: aniquilar al narcotráfico

Nydia Egremy / enviada

Santa Fe de Bogotá, Colombia. Apenas transcurren 12 minutos desde que el helicóptero Bell 212 despegó de la base de la Policía Antinarcóticos de Santa Marta, cuando se avista un cultivo de coca. Con sorpresa, los uniformados que operan las ametralladoras situadas al costado de la nave sacan sus geoposicionadores satelitales para ubicar las coordenadas del hallazgo que, se informa, sería destruido más tarde.

Se trata de un viaje de rutina destinado a exhibir el combate al narcotráfico, en el marco del Plan Colombia, que desde hace ocho años libra el gobierno de este país con ayuda económica y asesoría militar estadunidense. Pese a la polémica que suscita esa estrategia entre ciudadanos y analistas colombianos, México y Estados Unidos emprenderán una estrategia con idéntico sentido: la Iniciativa Mérida.

Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) de Colombia –en donde participan cinco designados del presidente de la República, entre ellos monseñor Nel Beltrán y representantes de víctimas de paramilitares–, dibuja el escenario a futuro en nuestro país de persistir el fortalecimiento del narcotráfico. Revela que en la reunión que sostuvo hace unas semanas con Eduardo Medina Mora Icaza, procurador general de México, éste le dijo: “Colombia está saliendo y México está entrando”.

Pizarro reconoce que las palabras del procurador mexicano lo impresionaron. “Me impactó mucho la frase del procurador: esa sensación de que México está entrando de lleno a lo que los colombianos sufrimos. También hablamos sobre el tema de la colombianización de México, que se usa en los casos de Brasil o Guatemala y se ha convertido en una categoría de análisis”.

Esa colombianización alude a la historia reciente del país suramericano: violencia incontrolable, debilitamiento institucional en donde el Estado no garantizaba la seguridad de sus ciudadanos. Así lo describe Rodrigo Lara Restrepo, fiscal anticorrupción colombiano, entrevistado en su oficina frente al Palacio de Nariño, sede de la presidencia de la república. “No podemos olvidar que Colombia viene de una situación en la que apenas hace cinco años más de 200 municipios carecían de la presencia de la fuerza pública”.

Para el funcionario, el proceso de desmantelamiento de los cárteles colombianos del narcotráfico ha sido exitoso. “Hoy, esos grandes cárteles fueron sustituidos por los cárteles mexicanos; Colombia se ha convertido en punto de procesamiento y despacho de la droga, mientras que antes era el gran productor”.

Lara Restrepo ve un buen entendimiento entre los gobiernos de Colombia y México, aunque advierte: “Mientras los países centroamericanos, México y Colombia no entiendan que éste es un problema global, donde sus países son simples pasos o etapas dentro de un comercio global e integrado, no seremos eficaces contra el narco. Toda la iniciativa y colaboración en inteligencia y en sumar esfuerzos es absolutamente necesaria”.

El zar anticorrupción colombiano considera que “la violencia que vimos en nuestro país en los años 80 se ha empezado a vivir con fuerza en México”. También reconoce que en materia de combate a la corrupción no existe ninguna cooperación con el gobierno mexicano, aunque se trabaja en el marco de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, para combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, cuyo universo no es cuantificable.

“Hoy en día, estos recursos se han desplazado en gran parte de Colombia por la globalización financiera y por la situación de represión que hay en este país contra ese delito. Ahora los recursos del narco colombiano se lavan en muchísimos países de América en donde el fenómeno es más reciente y no tienen una legislación tan estricta como la nuestra.”

Para evitar la corrupción en la fuerza pública, en los últimos cinco años se fortaleció la inteligencia interna, asegura Rodrigo Lara, y describe que así se logró develar varios escándalos de corrupción en organismos públicos, “tanto en la seguridad interna como en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y en las fuerzas militares y la policía. No se trata de esperar a que los descubra la Justicia o los medios. El estado es el juez de sus actos”, sentencia.

El frente Santa Marta

La lucha contra las drogas tiene una vigorosa expresión en Santa Marta, al norte de Colombia –donde se levanta la Sierra Nevada–. Ahí, en la década de 1970, comenzó a sembrarse la marihuana y más tarde ese cultivo fue desplazado por la coca. Fue entonces cuando se fumigaron los plantíos desde helicópteros y avionetas con el defoliador químico paraquat (más tarde sustituido por el glifosfato). A partir de ello, el hangar de Santa Marta se remodeló para dotarlo de una logística más eficaz para detectar y destruir los cultivos ilícitos y de más helicópteros, entre ellos los famosos Blackhawk.

Sin embargo, las cifras revelan que la producción de cocaína no cede en este país. Antes de que entrara en vigor el Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado –nombre oficial del Plan Colombia (octubre de 1999)–, la superficie de cultivos ilícitos se cifraba en 170 mil millones de hectáreas. A pesar de que el Comando Norte de Santa Marta mantiene cuatro actividades antinarcóticos: la Operación Urraca, la Operación Jordán, la Operación Bacar y la Operación Soberanía VIII, los analistas indican que la producción de coca persiste.

Después de siete años y una inversión estadunidense superior a 7 mil millones de dólares, el flujo de drogas desde Colombia hacia la superpotencia mundial “no ha tenido mayores alteraciones”, como citó Bruce Bagley, un experto en Colombia de la Universidad de Miami, al reportero de Newsweek Joseph Contreras en agosto de 2005.

Este escenario resulta aleccionador para los gobiernos de México y Estados Unidos, que emprenderán conjuntamente la Iniciativa Mérida para, oficialmente, combatir al narcotráfico y sus efectos. Al respecto, Eduardo Pizarro, presidente de la CNRR, reitera que en Colombia se siguen produciendo entre 800 y 900 toneladas de cocaína: la misma cantidad que hace 10 o 15 años.

Además, Pizarro subraya que ese volumen se produce “ya no en 170 mil hectáreas, sino en apenas 85 mil y con plantas de gran productividad por innovaciones tecnológicas que dan el doble de cocaína; adicionalmente, de dos cortes que antes daban, hoy producen cuatro y en plantas más frondosas”. Esa mutación hizo más difícil la erradicación y, además, hoy se cultivan en apenas media o una hectárea en zonas muy alejadas de los centros urbanos.

Al respecto, el investigador Ricardo Vargas, de Acción Andina, una agrupación que estudia la problemática de la producción de coca en los países de América del sur, explica que “el Plan Colombia combinó una estrategia antidrogas que se enfocó en los cultivos ilícitos y ya en la práctica terminó siendo un programa antinsurgente”.

Advierte Vargas que, ante las críticas de algunos sectores en Estados Unidos por el fracaso de la guerra antinarcóticos en Colombia, hoy se enfatiza en el desarrollo local y regional para evitar que prospere el narcotráfico. “Por esa razón, el gobierno colombiano se anticipó con la estrategia que hoy es la Fase II del Plan Colombia, que introdujo el tema del desarrollo económico en algunas zonas como parte de la seguridad interior”.

El académico colombiano señala que, pese al Plan Colombia, se incrementó el nexo entre el narcotráfico y las fuerzas armadas. “Prácticamente, las fuerzas armadas pasaron a ser parte de la estructura de seguridad de algunos jefes del narcotráfico, tal fue el caso de Diego Montoya y las denuncias que hizo un líder paramilitar HH (del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia)”. El investigador alude a la abreviatura del nombre de una naciente estructura delictiva.

Tierra arrasada

Además, la crítica a la erradicación de los cultivos ilegales en Colombia se centra en el uso de químicos que devastó los cultivos para alimento de los campesinos. Así lo explica el abogado colombiano Eduardo Carreño, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien enfatiza que las fumigaciones aéreas con glifosfato “destruyeron los cultivos de Pan Coger (denominación de todos los alimentos de origen vegetal), que son legales y se producen en las mismas zonas donde existen cultivos de coca”.

Este defensor explica que “el carácter militar de los operativos en las zonas productoras expulsa a los campesinos de sus tierras para entregárselas a las trasnacionales totalmente militarizadas y paramilitarizadas”. Ese proceso, asegura, lleva a un contrasentido, pues al fumigar los cultivos alternativos al mismo tiempo que los ilícitos, “los campesinos pierden sus bienes y luego sus tierras ya hipotecadas para cultivar el Pan Coger”.

Simultáneamente, los analistas hablan del “efecto globo” que sigue a la aspersión con químicos. Es decir, cuando el gobierno opera en una zona, los narcotraficantes trasladan su centro de operaciones a otro espacio y con eso trasladan su problemática de violencia e ilegalidad. Así ocurrió, por ejemplo, en Nariño y el Putumayo, al sur del país colindante con la amazonia.

A su vez, el gobierno colombiano sostiene que su programa para la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos es un éxito. A cargo de Victoria Eugenia Restrepo, se organizan grupos móviles de erradicación y familias guardabosques en lo que eran zonas productoras de coca. Ahí, una treintena de erradicadores quita de raíz la planta –que en 24 horas se deshidrata–, en lugar de recurrir a la aspersión”.

Ese plan tiene un presupuesto cercano a los 170 millones de dólares, con participación de la agencia de asistencia económica y humanitaria estadunidense. Ahora, señala Eugenia Restrepo, esas comunidades producen los “productos de paz” como: café orgánico, chocolate, artesanías.

En la finca de San Rafael, cercana a Santa Marta, se observa el trabajo de las familias guardabosques. Antes de acogerse al programa de erradicación manual de coca, la mayoría de los campesinos producía esa planta; ahora, se les dotó de tierras, recibieron asesoría técnica y charlas para transformar su modo de producción.

Richard Velásquez es un hombre que hasta principios de 2000 vivía de sembrar coca para los narcotraficantes locales y hoy es líder de la cooperativa de guardabosques, que atiende 20 posadas ecológicas para el turismo nacional e internacional. Ahí las mujeres cultivan flores y los hombres explotan comercialmente la pesca. “Nunca tuve tierra”, asegura Richard y sus compañeros le hacen eco: “Antes no confiábamos en nadie, hoy queremos seguir con esto y nunca más bajar la cara”, dice Rosa, que exhibe en sus morenas manos y con orgullo sus aves del paraíso, esas exóticas y hermosas flores de la Guajira.

Invisibles

Ni en las calles de Santa Marta, al norte del país, ni en Medellín o en Bogotá son visibles los asesores militares estadunidenses que participan en la cooperación antinarcóticos con el gobierno colombiano.

“Ellos están en los cuarteles”, afirman algunos; aunque para Eduardo Carreño dejar en blanco la presencia de 800 militares en servicio activo y de 600 contratistas civiles, “es supremamente grave; sabemos que están en Colombia pero no entran como cualquier persona por el ministerio de Relaciones Exteriores o por Extranjería en el aeropuerto de El Dorado, sino que entran directamente por las bases militares y por esto no se tiene ningún control y no se sabe qué hacen”.

El abogado, también integrante del movimiento Víctimas de Crímenes de Estado, dice que, salvo algunos casos excepcionales, se localiza a los asesores militares estadunidenses en aeropuertos.

Sin embargo, las secuelas de su presencia son evidentes: “Ellos tienen el control militar de los satélites, de los aviones radares, de los radares en tierra y dirigen los operativos de carácter militar en lo que se conoce ahora como el Mando Unificado”. Carreño dice que controlan el espectro electromagnético, el espacio aéreo y el espacio terrestre, y dentro coordinan como mando único la totalidad de la fuerza pública: policía, ejército, fuerza aérea y armada nacional.

Ese panorama –agrega– confirma una pérdida de la soberanía nacional pues se ratifican dos instrumentos de carácter jurídico: la imposibilidad para que en Colombia se investiguen y juzguen crímenes de lesa humanidad o de guerra, y la imposibilidad de que Colombia denuncie ante instancias como la Corte Penal Internacional los crímenes cometidos por miembros de la fuerza invasora.

En contraste, los miembros del ejército y de la Policía Nacional son omnipresentes en calles, caminos vecinales, aeropuertos, dependencias públicas, cercanías de centros comerciales y escuelas en poblados y ciudades. Ese despliegue significa, para unos, garantía de mayor seguridad pública y la disminución de los altos índices de violencia que hasta recientemente hacían de Colombia un país con déficit en la confianza internacional. Para otros, el control militar de la sociedad, fundamentalmente en las zonas rurales.

Los militares instalados en los puestos de seguridad (retenes) a lo largo de las carreteras colombianas (la mayoría concesionadas a particulares), escrutan con rigor el interior de los vehículos para permitir o vetar el paso.

A la salida y entrada de los caminos y de esos puestos se exhiben carteles con la imagen de cuatro uniformados haciendo el saludo militar en las que se lee: “Ejército Nacional Segunda Brigada. Cualquier información llamar al: 314 563 7187. Base Militar Tucurinca”.

No lejos, una manta blanca reza: “Viaje seguro, su ejército está en la vía. Cualquier información llame a la línea gratuita: 146-147. Dios concede la victoria a la constancia”. La última frase está escrita en letras amarillas al centro del letrero.

Más caos y desesperanza en el campo

Trasnacionales como Maseca, Cargill, Archer Daniels-Midland y Wall Mart, entre otras, obtienen mayor control del mercado alimentario del país desde el 1 de enero de 2008, advierten especialistas

Erika Ramírez

La liberación arancelaria en la importación de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar, concluida el 1 de enero de 2008, profundizará la crisis agroeconómica de México que inició hace 14 años con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Argelia Salinas Ontiveros, adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que el panorama es “desventajoso” para los productores mexicanos ante Estados Unidos y Canadá. Y esto, destaca, traerá “importantes repercusiones sociales y políticas”.

La investigadora indica que el “subsidio asistencialista” que reciben los campesinos nacionales es uno de los principales obstáculos para competir con los socios comerciales.

Y es que en Estados Unidos, a partir de 2002, cuando se promulgó la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002-2011, se financia con 50 mil dólares anuales, aproximadamente, a cada uno de los agricultores de aquel país. Mientras, en México apenas se invierten 18 mil dólares anuales por productor, según cifras del Banco Mundial publicadas en el World Development Indicador 2003, luego de que entrara en vigor la legislación también conocida como Farm Hill.

Bajo el esquema estadunidense se ha entregado apoyo directo a los productores de granos básicos, precios de garantía para todos los productos, procurado la conservación de tierras y entregado recursos para la recuperación de suelos. En ello, según indica la propia ley, se invertirán 188 mil millones de dólares en 10 años.

Salinas Ontiveros advierte que, contrario a ello, en México sólo las trasnacionales como Maseca, Cargill, Archer Daniels-Midland y Wall Mart, entre otras, tienen “mayores recursos financieros, tecnológicos y de mercado. Los pequeños y medianos productores quedan desprotegidos ante la liberación arancelaria, pues no tienen capacidad para competir con Estados Unidos”.

La especialista lamenta que “el Estado mexicano ha reducido sustancialmente el apoyo real a los productores, pues no cuentan con apoyos para la compra de semillas o fertilizantes, y a ello se suma que los precios en los servicios de comercialización y almacenaje son elevados”.

Por ello, urge a que el Ejecutivo instrumente políticas reguladoras para evitar la devastación del campo, ya que “el neoliberalismo es una doctrina que los países capitalistas avanzados intentan aplicar plenamente en otros países, pero cuidando sus propios mercados”.

La caída de los precios

Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), coincide con la investigadora, y agrega que las trasnacionales Cargill, Maseca y Bachoco ya se preparan para acaparar y castigar al mercado nacional.

El dirigente de la ANEC explica que, semanas antes de que se eliminaran todos los aranceles, estas empresas no habían querido comprar y 5 millones de toneladas de maíz blanco se encontraban sin comercializar en Sinaloa. “Esperaban la apertura total para poder importar maíz a menor precio”.

Cargill, Maseca y Bachoco rechazaron suscribir compras anticipadas de maíz blanco en el esquema promovido por Aserca (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), que estimaba colocar al 30 de Noviembre pasado 3.5 millones de toneladas con los compradores.

El programa de Aserca tuvo como plazo para el registro de contratos el 30 de noviembre, pero fracasó. De los 3.5 millones de toneladas programados, sólo lograron comercializarse 250 mil toneladas para compradores pecuarios y Diconsa.

Suárez Carrera asegura que con estas acciones “estamos viendo el poder de las grandes empresas, y que el gobierno mexicano no puede más que suplicarle, para que participen en las compras de maíz nacional, darles beneficios fiscales o subsidios a través de Aserca.

“El próximo año, definitivamente, no habrá certidumbre en la comercialización. Vamos a ver el derrumbe de los precios para el productor e incremento al consumidor. Pasividad del gobierno, complicidad e inoperancia”, dice.

A finales de 2006, Aserca entregó 14 millones de pesos en subsidios a Cargill, para la comercialización del grano, previa crisis en el precio del maíz. El monto asignado fue el mayor entregado por concepto de exportación a países africanos (Contralínea 81).

El flete que Cargill transportaría a Mozambique fue de 30 mil 522 toneladas de maíz blanco; mientras, Comercializadora Profesional Mexicana, SA de CV, recibió 7 millones 390 mil 639 pesos para la transportación de 19 mil 974 toneladas del grano, y a la Gradesa, SA de CV, le otorgaron 5 millones 228 mil 843 pesos para el traslado de 14 mil 132 toneladas.

Escasez de frijol

Otro de los productos que estará a expensas de los movimientos del mercado internacional es el frijol, segundo de importancia en la canasta básica de los mexicanos, que hasta hace dos años registraba pérdidas fiscales por 161 millones de dólares, luego de que las autoridades mexicanas omitieran el cobro arancelario a las importaciones de Estados Unidos y Canadá, revela un estudio de la Universidad Autónoma Chapingo (Contralínea 77).

En su tesis doctoral Competitividad del frijol en México, la investigadora Alma Ayala Garay asegura que las pérdidas son consecuencia de un “descuido” de las autoridades mexicanas, quienes no protegen los intereses de los campesinos del país.

Ayala Garay dice que el país ha perdido autosuficiencia en la obtención del cultivo y expone que en la década de 1960 México no tenía necesidad de importar el producto sino, por el contrario, en 1966 alcanzó a exportar 102 mil toneladas y todavía en 1978 fueron 130 mil toneladas.

No obstante, “a partir de 1980 México se convirtió en importador de este producto y actualmente es el sexto país comprador en el mercado internacional, y Estados Unidos es su principal abastecedor”.

Ante la crisis que ha lastimado a este sector, Víctor Suárez Carrera presume que los productores del grano pretenderán exportar a países como Venezuela, en donde podrán colocar su cosecha a mejor precio. “Esto provocará mayor escasez de frijol y, en consecuencia, especulación y elevación de precios. Vamos a tener desorden, desequilibrio e incertidumbre que va a perjudicar al consumidor y al productor”.

Amenaza contra lecheros

Ante la inminente liberación arancelaria, el Frente Nacional de Productores Lecheros (FNPL) advierte que, junto con otras organizaciones campesinas, continuarán el cierre de la frontera con Estados Unidos.

Álvaro González Muñoz, dirigente del FNPL, asegura que en los 13 años que lleva de aplicarse el TLCAN, 200 mil ganaderos han dejado de comercializar leche fresca, porque no hay mercado. “Para los productores de leche, ya no es un riesgo”, considera.

“La apertura comercial llegó con prácticas de devastación que el gobierno ha permitido a unos cuantos industriales. Hace 10 años, en México se estaban importando 150 mil toneladas de leche en polvo anualmente y 10 mil toneladas de preparaciones alimenticias (leche en polvo combinada con suero).”

Con la aprobación de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, vigente a partir del 18 de junio de 2007, en la que no se contempla la figura de preparaciones alimenticias, la combinación de leche con suero aumenta en su importación a 180 mil toneladas sin pagar arancel, lo que permite a los grandes empresarios incrementar su mercado.

Esta práctica, dice el dirigente del FNPL, “la utilizaron muchísimo los industriales para meter leche al país, obviamente en detrimento de ganaderos nacionales. De continuar con más acciones como ésta, advierte, vamos a desaparecer los 150 mil pequeños y medianos productores”.

Argelia Salinas Ontiveros, académica de la UNAM, concluye que el TLCAN no es sólo una cuestión comercial.

—No se trata solamente de dar salida a los excedentes de los productos agropecuarios. En un plano estratégico, aquél que provea de alimentos al resto del mundo poseerá la más afinada arma para influir en sus políticas internas.

Más garrote para los damnificados PDF Imprimir E-Mail
  • Ahora las víctimas fueron ciudadanos de las rancherías Ixtacomitán, Boquerón y de la colonia Carlos A. Madrazo, que realizaron un bloqueo a la altura del puente de acceso a su comunidad
  • Al igual que otros damnificados, demandaban el pago de los 10 mil pesos para reponer los enseres domésticos y la realización del censo de las viviendas afectadas por la inundación
  • Se comienza a hacer tradicional la forma granierista de atender a los damnificados con represión y garrotiza
  • En espera de la llegada de antimotines, finge Aquiles Domínguez diálogo con damnificados
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Mujeres de Ixtacomitán encabezaron, principalmente, el bloqueo de la carretera de acceso a la zona, en demanda del vale de apoyo para la compra de enseres domésticos. En respuesta recibieron una garrotiza por parte del gobierno de Granier (Foto: Tomás Rivas)

OMAR POLICRONIADES

Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), reprimieron ayer violentamente a los habitantes de la ranchería Ixtacomitán, Boquerón y de la colonia Carlos A. Ma-drazo, que realizaron un bloqueo a la altura del puente de acceso a su comunidad, en demanda del pago de los 10 mil pesos para reponer los enseres domésticos y la realización del censo de las viviendas afectadas por la inundación.

Los agentes estatales, arremetieron por igual contra hombres y mujeres, a golpe de tolete, patadas y empujones, para liberar el tráfico vehicular hacia la avenida Méndez y Periférico, que fue afectado casi cuatro horas por la manifestación.

Desde temprana hora, alrededor de mil habitantes de Ixtacomitán, Boquerón y la colonia Carlos A. Madrazo, se empezaron a concentrar en el puente conocido como El Carcámo, que comunica a sus localidades con la ciudad.

La inconformidad estalló porque ayer concluyó la realización del censo, de las viviendas afectadas con la inundación que levantó el Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) y la Sedesol y según los protestantes, miles de familias fueron excluidas, al igual de que la entrega de los 10 mil pesos para reponer los enseres domésticos.

Exigieron al gobernador Andrés Granier y a las autoridades federales, ser incluidos en la entrega de apoyos, pues el agua, afirmaron, llegó hasta los dos metros de altura en sus viviendas y perdieron todo.

El primer bloqueo del tráfico vehicular hacia la avenida Méndez y Periférico, se hizo a la altura del puente y posteriormente, en la vía de acceso de la ranchería Curahueso, por donde los automovilistas estaban saliendo, con lo que prácticamente impidieron la salida y entrada de cualquier vehículo de sus comunidades.

El subsecretario de Gobierno, Aquiles Domínguez Cerino, se presentó en el lugar para negociar con los inconformes, sin embargo, finalmente ordenó la intervención de los elementos de la SSP, que reprimieron violentamente a los manifestantes, que en su mayoría eran mujeres.

Los pobladores de la ranchería Boquerón, primera sección, también realizaron otro bloqueo a la altura de la escuela primaria de la comunidad, en demanda de mobiliario para la escuela.

Que saque Granier las manos de Comalcalco: Javier May PDF Imprimir E-Mail
  • “No es un asunto con Javier May, sino con el movimiento democrático”, puntualiza el edil comalcalquense
  • Señala como responsable a Humberto Mayans y precisa que asesores de Aquiles Domínguez “aconsejan” a los regidores en rebeldía
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Javier May Rodríguez, exigió al gobierno de Andrés Granier Melo que saque las manos del municipio y que mida bien el problema político que puede generar esa abierta injerencia. (Foto: Tomás Rivas)

Redacción.- Ante la evidente intromisión en la vida pública de Comal-calco, el alcalde Javier May Rodrí-guez, exigió al gobierno de Andrés Granier Melo que saque las manos del municipio y que mida bien el problema político que puede generar esa abierta injerencia.

Le advirtió que no está solo en el conflicto artificial que está generando el gobierno estatal al azuzar a regidores que se dicen del PRD para destituirlo del cargo.

En una entrevista radiofónica, el edil de extracción perredista, aseveró:

“No es un asunto con Javier May, sino con el movimiento democrático. Ellos piensan que si me destituyen no va a pasar nada, pero sí va a pasar, porque no estoy solo en esta lucha, que le midan bien.”

Si eso intentan, si eso es lo que quieren hacer, sostuvo, yo creo que va a haber ingobernabilidad en el estado, e insistió en que el gobierno granierista está midiendo mal, pero “yo sí les digo que saquen las manos” de este asunto.

Aseguró que detrás de la rebelión de los regidores del PRI y los del PRD se encuentra la Secretaría de Gobierno que encabeza Humberto Mayans Canabal.

Tan es así que asesores del subsecretario de Gobierno, Aquiles Domínguez Cerino, son quienes asesoran a los regidores en rebeldía.

“Los regidores no actúan solos, atrás de ellos está la mano del gobierno del estado que pretende desestabilizar al ayuntamiento de Comal-calco”, remarcó May Rodríguez.

En la entrevista con Juan Ur-cola, titular del programa noticioso de Conexión, el alcalde de Comal-calco denunció que el dirigente del PRI en ese municipio, Jesús Alamilla, estuvo azuzando a los regidores el viernes pasado para generar un escándalo y culpar de ello al ayuntamiento, pero no les funcionó.

Dijo que por más que han convocado a la movilización no han podido obtener el respaldo de la ciudadanía, que sabe que se trata de un asunto político.

La gente no se ha enganchado, sabe que las obras ahí están, que los programas son reales, que sí tenemos contacto con la gente, y que estamos gobernando de una manera diferente, señaló.

En esta lucha, advirtió, no estamos solos, tenemos el respaldo de diputados federales y locales, de senadores y de la dirigencia estatal y nacional, de modo que no se trata de un problema con Javier May, sino con el movimiento democrático.

Aseguró que el gobierno estatal está abriendo muchos frentes y lo único que está propiciando con ello es generar más problemas.

Hablan de unidad, de conciliación, pero es simple discurso, en la práctica “es otro boleto, ya vimos lo que pasó con el colaborador del diputado federal Francisco Sánchez Ramos, ese es el mensaje de unidad: acallar a los opositores, de los que no comparten sus ideas y no doblan la cabeza”.

May Rodríguez dijo que tiene elementos para asegurar que todo ha sido orquestado por la Secretaría de Gobierno en el caso del conflicto que se vive en su municipio, porque al gobierno le molesta que esté gobernando con honestidad y transparencia, algo que ellos no pueden hacer.

Presenta Francisco Sánchez denuncia formal ante la PGR PDF Imprimir E-Mail
  • Es por la posible comisión del delito de amenazas en su contra, así como por el asesinato de su chofer, David Isidro Madrigal
  • En el cuerpo de la denuncia señala a Andrés Rafael Granier Melo y a su secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal, así como a Juan Antonio Contreras Pérez e Irving de Jesús Jiménez Sánchez,
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Francisco Sánchez Ramos, denunció ante la Procuraduría General de la República a Andrés Rafael Granier Melo y a su secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal, así como a Juan Antonio Contreras Pérez e Irving de Jesús Jiménez Sánchez, por amenazas de muerte el pasado viernes 11 del presente mes y por el deceso de su chofer y militante del PRD, David Isidro Madrigal.

REDACCIÓN

El diputado federal del PRD Francisco Sánchez Ramos, denunció ante la Procuraduría General de la República a Andrés Rafael Granier Melo y a su secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal, así como a Juan Antonio Contreras Pérez e Irving de Jesús Jiménez Sánchez, por amenazas de muerte el pasado viernes 11 del presente mes y por el deceso de su chofer y militante del PRD, David Isidro Madrigal.

Como es del dominio público, los hechos sucedieron el viernes 11 de enero, donde el diputado convocó a una reunión a militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, la cual se llevó a cabo en el domicilio del legislador, ubicado en calle Jacinto López número 21, colonia centro de la Ciudad de Huimanguillo.

Donde el ciudadano Juan Antonio Contreras Pérez quien trabaja como elemento de la policía estatal del gobierno del estado, en estado de ebriedad, con una arma mano amenazó al legislador “le voy a romper la madre de un tiro, ya que son las instrucciones que traigo”.

Antes estos hechos el Sánchez Ramos denunció ante la PGR hechos posiblemente constitutivos de delito, en contra de quien o quienes resulten responsables y demando dictar todas las medidas cautelares y las providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a su familia.

Exigió ejercitar acción penal consignando el expediente ante las autoridades jurisdiccionales competentes, solicitando la aplicación de las sanciones penales correspondientes a los responsables

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