miércoles, enero 2

Bloquean puente fronterizo Ciudad Juárez-El Paso, para externar su rechazo al TLCAN

Llaman campesinos a combatir la “contrarrevolución agraria”

Se busca que unas 20 corporaciones dominen los vastos recursos del sector rural, advierten

Lanzan iniciativa similar al histórico Plan de Ayala, para defender soberanía y seguridad nacionales

La libre importación de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo llevará a México al desastre, vaticinan

Matilde Pérez U. (Enviada)

Ampliar la imagen En el primer minuto del naciente 2008, integrantes de organizaciones campesinas y grupos sociales iniciaron una protesta contra el TLCAN en el puente Córdoba-Las Américas, que une las ciudades fronterizas de Juárez y El Paso. Los participantes lllamaron a unir esfuerzos para defender la soberanía alimentaria de México, amenazada por el capítulo agropecuario del acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y Canadá En el primer minuto del naciente 2008, integrantes de organizaciones campesinas y grupos sociales iniciaron una protesta contra el TLCAN en el puente Córdoba-Las Américas, que une las ciudades fronterizas de Juárez y El Paso. Los participantes lllamaron a unir esfuerzos para defender la soberanía alimentaria de México, amenazada por el capítulo agropecuario del acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y Canadá Foto: Cristina Rodríguez

Ciudad Juárez, Chih., 1º de enero. En respuesta a lo que describieron como “política de guerra” del gobierno contra el campesinado, un centenar de agricultores de diez organizaciones rurales, de trabajadores y grupos sociales de México y Estados Unidos construyeron, en el primer minuto de 2008, el muro humano en el puente Córdoba-Las Américas, con lo cual iniciaron una nueva etapa de resistencia para defender la soberanía alimentaria del país y de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo, cuyos aranceles fueron eliminados hoy, según lo pactado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Con un par de caballos y enarbolando la bandera mexicana, los campesinos llegaron minutos antes de la última media noche de 2007 a lo que aquí se conoce como la “joroba” del puente Córdoba, colocaron sus mantas de protesta contra la entrada en vigor de la última etapa del capítulo agropecuario del TLCAN y –portando carteles en los que advertían que están en “pie de lucha” y “esta es una nueva revolución”– bloquearon tres de los cuatro carriles del puente y signaron el llamado Plan del Chamizal.

Esta iniciativa –definida como un símil, guardando toda proporción histórica, del Plan de Ayala– es un llamado a la nación a unificarse para detener el desastre en el campo, defender la seguridad nacional –uno de cuyos ejes es la producción de alimentos suficientes para la población– y la gobernabilidad democrática del país.

Es, asimismo, una advertencia de que el TLCAN y el constante incremento de las importaciones de alimentos son “una contrarrevolución social y agraria que pretende volver a concentrar en una veintena de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y transnacionales los vastos recursos que en 1910 y a lo largo del siglo XX recuperaron campesinos e indígenas”.

También significa, se plantea en el documento de siete cuartillas, “la deportación masiva de la población rural hacia las ciudades y regiones agrícolas modernas de México y hacia Estados Unidos para sostener la competitividad y las altas tasas de ganancia en el modelo maquilador y agroexportador, y sostener la desfalleciente economía estadunidense con fuerza de trabajo abundante, precarizada e ilegalizada”.

Se llama a la Unión Nacional de Trabajadores, Frente Sindical Mexicano, Congreso Nacional Indígena, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, secciones democráticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Convención Nacional Democrática, Frente Nacional contra la Represión, Foro Social Mexicano, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, organizaciones campesinas, de derechos humanos, estudiantiles, académicas, de intelectuales, artistas, científicos y a los ciudadanos, en general, a sumarse a la lucha campesina.

“Los campesinos traen la esperanza en el corazón, pero si no hay unidad social, cientos de miles de hombres y mujeres jóvenes seguirán emigrando a Estados Unidos. Estimamos que el número se incremente 10 por ciento este año, pese al endurecimiento de las medidas antimigratorias estadunidenses, con el consecuente riesgo de que llegue algún momento en que las importaciones de alimentos sustituyan a la producción nacional”, destacaron.

Cobijados con el calor de sus consignas, sombreros y alguno que otro gabán, los campesinos soportaron una temperatura de tres grados bajo cero; algunos tomaron las cartulinas con cada una de las letras y consonantes para destacar: “sin maíz no hay país, sin frijol tampoco”.

Sonrisas, aplausos, gritos de alegría y, recordando a Francisco Villa y a Emiliano Zapata, volvieron a unir sus voces, como el 16 de noviembre de 1993 y diciembre de 2003 –fechas en las cuales también realizaron movilizaciones de protesta en los puentes internacionales de la frontera norteña– para asentar: “¡Estamos en pie de lucha, mantendremos nuestra rebelión pacífica!” Así iniciaron 2008.

Hasta la “joroba” del puente fronterizo llegó a solidarizarse Alberto Torres, fundador del PAN en Chihuahua. “Estoy convencido de que esta lucha es justa y una forma legítima de llamar la atención porque el campo está desatendido y en el abandono; el TLCAN y el Tratado Internacional de Límites y Aguas son injustos”, comentó.

Propietario de un rancho localizado entre Ojinaga y Juárez, el panista afirmó que la lucha campesina entra en una nueva etapa y no podrá concluir hasta que los legisladores y gobernantes comprendan que deben beneficiar al agro mexicano y no someterse a los intereses comerciales e industriales de Estados Unidos. “Urge una revisión del capítulo agropecuario del TLCAN y del Tratado de Límites y Aguas; los agricultores no piden nada gratis, pero éste es un llamado a no dejarlos solos”, sostuvo.

El frío amanecer del primero de enero, fue gratificante para el centenar de campesinos, al recibir –en voz de Carlos Marentes, dirigente de la Unión de Trabajadores Agrícolas de la Frontera– la solidaridad de la Unión de Trabajadores del Suroeste de San Antonio, Texas; Asociación de Campesinos de Florida; Coalición Rural de Campesinos e Indígenas de Estados Unidos; Unión de Pueblos Fronterizos; Agrupación Sur de Nuevo México y de El Paso, Texas, y Asociación de Trabajadores Fronterizos, que en un breve mensaje aseguraron que “harán todo lo necesario para frenar la embestida destructiva del TLCAN”.

Y aunque a esa hora el muro humano estaba distribuido en pequeños grupos tratando de calentarse con un poco de café, volvieron a alzarse las voces de “¡Zapata y Villa, juntos!”, cuando se enteraron de que en el zócalo de Cuernavaca, Morelos –tierra zapatista–, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas y Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros El Barzón, acompañados de representantes de otras organizaciones sociales del estado, daban a conocer públicamente el Plan del Chamizal y, como bienvenida al Año Nuevo, habían colocado una ofrenda con granos de maíz blanco, amarillo, rojo y azul, y formado un gran cartel con la consigna: ¡Fuera maíz y frijol del TLCAN!”

“Es una nueva etapa de lucha del campesinado mexicano. Es simbólico que en las tierras de Villa y de Zapata se unan los campesinos no sólo del país, sino de Estados Unidos y de otras regiones del mundo –como los de Vía Campesina, en la que participan agricultores de 80 países–, para defender su derecho a producir alimentos con el respaldo gubernamental”, dijo vía telefónica Emilio García Jiménez, de la CNPA. “Sabemos –abundó– que 2008 será un largo año de movilizaciones y de lucha constante para arrancar algunos beneficios para el sector rural. No nos hacemos ilusiones de que haya un cambio repentino en la política gubernamental, pero tenemos la certeza de que con una presión constante se podrá detener la aplicación de algunas políticas públicas negativas para los campesinos e indígenas”, añadió.

Sombrío panorama

La mañana de ayer también llegó a solidarizarse con el campesinado el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, quien llamó a la unidad de todos los movimientos sociales para “evitar que el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón siga entregando los recursos naturales del país, elimine derechos laborales y privatice los servicios de IMSS e ISSSTE, y siga poniendo en riesgo la soberanía alimentaria con la entrada de alimentos por medio del TLCAN. Este año será difícil.

“Hay amenazas claras de que quieren entregar el petróleo y las riquezas nacionales. Por eso todos debemos entender que salvar al país dependerá de toda la fuerza de las organizaciones campesinas, sindicales y sociales. Necesitamos estar unidos”, planteó a los manifestantes, mientras un helicóptero de la policía fronteriza de Estados Unidos sobrevolaba la zona.

González Garza inyectó ánimo a los campesinos, al asegurar que hoy, en San Lázaro, propondrá un punto de acuerdo para que las secretarías de Economía y de Hacienda establezcan las medidas necesarias para frenar la desproporcionada importación de alimentos y con ello siga fomentándose la migración.

Manifestó que la defensa legislativa de la soberanía alimentaria no ha concluido, ya que el gobierno mexicano debe entender que no puede someter a la oferta y la demanda la producción de alimentos, porque se corre el riesgo de sufrir un deterioro mayor al actual, ya que los productores estadunidenses están subsidiados en 70 por ciento, “pueden seguir produciendo, nos pueden inundar con sus mercancías, provocar una caída en la producción nacional, por no ser costeable, y al rato vamos a pagar lo que sea por los alimentos. Eso es un problema muy grave”.

Esta lucha, añadió, es fundamental para evitar la destrucción del país. “Hay que entender que la soberanía alimentaria está por encima de los intereses políticos y partidarios. Esto no es un asunto partidario y por eso la sociedad está construyendo organizaciones políticas y sociales para eliminar toda esa nata de la clase política nacional que no ha entendido que hay mucha gente viviendo en el campo y que la estamos obligando a irse a Estados Unidos arriesgando su vida por la falta de oportunidades”, concluyó.

“Ignoró” Sagarpa propuestas para proyectos del agro

Matilde Pérez U. (Enviada)

Ciudad Juárez, Chih., 1º de enero. El último día de 2007, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas para el campo, sin considerar las observaciones y comentarios que presentaron las organizaciones agrarias a la Comisión Mexicana para el Desarrollo Rural Sustentable.

Dichos organismos acordaron emplazar para el día 7 al titular de la Sagarpa para que atienda sus propuestas y termine su “cerrazón”; ese mismo día también solicitarán formalmente a la Cámara de Diputados que llame la atención al funcionario. Advirtieron que la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario de los gobiernos de los estados podría demandar jurídicamente al titular de Sagarpa, ya que eliminó la federalización de los recursos.

“Pensamos que no podía haber un clon de Javier Usabiaga Arroyo –titular de Sagarpa durante el gobierno de Vicente Fox, con quien las organizaciones campesinas tuvieron frecuentes diferencias–, pero nos equivocamos. Cárdenas Jiménez resultó peor, quizá porque consume maíz y soya transgénicos”, dijo Martín Solís, integrante de la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón.

Puntualizó que a partir de la publicación de las reglas mencionadas hay 30 días para que la dependencia reciba y atienda las observaciones de organismos agrarios, pero dijo que no confían en ese mecanismo, ya que si durante las semanas anteriores Cárdenas Jiménez no atendió las sugerencias, es probable que ahora tampoco lo haga. “Es evidente que está apostando a la división del movimiento campesino, pero eso está por verse”.

Explicó que el 27 de diciembre del año pasado, Félix Vélez, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social, tomó en cuenta las propuestas campesinas en torno a las reglas de operación para los programas de vivienda rural, adultos mayores y para la operación de las agencias rurales; a su vez, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales aceptó que después de publicadas las referentes al programa Pro Árbol introduciría las observaciones, pero el único que mantuvo silencio fue Cárdenas Jiménez.

Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, consideró que la actitud del titular de la Sagarpa “es una provocación hacia el movimiento campesino. Con su actitud caprichosa sólo está agudizando la confrontación y los conflictos sociales, pues es evidente que atrasará la aplicación de los recursos para el campo.

“Lo único que debemos agradecerle es que ha fomentado la unidad de los jornaleros”, dijo. Asimismo, llamó a la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina a mantener su postura crítica frente a la acción arbitraria de Cárdenas Jiménez y “no caer en su juego de desgaste y división” en este asunto que es parte fundamental de la lucha campesina, como la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Instalarán en el Hemiciclo a Juárez mesas de atención para brindarles asesoría

Campesinos interpondrán amparos contra apertura del capítulo agrícola del TLCAN

Un grupo de 28 litigantes trabaja con productores de Guanajuato, Veracruz, Nayarit, Hidalgo y Puebla

El tratado, desventajoso y violatorio de la Constitución: Román Díaz

Alfredo Méndez y Alma Muñoz

El capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que establece la desgravación a las importaciones de frijol, leche, azúcar, maíz y otros productos de Estados Unidos y Canadá, viola al menos los artículos 1, 3, 14, 16, 25 y 133 de la Constitución, por lo que mediante el juicio de amparo los campesinos que soliciten la protección de la justicia federal estarán en posibilidades de obtener una suspensión que impediría por tiempo indefinido la entrada en vigor del mismo, aseguró el abogado y catedrático Román Díaz Vázquez.

El integrante de la organización Plataforma Constitucionalista informó que campesinos de Guanajuato, Veracruz, Nayarit, Hidalgo y Puebla interpondrán en breve –asesorados por 28 litigantes– demandas de amparo contra la apertura del capítulo agropecuario del TLCAN, además de que se prevé que se sumen a estas acciones agricultores, ganaderos y productores de Sonora, Chihuahua y otras entidades.

En entrevista, el también representante legal del Movimiento Ciudadano Obradorista explicó los fundamentos de las violaciones constitucionales.

Precisó que en principio el TLCAN, en su apartado agropecuario, va en contra de lo que establece el artículo 133 constitucional, ya que dicho precepto dispone que sólo serán válidos los tratados internacionales que se celebren acorde con lo que señala la Carta Magna.

“Este es un tratado desventajoso, inconveniente e injusto para nuestro país, porque la Constitución contempla algunos conceptos fundamentales como el de democracia, que establece el artículo 3”, puntualizó.

El litigante se refirió a lo que establece el concepto de democracia en el artículo 3 constitucional, relativo al apartado de la educación en el país.

“No solamente debe entenderse a la democracia como forma de gobierno, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; si bien es cierto que el artículo 3 se refiere a la educación, es un precepto que podemos aplicar en términos sociales generales”.

Desde la perspectiva jurídica de Díaz Vázquez, también procede el amparo porque el TLCAN viola los artículos 14 y 16, ya que no está fundado y motivado su contenido en lo que establece en su conjunto la Carta Magna respecto al concepto de democracia. Ambos preceptos ordenan que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado en la ley.

Otro artículo que no será respetado con la entrada en vigor de la particularidad del tratado es el primero, el cual establece que “todos los que estemos sobre territorio mexicano tenemos derecho a gozar de las garantías constitucionales”, indicó.

Asimismo, agregó, se violará el 25 constitucional que a la letra refiere: “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable”.

Ello porque “el Estado debe garantizar que el desarrollo favorezca a todos los sectores de la sociedad, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, que establece el hecho de que se cuente con un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, político, social y cultural del pueblo.

“Y es claro que con la entrada del capítulo agropecuario del TLCAN no se cumplirán los preceptos establecidos en el 25 constitucional”, afirmó el abogado.

Además, el TLCAN “viola el concepto constitucional de democracia, porque con la liberalización del mercado agropecuario prácticamente se acabará con el campo mexicano; es evidente que en un mercado en el que, por un lado, imperan la desigualdad y la desprotección, no existen condiciones democráticas para competir”.

A su vez, Efraín Galicia, integrante del Frente de Mexicanos en el Exterior, alertó sobre el riesgo de que el aumento de la migración por esta causa provoque el incremento en la cifra de connacionales que mueren al intentar cruzar la frontera México-Estados Unidos, y ante ello, “los gobiernos de ambos países serán responsables”.

Román Díaz confió en que a partir del 7 del presente mes se interpongan amparos masivos en juzgados de distrito, mientras su compañero adelantó que el formato de amparo será distribuido entre las 40 agrupaciones de migrantes que conforman el Frente de Mexicanos en el Exterior para así fortalecer la protesta.

Las mesas de atención para todo aquel ciudadano que busque un amparo se ubicarán en el Hemiciclo a Juárez de lunes a viernes, de 17 a 18 horas.

Con información de Emir Olivares

“Desde la segunda quincena de diciembre aumentaron los precios”, dicen amas de casa

Compras de último momento para enfrentar el gasolinazo

Advierten que el panorama este año se ve “muy negro”, ante el magro incremento a salarios

Toman previsiones como ahorrar energía eléctrica y estirar el guardadito del aguinaldo

Laura Gómez Flores

Ampliar la imagen Automovilistas aprovecharon el último día del año para cargar combustible, ante la entrada en vigor del llamado gasolinazo Automovilistas aprovecharon el último día del año para cargar combustible, ante la entrada en vigor del llamado gasolinazo Foto: Guillermo Sologuren

Con compras de último momento de alimentos de primera necesidad, gasolina y gas; sustitución de focos incandescentes por los ahorradores de energía y retiro de las luces navideñas –aun cuando sus efectos se verán en el recibo de luz hasta el próximo mes–; algunos guardaditos de su aguinaldo, y la selección de los objetos de valor sujetos de empeño para el “último jalón: el Día de Reyes”, las familias capitalinas buscan mitigar los efectos negativos que traerá el gasolinazo.

La entrada en vigor ayer del incremento de 5.5 por ciento a los combustibles impactará en “cadena a todos los artículos básicos o de lujo, y a todos los sectores de la sociedad y provocarán que nuestros salarios se pulvericen porque los dos pesos de aumento al salario no nos servirán de nada, cuando ya hubo una retiquetación de precios”.

Desde la segunda quincena de diciembre, explicaron amas de casa, los precios de productos como la carne de res, pollo y cerdo aumentaron entre 10 y 15 por ciento aprovechando que tenemos dinero y no nos fijamos en esas cuestiones para la preparación de las cenas de Navidad y Año Nuevo, pero conforme pasaron los días “nos vino como una toma de conciencia de la situación”. Por lo que el último día del año se aprovechó para adquirir el mayor número de productos básicos.

“Lo más que se pueda, aprovechando que la caducidad de varias de las cosas es hasta finales de 2008 o principios del siguiente, y se puede pagar todavía con los vales que nos sobraron o un tarjetazo, porque el panorama se ve muy negro y los cincuenta y tantos pesos del nuevo salario mínimo no nos ajustarán para nada, ante la escalada de precios que ya comenzó”, comentaron Julia Hernández y Teresa González.

Como ellas, algunas otras amas de casa conducían sus carritos hasta el “tope” a las cajas registradoras. “Nos llevamos lo que más podemos y necesitamos en la casa, ante la próxima entrada de los niños a la escuela”, dijeron.

Las entrevistadas en las cuatro cadenas de autoservicio y dos tiendas de mayoreo en la ciudad lamentaron que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos sólo aprobara un aumento de dos pesos y fijara el mínimo en 52.59 pesos, pese a que todos los artículos subieron entre cinco y 10 pesos. “No se vale, pero demuestra que las autoridades no están con los de abajo porque permitieron ya la retiquetación de alimentos”, agregaron.

Así que para reducir el impacto de los aumentos, comentaron, iniciaron ya el retiro de las luces navideñas, lo cual hacían hasta el 6 de enero o 2 de febrero; cambiaron sus focos normales por ahorradores de energía, que reducen entre un 30 y 40 por ciento el consumo, lo cual se verá reflejado en el primer recibo de luz que recibirán en febrero; evitan se tire o desperdicie el agua; y tienen un “dinerito” guardado para cualquier emergencia.

Otras familias, sin embargo, reconocieron que los festejos navideños “nos dejaron en la calle, como siempre, y tendremos que irnos a formar estos días al Monte de Piedad para que nos preste algo de dinero para el último jalón, que es la compra de juguetes para el Día Reyes”.

Mientras los propietarios de automóviles y unidades del servicio público hicieron largas filas en las gasolineras para “cargar” su tanque desde temprana hora, pero estas continuaron cerca de la medianoche en algunas de las estaciones pues “dos centavos por litro nos va a pegar y al rato en lugar de gastar 350 vamos a desembolsar 400”, señalaron.

Reprimen sus deseos y no exigen el uso del condón

Persisten tabúes sexuales entre mujeres de estados muy pobres

Emir Olivares Alonso

En estados de alta marginación las mujeres jóvenes están “fuertemente convencidas” de que en su vida sexual deben ser pasivas y no tener ni mostrar deseos, por lo que no se atreven a exigir a sus parejas la protección necesaria para no contraer infecciones de transmisión sexual (ITS) o embarazos no deseados, establece un estudio del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La investigación, aplicada a más de 15 mil jóvenes de entre 13 y 19 años residentes en Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Puebla y San Luis Potosí, agrega que entre esta población no existe una cultura de la prevención sexual, pues si bien es cierto que conocen las funciones del condón, no se usa en buen porcentaje, debido a “razones de género y tabúes sexuales, ya que se le ve como un símbolo de relaciones ocasionales, falta de confianza a la pareja y libertinaje sexual”.

Dos conclusiones que arrojó el análisis del CRIM –con sede en Morelos– demuestran que la juventud de estos estados continúa siguiendo prácticas conservadoras, ya que 80 por ciento de los entrevistados consideró que las parejas están obligadas a casarse por la Iglesia y que las mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio, este último punto –explica la investigación– se refuerza a través de las generaciones, pues las madres lo transmiten a sus hijas con el argumento de que sin la ruptura de himen “serán reconocidas socialmente, protegidas y respetadas”.

Otro dato es que los jóvenes, sobre todo los de sectores más pobres, consideraron que las mujeres deben valorarse sólo como madres y esposas.

Luego de dos años de trabajo, los investigadores universitarios encontraron que la vida sexual en estas entidades está directamente relacionada con el género, pues 21 por ciento de los hombres de 13 a 19 años reportó haber mantenido ya relaciones sexuales, contra sólo un 5.5 por ciento de las mujeres en ese mismo rango de edad.

Los resultados demuestran que entre los de 13 y 14 años, 9.8 por ciento de los varones iniciaron ya su vida sexual, mientras que sólo 2.9 por ciento de las mujeres en esa edad lo han hecho. En tanto que en los de mayor rango, de 17 a 19 años, la diferencia aumenta, pues mientras 15 por ciento de las féminas ha tenido coitos, en los hombres el porcentaje es de 46.4.

Se informó que los casos de ITS han crecido considerablemente y aunque es en adultos jóvenes cuando se desarrollan estas enfermedades, en la mayoría de los casos se adquirieron durante la adolescencia.

Su trabajo fuera de casa es indispensables ante sueldos miserables: el obispo de Saltillo

Sostienen mujeres 30% de los hogares mexicanos, responde Vera a Briseño

El prelado de la ciudad de México condenó el pasado lunes que las madres descuiden a sus hijos

Mariana Norandi

Con los salarios miserables que perciben hoy en día los trabajadores en el país, si la mujer no saliera a laborar la mayoría de los hogares mexicanos no podría sostenerse, afirmó el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, tras la crítica a las madres que trabajan fuera de su casa, realizada este domingo por el obispo auxiliar de la ciudad de México, Carlos Briseño, en la Catedral Metropolitana.

Vera aseguró que la de Briseño es una “opinión”, pero no representa la voz de la Iglesia, ya que esta institución apoya el papel social y activo de la mujer en la sociedad.

“Actualmente, más de 30 por ciento de los hogares mexicanos son sostenidos por mujeres, bien porque son madres solteras, porque fueron abandonadas por sus maridos, porque están divorciadas o porque, debido a la situación económica que atraviesa el país, sus esposos se vieron obligados a emigrar. Por tanto, la Iglesia hoy valora mucho el papel social de la mujer y considera que quedó atrás aquella visión de que el hombre iba a trabajar y ella se quedaba encerrada en la casa, y eso gracias a las conquistas por la equidad y dignidad de todos los seres humanos”.

El obispo Briseño criticó a las madres que trabajan fuera de su casa porque con ello –expresó– descuidan a sus hijos. En este sentido, el obispo de Saltillo aseveró que no se puede condenar a la mujer por tener que salir a buscar el sustento y no poder dedicar más tiempo a los menores, ya que el cuidado del hogar y de los niños son responsabilidades de las dos partes de un matrimonio.

“Cuando se dan casos de abandono de hijos por vanidad, egoísmo o intereses personales, tienen la misma responsabilidad en ello la mujer que el hombre, ya que entre ambos debe existir una relación de cooperación recíproca.

“Hoy en día, dedicar menos tiempo a la educación de los hijos responde, en la gran mayoría de los casos, a una necesidad económica, porque cuando el salario mínimo sube dos pesos al año y el nivel de vida crece de manera desproporcionada a los ingresos de los trabajadores, no queda otra que salir a trabajar hombres, mujeres e incluso, niños”, advirtió el obispo de Saltillo.

Desmiente la guerrilla que haya entregado el niño a un organismo gubernamental

Estupor en Colombia por la hipótesis oficial de que Emmanuel estaría en Bogotá

“Irresponsable”, lanzar el anuncio cuando se hacen esfuerzos para traer a rehenes: analistas

Expectativa por pruebas de ADN a familiares del niño; se aplaza la entrega de los cautivos

Jorge Enrique Botero (Especial para La Jornada)

Ampliar la imagen Marco Aurelio García, miembro brasileño de la misión de observadores internacionales, dialoga con periodistas en un hotel de Caracas Marco Aurelio García, miembro brasileño de la misión de observadores internacionales, dialoga con periodistas en un hotel de Caracas Foto: Ap

Bogotá, 1º. de enero. Los colombianos recibieron el nuevo año en medio del estupor causado por la suspensión de la operación para liberar a tres rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, el asombro generalizado no se deriva de la interrupción de éste proceso, sino del anuncio gubernamental de que el niño Emmanuel –quien iba a ser entregado junto con su madre, Clara Rojas, y la ex congresista Consuelo Gonzalez– no está en manos de la guerrilla sino en un hogar infantil del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en Bogotá.

Mientras, la agencia de noticias Anncol, que difunde información sobre las FARC, descartó este martes que un menor bajo protección de la asistencia estatal pueda ser Emmanuel, como aseguró el gobierno colombiano el pasado lunes, reportó Afp.

“¿A quién se le puede ocurrir que las FARC, que desconocen todas las instituciones del Estado, vayan a confiar al ICBF un hijo de ellos?”, señaló un artículo sin firma en Internet, en referencia al hijo concebido en cautiverio por Rojas con un guerrillero.

A todo esto, durante una tumultuosa rueda de prensa en la ciudad de Villavicencio, el presidente Álvaro Uribe dijo que la suspensión de las operaciones para entregar a los retenidos no obedeció a causas militares, como aseguraron las FARC en un comunicado leído el 31 de diciembre por el presidente de Venezuela Hugo Chávez, sino a que Emmanuel no se encuentra en su poder.

El pequeño, quien nació en cautiverio, fruto de una relación entre Clara Rojas y un guerrillero, estaría según la hipótesis revelada por el gobierno en un hogar de paso, junto con decenas de niños abandonados por sus padres, a la espera de ser adoptado.

Según el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, el niño fue entregado al ICBF en julio de 2005 en la pequeña ciudad de San José del Guaviare, una zona de intensas confrontaciones armadas situada en el suroriente del país.

Aunque el gobierno advirtió que la versión sólo es una hipótesis, solamente comprobable mediante pruebas de ADN, la mayoría de los analistas coincidieron en que había sido al menos “irresponsable” lanzar un anuncio de semejantes magnitudes justo cuando se realizaban esfuerzos para conseguir el regreso a casa de los rehenes.

En declaraciones a La Jornada, la senadora Piedad Córdoba, quien actuaba como mediadora para las liberaciones, dijo que “lo mínimo que pudo hacer el gobierno fue abordar discretamente a los familiares de Clara y solicitarles la prueba de ADN antes de hacer pública su hipótesis”.

Córdoba coincidió con Chávez, en que la actitud del gobierno colombiano sólo busca torpedear la liberación de los rehenes. “Definitivamente el gobierno no quiere que ellos regresen a sus hogares”, aseguró.

Explicó que para Uribe las liberaciones y el eventual intercambio de secuestrados por guerrilleros presos en las cárceles significarían un revés. “Se niega a un acuerdo con la guerrilla pues piensa que el único camino para terminar la violencia es con más guerra”, subrayó la senadora.

Por su parte, el mandatario colombiano insistió en que en sus cinco años de gobierno ha hecho ingentes esfuerzos para lograr un acuerdo con las FARC y acusó a la insurgencia de mentir reiteradamente al país, al tiempo que los llamó “narcoterroristas”.

Diversos medios locales pusieron en duda la hipótesis oficial, al recordar los testimonios de dos oficiales del ejército, uno en poder de las FARC y el otro fugado a mediados de año, quienes narraron en detalle su relación con Emmanuel en los campamentos en la profundidad de la selva amazónica colombiana.

Este sorprendente comienzo de año ha dado paso a una creciente expectativa en torno a los resultados de las pruebas de ADN que se apresta a tomar una comisión integrada por funcionarios de Bienestar Familiar, Medicina Legal y la Fiscalía, que viajó hoy a Caracas, donde se encuentran la abuela de Emmanuel y un tío del niño.

Carlos Lozano, dirigente del opositor Polo Democrático y director del semanario Voz, alertó sobre la composición de la comisión que tomará las pruebas y hará los análisis. “Debe haber una veeduría internacional de una entidad científica autorizada y a prueba de presiones o manipulaciones”, advirtió Lozano a este diario.

Recordó que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien suministró a Uribe los datos para construir la hipótesis de que Emmanuel estaría en Bogotá, ha sido soprendido en varias mentiras en el pasado reciente, pese a lo cual el presidente colombiano lo ha mantenido en su cargo.

La Jornada pudo establecer que familiares de Clara Rojas y Consuelo González se reunieron en la noche del lunes con el presidente Chávez en el Palacio de Miraflores, donde le pidieron que continúe su gestión humanitaria, a lo cual éste respondió favorablemente.

Asimismo, este martes trascendió que dos familiares de Rojas aceptaron someterse a pruebas de ADN para confirmar o descartar la hipótesis de que Emmanuel se encuentra en un albergue bogotano.

En tanto, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, dijo hoy que “en 10 o 15 días” se conocerán los resultados del examen ADN practicado a un niño que según el gobierno podría ser Emmanuel. “Ese es un trámite que, por nuestra experiencia, nos permitirá confirmar o desvirtuar la hipótesis de la maternidad de Clara Rojas sobre el menor”, precisó el funcionario, reportó Afp.

Tras la suspensión de la operación aérea para traer de regreso a los rehenes se ha puesto en marcha un plan alternativo –anunciado por el mismo Chávez la semana pasada–, mediante el cual se pretende que los guerrilleros lleguen con los cautivos, por vía fluvial y terrestre, hasta algún punto de la extensa frontera de mil 500 kilómetros entre Colombia y Venezuela.

En rueda de prensa en la ciudad colombiana de Villavicencio, el ex presidente argentino Néstor Kirchner aseguró el pasado lunes que Uribe se había comprometido a permitir un “corredor” sin presencia militar para que por él se desplazaran los guerrilleros y sus rehenes.

Desmiente la guerrilla que haya entregado el niño a un organismo gubernamental

Estupor en Colombia por la hipótesis oficial de que Emmanuel estaría en Bogotá

“Irresponsable”, lanzar el anuncio cuando se hacen esfuerzos para traer a rehenes: analistas

Expectativa por pruebas de ADN a familiares del niño; se aplaza la entrega de los cautivos

Jorge Enrique Botero (Especial para La Jornada)

Ampliar la imagen Marco Aurelio García, miembro brasileño de la misión de observadores internacionales, dialoga con periodistas en un hotel de Caracas Marco Aurelio García, miembro brasileño de la misión de observadores internacionales, dialoga con periodistas en un hotel de Caracas Foto: Ap

Bogotá, 1º. de enero. Los colombianos recibieron el nuevo año en medio del estupor causado por la suspensión de la operación para liberar a tres rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, el asombro generalizado no se deriva de la interrupción de éste proceso, sino del anuncio gubernamental de que el niño Emmanuel –quien iba a ser entregado junto con su madre, Clara Rojas, y la ex congresista Consuelo Gonzalez– no está en manos de la guerrilla sino en un hogar infantil del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en Bogotá.

Mientras, la agencia de noticias Anncol, que difunde información sobre las FARC, descartó este martes que un menor bajo protección de la asistencia estatal pueda ser Emmanuel, como aseguró el gobierno colombiano el pasado lunes, reportó Afp.

“¿A quién se le puede ocurrir que las FARC, que desconocen todas las instituciones del Estado, vayan a confiar al ICBF un hijo de ellos?”, señaló un artículo sin firma en Internet, en referencia al hijo concebido en cautiverio por Rojas con un guerrillero.

A todo esto, durante una tumultuosa rueda de prensa en la ciudad de Villavicencio, el presidente Álvaro Uribe dijo que la suspensión de las operaciones para entregar a los retenidos no obedeció a causas militares, como aseguraron las FARC en un comunicado leído el 31 de diciembre por el presidente de Venezuela Hugo Chávez, sino a que Emmanuel no se encuentra en su poder.

El pequeño, quien nació en cautiverio, fruto de una relación entre Clara Rojas y un guerrillero, estaría según la hipótesis revelada por el gobierno en un hogar de paso, junto con decenas de niños abandonados por sus padres, a la espera de ser adoptado.

Según el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, el niño fue entregado al ICBF en julio de 2005 en la pequeña ciudad de San José del Guaviare, una zona de intensas confrontaciones armadas situada en el suroriente del país.

Aunque el gobierno advirtió que la versión sólo es una hipótesis, solamente comprobable mediante pruebas de ADN, la mayoría de los analistas coincidieron en que había sido al menos “irresponsable” lanzar un anuncio de semejantes magnitudes justo cuando se realizaban esfuerzos para conseguir el regreso a casa de los rehenes.

En declaraciones a La Jornada, la senadora Piedad Córdoba, quien actuaba como mediadora para las liberaciones, dijo que “lo mínimo que pudo hacer el gobierno fue abordar discretamente a los familiares de Clara y solicitarles la prueba de ADN antes de hacer pública su hipótesis”.

Córdoba coincidió con Chávez, en que la actitud del gobierno colombiano sólo busca torpedear la liberación de los rehenes. “Definitivamente el gobierno no quiere que ellos regresen a sus hogares”, aseguró.

Explicó que para Uribe las liberaciones y el eventual intercambio de secuestrados por guerrilleros presos en las cárceles significarían un revés. “Se niega a un acuerdo con la guerrilla pues piensa que el único camino para terminar la violencia es con más guerra”, subrayó la senadora.

Por su parte, el mandatario colombiano insistió en que en sus cinco años de gobierno ha hecho ingentes esfuerzos para lograr un acuerdo con las FARC y acusó a la insurgencia de mentir reiteradamente al país, al tiempo que los llamó “narcoterroristas”.

Diversos medios locales pusieron en duda la hipótesis oficial, al recordar los testimonios de dos oficiales del ejército, uno en poder de las FARC y el otro fugado a mediados de año, quienes narraron en detalle su relación con Emmanuel en los campamentos en la profundidad de la selva amazónica colombiana.

Este sorprendente comienzo de año ha dado paso a una creciente expectativa en torno a los resultados de las pruebas de ADN que se apresta a tomar una comisión integrada por funcionarios de Bienestar Familiar, Medicina Legal y la Fiscalía, que viajó hoy a Caracas, donde se encuentran la abuela de Emmanuel y un tío del niño.

Carlos Lozano, dirigente del opositor Polo Democrático y director del semanario Voz, alertó sobre la composición de la comisión que tomará las pruebas y hará los análisis. “Debe haber una veeduría internacional de una entidad científica autorizada y a prueba de presiones o manipulaciones”, advirtió Lozano a este diario.

Recordó que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien suministró a Uribe los datos para construir la hipótesis de que Emmanuel estaría en Bogotá, ha sido soprendido en varias mentiras en el pasado reciente, pese a lo cual el presidente colombiano lo ha mantenido en su cargo.

La Jornada pudo establecer que familiares de Clara Rojas y Consuelo González se reunieron en la noche del lunes con el presidente Chávez en el Palacio de Miraflores, donde le pidieron que continúe su gestión humanitaria, a lo cual éste respondió favorablemente.

Asimismo, este martes trascendió que dos familiares de Rojas aceptaron someterse a pruebas de ADN para confirmar o descartar la hipótesis de que Emmanuel se encuentra en un albergue bogotano.

En tanto, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, dijo hoy que “en 10 o 15 días” se conocerán los resultados del examen ADN practicado a un niño que según el gobierno podría ser Emmanuel. “Ese es un trámite que, por nuestra experiencia, nos permitirá confirmar o desvirtuar la hipótesis de la maternidad de Clara Rojas sobre el menor”, precisó el funcionario, reportó Afp.

Tras la suspensión de la operación aérea para traer de regreso a los rehenes se ha puesto en marcha un plan alternativo –anunciado por el mismo Chávez la semana pasada–, mediante el cual se pretende que los guerrilleros lleguen con los cautivos, por vía fluvial y terrestre, hasta algún punto de la extensa frontera de mil 500 kilómetros entre Colombia y Venezuela.

En rueda de prensa en la ciudad colombiana de Villavicencio, el ex presidente argentino Néstor Kirchner aseguró el pasado lunes que Uribe se había comprometido a permitir un “corredor” sin presencia militar para que por él se desplazaran los guerrilleros y sus rehenes.

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