La cancelación de su noticiario en la W es una verdadera censura, dice el ex senador

Pesaron más grupos fácticos y poder del dinero en el caso Aristegui: Corral

Los españoles resultaron “tan miserables” como el peor de los empresarios mexicanos

Emir Olivares Alonso

La cancelación del noticiario de Carmen Aristegui en W Radio es una verdadera censura que restringe de manera ilegítima la libertad de expresión, consideró el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Javier Corral Jurado.

En entrevista, el ex senador –quien impulsó la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa– señaló que el informativo de la periodista era un referente en el que se analizaban hechos y temas ignorados por otros espacios, por lo que los grupos fácticos y el poder del dinero pesaron más que el respeto al auditorio y a la libertad de expresión.

“Los españoles (de Grupo Prisa) resultaron tan miserables y cobardes como el peor de los empresarios mexicanos, y sacrificaron a Aristegui porque con su contenido editorial incomodaba al poder fáctico. Eso confirma el carácter autoritario de la estructura mediática en el país y el mundo, a la que no le interesan ni los comunicadores ni sus auditorios”.

La negativa de Prisa y Televisa a renovar el contrato a la conductora para que continuara su informativo por las frecuencias de Radiópolis es muestra clara de que se trata de silenciar una voz con gran incidencia en la opinión pública; porque toda cancelación o limitación de un espacio de información plural es una restricción ilegítima a la libertad de expresión, advirtió el ex senador.

Consideró que ambas empresas pusieron su alianza e intereses comerciales y de negocios por encima de su audiencia y de valores como la libertad de expresión. “Prisa decepciona con esa decisión”.

Subrayó que la “incompatibilidad” que argumentaron los directivos de la radiodifusora entre sus criterios editoriales y los de la periodista “es el modelo mediático que ha impuesto el poder del dinero en los medios electrónicos”. Por ello–dijo–, la pérdida de ese espacio informativo es lamentable. Asimismo, exhortó a la conductora a hacer públicos los cambios que la empresa la pedía, “porque ahí está el meollo”.

“No se trata de cualquier medio informativo, sino de uno que se caracterizó por la pluralidad, por garantizar el derecho de réplica, que siempre buscó el equilibrio y dar voz a los que no la tienen en otros espacios. A Aristegui le están cobrando haber dado espacio a quienes promovimos la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa; haber difundido la reforma electoral, que quitó el negocio multimillonario a la televisión sobre los partidos; la presencia de los coordinadores parlamentarios en su programa para explicar los contenidos de estas modificaciones para combatir la embustera operación antirreforma operada por el duopolio televisivo; le están cobrando un espíritu crítico y su actitud libertaria”.

El presidente de la Amedi aseveró que la concentración de muchos medios en pocas manos es lo que genera el preocupante avance de los intereses de los poderes fácticos en el sector, lo cual “es una barrera” para el avance de la democracia en el país.

Agregó que esta problemática puede contrarrestarse mediante una reforma que amplíe la oferta de medios y dé oportunidad a los periodistas de ser dueños de empresas de comunicación. “La cancelación del programa de Aristegui ratifica la necesidad de que México cuente con una legislación moderna en la materia, en la que exista un nuevo sistema de asignación de frecuencias, criterios y límites a la propiedad cruzada, donde se fortalezca el sistema de medios para que haya posibilidad de contar con ellos”, insistió.

Con el alza de precios demuestra que gobierna de manera inmoral: López Obrador
“El gasolinazo, regalo de reyes de Calderón”

Por ningún lado se ve que vaya a crear empleos para elevar índices de bienestar, afirma

Alma E. Muñoz (Enviada)

Ampliar la imagen Andrés Manuel López Obrador, durante su recorrido por Huautla, Hidalgo Andrés Manuel López Obrador, durante su recorrido por Huautla, Hidalgo Foto: La Jornada

Yahualica, Hgo., 5 de enero. Con el aumento al precio de la gasolina y el diesel, Felipe Calderón demuestra que gobierna de manera “inmoral” e “injusta”, advirtió Andrés Manuel López Obrador, y condenó que ese sea el “regalo de reyes del pelele para los mexicanos”.

En el tercer día de su gira por ayuntamientos de Hidalgo, una de las entidades de la República con mayores índices de pobreza y marginación, el ex candidato presidencial acusó al panista de ser un “mentiroso”, porque se ha dedicado a incrementar los precios de productos básicos, y por “ningún lado” se ve que vaya a crear empleos para elevar los índices de bienestar en el país.

Cuestionó que “el gobierno espurio” prefiera que el presupuesto nacional quede en unas cuantas manos, para mantener los privilegios de la alta burocracia, pese a los altos índices de pobreza que hay en todas las regiones del país. “Cada tres, cada seis años, hay nuevas camadas de ricos. Mucho dinero se utiliza para mantener a una burocracia que cada día exige más privilegios”, señaló.

“¡Cómo va a ser posible que habiendo tanta necesidad, tanta pobreza, se den estas injusticias!”, y ahora, “de manera inhumana, injusta, inmoral, aumenten la gasolina y el diesel” para recaudar 8 mil millones de pesos, pese “al daño que van a causar a la economía popular”.

Ese dinero, indicó, se puede conseguir con la desaparición de partidas, como el servicio médico para los altos funcionarios públicos, que implicaría un ahorro de 5 mil millones de pesos, y el retiro de las pensiones millonarias para los ex presidentes de la República.

Felipe Calderón, insistió el dirigente, lleva ya un año “usurpando el gobierno y ¿qué es lo que ha hecho? ¡Nada!, sólo perjudicar más a los mexicanos”.

Aparte del aumento a los precios de productos de la canasta básica, de más impuestos y de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lamentó que los índices de inseguridad a escala nacional se elevaron, ya que en 2007 ocurrieron más de tres mil “ajusticiamientos”.

López Obrador, durante su visita por la huasteca hidalguense, donde encontró a gente, como en Xochiatipan, que como apoyo pide alimentos, y al paso de las caravanas se alcanza a escuchar “tenemos hambre”, pidió que no se acepte como destino la pobreza y la marginación prevaleciente en México.

Insistió que la actual política económica no funciona y “allí están los resultados: no ha habido crecimiento de la economía en los últimos 25 años”.

El ex candidato presidencial se comprometió a “traer a mecate corto a Calderón; que no crea que va a hacer y deshacer lo que quiera en el país”.

Insistió que se requiere luchar por la transformación y porque el gobierno de México sea del pueblo y no de una “mafia”. También manifestó que es importante conseguir una distribución justa de la riqueza, porque los dos billones 600 mil millones de pesos del presupuesto nacional –lo destinado para el presente ejercicio– se manejen con justicia.

“Con eso mejoraríamos sensiblemente la situación económica y social, y no que ese dinero vaya a parar a unas cuantas manos” y se destinen, por ejemplo, 50 mil millones de pesos para el rescate de banqueros.

López Obrador reiteró su invitación para asistir el 18 de marzo al Zócalo capitalino para definir la estrategia de defensa del petróleo e impedir que este recurso sea entregado a los extranjeros, como ambicionan, dijo, los tecnócratas.

“Ellos quisieran que fracasara todo lo que tiene que ver con el petróleo y justificar la entrega de la empresa al extranjero. Tienen cinco años apostando al fracaso de la industria, pero no lo han logrado, ni los vamos a dejar… No va a faltar líder, vamos a seguir adelante, no nos vamos a rendir”, aseguró.

Prevén aumento de 30% en el costo de la tortilla

Ángeles Mariscal y René Ramón (Corresponsales)

Productores mexicanos de la masa y la tortilla previeron una guerra desigual con sus competidores internacionales, y previeron un aumento de entre 20 y 30 por ciento en el precio del producto, que en algunas entidades, entre ellas Chiapas, ya se vende a nueve pesos el kilogramo.

Mario Coutiño Fonseca, presidente del Consejo Consultivo de la Industria de Masa y la Tortilla en Chiapas, dijo que aun cuando el precio del gas tuvo un incremento de dos centavos esta semana, el sector que dirige determinó esperar hasta febrero para ver el comportamiento en los precios de la materia prima con el propósito de decidir si incrementan los costos de su producto al público.

El industrial explicó que buscan llegar a algún acuerdo con el gobierno estatal para crear un subsidio que les permita otorgar un precio preferencial en favor de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Coutiño Fonseca expuso que, de acuerdo con el reajuste de tarifas, lo más probable es que a partir de febrero el precio por cada kilogramo se expenda a 10 pesos.

Lorenzo Mejía Morales, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, indicó que con la apertura al libre mercado de granos que entró en vigor a partir del primer día de enero, también ingresará maquinaria y otros enseres que afectarán de manera directa a los vendedores de tortilla.

Entrevistado en Nezahualcóyotl, estado de México, Mejía Morales advirtió que se vaticina una guerra comercial desigual entre los productores mexicanos y los estadunidenses y canadienses, principalmente porque habrá apertura para la manufactura de estos últimos.

“No sólo es el arribo de maíz transgénico de diversas variedades, incluso forrajero –que se utiliza para alimentar animales–, sino que el acuerdo también contempla la incorporación de tecnología”, aseveró.

Competencia desleal

Calculó que esta competencia desigual para los empresarios mexicanos es similar a una nueva conquista sociocultural, económica y tecnológica, porque los empresarios extranjeros ingresarán equipos de punta, que producen tortillas de cierto diámetro, número determinado y empaquetadas.

Mejía Morales explicó que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “ingresa toda la cadena productiva maíz-tortilla de otro país, entra a competir con el hilo frágil, precario en lo industrial que sostiene al productor mexicano”.

Informó que desde hace cinco meses los industriales de la masa y la tortilla dialogaron con autoridades del gobierno federal, con quienes discutieron el tema de las repercusiones que conllevaría el TLCAN y no hubo respuesta.

Ahora, lamentó, no sólo es el incremento a las gasolinas, la luz y el gas, sino además se tendrá la carga del tratado internacional. Lorenzo Mejía, previó que en los próximos días se incrementará el precio del kilo de la tortilla entre 20 y 30 por ciento. El costo oficial actual por kilogramo es de 8.50 pesos.

El incremento será mayor, tan sólo en este año, al 5.5% anunciado por Hacienda

A partir de hoy, aumentos a gasolinas, diesel y electricidad

El alza se da no obstante que el país captó 11 mil mdd de ingresos petroleros extraordinarios

Sale de México 43% de los recursos de Pemex; se destinan a la importarción de gasolinas

Juan Antonio Zúñiga y Susana González G.

Ampliar la imagen Una gasolinera en la ciudad de México. A partir de este domingo y hasta mediados de 2009, los precios de las gasolinas aumentarán mes tras mes, además de los incrementos que se aplican de acuerdo con el índice de inflación también mensualmente Foto: José Carlo González

Hoy entra en vigor el aumento escalonado de 5.5 por ciento al precio de las gasolinas y el diesel promovido por el Ejecutivo federal y aprobado por legisladores de PAN y PRI desde septiembre pasado, el cual se suma al ajuste mensual que por la inflación se aplica a estos energéticos.

Este incremento, que se aplicará durante año y medio, es independiente al ajuste que cada mes se lleva a cabo por la inflación y se impone a la población en el marco de una perspectiva de bajo crecimiento económico, estancamiento en el flujo de remesas y una alza generalizada de precios a los productos de consumo básico que inició hace tres meses, desde el anuncio del llamado gasolinazo que hoy arranca oficialmente.

Fue precedido, además, de una semana en la que diversas informaciones confirmaron la inminencia de un periodo recesivo en la economía de Estados Unidos y de una caída generalizada en los principales mercados bursátiles del mundo, entre los que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sobresalió con un descenso acumulado de 4.65 por ciento en tan sólo tres días.

Desde este domingo, los consumidores pagarán 2 centavos más por cada litro de gasolina Magna, 2.44 centavos más si compran Premium UBA y 1.66 centavos en el caso del diesel. La intención del gobierno es que con estos incrementos mensuales se llegue, al final de 18 meses, a un aumento general de 5.5 por ciento en el precio de estos combustibles, lo que implica un alza de 36 centavos por litro de Magna, 43.92 para la Premium y de 29.88 centavos en el diesel.

La paradoja es que los aumentos se producen cuando tan sólo el año pasado México obtuvo más de 11 mil millones de dólares en ingresos extraordinarios por el alto precio internacional que ha mantenido el petróleo, según el Grupo Financiero Invex.

Tendencia alcista que se mantendrá en los precios del petróleo durante el primer trimestre del año, según pronosticó Chakib Jelil, presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), quien consideró que si la recesión de la economía de Estados Unidos se confirma, los socios de esa organización no aumentarán su oferta.

Pero en contraste con esos ingresos extraordinarios, los más recientes resultados operativos dados a conocer por Petróleos Mexicanos (Pemex) indican que de las divisas obtenidas entre enero y noviembre de 2007 por la exportación de petróleo crudo, el 43 por ciento salió nuevamente del país como pago a las importaciones de gasolinas para cubrir la falta de capacidad de refinación de estos combustibles en México.

Impuesto sobre impuesto

Hasta el 3 de enero pasado, el barril de crudo alcanzó los 100.09 dólares en Nueva York antes de replegarse al cierre de 99.18 dólares. Jelil estimó que el mercado petrolero está actualmente “suficientemente aprovisionado”, pero no excluyó un aumento de la producción durante su próxima reunión en febrero.

Mario Di Costanzo, encargado de la hacienda pública del equipo que acompaña a Andrés Manuel López Obrador, explicó que las alzas en las gasolinas y el diesel será mayor al 5.5 por ciento anunciado por las autoridades, debido a que se mantendrá sin variación el ajuste inflacionario que ya se venía aplicando cada mes.

De esta manera, calculó que tan sólo en 2008 el incremento será de 6.8 por ciento en el precio de la gasolina Magna, por la cual se pagarán 7.51 pesos al finalizar este año, es decir 48 centavos más respecto al precio que tuvo hasta el 5 de enero. La Premium alcanzará un precio de 9.33 pesos en diciembre, lo que implica un incremento de 6.2 por ciento, mientras que el diesel costará casi 6.40 pesos ya que el alza acumulada será de 7.46 por ciento. Esto en el caso de que la inflación general de la economía sea de 4 por ciento.

Se trata, dijo Di Costanzo, de una especie de “anatocismo energético”, es decir de un impuesto sobre otro impuesto, con impactos sobre toda la economía.

Las gasolinas no serán el único energético que registrará incrementos. Según acuerdo de la Secretaría de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se autorizó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LFC) “el ajuste” a las tarifas para suministro y venta de energía para bombeo y riego agrícola con cargo único, así que la cuota mensual será de 40 centavos por cada kilowatt-hora consumido.

Las remesas, en su límite

La perspectiva económica de México se complica aún más porque los ingresos de divisas por remesas, que mantuvieron un sostenido aumento en los pasados seis años, prácticamente se estancaron en 2007.

Según el informe sobre Tendencias de las Remesas en 2007, elaborado por el Banco Mundial (BM), el flujo de divisas enviado al país por los migrantes mexicanos en Estados Unidos será igual al obtenido en 2006. Mientras, el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID) reportó que el porcentaje de migrantes que envía dólares con regularidad a México cayó de 71 a 67 por ciento, debido al endurecimiento de las medidas para disminuir la migración ilegal a Estados Unidos.

Aún con este contexto, la meta oficial de inflación para este año se mantuvo en 3 por ciento.

“¡No al aumento a la gasolina!”, y “Únete a la lucha armada”, entre las pintas que dejaron

Grupo armado quema 3 excavadoras usadas para construir vía en Guerrero

Decenas de policías estatales y municipales instalan cerco de seguridad en Tezahuapa

La obra carretera servirá para comunicar la zona centro con la región de la Montaña

Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)

Ampliar la imagen Una de las máquinas incendiadas por un grupo armado en la comunidad de Atliaca, municipio de Apango, a 30 kilómetros de Chilpancingo Foto: Lenin Ocampo

Chilpancingo, Gro., 5 de enero. Un comando integrado por unas 15 personas encapuchadas y armadas con rifles AK-47 (cuerno de chivo) incendió tres máquinas retroexcavadoras propiedad de la empresa Constructora Torreblanca, que edifica la carretera que unirá la zona centro con la región de la Montaña de Guerrero. La acción ocurrió la madrugada del jueves 3 de enero, pero hoy fue dada a conocer.

Hasta el lugar de los hechos, el punto conocido como Tezahuapa, ubicado en la carretera que comunica el municipio de Tixtla con Mártir de Cuilapan (Apango), a 15 kilómetros de Chilpancingo, llegó un centenar de policías estatales y municipales que instaló un cerco de seguridad hasta pasadas las seis de la madrugada.

“¡No al aumento a la gasolina!” y “Únete a la lucha armada”, son algunas de las pin- tas que realizó el grupo armado aún no identificado, mismas que fueron borradas por órdenes de los responsables de la empresa.

Entrevistado este día, el velador de la compañía, que solicitó el anonimato, señaló: “Junto con otros seis compañeros estábamos durmiendo cuando escuchamos una fuerte explosión, parecía como si fuera dinamita o como una bomba molotov”, dijo.

Añadió: “vimos cómo tres máquinas, dos retroexcavadoras y una llamada vibro eran incendiadas, pero no quisimos salir por temor a que nos hicieran algo; al cabo de media hora, y cuando ya no escuchamos los gritos de las personas que quemaron la maquinaria, intentamos apagarlas con agua, pero ya era demasiado tarde: quedaron inservibles”. aseguró, tras confirmar que las llamas alcanzaron seis metros de altura.

Mencionó que ese día por la tarde el ingeniero responsable de la obra preguntó a los trabajadores si alguno tenía problemas personales con alguna gente; “le dijimos que no porque la mayoría de los que trabajamos en la obra no somos de esta zona”.

Señaló que ayer viernes “llegó gente, creo que los mandó el gobierno desde Chilpancingo, vinieron a investigar y nos preguntaron lo que habíamos visto, pero les dijimos que nada porque no quisimos salir por temor a que algo nos pasara”.

Erit Montúfar Mendoza, director de la policía investigadora ministerial, negó que elementos de ésta o cualquier corporación policiaca del estado hayan participado en algún operativo el 3 de enero; “al menos yo no tengo conocimiento del hecho”, dijo entrevistado vía telefónica.

No obstante, trascendió que media hora después de que se escucharon las explosiones y se observaron las llamas y el humo desde las partes aledañas a la ciudad de Tixtla, arribaron una docena de integrantes de la comandancia de la policía preventiva municipal, ubicada a kilómetro y medio.

Después se sumaron decenas de efectivos de la policía estatal y de la preventiva municipal de Mártir de Cuilapan, quienes recorrieron montes y praderas con lámparas y perros amaestrados, pero no localizaron a nadie.

El tramo carretero que se construye es de alrededor de 10 kilómetros, viene desde el municipio de Eduardo Neri, pasa por Chilpancingo y llega hasta Tixtla. Servirá para comunicar la zona centro con la región de La Montaña.

Cabe señalar que en comunicados, tanto el Ejército Popular Revolucionario (EPR) el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente como las cinco organizaciones aglutinadas en torno a la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo han advertido que realizarán acciones armadas en la entidad. El EPR hizo su aparición en Tixtla el 28 de agosto de 1996

Privatiza IFAI su centro de estudios

Creado para investigar temas de transparencia y difundir la labor del IFAI en el extranjero, el CETA es el primer centro de estudios de un ente público que se “privatiza”. De 2005 a la fecha, se invirtieron más de 4 millones de pesos en este proyecto y se le entregaron en comodato bienes muebles e inmuebles propiedad del instituto

Nancy Flores

Alonso Lujambio Irazábal

El Centro Internacional de Estudios de Transparencia y Acceso a la Información (CETA), en el que se invirtieron más de 4 millones de pesos, inicia su vida “autónoma”: el pasado 31 de diciembre se desincorporó del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que dirige Alonso Lujambio Irazábal.

La separación se justifica por su naturaleza jurídica. De acuerdo con el acta constitutiva 26074, registrada el 2 de mayo de 2006 ante el notario público Carlos Antonio Morales, se trata de una asociación civil, a pesar de que el instituto carece de facultades para crear este tipo de organismos.

Entre los firmantes de dicha acta sobresale el excomisionado del IFAI, José Octavio López Presa, quien renunció a su cargo en marzo de 2005, “por motivos de estricto carácter personal”, y fue sustituido por Alonso Lujambio. Un mes antes de su dimisión, su colega Juan Pablo Guerrero Amparán iniciaba cabildeos para crear el centro de estudios, entonces identificado como CIAI.

“Transmitir el proyecto de la constitución en México, bajo la coordinación del IFAI, de un centro internacional de acceso a la información, para conocer posibilidades de apoyo y viabilidad”, es el tercer objetivo que se lee en el reporte del viaje de trabajo a Washington, Estados Unidos, que Guerrero Amparán presentó en febrero de ese año.

Dinero de los marginados

En abril de 2005, el CETA fue aprobado por la Fundación William and Flora Hewlett, que donó 1 millón de dólares a la dependencia pública para el desarrollo del proyecto IFAI-Comunidades, destinado a promover el derecho a la información de los grupos marginados.

C.R. Hibbs, directora en México de esa fundación, explica que se trató de “una iniciativa del IFAI, cuando estábamos hablando del donativo Hewlett, del que sólo fue una pequeña parte. La idea era fortalecer a la institución y tener alcance en las poblaciones más pobres, y ellos tenían esa demanda internacional: querían crear el CETA para generar más conocimiento sobre el tema. Ellos llevaron ese proyecto a la mesa”.

Aunque Guerrero Amparán promovió desde febrero la creación del centro, contradice la versión de Hibss. “El CETA se desvincula del IFAI porque la intensión del donativo era crear un centro que atendiera las necesidades de los solicitantes de información. Se planteó que tuviera una vocación independiente. El financiador pensó que el IFAI, que entonces era una institución joven que apenas empezaba, podía ser el vehículo para la creación de un centro de la sociedad”.

El proyecto mismo revela que, para garantizar la viabilidad del centro con recursos públicos y privados, éste se integró al de IFAI-Comunidades. Además de realizar análisis académicos, su creación obedeció a tres objetivos: difundir la labor del instituto por medio de redes con organismos nacionales y extranjeros; establecer mecanismos que faciliten el acceso a la información, y mejorar el manejo de archivos gubernamentales.

No obstante, de abril de 2005 a la fecha su tarea se ciñó a la constitución legal, planeación estratégica y lanzamiento del propio centro; el diseño de los términos de referencia para el desarrollo de un centro de documentación; la elaboración de cinco investigaciones, y la realización de tres cursos de capacitación a empresarios internacionales, periodistas y funcionarios públicos. Ninguno de éstos fu destinado a los grupos marginados.

En el rubro de la investigación académica, la institución subcontrató –a través del CETA y sin licitaciones de por medio– a consultoras terceras para realizar los análisis. Hasta ahora, el IFAI es el primer ente público que “privatiza” su centro de estudios, al que le destinó miles de pesos y dio en comodato oficinas, computadoras, impresoras.

Ni el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales, de la Suprema Corte de Justicia; ni el Centro Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; ni los centros de la Cámara de Diputados –de Finanzas Públicas, de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Sociales y de Opinión Pública, de Equidad de Género, de Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, y Servicios de Investigación y Análisis– han sido desincorporados.

—No estoy seguro de que sea la primera vez que un ente público genera una asociación civil claramente orientada a la sociedad. La figura específica está en varias instancias federales, por ejemplo en el Centro de Investigación y Docencia Económica, AC. La diferencia es que no le va a costar al contribuyente. El CETA va a tener que vivir de sus medios, a diferencia de los centros (de la Cámara de Diputados, la Corte y la Comisión) –justifica el comisionado Guerrero Amparán.

Opacidad en manejo de recursos

Aun cuando el artículo tercero del acta constitutiva del CETA indica, en su numeral I, que “la asociación tiene por objeto asistir al IFAI, o a cualquier dependencia o entidad similar, en sus actividades de promoción y difusión del ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental”, desde el 1 de enero de este año no tendrá obligación alguna con la dependencia.

—El CETA termina sus proyectos con IFAI en diciembre. Aunque fue una iniciativa del instituto, ahora es autónomo –dice Issa Luna Pla, directora del centro desde febrero pasado–. Somos una asociación civil. Estamos constituidos formalmente y tenemos presupuesto aparte. Hasta diciembre, uno de nuestros clientes es el IFAI. Puede ser que después trabajemos proyectos en común.

La doctora en derecho e investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM aclara: “La asociación no recibe dinero del IFAI. Nosotros fuimos pagados por las investigaciones”.

En siete meses, Luna Pla y su equipo de tres personas cobraron 700 mil 828 pesos, según información oficial. Aunque la doctora asegura que los ingresos percibidos se derivaron de la actividad académica, un informe proporcionado a Contralínea por el comisionado Guerrero, responsable del proyecto IFAI-CETA-Comunidades, revela gastos diversos.

Según el documento, de abril de 2005 a septiembre de 2007, el Instituto Federal de Acceso a la Información destinó al menos 4 millones 45 mil pesos al CETA: 3 millones 124 mil del donativo de la Fundación Hewlett y 920 mil 904 pesos del erario.

No obstante, estas cifras difieren de las obtenidas a través de la Ley de Transparencia. Según la respuesta a la solicitud 0673800111007, el IFAI habría aportado sólo 789 mil 807 pesos de su presupuesto, y la fundación, 2 millones 618 mil pesos. La diferencia entre ambos reportes asciende a 637 mil pesos.

Según Juan Pablo Guerrero, los recursos del erario se erogaron porque “el CETA es público. Nada más público que una organización con esas características, otra cosa es que no sea gubernamental y qué bueno, porque así se podrá crear conocimiento y se formarán recursos humanos al servicio público de la sociedad civil, no del gobierno. No es crear más burocracia ni generar una instancia supeditada a los intereses gubernamentales, como es a fin de cuentas el IFAI”.

Subcontrataciones

En ambas relatorías sobresalen pagos a empresas terceras que realizaron las investigaciones. La consultora Probabilística cobró 655 mil 155 pesos por el estudio Cultura de la transparencia en funcionarios públicos, en el marco del proyecto IFAI-Comunidades.

Si bien los informes indican que la erogación se hizo con recursos del donativo en tres entregas –la primera, en 2006, por 189 mil 750; la segunda, por 103 mil 40, y la tercera por 362 mil 365 pesos–, en su portal de transparencia, el IFAI reporta el gasto con cargo a su presupuesto, según el contrato C80/06.

Caso similar es el de la asociación civil Aequum-Centro de Estudios sobre Equidad y Desarrollo, a la que se le adjudicó directamente el contrato C45/06, firmado el 1 de junio de 2006 para la elaboración del Estudio sobre la evaluación del impacto económico de la ley de transparencia. El costo, cubierto por el erario, fue de 195 mil 500 pesos.

Dichos análisis –junto con los estudios ¿Cómo responden las instituciones a las resoluciones del IFAI?, Análisis exploratorio: hacia un informe e indicador de transparencia e Igualdad en la transparencia de ingresos tributarios– son atribuidos al Centro Internacional de Estudios de Transparencia.

Otro gasto que destaca es la contratación de Barrera, Siqueiros y Torres Landa. El informe indica que los 108 mil 404 pesos que costó la asesoría en materia jurídica para el proyecto IFAI-Comunidades fueron pagados con el dinero donado, mientras que el portal de transparencia no reporta esta contratación.

De acuerdo con la página de internet del CETA, cuyo costo de 16 mil pesos fue sufragado con recursos públicos, el despacho jurídico realizó “un estudio comparativo sobre las ventajas y desventajas de las diferentes opciones de figura jurídica del centro”, y determinó que éste “debería ser una asociación civil”.

El experto en derecho a la información y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, explica que la dependencia no está facultada para constituir asociaciones civiles.

—El IFAI no tiene atribuciones legales expresas para crear asociaciones. Si (los comisionados) dicen que para cumplir sus obligaciones tienen que crear asociaciones, ésa es una interpretación muy forzada, pues la Ley de Transparencia no lo establece expresamente.

El comisionado Guerrero Amparán justifica que “todo peso gastado por el IFAI en esta materia se relaciona directamente con las atribuciones legales de este instituto, en cuanto a creación de estudios, de redes sociales, de capacitación de grupos comunitarios y generación de conocimiento en la materia”.

Cita el artículo 37 de la Ley Federal de Transparencia, fracciones 6, orientar y asesorar a los particulares acerca de las solicitudes de acceso a la información; 13, difundir entre los servidores públicos y los particulares, los beneficios del manejo público de la información, como también sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquélla, y 14, elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley.

Ernesto Villanueva concede que el CETA no es una creación del IFAI y que las aportaciones seguramente se hicieron bajo la figura de donativos. Aunque reconoce que hay un “acompañamiento político” en su fundación, dice que se trata de un organismo ciudadano de carácter privado.

Ni un solo peso de los 920 mil 904 que el IFAI invirtió en este proyecto se dio bajo la partida 7505, correspondiente a donativos con recursos públicos a instituciones sin fines de lucro, revelan los informes.

Más aún, en 2006 el CETA también generó gastos por los servicios de vigilancia, energía eléctrica, limpieza, internet, fotocopiado, mantenimiento integral, agua embotellada, papelería y telefonía convencional, que sumaron 191 mil pesos. Ésta última también registra erogaciones en 2007, por 5 mil 700 pesos.

—Su naturaleza es extraña, porque surge ahí adentro –reconoce su directora, Issa Luna Pla?–. Aunque inicia como un proyecto del Instituto y de la Fundación Hewlett, se consultaron a muchos expertos para saber qué podía hacer un centro de investigación que no hace el IFAI. Es un centro de pensamiento y de investigación que surge a raíz de la iniciativa de un ente público y una fundación privada.

Bienes en comodato

Datos proporcionados por Comunicación Social del propio instituto descubren que, en México, 20 asociaciones civiles estudian el tema de la transparencia y el acceso a la información.

—Por más que yo esté al frente, no puedo contestar –por qué el Instituto constituyó el CETA–, pues no estuve en ese periodo. Mi comisión es hacer de esto algo independiente. La vida del pasado del IFAI hay que preguntársela al IFAI. Hasta donde me han contado, fue porque se necesita investigación internacional; pero es el IFAI el que sabe, porque ellos tenían el interés con la Fundación Hewlett. A mí me cayó como organización, no como proyecto –explica Luna Pla.

Respecto a este punto, Juan Pablo Guerrero argumenta que “muchas son organizaciones con las que tenemos buenas relaciones, pero no hacen estudios específicamente en materia de transparencia”. El comisionado reconoce que con otras asociaciones el IFAI no mantiene buena relación, como el caso de Libertad de Información, de Ernesto Villanueva.

Dos meses después de su constitución legal, la dependencia pública cedió en comodato el primer piso de sus instalaciones, ubicadas en avenida México 151, colonia del Carmen, Coyoacán, Distrito Federal. También “prestó” el mobiliario.

Seis computadoras, dos de ellas portátiles; dos impresoras; un escáner; una máquina de escribir; seis escritorios; tres butacas; dos sillas secretariales; cuatro sillones semiejecutivos; tres mesas, y siete aparatos telefónicos se enlistan en el contrato de comodato, signado el 12 de julio de 2006 por Marta Vergara González de Cossío, entonces directora del CETA, y Joaquín Solis Arias, director general de Administración del instituto.

Los bienes muebles, con valor total de 231 mil 414 pesos, fueron devueltos al IFAI un año después. De acuerdo con el acta de finiquito del uso gratuito del espacio de oficina y el activo fijo instalado en el primer piso del IFAI, firmada por Issa Luna, el 31 de julio de 2007 se llevó a cabo la entrega recepción.

“Hay que estar atentos en estas administraciones donde hay recursos públicos y privados; porque, al final, mucha de la infraestructura que se utiliza para ejercer el proyecto es pública, son recursos públicos. El IFAI tiene una doble obligación de información y de rendición de cuentas, tanto a los donantes como a la ciudadanía en general”, dice Miguel Pulido, especialista en derecho a la información e investigador del Centro de Investigación y Análisis Fundar.

El comisionado Juan Pablo Guerrero reflexiona: “Si era realmente necesario, podremos decirlo cuando el CETA nos empiece a devolver los frutos de la inversión, que sobre todo ha hecho la Fundación Hewlett. Si había una necesidad de crearlo, creo que sí, el IFAI creyó que sí y la Fundación Hewlett también”.

El funcionario puntualiza que “las 20 organizaciones –que ya existían–, muchas de ellas anteriores al IFAI y con el mayor prestigio, no dieron respuesta a preguntas centrales”, como “¿si hay relación entre acceso a información y rendición de cuentas?”; “¿hay vinculación entre acceso a la información y combate a la corrupción?”. “Las pruebas empíricas, ¿las ha generado Fundar, Limac?”, cuestiona.

En riesgo de desaparecer IFAI-Comunidades

El Instituto Federal de Acceso a la Información se apresta a concluir el único programa que lo vincula con las clases populares, IFAI-Comunidades. El proyecto, que inició en 2005 y con el que los grupos marginados pudieron acceder al derecho a la información, se cancela por falta de recursos

Yenise Tinoco

En agosto de 2005, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) inició el programa IFAI-Comunidades, financiado con un donativo de la Fundación William and Flora Hewlett, por 1 millón de dólares. Éste se creó para difundir el derecho a la información pública gubernamental en sectores de la población que no lo ejercen, especialmente los de bajos recursos. Ahora, el proyecto corre el riesgo de desaparecer, por “falta de presupuesto”.

Fuentes cercanas al programa, que solicitan mantenerse en el anonimato por temor a represalias, aseguran que cuatro de los cinco comisionados del IFAI –María Marván, Jacqueline Peschard, Alonso Gómez Robledo y Alonso Lujambio– rechazan destinar recursos a Comunidades. El comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán, coordinador de éste, señala que tal aseveración es falsa: “El proyecto se ha desarrollado con la aprobación de todo el pleno”.

Respecto de este supuesto desdén, el presidente del instituto Alonso Lujambio “no tiene nada que decir”, según dice a Contralínea su vocero, Jaime Alcudia.

Juan Pablo Guerrero Amparán reconoce que IFAI-Comunidades sólo continuará si hay un nuevo donativo de Hewlett, no por financiamiento del propio instituto, como lo proponen los evaluadores externos Fabiola Zermeño y Moisés Domínguez, investigadores del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El también coordinador del proyecto explica que Comunidades fue diseñado para los grupos marginados y tiene por objetivo mejorar sus condiciones de vida. Agrega que aunque se pudo haber financiado con recursos propios del IFAI, el instituto recibe muy poco dinero del erario.

Para el ejercicio fiscal 2007, el instituto recibió 246 millones 500 mil pesos. Más de la mitad, 137 millones 400 mil pesos, se destina al rubro de “servicios personales” de los consejeros y empleados.

De acuerdo con información oficial, de 2005 a 2007, el IFAI destinó sólo 1 millón 231 mil 96 pesos al proyecto Comunidades. El resto provino de la fundación. Es decir, en dos años la dependencia gubernamental proporcionó al programa apenas 500 mil pesos más de lo que destina al sueldo de los cinco comisionados durante un mes: 714 mil 672 pesos.

Atención a grupos marginados

Mayli Sepúlveda, directora del proyecto, explica que en 2005 el instituto –a través del comisionado Guerrero Amparán– presentó una propuesta de trabajo a la Fundación Hewlett en México para llevar el conocimiento del derecho a la información a los grupos marginados.

Y es que el perfil de los ciudadanos que usan la Ley de Trasparencia está bien ubicado: “Gente de medios de comunicación, empresarios, académicos; quienes ya tienen interlocución con el gobierno y que incluso sin la norma pueden acceder a cierta información pública”, dice Sepúlveda.

En cambio, la mayoría de la población no tiene conocimiento de la ley ni sabe para qué le puede servir. “Algunos se enteran del derecho a través de las notas de prensa, pero para la gente de a pie eso no hace la diferencia en su vida cotidiana”.

IFAI-Comunidades se desarrolló en seis entidades federativas. Inició en Puebla en 2006. La primera etapa duró seis meses; después se extendió a Veracruz, Nuevo León, Jalisco, estado de México y Distrito Federal, lugares seleccionados porque ahí se concentra el mayor número de solicitudes. Además, porque existe un porcentaje importante de grupos marginados, con niveles bajos de ingreso y educación.

Maily Sepulveda explica que, para llevar a cabo el proyecto, se acercó a organizaciones que tuvieran experiencia en el trabajo comunitario, sin filiación partidaria y estuvieran en contacto con la población a la que se dirigía el programa.

“El proyecto descubrió que el derecho de acceso a la información, aislado de otros derechos, pierde su capacidad de operar con la gente más pobre.”

Política Pública

Pese a los resultados, en diciembre pasado concluyó el programa Comunidades. Sepúlveda señala que el IFAI debe hacer una valoración de sus prioridades, de lo que el proyecto le aportó, y evaluar si los grupos marginados son ciudadanos que deben ser atendidos de manera institucional.

Para continuar con el proyecto, el IFAI tendría que destinar una cantidad similar al donativo de la Fundación Hewlett, es decir, alrededor de 5 millones de pesos al año, lo que representaría 1.7 por ciento del total de su presupuesto.

Lo ideal, indica Sepúlveda, es que el proyecto no dependa de otro donativo sino que el instituto lo adopte como una línea estratégica. “Los empresarios no necesitan del IFAI para que los capaciten; ellos tienen equipos enormes que los pueden asesorar. Quienes no saben y necesitan el apoyo son los grupos marginados”.

Aunque el instituto cuenta con un área de asesoría y capacitación a la sociedad, ésta atiende a grupos con nivel de educación superior, a medios de comunicación y a empresarios, quienes por lo menos tienen la noción de qué es la Ley de Transparencia.

Juan Pablo Guerrero admite que el IFAI tiene dos tareas legales que cumplir: “La promoción de la cultura de la transparencia, para todo el mundo y no sólo para sectores específicos, y la atención a todos los solicitantes”.

Fabiola Zermeño y Moisés Domínguez, investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, aseguran que el IFAI tiene que generar estrategias para promover la Ley de Transparencia a distintos perfiles de la población.

“Muchas de las comunidades incrementaron el poder para incidir en políticas públicas, en la distribución de recursos o para mejorar ciertas condiciones comunitarias de su población. La información es poder, y con este programa a los grupos marginados se les dio el poder de ser partícipes de sus derechos ante el gobierno”, dice Zermeño.

La decisión es del IFAI: Hewlett

C.R. Hibbs, directora de la Fundación Hewlett en México, explica que el donativo proviene del Programa de Impacto Global, que apoya a la gente que sobrevive con menos de dos dólares al día.

A través de IFAI-Comunidades, esta fundación pretende elaborar una estrategia para conocer el destino del dinero público que corresponde a la atención y servicios sociales. Ello incide en que los recursos lleguen efectivamente a la población que más lo necesita. La Ley de Transparencia es un vehículo para que los grupos marginados conozcan sus derechos y participen en su desarrollo, detalla.

Hibbs menciona que, tras los resultados positivos que arrojó IFAI-Comunidades, propondrá a su consejo en Los Ángeles, California, volver a patrocinar el proyecto, siempre que se encamine a llevar el derecho a más comunidades del país.

No obstante, indica que seguir o no con el programa y extender el uso del derecho a la información a los más desprotegidos es decisión del IFAI, no de la fundación.

Cambios de fondo

Los resultados del IFAI-Comunidades son “muy positivos”, dicen Fabiola Zermeño y Moisés Domínguez, encargados de evaluar externamente el proyecto. Los investigadores aseguran que aunque en las observaciones se plantean cambios de forma, lo sustancial es hacer reformas de fondo a la propia ley.

Para los académicos, con el proyecto Comunidades, sectores de la población empezaron a hacer uso del derecho a la información, a pesar de que la mayoría de personas marginadas no saben usar una computadora ni tienen acceso a internet; otros no saben leer ni escribir.

El proyecto demostró que es posible extender este derecho a las comunidades pobres, sostienen los especialistas; sin embargo, advierten que los mecanismos tienen que ser accesibles al conjunto de la ciudadanía.

Indican que el acceso a la información es selectivo y elitista: es fácil para cierto perfil de la sociedad, con poder adquisitivo para pagar las copias o con alto nivel de estudios, que conoce la burocracia y puede plantear las preguntas precisas que les lleven a obtener una buena respuesta.

Agregan que la estructura de gobierno no está preparada para afrontar todo lo que implica el derecho a la información. Los documentos no están ordenados ni disponibles. Las respuestas que proporcionan las unidades de enlace no son satisfactorias para los solicitantes en un 30 por ciento; además, existe una alta evasión en las respuestas.

Los investigadores consideran que las campañas del instituto para promover el derecho son limitadas e insuficientes, y están diseñadas para posicionar a una institución. Uno de cada dos mexicanos ha escuchado del IFAI, pero si este dato se compara con los que conocen la Ley de Trasparencia y en qué consiste, “salen reprobados”.

Hallazgos de grupos marginados

Habitantes de zonas marginadas, beneficiados por el programa IFAI-Comunidades, obtuvieron respuestas del gobierno sobre problemas inmediatos; otros, fueron acosados por sus solicitudes.

En Veracruz, la asociación Pobladores y los vecinos de dos colonias populares de Minatitlán solicitaron datos relacionados con los programas Hábitat y Oportunidades. En el primer caso encontraron listados incompletos de beneficiarios.

En el segundo, descubrieron que, en el listado de mujeres atendidas por la Secretaría de Salud a través del programa Oportunidades, se incluían 10 personas que nunca fueron atendidas y dos hombres, a pesar de que los estudios son especializados en mujeres.

Los vecinos también pidieron información acerca de un proyecto registrado como “concluido”, la Unidad de Enlace reportó que fue cancelado por el propio municipio.

En el estado de México, la organización Guardianes de los Volcanes trabajó con comunidades ubicadas en las faldas del volcán Popocatépetl. La información, obtenida a través de la Ley de Transparencia, les permitió detectar irregularidades en la construcción de unidades habitacionales: éstas no contaban con estudios de impacto ambiental, como lo marca la norma; mientras que otra más se construyó en un área natural protegida.

Guardianes de los Volcanes y los ciudadanos se percataron, además, de la existencia de tiraderos a cielo abierto; la construcción de una autopista que aislará a 30 poblados, cuya obra se realiza sin autorización ni manifestación de impacto ambiental; el proyecto de un bulevar para conectar un conjunto habitacional de 16 mil viviendas, que carece de los permisos correspondientes y por el que se ha estado presionando a los campesinos para que vendan sus terrenos.

Jóvenes del norte de la ciudad de México, coordinados por la organización Cauce Ciudadano, realizaron una investigación sobre el programa Escuela Segura. Descubrieron que dicho proyecto gubernamental no cuenta con reglas de operación: el documento de diagnóstico no reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Además, que no es posible acceder a información sobre la intervención de otras secretarías locales en dicho programa.

Un ejemplo fallido es el de Nuevo León. La asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos realizó talleres con personas recluidas en centros penitenciarios de la entidad. Los internos solicitaron conocer sus expedientes y los criterios sobre el otorgamiento del beneficio de libertad.

Las solicitudes fueron rechazadas por la autoridad federal, al aducir que éstas no se apegaron al marco de la Ley de Transparencia y que hay otros medios para acceder a dichos datos: un número telefónico gratuito, fuera de servicio, y un vínculo de internet deshabilitado por varios días.

En Jalisco, la radiodifusora comunitaria Ecos de Manantlán, auspiciada por la asociación civil del mismo nombre, pidió la nómina, copia de reuniones de cabildo, gastos de gasolina y cuenta pública en general de la presidencia municipal de Zapotitlán de Vadillo.

Operada por un grupo de jóvenes de la región que se dedica desde hace más de cuatro años a promover un mejor nivel de educación entre los ciudadanos, la organización obtuvo en lugar de respuestas, intimidaciones del alcalde Alfonso Arias Velasco y amenazas de cierre del medio de comunicación, según Juan Contreras, representante de la radiodifusora.

Pierde transparencia el IFAI

Con la llegada de Alonso Lujambio a la presidencia del IFAI, el instituto inició una tendencia a confirmar la reserva o inexistencia de la información que los ciudadanos solicitan a las dependencias federales, revela estudio de la Limac. Además , el comisionado presidente se encarga mayoritariamente de los recursos de revisión que interesan a su amigo, el presidente Felipe Calderón

Yenise Tinoco

Desde que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) inició su “segunda época” –con uno de los amigos del presidente de la República al frente– se han incrementado las resoluciones a favor de la reserva e inexistencia de la información, revela el estudio La calidad jurídica de las resoluciones del IFAI, realizado por la asociación civil Libertad de Información-México (Limac).

El análisis, que será publicado en los próximos días, documenta que la mayoría de los casos que involucran a la Presidencia de México recaen en el comisionado presidente, Alonso Lujambio Irazábal, amigo de Felipe Calderón. El sentido de las resoluciones que presenta Lujambio, a favor de dependencias federales, evidencia la subordinación de éste al poder Ejecutivo, dice John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El estudioso del derecho a la información agrega que el IFAI se ha convertido en un tribunal administrativo y ha dejado de ser promotor de la Ley de Transparencia, como una vía para el combate a la corrupción.

Perla Gómez, coordinadora general de Limac, señala que “la tendencia” del instituto es “confirmar” la inexistencia y reserva de información. En la mayoría de los casos, sin que los comisionados apliquen su potestad investigativa.

El estudio La cultura de los servidores públicos alrededor de los temas de transparencia y acceso a la información, realizado por el Centro Internacional de Estudios de Transparencia y Acceso a la Información (CETA), revela las estrategias que las unidades de enlace de las dependencias usan para negar el acceso a la información.

El 43 por ciento reconoce que se ha declarado incompetente; el 39 por ciento ha pretextado que la información no está disponible en medio electrónico; el 32 por ciento ha recurrido a entregar la información con tecnicismos y el 30 por ciento ha admitido que, al menos una vez, ha declarado que la información es reservada o inexistente.

El análisis del CETA también recoge los “motivos” de las unidades de enlace para negar información: el 62 por ciento dice que el acceso a la información puede convertirse en un negocio; el 58 por ciento, que “se dan ventajas indebidas a algún solicitante”; el 48 por ciento, que la información “puede ser utilizada para atacar a su entidad” o generar mayores costos para su dependencia.

Miguel Pulido, coordinador del Colectivo por la Transparencia y Acceso a la Información del Centro de Investigación y Análisis Fundar, duda que el IFAI esté realizando acciones para elevar la calidad de sus resoluciones.

“La Ley de Transparencia adquirió un nivel de litigiosidad: en lugar de entregar la información, la mayoría de las dependencias dan alguna causal de reserva y la litigan; entonces se necesitan opiniones especializadas y no queda claro si las hay dentro del instituto”, dice.

Contralínea solicitó entrevista con el comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio; sin embargo, Jaime Alcudia, director de Comunicación Social, informó que el funcionario “no tiene nada que decir al respecto”.

Imparcialidad, cuestionada

Alicia Athier, investigadora de Fundar, señala que las declaraciones de inexistencia se han incrementado en esta nueva etapa del IFAI, que inició con la designación de Lujambio como comisionado presidente. Agrega que “falta compromiso” por parte del instituto ante el principio de “máxima publicidad” que marca la norma.

“Cuando hay amistades con personajes políticos, es muy difícil marcar el límite de dónde hay conflicto de intereses y dónde no. Se tiene que ser más incisivo en el nombramiento de los comisionados, y en todo momento privilegiar la publicidad de la información, más allá de empatías.”

Perla Gómez Gallardo –de Limac, organismo que desde 2005 evalúa la calidad jurídica de las resoluciones del IFAI– explica al inicio de la investigación, todavía con María Marván al frente del instituto, los cinco comisionados tuvieron conocimiento de la metodología.

Según Gómez Gallardo, el estudio muestra una tendencia en la distribución de los recursos por comisionado. Los casos en contra de la Presidencia de la República son asignados, mayoritariamente, a Alonso Lujambio y a María Marván. Quien más resuelve de la Procuraduría General de la República (PGR) es Juan Pablo Guerrero.

“Cuando la distribución es aleatoria no se muestra una tendencia; en cambio aquí hay una tendencia que muestra que la Presidencia está en manos de Lujambio, y de Marván en ciertos casos”, dice.

Gómez Gallardo, también catedrática en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, indica que no sólo es importante conocer quién se queda con más recursos de revisión de una u otra dependencia sino cómo se están resolviendo: cada vez se valida más la “inexistencia de información”.

Además, “Lujambio resuelve más casos que incumben a la Presidencia, y él públicamente ha reconocido ser amigo cercano del titular del Ejecutivo. Esto va contra el código de buenas prácticas que él mismo propuso”.

Mouriño, “confidencial”

El 10 de julio de 2006, Lujambio fue nombrado comisionado presidente. Entonces aseguró que bajo su gestión no se permitirían retrocesos que afectaran la transparencia y el acceso a la información gubernamental, y que su conducta no respondería a intereses partidarios ni de gobierno.

Un año después, el comisionado confirmó como confidencial el dato de la nacionalidad de Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de Presidencia.

Juan Pablo Guerrero, también comisionado, emitió un voto particular sobre dicho recurso: “El supuesto sobre el que se hace pública la nacionalidad del actual jefe de la Oficina de Presidencia de la República y su relación con el Reino de España es equivocado y omite lo que disponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y varias disposiciones legales sobre el particular.

“En esta resolución subyace el criterio de que la nacionalidad es un dato personal confidencial y sólo público en este caso por la graciosa concesión de Juan Camilo Mouriño Terrazo. Someter una información de naturaleza notoriamente pública al consentimiento de ese funcionario contraviene el derecho a la información.

“La información sobre la nacionalidad de quien hoy es asesor presidencial y fue diputado local y federal es un requisito legal ineludible sobre el que este instituto hizo caso omiso. A diferencia de mis colegas, considero que la información relacionada con la nacionalidad del mencionado servidor público es de naturaleza pública por mandato constitucional, por lo que la resolución debió revocar la respuesta de la Presidencia”.

Perla Gómez comenta que la nacionalidad de cualquier persona, al menos en México, no se puede considerar como confidencial. “Esto es público desde el registro civil: todos en este país podemos saber cuándo y dónde nació cualquier ciudadano”, dice.

Presidencia, “inexistente”

El 23 de enero de 2007, el ciudadano Ernesto Méndez solicitó a la Presidencia de la República el inventario o bitácora de bienes que Vicente Fox y Marta Sahagún sacaron de la residencia oficial de Los Pinos con motivo del cambio de gobierno. La dependencia declaró como “inexistente” la información: “Sólo sacaron bienes personales, de los cuales no se tiene relación”.

Alonso Lujambio, comisionado ponente del recurso de revisión, solicitó al pleno del IFAI confirmar la inexistencia. Juan Pablo Guerrero no estuvo de acuerdo; pues, dijo, se puede distinguir entre los bienes personales comprados con recursos públicos y los adquiridos con dinero propio del exmandatario, aunque ambos sean para cubrir necesidades de índole personal.

Ante la supuesta inexistencia de la información, el comisionado se mostró incrédulo. Argumentó que no era posible que el Estado Mayor Presidencial no tuviera una relación, al menos parcial, de lo que entra y sale de la residencia: “Cómo pudieron salir camiones de mudanza llenos y nadie sabe qué se fue en ellos”.

“Tenemos evidencias de que con cargo al erario el presidente y la primera dama compraron ropa legítimamente, de la partida presupuestal 3825, y eso sí esta inventariado. ¿Eso salió de la residencia o no?”, preguntó el comisionado.

Lujambio argumentó que él había estudiado contabilidad y sabía que los inventarios sólo se hacían de bienes no perecederos, “y la ropa es un temporal”. Agregó que la ropa no llega a ser activo de una empresa, pero sí genera gastos.

Sólo en los primeros cuatro años del gobierno de Vicente Fox, las erogaciones de la partida 3825, “investidura presidencial”, ascendieron a 2 millones 332 mil 912 pesos.

Pronósticos, “reservado”

El 5 de septiembre del año pasado, el pleno discutió el recurso 1880 contra Pronósticos para la Asistencia Pública, luego de que dicho organismo le negara al ciudadano Enrique Aguilar información referente a las ventas totales desglosadas por mes y tipo de sorteo, de enero de 2005 a abril de 2007.

La dependencia argumentó que los datos solicitados no pueden ser proporcionados, pues están amparados en el secreto comercial, y los reservó por 12 años.

En calidad de comisionado ponente, Lujambio Irazábal confirmó la respuesta. Aceptó los argumentos de Pronósticos: que el secreto comercial permitirá a la entidad una ventaja competitiva o económica frente a terceros, y que la competencia, al contar con los datos estratégicos, podría conocer el posicionamiento de los productos.

El organismo agregó en sus alegatos que actualmente el liderazgo de Pronósticos se ve amenazado por la incursión de la iniciativa privada en el segmento de los sorteos y lotería.

En el recurso se registró un voto disidente del comisionado Juan Pablo Guerrero: “Contrariamente a lo resuelto por la mayoría del pleno, lo solicitado es información obligatoriamente pública al tratarse de los ingresos de un organismo público descentralizado del gobierno federal. En este caso resulta imperativo que prevalezca el principio de máxima publicidad de la información en posesión del sujeto obligado”.

De acuerdo con el comisionado Guerrero, en la resolución no se formula una adecuada motivación para justificar la negativa al acceso, ya que no se probó que la información significara ventaja competitiva para el sujeto obligado.

Dicta EU política militar a México

Durante el gobierno de Felipe Calderón se incrementa la presión de Estados Unidos para que el Ejército Mexicano “colabore” en la preservación de la “seguridad” y el combate al “terrorismo”. El protagonismo de las fuerzas armadas mexicanas en la “guerra” contra el narcotráfico podría tener como origen las políticas de seguridad hemisféricas dictadas por el Pentágono

Mauricio Laguna

El gobierno de Estados Unidos está alentando la intervención de fuerzas militares para desarrollar nuevas misiones internas –incluyendo funciones de corte policial antidrogas–, como parte de una reestructuración regional, revela un análisis de la organización civil Latin American Working Group (LAWG).

La estrategia descrita coincide con lo reportado en el Primer Informe de Gobierno de Felipe Calderón, que en materia de seguridad nacional destaca estadísticas de operativos y compra de armamento; “colaboración internacional” en materia de seguridad hemisférica; detenciones y extradiciones; decomiso de armas; incorporación de tropas en acciones de seguridad pública; operativos de vigilancia en zonas de desastre; ascensos y aumento salarial al personal militar, y destrucción de plantíos de enervantes.

Además, el gobierno de George Bush ha entregado equipo de alta tecnología para los cuerpos policiacos y pertrechos para las fuerzas armadas mexicanas, y ha presionado al gobierno calderonista para que se incrementen los operativos “contra el terrorismo”.

De acuerdo con el documento Tendencias de los Programas Militares estadounidenses para América Latina, hecho por LAWG y fechado en marzo de 2006, de 2004 a 2005 fueron entrenados mediante programas de capacitación militar 237 efectivos del Ejército Mexicano.

Basado en datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el estudio descubre que el Pentágono ha incrementado su gasto de capacitación para los militares mexicanos al pasar de 12 mil dólares en 2003, a 479 mil en 2004 y 450 mil en 2005.

No obstante, el organismo proyecta que para 2006 la cifra sería inferior a las registradas y quedaría en 375 mil dólares. Advierte que esta situación prevalecería en 2007 y que podría incrementarse durante el último año de gobierno del presidente estadunidense George Bush.

Los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) referentes a los cursos recibidos en el extranjero por oficiales mexicanos en 2003 y 2004, indican que en el periodo señalado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos –citados por LAWG– sólo 173 efectivos fueron capacitados en ese país. En 2004, 58 militares mexicanos recibieron diversos cursos en Estados Unidos, mientras que en 2003 la cifra fue de 115 elementos.

Entre 1995 y 2005 la Sedena envió al extranjero, principalmente hacia Estados Unidos, a 3 mil 147 elementos, según sus propias cifras consignadas en el informe “Cursos Realizados en el Extranjero”. La Defensa Nacional indica que 2005 es el año en el que menos militares han sido capacitados. Por el contrario, 1997 ha sido el año en el que se han enviado más efectivos: 614.

Cambios y ascensos

El Informe de Labores 2007 de la Secretaría de la Defensa Nacional –en el apartado sobre las acciones para preservar la seguridad nacional– señala que los operativos castrenses tuvieron como fin inhibir el “uso del territorio nacional” para el tráfico de drogas, sicotrópicos, precursores químicos y químicos esenciales.

El documento señala que la “efectividad de las operaciones”, desde el inicio del sexenio, se debe a que la Sedena otorga “más libertad de acción” a los comandantes de los mandos territoriales, para planear y conducir las operaciones de acuerdo con su problemática particular en sus respectivas jurisdicciones.

El reporte asegura que la medida ha mejorado el empleo de recursos, pues se ha evitado que las tareas se dupliquen o sobrepongan, además de que se ha logrado una mejor coordinación con autoridades de los tres órganos de gobierno para la intercepción de cargamentos y erradicación de plantíos ilícitos.

También explica que la reestructuración de mandos ha logrado que los elementos tengan más convivencia social y familiar, debido a que desempeñan sus operaciones en tiempos establecidos de manera previa, lo que permite “elevar la moral de las tropas y beneficia de manera considerable los resultados de las operaciones”.

Respecto de la reestructuración interna, indica que el pasado 19 de noviembre se realizó el mayor número de ascensos, 127, con grado inmediato a generales, coroneles y tenientes coroneles del Ejército y Fuerza Aérea de México, cifra récord durante un inicio de sexenio.

Además, dentro de la selección y promoción general correspondiente a 2007, ascendieron en las diferentes armas y servicios del Ejército y Fuerza Aérea 133 mayores; 168 capitanes primeros; 209 capitanes segundos; 288 tenientes, y 406 subtenientes.

En un recuento de operaciones de la misma dependencia se indica que, desde el inicio de la presente administración, la Sedena ha desplegado un promedio mensual de 47 mil 723 elementos, para actividades de combate al narcotráfico, con el fin de “minar la base económica de los narcotraficantes”.

Las acciones desarrolladas, según la propia Sedena, evitaron que las organizaciones criminales obtuvieran ganancias de más de 38 mil millones de pesos, al desarticular sus estructuras y evitar que comercializaran más de 756 millones de dosis de diferentes drogas.

La Secretaría destaca los “resultados” de las operaciones conjuntas impulsadas por el gobierno federal, como Michoacán I y II; Sierra Madre I y II; Nuevo León-Tamaulipas; Tijuana; Guerrero; Caribe 07, y Veracruz, éstas dos últimas en conjunción con la Armada de México.

El documento indica que, como parte de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos también desarrollaron las operaciones permanentes denominadas Jalisco y Oaxaca, en las cuales se desplegaron 42 mil 940 elementos militares, 2 mil 90 vehículos y 180 aeronaves.

Para las labores en contra del narcotráfico se tiene una red mensual promedio de 252 puestos de control (retenes), además se llevan a cabo acciones de vigilancia y patrullaje en los espacios terrestre, aéreo y anfibio de todo el territorio nacional.

La Fuerza de Tarea de Alto Impacto fue enviada a Nuevo León y Tamaulipas, así como una Fuerza de Tarea Conjunta, conformada por el Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México, al área de la península de Yucatán.

En el documento también se encuentra un breve análisis signado por Felipe Calderón en noviembre de 2007. El presidente resalta la ausencia de posibilidades para que un civil pueda ser designado secretario de la Defensa Nacional en un futuro inmediato; pues, considera, “las acciones realizadas por la Fuerzas Armadas pueden politizarse o cuestionarse por parte de la oposición según la filiación partidista del titular del ramo”.

El documento de tres cuartillas también destaca que “existen pocos cuadros políticos (civiles) con conocimientos especializados referentes a defensa y seguridad nacional que puedan integrarse a una posible estructura unificada de defensa donde tengan cabida los civiles (…), ya que el descrédito de la clase política mexicana puede afectar la imagen institucional forjada por las fuerzas armadas”.

Sumas sin propuestas

Un recuento del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, indica que el total de las mil 333 corporaciones policiacas del país (fiscal, forestal, preventiva, estatales y municipal) agrupa más de 450 mil miembros. A éstos se suman los 240 mil miembros de las fuerzas armadas. Así, alrededor de 690 mil efectivos integran el aparato del Estado en términos de control interno.

Julio Guerrero Huerta, especialista en seguridad nacional, detalla que la militarización “es regional”, porque la cobertura geográfica comprende aquellos estados con alta tensión política, como Sinaloa, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Morelos y Chiapas, donde además hay una presencia guerrillera o de narcotráfico evidente.

Destaca que coinciden el narcotráfico, la pobreza y la guerrilla en más de uno de estos estados; es decir, también está la presencia de las fuerzas armadas en los municipios con mayor pobreza.

Militarización de las policías

José Luis Piñeyro, sociólogo y especialista en seguridad nacional, explica que desde 1999 se realizó una transferencia masiva de tropas y oficiales medios a la Policía Federal Preventiva. Actualmente se calcula que hay más de 20 mil policías militares en los organismos de seguridad pública.

Considera que en el país se desarrolla una militarización parcial, que ha implicado un aumento del presupuesto militar y de efectivos militares. El presupuesto de la Sedena para 2007 es de 32 mil 296 millones 500 mil pesos, cantidad superior a la de entidades de salud o de educación en un país con una población de 104 millones de habitantes.

El doctor en sociología e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana dice que el militarismo se ha establecido en países desarrollados que poseen tres características básicas: un complejo científico tecnológico especializado; una amplia industria militar considerable, y rubros presupuestales altos para mantener las dos anteriores.

Expone que en México no existe una industria militar: “No tenemos una comunidad científica tecnológica que pueda asemejarse a la de Estados Unidos, y tampoco hay rubros presupuestales; sin embargo, puede darse una militarización económica no de tipo clásico”.

Detalla que en este caso, como ha sucedido en algunos países de América Latina, hay un aumento desproporcionado del presupuesto militar para compras excesivas de armamento, además de la incorporación masiva de efectivos militares en todos los puestos del gobierno del Estado.

Hasta hoy, en términos formales y públicos, el discurso militar es reivindicar la supeditación absoluta del carácter institucional y apolítico de las fuerzas armadas y mantener lealtad al Estado y sus instituciones.

El investigador Julio Guerrero Huerta asegura que durante 2007 más de mil personas fueron detenidas de manera arbitraria por el Ejército: “Los organismos no gubernamentales tienen ubicadas a esas personas como presos políticos o presos de conciencia por realizar protesta social. Esta tarea de inteligencia y represión ahora es trabajo del Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea (o Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal), el nuevo grupo de élite que cuenta con mil 884 efectivos y que es el grupo de reacción interna comprometido en el Plan México del gobierno estadunidense”.

La batalla de Gutiérrez Vivó

Álvaro Cepeda Neri

Por lo general las reseñas bibliográficas aparecen en mis notas tituladas Ex Libris (que a veces me publica Contralínea), pero el libro de Alejandro Toledo, La batalla de Gutiérrez Vivó. El acoso foxista a la libertad de expresión, es una reflexión crítica sobre un gravísimo problema: la censura vestida con los harapos de la intolerancia, que impide el ejercicio de las libertades de prensa.

Así que el libro, de 170 páginas, encaja en esta sección, porque trata del abuso del poder gubernamental, ayer foxista y hoy calderonista, con el acoso desde Los Pinos del baterista Max Cortázar quien, escondido, censura a través del manejo de la publicidad, aparentemente descentralizada, pero centralizada y concentrada en Cortázar, César Nava y Juan Camilo Mouriño.

Fox y Mart(h)a Sahagún, en complicidad con Grupo Radio Centro –que preside Francisco Aguirre–, abusaron del poder para cancelar el noticiario Monitor de Radio Red, que por tres décadas dirigió José Gutiérrez Vivó. La historia es la narración de una venganza autocrática presidencial, coludida con los poderes Legislativo y Judicial. La cónyuge, como en toda la corrupción (sin exculpar a Fox), envenenó al expresidente para organizar la campaña contra Gutiérrez Vivó, presionando a los órganos judiciales y apoyando a Radio Centro para que, hasta hoy, omitiera el pago por 21 millones de dólares que le adeuda.

El autor ofrece un panorama completo de lo que fue (como cuando Luis Echeverría arremetió contra Excélsior, entonces encabezado por Julio Scherer) el mayor golpe de censura que pisoteó impunemente los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución Política. El libro está vertebrado por una entrevista de Alejandro Toledo a Gutiérrez Vivó; fragmentos de otra entrevista realizada por Carmen Aristegui, y cinco columnas de análisis acerca del problema: de Ricardo Alemán, Jorge Medina Viedas, Orlando Delgado Selley, Raúl Trejo Delarbre y Miguel Ángel Granados Chapa. Lo prologó Ricardo Rocha. Este texto nos da información crítica de un problema que no ha sido solucionado, porque el virus de la complicidad sigue en los órganos judiciales y en el propio Felipe Calderón, para mantener el cerco político y económico a lo que representa Gutiérrez Vivó.

A Fox siempre le molestó Monitor. Por eso, exigió a los empresarios no anunciarse con Gutiérrez Vivó. Ellos obedecieron. Cesó la publicidad gubernamental. La versión de quien sufrió la embestida foxista es bastante objetiva e imparcial... y el carpetazo de la actual administración federal. Felipe, ya como presidente, envió un recado a Gutiérrez Vivó para informarle “que Monitor estaba castigado y que, dependiendo de su conducta, el presidente Calderón lo recibiría (o no) para negociar un arreglo”.

El libro documenta cómo la censura e intolerancia foxista superó al viejo régimen priista. Pues el golpe a Monitor no tiene para cuando terminar, por la protección que recibe Grupo Radio Centro del calderonismo y del mismo poder Judicial, donde la ministra (que deberían ser sometida a juicio político) Olga Sánchez Cordero confesó sus intereses creados con la familia Aguirre y aún así participó en la resolución de la Suprema Corte contra Monitor, mismo que había ganado un laudo internacional de arbitraje.

La batalla de Gutiérrez Vivó es otra de las pruebas contra Fox y su esposa Mart(h)a, capaces de victimar a la honradez con la corrupción y pisotear las libertades de prensa.

El golpe a la Normal Rural de Ayotzinapa

Abel Barrera Hernández*

En Guerrero se siguen cerrando los causes de la negociación política y, al mismo tiempo, languidece la inteligencia de las autoridades, quienes han sido incapaces de entender las causas del conflicto histórico que enfrentan los guerrerenses relacionados con la “guerra sucia”, la guerrilla, la matanza de Aguas Blancas, la masacre de El Charco, las violaciones sexuales de mujeres indígenas cometidas por miembros del Ejército y la represión sistemática a los movimientos sociales.

Sin tomar en cuenta esta historia de agravios, la nueva clase política montada en la estructura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha impuesto una forma de gobierno a la usanza de un despotismo ilustrado que quiere reeditar los tiempos del extinto gobernador, José Francisco Ruiz Massieu, combinado con el sello bronco y represivo del cacicazgo de los Figueroa. En Guerrero, a través del Ejecutivo estatal, el PRD se ha alineado a la derecha del gobierno federal, con la coartada de que un gobernador debe mantener una relación institucional, sin que importen los principios políticos y las posiciones ideológicas.

Esta tabula raza de la historia explica el pragmatismo craso y el recurso de la fuerza de este nuevo gobierno para congraciarse con los lineamientos políticos de la federación, sin redimensionar el costo social, ni valorar los riesgos de una crisis de ingobernabilidad. Las autoridades estatales se empeñan en imponer por la fuerza el proyecto hidroeléctrico La Parota que implica mil millones de dólares y se obstinan en negarles 75 plazas a normalistas de familias pobres, con el argumento de que no hay recursos financieros para contratar a nuevos maestros.

El gobierno perredista quiere vender la idea de que el nuevo paraíso de los guerrerenses llegará con la inversión extranjera; por ello, la inversión en el Acapulco rural y en la Costa Grande se ha vuelto la principal prioridad para sacar al estado de los últimos lugares del rezago social en que se encuentra sumergido. Lo paradójico es que esta visión no se articula como un proyecto que se nutre del clamor profundo de los pueblos que se encuentran en el fango del analfabetismo, la desnutrición y el hambre. Esta tragedia no se asume de manera frontal con los actores del Guerrero de abajo, que siguen siendo discriminados y vilipendiados.

El caso de los normalistas de Ayotzinapa es un ejemplo claro de cómo un gobierno perredista criminaliza la protesta con tal de mantener la línea del gobierno federal de no abrir más plazas para la población estudiantil, ubicada en regiones pauperizadas. La consigna nacional es cancelar las plazas para maestros y cerrar las normales rurales, para apagar los focos rojos del pensamiento crítico y de la lucha digna de los estudiantes que puedan hacer realidad el derecho a la educación y al trabajo. En este marco de confrontación política contra los sectores marginales se explica la represión que sufrieron los normalistas de Ayotzinapa apoyados por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que en menos de 20 días fueron agredidos por la policía estatal y federal.

Ante la falta de interlocución con el Ejecutivo estatal, los estudiantes emprendieron varias acciones para hacer patente su reclamo legítimo, ante la opinión pública, sobre el otorgamiento de 75 plazas y el respeto a la licenciatura en educación primaria, que en diferentes ocasiones las autoridades educativas han pretendido cancelar, como el primer paso para cerrar el internado y la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Esta amenaza anunciada por las autoridades del estado ha tenido como respuesta por parte de los normalistas de Ayotzinapa diferentes formas de resistencia, apelando a la acción directa para presionar al poder Legislativo como un interlocutor con peso político que tuviera la sensibilidad y la capacidad de convocar al Ejecutivo para sentarse a dialogar con los normalistas.

Con esta intención, el 14 de noviembre más de mil estudiantes normalistas se apostaron en los accesos del Congreso del estado para ejercer presión a los diputados y obligarlos a asumir su responsabilidad de representantes populares. El presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Reyes Torres, en lugar de asumir el reto de los estudiantes de poder dialogar de manera abierta y franca, se supeditó a la posición del Ejecutivo estatal y pidió la intervención de los granaderos, que llegaron accionando sus toletes y disparando bombas de gases lacrimógenos para dispersar a los normalistas que exigían la presencia de los diputados. El saldo fue de 250 jóvenes detenidos y un estudiante de primer año lesionado gravemente.

Esta acción concertada entre el poder Ejecutivo y Legislativo de reprimir a los estudiantes fue reforzada con una campaña de linchamiento en los medios de comunicación oficiosos que se encargaron de denostar el movimiento de resistencia que han mantenido por más de tres meses los normalistas rurales.

El 30 de noviembre, más de 100 estudiantes que realizaban una acción de propaganda y boteo en la caseta de cobro La Venta sufrieron la agresión de la Policía Federal Preventiva. Nuevamente se trató de un operativo planeado y concertado con las autoridades estatales para poder fincarles delitos de índole federal a los manifestantes y colocarlos fuera de la legalidad.

La intención de golpear a los normalistas es debilitar su movimiento, diezmar el ánimo y generar un ambiente de derrota y conformismo. Lo lamentable ha sido la posición de los diputados federales y locales, mayoritariamente perredistas, que se han supeditado a la posición del Ejecutivo con la idea mezquina de no ver afectados sus intereses para aspirar a un cargo popular en las próximas elecciones. A la clase política no le interesa tanto defender y reivindicar el derecho a la educación y al trabajo de los estudiantes, sino consolidar su poder para lucrar con los dividendos que da el vivir en un estado pobre. Se niegan a abrir la puerta a los estudiantes porque no quieren correr el riesgo de echar a perder sus proyectos políticos y que los grandes negocios se vengan abajo a causa de que haya más educación y más empleo en las regiones más deprimidas del país.

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan