Preocupa impacto de incrementos en la economía familiar: Ebrard

Lanzan plan emergente contra la carrera alcista

Mantener en 2 pesos tarifa del boleto del Metro, una de las medidas

Se distribuirán 550 mil despensas entre la población de ingresos bajos

Ángel Bolaños Sánchez

Ampliar la imagen El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, presentó ayer el Programa Emergente de Apoyo a la Economia Familiar, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento Foto: Cristina Rodríguez

Ampliar la imagen El diputado local Agustín Guerrero; Mario di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo, y Ricardo Ruiz Suárez, presidente del PRD-DF, ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la que dieron a conocer que, junto a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, proporcionarán asesoría jurídica contra los aumentos a las gasolinas y la tarifa eléctrica, que ya desataron una escalada Foto: Yazmín Ortega Cortés

En apoyo a la economía familiar de los capitalinos y ante los efectos de las políticas federales que están provocando un mayor deterioro en la calidad de vida de la población, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, reafirmó que la tarifa del Metro se mantendrá en 2 pesos durante 2008 y como una acción emergente se distribuirán 550 mil despensas entre las familias de menores ingresos.

El mandatario dijo que una de las principales preocupaciones de su gobierno es el impacto en la economía popular de la tendencia generalizada de incrementos en los precios de los productos de la canasta básica, acelerada por la decisión de las autoridades federales de aumentar tarifas y costos de los energéticos como la electricidad y las gasolinas.

Durante la presentación del Programa Emergente de Apoyo a la Economía Familiar, el gobernante capitalino dijo que la decisión de mantener la tarifa del Metro significa una inversión, “hay quién le llama subsidio, nosotros le llamamos inversión”, de alrededor de mil 800 millones de pesos.

El Metro, apuntó, es uno de los rubros de inversión social más importantes de este año, junto con programas como el Seguro de desempleo, Pensión alimentaria a personas adultas mayores, Prepa sí, Niños y niñas talento, Hijos de madres jefas de familias, entre otros, así como las acciones de vivienda y salud.

“Todas estas medidas –apuntó– contribuyen a proteger la economía familiar, tienen esa lógica porque nosotros pensamos que los gobiernos deben tener un compromiso muy claro en sus decisiones, en sus políticas y en sus inversiones, con el principio de equidad social deben proteger a la mayoría de la población y hoy, lo que estamos viendo, desgraciadamente es todo lo contrario, estamos viendo políticas que están provocando un deterioro en la calidad de vida de la mayoría de la población”.

El secretario de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama, explicó que la despensa comenzará a entregarse a partir del mes de febrero y contendrá azúcar, arroz, frijol, lenteja, avena, fécula de maíz, pasta para sopa, una lata de atún y un jabón de tocador.

El funcionario expuso que el costo de la canasta básica aumentó de 818 pesos en diciembre de 2006, a mil 103 pesos en diciembre de 2007; a partir del 6 de enero entró en vigor el llamado gasolinazo, que significa incrementos de 33 y 44 centavos al litro de las gasolinas Magna y Premium, respectivamente, y 30 centavos al diesel, en tanto que en lo que va de este año, el precio del pollo se incrementó 20 por ciento, el huevo 19 por ciento, el azúcar 16 por ciento, el aceite 19 por ciento, mientras que el jitomate y el limón duplicaron su precio y a esto se agrega la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLC, “la situación se torna especialmente delicada para la gente”.

“Esos aumentos –añadió– son resultado de una política inhumana y cruel del gobierno federal, del gasolinazo de Felipe Calderón y de las políticas de apertura comercial indiscriminada de los gobiernos neoliberales”.

El funcionario señaló que este programa es complementario del seguro de desempleo, la entrega de uniformes escolares gratuitos a estudiantes de secundaria y dos vales de despensa por 100 pesos para 550 mil familias beneficiarias del programa de leche Liconsa.

Para la entrega de las despensas, señaló que se levantará un censo a partir de los padrones de beneficiarios de otros programas de la dependencia a fin de garantizar que no existan irregularidades en la distribución y lleguen a las familias ubicadas en el nivel de muy alta marginación.

Se ejercerá un presupuesto de $490 millones sólo para el pago, asegura Mirón

Atenderá seguro de desempleo 60 mil personas este año, prevé la STFE

Ahora podrán solicitarlo quienes hayan perdido su trabajo desde enero de 2006, informa

Ángel Bolaños y Laura Gómez

Ampliar la imagen Según la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la ciudad de México requiere la creación de 10 mil empleos mensuales para cubrir la demanda actual. La imagen, en la Feria del Empleo de la UNAM, en septiembre pasado Foto: Marco Peláez

El titular de la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal (STFE), Benito Mirón Lince, informó que para este año se ejercerá un presupuesto de 490 millones de pesos para el pago del seguro de desempleo –independientemente de los costos operativos del programa–, con lo que se calcula serán beneficiadas alrededor de 60 mil personas y se abrieron dos nuevos módulos de atención, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal.

En entrevista, el funcionario capitalino dijo además que este año se prevé la creación de entre 150 mil a 180 mil puestos de trabajo y si bien la ciudad de México es la entidad que más empleos genera –en 2007 cerró con 143 mil–, es también la que más resiente el problema de los despidos, de allí que su tasa de desempleo sea alta, 6.5 por ciento según las cifras oficiales, aunque advirtió que no coinciden mucho los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al respecto.

Explicó que en el Distrito Federal se requieren cada año alrededor de 120 mil empleos, es decir un promedio de 10 mil mensuales, y advirtió que las llamadas reformas estructurales, aunadas a los incrementos en los precios de los energéticos, ofrecen un panorama difícil, no sólo para las empresas y los trabajadores, sino en general para todos los sectores productivos.

Además, agregó, habrá que estar muy pendientes de la reforma laboral, que viene por una flexibilización absoluta de las relaciones laborales, lo que comparó con abrir el trabajo al libre mercado como si fuera cualquier otra mercancía, “o sea, te necesito, te compro; no te necesito, estás fuera”, por lo que anticipó que desde la ciudad de México se dará la lucha en contra de ella.

Flexibilizan requisitos

Por lo que hace a la operación del seguro de desempleo, el funcionario reiteró que ante la negativa de las instituciones de seguridad social de entregar la carta de baja a los solicitantes para acceder al programa, se flexibilizaron los requisitos y se amplió el beneficio a quienes perdieron su empleo desde enero de 2006 y no en diciembre de ese año.

Mencionó que de octubre a diciembre se otorgaron 12 mil apoyos de mil 500 pesos, sólo una cuarta parte de los solicitantes, debido a que el resto no cumplió con los requisitos, con lo cual “nos quedamos por debajo de la meta en unos tres mil, pero este año estimamos llegar a 60 mil, para lo cual contamos con una bolsa de 490 millones de pesos y con la posibilidad de atender a un mayor número”.

La intención es que mediante los diversos programas económicos y de acercamiento con las empresas se logre la incorporación de esta población, antes de los seis meses previstos de apoyo, y beneficiar una cantidad adicional de solicitantes, quienes tendrán la posibilidad de presentar algún documento de la empresa radicada en la ciudad, donde se dio de baja, en caso de no obtener la carta del IMSS o el ISSSTE.

Pese a la solicitud por escrito a ambas instituciones para otorgar facilidades en la entrega de ese documento, no hubo respuesta satisfactoria, lo que impidió que algunos interesados concluyeran su registro al programa de quienes permanecen en las filas del desempleo que conforman unas 260 mil personas, 6.5 por ciento de la población económicamente activa.

Esto según datos del INEGI, aunque recordó que debe considerarse a la población flotante de los municipios conurbados que viene en busca de empleo a la entidad y son considerados en esta estadística, la cual no refleja exactamente la realidad y no considera los avances logrados en el “combate” a dicho problema mediante la creación de casi 150 mil empleos en 2007.

El gobernador panista intenta minimizar la presunta responsabilidad de su colaborador

El procurador de Jalisco estuvo en bacanal con menores de edad

Alega que el funcionario pudo no haberse enterado de que se estaba cometiendo una violación

Sostiene que hay gente interesada en que crezca el escándalo, “pero no hay nada diferente”

Juan Carlos G. Partida (Corresponsal)

Ampliar la imagen El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, reconoció que el procurador del estado, Tomás Coronado Olmos (en segundo plano), estuvo en una fiesta en la que se habrían cometido abusos sexuales contra menores de edad; sin embargo, insistió en defender a su colaborador Foto: Arturo Campos Cedillo

Guadalajara, Jal., 10 de enero. El gobernador Emilio González Márquez finalmente reconoció que el procurador general de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, estuvo en una fiesta donde, según se denuncio penalmente, hubo prácticas sexuales con menores de edad, una de las cuales fue presuntamente violada por el ex funcionario municipal tapatío Martín Aguirre Aguirre, hoy prófugo.

“Lo que hay detrás de esto es gente interesada en que el tema crezca. Esta creciendo, está bien, están logrando el objetivo, pero no hay nada diferente”, dijo González Márquez, quien puso en duda que las personas que estuvieron presentes en la fiesta donde ocurrió la presunta violación se enteraron de ésta y si las menores que participaron en esas reuniones fueron “ostensiblemente presentadas como menores (…) No sabemos si se enteró (de la violación) porque la respuesta que él da es que no se enteró.

“Podría ser que en este mismo espacio ahora estuviese ocurriendo algún ilícito sin que nosotros nos enteremos, y no nos hace cómplices ni responsables si en estos alrededores se comete algún ilícito por el hecho de estar aquí y no enterarnos. Esa es la pregunta: ¿participó? La respuesta de todo mundo es: no, no participó”, dijo.

En agosto pasado se supo que el procurador Coronado Olmos fue señalado por una menor de edad y su madre como uno de los asistentes a una reunión en la cual la joven fue presuntamente violada por Martín Aguirre Aguirre, entonces funcionario de alumbrado público del ayuntamiento panista de Guadalajara, contra quien se giró una orden de aprehensión cuando ya había huido.

La implicación del procurador se conoció de manera fortuita. El fiscal de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Marco Antonio Chávez Villegas (adscrito a la Subprocuraduría C), interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en la que aseguró que fue golpeado y retenido por escoltas del subprocurador estatal, Jorge David Delgadillo Báez, luego que dio entrada a la denuncia de la madre de la adolescente de 16 años supuestamente violada, en la cual ésta señalaba que Coronado Olmos había acudido a esa fiesta, realizada en una granja ubicada en la periferia de Guadalajara.

Fue la primera de varias quejas de hostigamiento. La siguiente fue la del entonces subprocurador C, Víctor Manuel Landeros Arvizu, a quien Coronado Olmos acusó de orquestar una “infamia” en su contra. El 20 de diciembre pasado el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, reveló que Landeros Arvizu presentó una queja porque “tiene un temor muy grande” por su seguridad y la de su familia, luego de haber recibido diversas amenazas. Luego de que el procurador acusó a Landeros Arvizu, éste salió de la PGJE en noviembre porque ya no le renovaron su contrato.

Ya fuera de la Procuraduría, Landeros Arviz le tomó la palabra al gobernador Emilio González Márquez, quien declaró que si alguien presentaba una denuncia directa en contra del procurador se crearía una fiscalía especial, para la cual propuso a Guadalupe Morfín Otero. El ex funcionario presentó la denuncia contra Coronado Olmos y dijo que estuvo en la bacanal.

En respuesta, la PGJE presentó una querella contra Landeros Arvizu, a quien acusó de falsear información y obtuvo una orden de aprehensión, de la que se ha librado el ex subprocurador gracias a un amparo.

Aunque se han acumulado acusaciones y quejas por supuesto hostigamiento contra quienes han insistido en la presencia del procurador en esa reunión, ni el gobernador ni el presidente de la CEDHJ han querido manifestarse en favor de la salida de Coronado Olmos mientras se investiga el caso, como han sugerido otros actores políticos y sociales. En octubre el Congreso rechazó un pronunciamiento para separar del cargo al procurador. Sólo algunos diputados han expresado sus dudas.

El mandatario y los involucrados en este caso forman parte de un grupo formado hace algunos años. En el trienio 2004-2006, cuando el hoy gobernador era alcalde de Guadalajara, Tomás Coronado Olmos fungía como secretario general del ayuntamiento y Martín Aguirre Aguirre, el presunto violador, era abogado en la secretaría general.

Debido al estancamiento de las investigaciones, la organización no gubernamental Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Las agraviadas no han querido ponerse bajo la tutela de la procuraduría estatal por temor a represalias.

El Cepad también solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya oficina central en Washington, DC, pidió al Estado mexicano un informe detallado sobre el caso. Más aún, el Cepad presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero el organismo regresó el caso a la CEDHJ.

Este jueves el presidente de la CEDHJ dijo que el expediente completo de la queja se enviará a la cancillería para que sea remitido a la CIDH.

Rehenes en Colombia

Más de 20 días duró el camino hacia la libertad de Clara Rojas y Consuelo González

Bombardeos casi frustran la entrega, relatan las liberadas de las FARC

Ambas piden al presidente Hugo Chávez continuar las gestiones para lograr la entrega de todos los cautivos

Fueron escoltadas por unos 20 guerrilleros

La senadora Piedad Córdoba las recibe en un paraje de la selva colombiana; “me sorprendió verlas en tan buen estado”, dice a La Jornada

Jorge Enrique Botero (Enviado)

Ampliar la imagen La ex senadora Consuelo González (extremo izquierdo), abraza a la legisladora colombiana Piedad Córdoba, mientras en el extremo derecho, Clara Rojas conversa con un hombre no identificado en el sitio donde ocurrió la liberación, un paraje del sureste de Colombia. La imagen fue tomada por la oficina de prensa del palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano Foto: Ap

Caracas, 10 de enero. El camino hacia la libertad de Clara Rojas y Consuelo González duró más de 20 días y estuvo sembrado de peligros que por poco impiden el rencuentro con sus familiares, dijo hoy la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien recibió a las dos mujeres en un remoto paraje del suroriente de Colombia.

En declaraciones a La Jornada, la legisladora dijo que se sorprendió cuando las vió en tan buen estado de salud y admitió que en un principio no las reconoció. “Yo me imaginaba que recibiríamos a dos personas en lamentables estado y cuando las vi desde la ventanilla del helicóptero no podía creer que fueran ellas”, relató.

Tras los abrazos, los saludos y las despedidas, Córdoba hizo con ellas el trayecto desde el lugar de entrega hasta la localidad venezolana de Santo Domingo, y desde allí hasta Caracas, tiempo durante el cual ellas le narraron la odisea de sus últimos días en cautiverio. Según la senadora colombiana, el viaje de las dos mujeres con el pequeño grupo de unos 20 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que las conducían a su libertad demoró unas tres semanas y se hizo en medio de sucesivos peligros, el mayor de ellos los bombardeos que realizaba la aviación del ejército colombiano sobre el área.

“Su relato me estremeció, pero también me dejó percibir a dos personas totalmente lúcidas, en buen estado de salud que eran capaces hasta de hacer bromas”, dijo Piedad Córdoba. De acuerdo con la senadora, las dos mujeres liberadas hoy pasaron angustiosos momentos cuando sintieron que los bombardeos y las operaciones militares en el área podían frustrar su regreso a la libertad.

Córdoba también reveló que las dos mujeres liberadas trajeron cartas de un grupo de secuestrados con los que compartían cautiverio en la profundidad de la selva amazónica. Entre ellos, dijo, se encuentran el senador Jorge Eduardo Gechem, la diputada Gloria Polanco, el legislador Orlando Beltrán y el ex gobernador del departamento del Meta, Alan Jara. También mencionó al coronel de la policía Luis Mendieta, quien este año cumple 10 años en poder de las Farc.

Tras viajar en helicópteros y aviones del gobierno venezolano, Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo arribaron hacia las cuatro de la tarde al Palacio de Miraflores, donde fueron recibidas por el presidente venezolano, Hugo Chávez. Tras un breve y solemne acto en el patio de armas de la sede de gobierno, el mandatario se reunió con las recién liberadas y sus familiares. Un par de horas antes, los familiares se habían fundido en largos abrazos con Clara y Consuelo a su llegada al aeropuerto Simón Bolívar.

Según Córdoba, tanto Clara Rojas como Consuelo González de Perdomo le pidieron al presidente Chávez que continuara sus gestiones para la liberación de los demás cautivos. Perdomo le comunicó al presidente que las personas que habían quedado en la selva privadas de su libertad le pedían que no desmayara en sus esfuerzos ante las FARC y el gobierno colombiano.

En declaraciones a la radio colombiana minutos después de llegar a Caracas, Clara Rojas, quien tuvo un hijo en cautiverio, fruto de una relación con un guerrillero, narró que el parto se había complicado hasta el punto de poner en riesgo la vida del niño, ante lo cual los enfermeros de la guerrilla optaron por hacerle una cesárea en condiciones extremas. Relató que pasó 40 días en recuperación, durante los cuales una guerrillera hizo las veces de niñera.

Al caer la tarde, las liberadas y sus familiares se refugiaron en las habitaciones de un céntrico hotel de Caracas y anunciaron que mañana atenderán a la prensa.

El gobierno colombiano y la insurgencia han mantenido un largo pulso para la realización de un acuerdo que permita intercambiar guerrilleros presos en las cárceles del Estado por políticos y militares cautivos en la selva.

Rehenes en Colombia

Se abre una ventana para la liberación de todos los plagiados: Iglesia católica

Agradece el presidente Álvaro Uribe gestión de su homólogo venezolano Hugo Chávez

Exige el gobernante colombiano a rebeldes se desmovilicen para entablar un proceso de paz

Destaca la participación de Cuba “en el operativo final de recuperación de los secuestrados”

Reuters, Afp y Dpa

Ampliar la imagen Clara Rojas recibe en Caracas el saludo de su madre Foto: Ap

Ampliar la imagen Yolanda Pulecio, mamá de la cautiva ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, con la foto de su hija como telón de fondo, participa en Bogotá en la celebración de la liberación de Rojas y Consuelo González Foto: Ap

Bogotá, 10 de enero. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, agradeció hoy la gestión de su homólogo venezolano, Hugo Chávez, quien consiguió la liberación de dos dirigentes políticas en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que pidió su desmovilización para entablar un proceso de paz con plenas garantías democráticas.

“Debo reconocer que ha sido eficaz el proceso adelantado por el presidente Chávez, quien ha logrado la liberación unilateral e incondicional de nuestras compatriotas”, dijo Uribe en una alocución radiotelevisada al país desde su finca El Ubérrimo, en el caribeño departamento de Córdoba, donde está de vacaciones.

El mandatario colombiano celebró la liberación de Consuelo González y Clara Rojas, con quienes conversó telefónicamente y les expresó su felicidad porque están de regreso en sus hogares. Pero subrayó que la guerrilla todavía tiene cautivas a unas 750 personas en total, incluyendo a 44 con fines políticos.

“Quiero felicitarlas por su entereza, por gran capacidad de control, por la manera tranquila como han respondido a esta experiencia tan difícil. En la conversación con la doctora Clara Rojas, (ésta) me preguntó por el niño Emmanuel (su hijo), con la angustia de (una) mamá, con el afán de (una) mamá”, afirmó Uribe .

El mandatario colombiano anunció que el gobierno entregará rápidamente a Rojas a su hijo Emmanuel, quien nació en el cautiverio fruto de una relación consentida con un guerrillero y quien está bajo protección del gobierno desde 2005.

El jefe de Estado nombró uno por uno a los militares y líderes políticos, entre ellos a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres estadunidenses, que aún permanecen en manos de las FARC, muchos de ellos con 10 años en cautiverio.

“Muchas gracias presidente Chávez, gracias a los colaboradores del presidente Chávez, gracias a la honorable senadora (colombiana) Piedad Córdoba y al gobierno de Cuba, que participó en el operativo final de recuperación de los secuestrados”, así como a la Cruz Roja Internacional y a la comunidad internacional, precisó, y destacó que el gobierno cubano ha ayudado de “manera discreta” en los esfuerzos de paz.

Tras destacar “la felicidad por la liberación de las dos compatriotas secuestradas”, Uribe resaltó el profesionalismo de sus fuerzas militares que acataron y respetaron una orden para suspender operaciones por 12 horas y facilitar la liberación.

“Los soldados de Colombia estaban a dos kilómetros del sitio en donde se produjo la liberación de los secuestrados; cumplieron con honor la palabra que habían empeñado a las instituciones de la república, de dar las garantías para la liberación de nuestras dos compatriotas secuestradas”.

Respecto de las FARC, pidió su desmovilización como lo prometieron en el pasado, cuando pusieron como condición que el Estado acabara con los escuadrones paramilitares de ultraderecha y garantías para hacer política en la oposición.

“Nuestro gobierno está listo para la paz con la misma devoción con que hemos conducido la seguridad; invito a las FARC a considerar una negociación sencilla, ágil, de buena fe, en la cual serían rodeadas de garantías democráticas”, concluyó.

Previamente habían expresado su satisfacción el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, y el vicepresidente Francisco Santos. El ministro Holguín dijo que el gobierno seguía esperando la liberación de los demás rehenes, y Santos se declaró feliz por la liberación, pero pidió que este momento de alegría no haga perder la perspectiva sobre los demás cautivos.

También hubo muestras de satisfacción por parte de los ex presidentes Andrés Pastrana y Ernesto Samper, quienes pidieron un acuerdo con las FARC. Incluso Samper instó a Uribe a permitir de nuevo la mediación del presidente Chávez.

Para la Iglesia católica colombiana, la liberación de Clara Rojas y Consuelo González “abre una ventana que nos permite soñar con la liberación de todos los secuestrados en 2008”, a decir del secretario del Episcopado, Fabián Marulanda.

La familia de Ingrid Betancourt y los comités en su apoyo en París también saludaron la liberación, y agradecieron a los presidentes Uribe y Chávez especialmente, e incluso a las propias FARC por haber cumplido su compromiso.

Finalmente, reclamaron que con base en los resultados Colombia y las FARC acepten el diálogo para concretar la liberación del resto de los rehenes, y abogaron por la reposición del presidente Chávez y la senadora Piedad Córdoba en la mediación con los insurgentes.

Rehenes en Colombia

Clara Rojas y Consuelo González presentaron pruebas de vida de varios secuestrados

“Con más ímpetu vamos a seguir pugnando por las liberaciones”: Chávez

Calcula el gobierno que las FARC tienen a 745 cautivos, 45 de ellos políticos y militares

Pablo Moncayo, plagiado en 1997, entre los que lleva más tiempo en manos de los rebeldes

Reuters, Afp y Dpa

Ampliar la imagen Familiares y amigos de secuestrados por las FARC se manifestaron ayer en Bogotá para pedir la entrega del resto de los cautivos Foto: Ap

Caracas, 10 de enero. Poco después de que anunció aquí el operativo para liberar a las políticas colombianas Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, el presidente venezolano, Hugo Chávez, declaró que “vamos a seguir y ahora con más ímpetu, porque algunos jugaron al fracaso. Pero se demuestra que es posible la liberación. No podemos condenar a esas personas a que se pudran en la selva”.

Más tarde, cuando González y Rojas llegaron a la localidad de Santo Domingo, en territorio venezolano, Chávez declaró a Telesur que enviaba un saludo al líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Manuel Marulanda (Tirofijo), y a su par colombiano, Álvaro Uribe, con quien tuvo un intercambio de acusaciones en diciembre luego que el colombiano decidió prescindir de las gestiones de mediación iniciadas en agosto pasado.

En esa misma transmisión, el presidente ofreció a su par colombiano su auxilio, una vez más. “Uribe dijo: Chávez es una de las pocas personas en este mundo a la que las FARC le entregarían los rehenes”, recordó el venezolano, para luego rematar: “Pues úseme”.

Se estima que unas tres mil 100 personas perdieron su libertad en la última década, no sólo por acciones de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sino también por paramilitares y grupos delictivos.

Un ambiente tenso y de intensa movilización de medios de información se produjo desde la madrugada de este jueves cuando se esperaba que dos helicópteros se internaran en la selva colombiana para recoger a las dos políticas. Las coordenadas recibidas por Chávez, en la víspera estaban marcadas sobre el departamento de Guaviare, una región del sur de Colombia que es frecuente escenario de combates entre soldados y guerrilleros, donde las principales rutas de transporte son fluviales y la vegetación y la lluvia son abundantes todo el año.

“No puede bajar la guardia, presidente. Los que quedaron (secuestrados en la selva) me mandan a decir eso, ese mensaje. Mil gracias presidente, nos está ayudando a volver a vivir”, dijo González al mandatario venezolano en una conversación telefónica difundida por la cadena Telesur, cuando todavía se encontraban en Guaviare, segundos después de despedirse emotivamente del comando guerrillero que las escoltó hasta el sitio de las coordendas.

Según un recuento de la Fundación País Libre, de 1996 a 2007 fueron privados de su libertad 23 mil 401 individuos, casi todos colombianos, pero también algunos extranjeros, entre los cuales ha habido 15 mexicanos (el último de ellos en 2003).

Antes de la liberación de González y Rojas, el gobierno calculaba que había 745 personas en poder de las FARC, 45 de los cuales son políticos y militares, canjeables por medio millar de guerrilleros presos.

Estadunidenses entre los canjeables

En ese grupo de canjeables hay también tres estadunidenses, Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes –contratistas de una empresa de servicios de seguridad, capturados en Caquetá, en febrero de 2003–, por quienes las FARC piden a cambio la liberación de guerrilleros encarcelados en Estados Unidos con cargos de narcotráfico.

En manos de la segunda fuerza guerrillera colombiana, el ELN, hay entre 300 y 500 personas, según las cifras del gobierno.

González era diputada por Guaviare en la Cámara baja de Colombia cuando fue secuestrada el 10 de septiembre de 2001, plagio que pasó inadvertido para los medios al registrarse al día siguiente los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos.

Rojas era candidata a la vicepresidencia por un pequeño partido político, Verde Oxígeno, al lado de Ingrid Betancourt, aspirante presidencial. En un principio, las FARC ofrecieron su libertad a Rojas, pero ésta prefirió, en un acto de solidaridad, permanecer junto a Betancourt.

Betancourt y la ex diputada Gloria Polanco, que representaba al sureño departamento de Huila, son las dos mujeres que quedan en el grupo de canjeables.

Pese a las expectativas de que pronto más rehenes sean liberados por las FARC, la senadora Piedad Córdoba no mencionó hoy a Polanco en el grupo de personas de quienes los guerrilleros enviaron pruebas de vida durante el operativo de entrega de González y Rojas, en Guaviare.

“Son cartas y fotos muy bien selladas de Jorge Gechem Turbay, Gloria Leiva, Orlando Beltrán, Alan Jara, el coronel Mendieta y algunos otros que tienen que ver con agentes y soldados”, dijo Córdoba, quien junto a Chávez fungió como facilitadora de las gestiones de liberación de rehenes, entre agosto y noviembre.

Gechem fue secuestrado el 20 de febrero de 2002. El hecho llevó al entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) a romper el proceso de paz que había iniciado con las FARC el 7 de enero de 1999.

Otros de los mencionados por la senadora Córdoba es el ex gobernador del sureño departamento de Meta, Alan Jara, quien fue privado de su libertad en 2001. También está en cautiverio el ex congresista Óscar Lizcano.

Los rehenes que más tiempo llevan en manos de las FARC son Pablo Emilio Moncayo, un oficial de policía –cuyo padre, el profesor Gustavo Moncayo, comenzó en noviembre pasado una caminata de Bogotá a Caracas en demanda de la liberación de los cautivos– y el militar José Libio Martínez, quienes fueron secuestrados en un ataque perpetrado por las FARC el 21 de diciembre de 1997 contra una instalación de comunicaciones, en el sur del país.

Con el proceso de negociación emprendido por Pastrana, el mandatario permitió a las FARC el control de la una zona de sabanas y selvas con una extensión de 42 mil kilómetros cuadrados.

Desde que asumió el poder en 2002, Uribe y las FARC han intercambiado propuestas de negociación de “canjes” o “intercambios humanitarios”, pero el punto de quiebre de las iniciativas vino cuando el mandatario argumentó que su mandato constitucional le impide “despejar” de militares y policías una zona del sur de Colombia, donde eventualmente se realizaría la negociación.

En 2005 Uribe aceptó un ofrecimiento de España, Francia y Suiza para negociar un intercambio humanitario, pero las FARC rechazaron la propuesta e insistieron en el despeje.

No obstante las desavenencias, algunos hechos abrieron en el último año la expectativa de un acuerdo humanitario mayor.

En junio pasado, a petición del presidente Nicolas Sarkozy, el mandatario colombiano autorizó por “razones de Estado” la excarcelación del llamado “canciller” de las FARC, Rodrigo Granda. Apenas seis meses antes, el 31 de diciembre de 2006, después de siete años de secuestro, había logrado fugarse Fernando Araújo, ex ministro de Desarrollo en un gobierno anterior al de Uribe. En febrero de 2007, el presidente le designó ministro de Relaciones Exteriores.

El más significativo esfuerzo de negociación de un acuerdo humanitario comenzó en agosto pasado cuando Uribe pidió a Chávez que sirviera de mediador.